MEGAFRAUDE EN AQUILES SERDAN, ENTREGAN 1,013 HECTAREAS A LA EMPRESA COSTA CORRALES LAND HOLDINGS

Por Jorge Olmos Contreras

El supuesto presidente del comisariado ejidal, Luis León Cervantes y Sergio Bernal Belloso, son señalados como quienes, mediante engaños, desincorporaron, del ejido mil 013 hectáreas de tierras de uso común que sub dividió en seis polígonos, uno de los cuales ya fue vendido y escriturado a la empresa Costa Corrales Land Holdings por 18 millones 900 mil dólares, de los que sólo pagaron dos millones 500 mil dólares a 77 personas, la mayoría  de ellas presuntos invasores que ahora se dicen ejidatarios y quienes formaron la Inmobiliaria Punta Izatán y hoy son nuevos empresarios. Todo en perjuicio del ejido y sus verdaderos representantes.

Esta es la historia de un gigantesco fraude que se desarrolla en el ejido “Aquiles Serdán” del municipio de Cabo Corrientes, donde Luis León Cervantes, supuesto presidente y Sergio Bernal Belloso, secretario del comisariado ejidal, fueron quienes fraguaron todo un plan para desincorporar el patrimonio del núcleo ejidal, un total de mil 013 hectáreas y venderlas a un grupo de empresarios extranjeros que para tal fin, formaron la sociedad anónima Costa Corrales Land Holdings, cuyo principal inversionista es el financiero estadounidense de origen chino, Oscar Tang.

Fue tanta la ambición de Luis León y su gente, que para desincorporar las tierras de uso común, el 18 de diciembre del 2008 crearon la Inmobiliaria Ejidal Punta Izatán S.A. de C.V., --de la cual él es el presidente del Consejo de Administración—para después venderlas a los extranjeros, pero en su prisa por vender, cometieron varios errores que podría llevarlos a la cárcel, ya que en el paquete incluyeron la llamada “parcela escolar” –intocable por ley—y además incluyeron como socios y accionistas a 33 personas sobre las que pesa una demanda ante el Tribunal Agrario por ser invasores del ejido “Aquiles Serdán” y por lo tanto no tenían derechos para vender y ser beneficiarios de la enajenación de las mil 013 hectáreas.

No sólo eso, también vendieron seis hectáreas que las autoridades del ejido habían reservado para la Unidad Agraria Industrial para la Mujer, lo que representa toda una ilegalidad.

LA HISTORIA

El ejido “Aquiles Serdán” se creó el siete de noviembre de 1969 por Resolución Presidencial y se le dotó de mil 250 hectáreas, las cuales se entregaron en posesión el 26 de noviembre de 1970. Al principio se benefició a 44 campesinos que estaban radicados en el poblado de Cihuatlán –municipio de Cihuatlán-- y que solicitaron las tierras para la creación de un Nuevo Centro de Población Agrícola en el municipio de Cabo Corrientes. En dicha dotación se incluyó la parcela escolar que medía ocho hectáreas.

Sin embargo, el 10 de febrero de 1985 se llevó a cabo una depuración censal, ya que de los 44 beneficiados originales (Censo Básico) no se presentaron a recibir las tierras y o las abandonaron por más de dos años, por lo que perdieron sus derechos mediante un juicio Privativo de Derechos Agrarios.

De esta manera, se convocó a una nueva asamblea para designar a los nuevos beneficiados –campesinos que estaban en posesión de parcela dentro del ejido de manera pacífica—y el nuevo censo quedó con 44 personas, dejando a salvo la parcela escolar y solicitando su correspondiente certificado.

Entre las autoridades que firmaron el acta de Depuración General, estaba el entonces Jefe de la Promotoría Agraria, Fidencio Cuevas Anaya, hoy empresario hotelero de la playa de Los Muertos en Puerto Vallarta.

LA LLEGADA DE LUIS LEON

Así las cosas, en este nuevo grupo aparece por primera vez Luis León Cervantes, que en algunos documentos se hace llamar también J. Luis León Cervantes –un michoacano que estaba de paso en Cabo Corrientes y al que le entregaron tres hectáreas--, quien años después incorporó a 33 supuestos campesinos más al ejido “Aquiles Serdán”, personas que estaban plenamente identificadas como invasores y contra quienes pesa una demanda por restitución de tierras.

De esta manera, el núcleo ejidal –en poder de Luis León-- ya contaba con 77 integrantes, quienes fueron los que finalmente vendieron las tierras a un corporativo extranjero.

Cabe hacer la precisión que antes, el poblado “Aquiles Serdán” (que no el ejido) se componía de pequeñas propiedades –que sumaban un total de 212 hectáreas-- que están en las inmediaciones del arroyo de Tecolotán y que tenían como dueños a Genaro García Joya, Miguel Romero León y Gilberto Gómez Verea. Estas tierras quedaron fuera de la Resolución Presidencial.

Sin embargo, Miguel Romero León y su hijo de nombre José Luis Romero Amaral –éste último compró predios privados a Genaro García Joya—trajeron a los invasores a principios de los años 90.  A saber, a dos familias de campesinos de apellidos  Soto y Olmedo que provenían del ejido Revolución Mexicana del municipio de Cuautitlán.

ASAMBLEAS ESPURIAS

Para “legalizar” sus actos, Luis León, en compañía de Sergio Bernal Belloso y un tal Jesús Peña, permitieron que se llevaran a cabo asambleas espurias en donde se reconocía a los invasores como supuestos ejidatarios, posesionarios y reacomodados del ejido Revolución Mexicana en terrenos del Nuevo Centro de Población Ejidal “Aquiles Serdán”, como lo testifica el acta del 22 de octubre del 2006, certificada por el notario público número 13, Manuel Torres Jacobo, pese a que desde el 2006 pesaba un juicio de nulidad de actos y ellos (los invasores) perdieron en la revisión.

De hecho, se trataba de asambleas donde Luis León y Sergio Bernal permitieron asimismo que se utilizara un sello mancomunado de Aquiles Serdán para dar supuestamente validez a los invasores, con Toño Vargas a la cabeza y varios de los sentenciados. En dichos eventos, el Comisariado de Aquiles Serdán, sabiendo todo eso, no lo informó a la Asamblea ni mucho menos ejerció acción penal en contra de los autores de estas ilegalidades.

En este sentido, y de acuerdo con el juicio 357/16/2002 –cuya copia simple está en poder del columnista-- los invasores están identificados como Enrique Soto López, Isabel Olmedo, Maribel Olmedo, Miguel Olmedo Martínez (fallecido), José Olmedo,  Antonio Vargas Zapién, Genovevo Olmedo, David Olmedo, Eusebio Silva, Refugio Villaseñor Martínez (finado), Carlos Silva, Miguel Silva, Domingo Soto, Luis Soto (finado), Francisco Olmedo y Guadalupe Olmedo.

LA DEMANDA

Todos ellos fueron demandados ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 13, el 12 de abril de 1996, por Jesús Sánchez Rodríguez, Pedro Rodríguez Ramírez y Ramón Araiza Chávez, quienes en ese entonces fungían como integrantes del Comisariado Ejidal de “Aquiles Serdán”. La demanda fue por Restitución de Tierras Ejidales, ya que se encontraban en posesión indebida e ilegal de una fracción de terreno.

Pedían al Tribunal que se condenara  a los demandados a la desocupación de los terrenos que estaban invadiendo y a la entrega virtual, material y jurídica del mismo, además del pago o reparación de daños y perjuicios que le ocasionaron al ejido al privar de una superficie al núcleo agrario, misma que se tradujo en la no obtención de ganancias lícitas.

Y es que no se trataba de cualquier superficie, sino de 400 hectáreas –300 del predio Punta Negra y 100 del conocido como Izatán-- que los ejidatarios de Revolución Mexicana fueron invadiendo desde principios de los años 90, argumentando que ellos eran campesinos beneficiados por reacomodo en “Aquiles Serdán” y que a ellos les dio supuestamente posesión un promotor de la Secretaría de la Reforma Agraria, de nombre Jaime Cabrera Hernández, el 20 de mayo de 1982.

Los afectados alegaron ante el Tribunal que la versión de los invasores era totalmente falsa, toda vez que en ningún momento se inició procedimiento alguno en el cual se privaran los derechos agrarios a los suscritos ni de sus representados, lo que demostraron con las copias de sus certificados de derechos agrarios “y por ende –señalaron-- no tendría valor cualquier intento de reacomodo de campesinos que se hubiera intentado, ya que los verdaderos beneficiados no hemos sido oídos ni vencidos en juicio, por lo que al no haberse iniciado un juicio privativo y nuevas adjudicaciones, no existe tal reacomodo”.

PALO AL MAGISTRADO SERGIO LUNA

Empero y aún con todas las pruebas aportadas por los demandantes, el 08 de enero de 1997, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 13 –que preside el magistrado Sergio Luna Obregón-- dictó sentencia en donde declara improcedente la acción de restitución de tierras ejidales y absolvió a los demandados.

Inconformes, Jesús Sánchez, Pedro Rodríguez y Ramón Araiza promovieron el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, por lo que el 04 de noviembre de 1999 se dejó sin efecto jurídico la sentencia del 08 de enero de 1997.

Después, otro Tribunal, el Tribunal Unitario Agrario número 16 retomó el juicio y realizó su proyecto de sentencia para finalmente condenar a los invasores.

En el proceso del juicio, hubo una discordancia entre dos peritos, uno que decía que las tierras reclamadas sí estaban dentro de “Aquiles Serdán” y otro que decía que no, por lo que el Tribunal nombró a un tercer perito en discordia, Héctor Manuel Salinas Hermosillo,  para conocer su opinión.

Este tercer perito, mediante escrito del 14 de enero del 2003, concluyó que ambos predios se encuentran ubicados totalmente dentro de los linderos del ejido “Aquiles Serdán”, con superficies de 550 y 700 hectáreas, por lo que con ello fue posible establecer la identidad de los terrenos reclamados.

Así las cosas, los demandantes demostraron que, efectivamente su contraparte estaba en posesión indebida de las tierras y que la posesión y usufructo que realizan es en forma ilícita, ya que no demostraron tener el derecho a los mismos, al no existir prueba alguna que robustezcan sus aseveraciones.

Por ello, el Tribunal Unitario condenó a los demandados a la desocupación y entrega de las tierras controvertidas en un término de 20 días a partir de que causara estado la sentencia.

Fue el magistrado Agustín Hernández González quien resolvió que se condenara a los demandados  a la desocupación y entrega de los terrenos a favor de la asamblea ejidal de “Aquiles Serdán” y que en su oportunidad se archivara el expediente 357/16/2002 como asunto concluido.

SENTENCIA NO EJECUTADA

Pero para sorpresa de los verdaderos ejidatarios, nunca se dio la ejecución de sentencia contra los invasores, por razones que sólo el Tribunal Unitario Agrario 16 debe saber, o quizá por la intervención del magistrado Sergio Luna Obregón, quien ha estado metiendo las manos en  este asunto desde hace muchos años, comentan ejidatarios inconformes.

De aquí se agarró Luis León para, mediante asambleas espurias, meter a 33 personas  más al ejido “Aquiles Serdán” y reconocerlos como auténticos ejidatarios, aun cuando muchos de ellos fueron sentenciados por el Tribunal como invasores.

En este proceso de confusiones jurídico agrarias, un papel importante fue el que jugaron dos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria con sede en Puerto Vallarta, Miguel Ángel Moranchel, Raúl Saynez Cesate y el jefe de ellos, el delegado de la S.R.A, Aureliano Ureña González, éste último fue asesinado con lujo de violencia en su departamento del fraccionamiento Los Sauces de Vallarta en un aparente robo, el 27 de octubre del 2010, curiosamente el mismo mes en que otro involucrado en este asunto, el corredor inmobiliario Gerardo Ramírez Frías, fue ejecutado por un presunto marino en sus oficinas de Plaza Neptuno mientras sostenía una conferencia telefónica por skype desde una computadora.

Estas personas –que estuvieron en funciones de 1994 al 2007--  una vez fuera de la Secretaría de la Reforma Agraria, fueron los que “asesoraron” a los ejidatarios para que vendieran sus tierras, ya que el mismo Aureliano Ureña llegó a decir que el señor Fernando González Corona –se refería al ex alcalde panista de Vallarta—ofrecía 15 millones de pesos por las mil 250 hectáreas. (Continuará)