lunes, 25 de octubre de 2010

BASURA EN PUERTO VALLARTA, UN CUESTIONADO ESTUDIO

Por Jorge Olmos Contreras

El estudio que realizó la empresa Meta Desarrollo S.A de C.V. para dictaminar la “urgente” necesidad de concesionar el servicio de recolección de basura, denominado “Análisis y alternativas de solución para el sistema de recolección del Municipio de Puerto Vallarta” no puede ser catalogado de otra manera más que de light, simplista, incompleto y apresurado, toda vez que no aborda con amplitud el complejo problema que representaría la liquidación de los más de 300 trabajadores sindicalizados del área de limpia, ni plantea una solución viable de la relación Ayuntamiento-Sindicato de Pepenadores.

El análisis lo pudo haber hecho cualquier estudiante de post grado en una tesina, sin embargo, la firma de Luis José Mestre Aragón pretendía cobrarle al Ayuntamiento la friolera de 300 mil pesos por el trabajito, pero gracias a la sugerencia del regidor Julio Santana, será la empresa que gane la futura licitación la que absorba el gasto.

Se trata de un estudio cuyos datos están disponibles para cualquier ciudadano en la Dirección de Servicios Públicos Municipales que dirige Roberto González. Es más, sabemos que Roberto fue quien aportó los datos duros y estadísticas de dicho dictamen, pero aún así fue atacado injustamente en un artículo que apareció la semana pasada en el periódico El Sol Siempre Libres; (por cierto, diario al que el ex director de la Univa le entregó mucho dinero durante la contienda interna del PRI para elegir a su candidato a la alcaldía).

La gente de Meta Desarrollo S.A de C.V. no hizo un gran esfuerzo para realizar el estudio, ni siquiera se esmeraron, pues como señalamos líneas arriba, es mera estadística y comparativos, pero nunca tratan los temas centrales que derivaran en grandes problemas al momento de la concesión, como el de los trabajadores de limpia a los que, periodistas como Luis Alberto Alcaraz del periódico Vallarta Opina aboga porque se les despida sin las liquidaciones de ley.

LOS PUNTOS

Los de Meta Desarrollo debieron haber sufrido mucho para sesudamente deducir que el municipio ha enfrentado desde hace varios años, una grave problemática por no dar un adecuado servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, “el cual no cumple con las disposiciones normativas en materia ambiental, ocasionando problemas ambientales por la contaminación por la acumulación de los residuos sólidos en calles y banquetas a consecuencia del retraso y holguras que se ocasionan por las deficiencias del servicio, provocando con ello la generación de polvos y malos olores al medio ambiente, y proliferación de fauna nociva por la acumulación de los residuos sólidos”.

“A lo anterior, habría que agregar los bajos niveles de eficiencia del personal del sistema de recolección, propiciado principalmente por la falta de capacitación técnica, la aplicación de tecnología inapropiada, la falta de programas de mantenimiento preventivo, así como recursos financieros y materiales limitados del Ayuntamiento; dando como resultado la inconformidad de los habitantes del Municipio por la prestación del servicio”.

Aquí hay que hacer un paréntesis para subrayar la descalificación inmediata que hace Meta Desarrollo al trabajo de los empleados de aseo y limpia, al señalar “los bajos niveles de eficiencia del personal del sistema de recolección”.

“En función de lo anterior --sostiene el estudio de marras--, el Ayuntamiento ha determinado dar solución inmediata a dicha problemática, analizando las diferentes alternativas de solución que permitan elevar los niveles de eficiencia y de calidad del servicio, y que a su vez conduzcan a dar una resolución sustentable y de largo plazo para satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio”.

EL CLAVADO

Después se echan un clavado a la historia de Puerto Vallarta y sus condiciones geográficas, sociales y económicas, es decir, le avientan kilos de paja al sesudo estudio, para luego entrar de lleno al punto que nos ocupa.

“Actualmente –indica--, en los periodos de baja afluencia turística Puerto Vallarta genera al día 397 toneladas, mientras que en los periodos del año de mayor afluencia turística, semana santa, agosto y diciembre, la generación de residuos sólidos se incrementa en promedio diario hasta 500 toneladas.

La infraestructura con la que opera actualmente el sistema de recolección –agrega-- está integrada por 19 camiones compactadores, 5 camionetas de 1 tonelada, 3 barredoras de calle y una de playa. El periodo de vida útil de los camiones compactadores estimado es: 1 año para doce camiones, dos años para cuatro camiones y tres años para tres camiones; si y solo si, su uso es de un turno por día (8 horas) y se les da el mantenimiento preventivo adecuado. La ciudad se divide en 43 rutas de recolección que dan servicio al total de las colonias, agencias y delegaciones del municipio en dos horarios:

La cobertura del servicio es del 80%, es decir solo se recolectan 318 toneladas de las 397 que se generan en promedio por día, se cubren 35 rutas cada día y 8 se retrasan para el día siguiente. Esto genera que todos los días se queden en las calles de la ciudad 78 toneladas de residuos sólidos urbanos, que son el equivalente a 10 camiones compactadores aproximadamente.

FINANZAS

En este rubro, llama la atención que hacen énfasis en el gasto de sueldos, salarios y prestaciones a los trabajadores, pero no plantean una solución inteligente a una probable liquidación. Observe usted la tabla siguiente:

Cuenta Concepto
1202 OFICINA DE ASEO PÚBLICO Enero Julio Proyectado a Diciembre
1101 Sueldos y salarios 11,237,931.69 19,265,025.75
1101 Sueldos y salarios (Servicios Médicos) 73,966.96 126,800.50
1101 Sueldos y salarios (Taller municipal) 35,385.16 60,660.27
1201 Sueldos y salarios al personal eventual 26,246.96 44,994.79
1301 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados 392,900.00 673,542.86
1302 Prima vacacional y dominical 333,180.88 571,167.22
1303 Gratificación para despensa 963,759.00 1,652,158.29
1304 Gratificación anual (aguinaldo) 1,568,919.24 2,689,575.84
1304 Gratificación anual (aguinaldo servicios médicos) 0.00 17,611.18
1304 Gratificación anual (aguinaldo taller municipal) 0 8,425.04
1306 Remuneraciones por horas extraordinarias 458,488.17 785,979.72
1308 Apoyo para transporte 604,520.00 1,036,320.00
1404 Cuotas al fondo de pensiones del estado 1,020,524.16 1,749,469.99
1405 Cuotas para seguro de vida 324,046.77 324,046.77

1503 Servicios médicos y hospitalarios 878,922.04 1,506,723.50
1505 Otras prestaciones 2,050,401.41 4,316,196.75
1505 Otras prestaciones (servicios médicos) 0.00 5,283.35
1505 Otras prestaciones (taller municipal) 0.00 2,527.51

“El gasto de operación del departamento de aseo público realizado de enero a julio del presente año asciende a la cantidad de $30’218,667.74 pesos. Tan solo en los rubros de arrendamiento de maquinaria y equipo, mantenimiento y refacciones se han erogado $3’144,101.97 pesos, aproximadamente el 10%.

Estimando los costos de las diferentes alternativas de solución se hace la siguiente evaluación:

1.- En el actual escenario a continuación se describen los costos actuales del Ayuntamiento por la operación del sistema de recolección para el año 2010: Gasto total, 53 millones 147 mil 029 pesos; toneladas recolectadas, 143 mil 220 con un gasto de 371.09 pesos por tonelada.

2.- En el escenario en el cual el Ayuntamiento realice directamente la renovación total del sistema de recolección y continúe prestando el servicio, se estiman los siguientes costos: Gasto de operación por 54 millones 525 mil 029 pesos; depreciación del equipo, seis millones 250 mil pesos anuales; un costo financiero de dos millones 250 mil pesos, con un gasto total estimado de 63 millones 025 mil 029 pesos, tomando en cuenta que se recolectarían 143 mil 220 toneladas con un costo de 440.06 pesos por tonelada.

EL TERCER ESCENARIO

Ahora bien, en el escenario en el cual el Ayuntamiento contratara con una empresa privada la prestación del servicio “de acuerdo a la experiencia en el país se estima que la tarifa que se cobraría sería de $290.00 más el I.V.A., por lo que la tarifa de la empresa privada con I.V.A. incluido sería de $336.40.

De los planteamientos anteriormente descritos, el Municipio adjudicaría la prestación del servicio a una empresa privada únicamente para la recolección de los residuos sólidos urbanos, por tal razón los beneficios para el Ayuntamiento serían los siguientes:

Que el municipio dejaría de percibir los ingresos correspondientes por la recolección comercial; pero bajo este escenario el Ayuntamiento dejaría de erogar lo correspondiente a los gastos por recolección comercial disminuyendo por lo tanto el costo total anual. En tal sentido el ahorro del Ayuntamiento al asignar el contrato concesión por la recolección domiciliaria de los residuos sólidos sería del orden de los $24.1 MDP, unos 24 millones 135 mil 428 pesos, según Meta Desarrollo.

Por ello, contemplan como probables alternativas de solución las siguientes:

1.- Inversión en un programa de reparación y mantenimiento de las actuales unidades de recolección que les permita continuar prestando el servicio por el tiempo de vida útil que les resta.

2.- Inversión directa del Ayuntamiento a través de su presupuesto para la adquisición de nuevas unidades de recolección, que sustituya el actual parque vehicular del sistema de recolección.

3.- Que el Ayuntamiento acceda a un financiamiento que le permita la adquisición de nuevas unidades de recolección, que sustituya el actual parque vehicular del sistema de recolección.

4.- Contratar con una empresa privada la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos por un tiempo determinado, que realice el 100% de la inversión para la adquisición de las unidades nuevas de recolección, así como la operación y mantenimiento del sistema de recolección, así como la reposición periódica de las unidades de recolección.

PROS Y CONTRAS

En este sentido, la firma sostiene que no se considera como viable la alternativa que el Ayuntamiento implemente un plan reparación y mantenimiento de las unidades, en virtud que los camiones compactadores presentan un avanzado estado de deterioro y han sido sobre operados durante varios años, quedándoles una vida útil del parque vehicular de uno a dos años. Por lo que resultaría una inversión errónea implementar una alternativa de esta naturaleza.

Que resulta poco viable la alternativa que el Ayuntamiento realice la adquisición de las unidades nuevas del parque vehicular para la recolección, dada la escasa liquidez presupuestal con la que cuenta y ante la necesidad de desarrollar otros programas municipales prioritarios, por lo anterior no le es posible destinar parte de su presupuesto para la renovación del parque vehicular.

Que en cuanto a la alternativa que el municipio recurra al endeudamiento para la adquisición de las unidades nuevas debe considerarse como no recomendable, toda vez que el costo de financiamiento, sumado a los sobre costos que actualmente presenta el sistema de recolección originados por los vicios ocultos y las ineficiencias del personal del Ayuntamiento que desarrolla el servicio elevaría sustancialmente el presupuesto que requeriría la Dirección de Servicios Públicos Municipales para operarlo.

LA VARITA MAGICA

Y aquí viene cuando el mago saca la varita mágica y concluye el truco: “Por los anteriores considerandos se perfila como la mejor alternativa de solución que el Ayuntamiento licite la adjudicación de un contrato concesión en el cual una empresa privada realice el total inversiones necesaria durante la vigencia del contrato y la operación y mantenimiento del sistema de recolección.

Las inversiones mínimas requeridas para mejorar el servicio otorgado en el municipio se consideran de $25’000,000.00 pesos, debiendo continuar invirtiendo hasta lograr otorgar un servicio de excelente calidad a la ciudadanía, considerando las inversiones necesarias que haya que realizar para la renovación del parque vehicular del sistema y la actualización tecnológica durante la prestación del servicio”.

viernes, 22 de octubre de 2010

LA BASURA EN PUERTO VALLARTA, OTRO NEGOCIO EN PUERTA


Por Jorge Olmos Contreras

El gobierno de Salvador González Reséndiz está a punto de realizar uno de los mejores negocios privados con recursos públicos de la presente administración pública municipal, al ordenar un estudio que dictamina la concesión del servicio de aseo público y recolección final de los desechos sólidos que genera Puerto Vallarta.

Tal vez usted piense que se trata de otra “solución para siempre”, y que sería bien visto que el Ayuntamiento concesione el servicio de limpia por los problemas financieros existentes, pero no. No porque estamos ante un proceso poco claro donde se sacó al vapor a una empresa a la que se le encargó elaborar dicho estudio que dará pie a la licitación de la concesión y donde la misma compañía podría ser parte medular para “recomendar” a las participantes en la puja.

Se trata de Meta Desarrollo S.A de C.V., cuyo director es el licenciado Luis José Mestre Aragón, un individuo que ha estado ligado a empresas dedicadas a organizar y promocionar exposiciones internacionales del gobierno mexicano, autorizadas y pagadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De hecho, Meta Desarrollo S.A de C.V., tiene un mal antecedente de su participación en la Expo Zaragoza 2008, debido a que ha sido cuestionada por el manejo discrecional de cientos de miles de pesos provenientes del erario público federal.

UN PUNTO NEGRO

El tema lo aborda en su blog César Corona, un licenciado en relaciones internacionales de la UNAM y estudiante de la Maestría en Diplomacia Pública en University of Southern California, quien sostiene que el director general de Meta Desarrollo S.A. de C.V., Luis Carlos Mestre recibió varias partidas públicas en la organización de exposiciones en el extranjero.

Indica que “La empresa que Luis Mestre dirige y que se encarga de dar "soluciones creativas de ingeniería financiera", Meta Desarrollo S.A. de C.V., recibió mes con mes durante la existencia del Fideicomiso Expo Aichi 2005, $148'781.25 pesos por honorarios (8'925 euros), y al menos $94'889.38 pesos extra (5'700 euros) en agosto de 2005 y $157'114.08 pesos (9'420 euros) en febrero de 2006 por horas adicionales. Todo esto proveniente de recursos públicos federales que la Secretaría de Relaciones Exteriores dio como subsidio al COMCE y al CCE”.

Que “Luis Mestre es probablemente el único elemento de continuidad que ha tenido la participación de México en exposiciones internacionales recientes. Ha sido Coordinador general de administración y operación de las Secciones Nacionales de México en la Expo’98 Lisboa y en la Expo 2000 Hannover. No sabemos si ocupó el mismo puesto en la Expo 2005 Aichi, pero sabemos que recibió del Fideicomiso Expo Aichi 2005 la cantidad de $141'374 pesos para viáticos (8'483 euros) el 30 de septiembre de 2004, y al menos un boleto de avión a Japón”.

Asimismo, que “en la Expo 2008 Zaragoza, Luis Mestre fue el encargado de realizar el estudio para la participación de México y el anteproyecto de presupuesto que prevé un costo total de $265 millones de pesos (alrededor de 17.5 millones de euros), el más alto de todos los participantes oficiales de la Expo 2008 Zaragoza. El anteproyecto de presupuesto contempla $70 millones de pesos en sueldos (4.7 millones de euros) y $21 millones de pesos para honorarios profesionales (1.4 millones de euros). Dicho estudio se pagó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con recursos públicos federales, y costó $690’000 pesos (41'400 euros). Todo parece indicar, de acuerdo con la información que nos ha dado ProMéxico, que el Lic. Luis Mestre es nuevamente el ingeniero financiero de la participación de México en una exposición internacional a través de un fideicomiso privado, esta vez en la Expo 2008 Zaragoza”.

OPACIDAD

En este contexto, César Corona agotó todas las instancias de la Ley Federal de Transparencia y contactó al mismo Luis Mestre para que informara en qué se gastaron las partidas autorizadas por la SRE, y siempre hubo una negativa, argumentando el gobierno y la empresa privada que no podían entregar información en virtud de que el dinero público se manejó a través de un fideicomiso privado; otra vez, negocios privados con dinero público.

Pues bien, este ingeniero financiero y su empresa fueron a la que el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Puerto Vallarta eligió para elaborar el estudio preliminar para determinar la necesidad de concesionar el servicio de aseo público en el municipio.

Más sin embargo, se ignora quién o quiénes recomendaron o solicitaron la presencia de Meta Desarrollo S.A de C.V. –con domicilio en Av. De Los Alpes 964 , Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.— para que participara en el concurso de asignación del estudio para la concesión de la recolección de la basura de Puerto Vallarta, pero llama la atención el inusitado interés del alcalde Salvador González Reséndiz por favorecer a esta firma.

En su página web, Meta Desarrollo S.A de C.V. indica que tiene experiencia en los Proyectos de Prestación de Servicios en Tuxtla Gutiérrez, con el Sistema Integral de Residuos Sólidos y en Villahermosa, Tabasco con la Disposición Final de Residuos Sólidos.

Asimismo, que ha participado en asesorías a Pemex, a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a Puertos Mexicanos, al Departamento del Distrito Federal y a otras paraestatales y gobiernos como el de Acapulco en la Comisión de Agua Potable.

NEGOCIO ENTRE MANOS

Como ven, nos es una empresa cualquiera, por eso llama doblemente la atención el negocio que trae entre manos Salvador González Reséndiz y quizá sus parientes y amigos como Raúl Estrada González, quien presume haberle metido el 60 por ciento de lo que costó la campaña política de Chavita.

Además, el Comité de Adquisiciones no ha sido transparente y ninguno de sus miembros –los regidores priistas Fernando Sosa, María Esther Blanco, el panista Julio Santana, el contralor Miguel Ángel Rodríguez Curiel y la tesorera, Martha Alicia Peña—ha sabido explicar cómo entró o quién recomendó a Meta Desarrollo en la designación del análisis sobre la situación del servicio de recolección de basura.

De hecho, en la junta del Comité de Adquisiciones en que se votó a favor de Meta Desarrollo, no estuvo el panista Julio Santana, pero sí el resto de los integrantes.

Han sido tan opacos, que ni siquiera han informado los nombres de las otras dos empresas que participaron y que perdieron la asignación del estudio frente a Meta Desarrollo.

Peor aún, el acta de la reunión del Comité de Adquisiciones apenas está en firmas, es decir, si usted la solicita se la van a negar y ni siquiera los regidores tienen copia fiel hasta ahorita.

Lo único que se sabe es que el dictamen y la exposición de motivos que realizó Meta Desarrollo para que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta –bajo la figura de la licitación pública— apruebe una concesión, antes que termine el año, ya está en manos de todos los regidores.

Y bueno, el alcalde está tan interesado en concesionar dicho servicio, que ya puso a trabajar a sus medios de comunicación paleros para que presionen y divulguen la “imperiosa necesidad” de entregar la recolección de basura a una empresa privada, incluso pasando por encima de los derechos de los trabajadores sindicalizados y por arriba del sindicato de pepenadores, a quienes pretenden sacar del negocio de un plumazo.

Si bien es cierto que la situación financiera del Ayuntamiento es de crisis y que sería más conveniente la concesión de la basura, también lo es que se deben plantear otras alternativas para evitar caer en un conflicto de interés al momento de la licitación, pues no dudamos que Meta Desarrollo S.A de C.V. tenga injerencia directa para favorecer a una determinada firma.

Incluso, sabemos que el conflicto de interés está dado desde el momento en que la empresa que gane la concesión tendrá que pagarle a Meta Desarrollo S.A de C.V. el estudio previo que elaboró y que se entregó en la pasada sesión de Cabildo, y cuya copia tiene en su poder el columnista.

INFORMACION CLASIFICADA


A RESERVA DE AMPLIAR EL COMENTARIO DEL ESTUDIO, META DESARROLLO S.A DE C.V.,
en su “agudísimo” dictamen sugiere que “se perfila como la mejor alternativa de solución que el Ayuntamiento licite la adjudicación de un contrato concesión en el cual una empresa privada realice el total inversiones necesaria durante la vigencia del contrato y la operación y mantenimiento del sistema de recolección. Las inversiones mínimas requeridas para mejorar el servicio otorgado en el municipio se consideran de $25’000,000.00 pesos, debiendo continuar invirtiendo hasta lograr otorgar un servicio de excelente calidad a la ciudadanía, considerando las inversiones necesarias que haya que realizar para la renovación del parque vehicular del sistema y la actualización tecnológica durante la prestación del servicio”.

Contacto: jolmos245@gmail.com

miércoles, 20 de octubre de 2010

EL "DUEÑO DE LA MONTAÑA"

Por Jorge Olmos Contreras

Con voz melosa, pausada, labiosa, casi como si fuera San Esteban, ayer el cacique del ejido Puerto Vallarta, de nombre Esteban García Aréchiga, --que en sus ratos libres se desempeña como jefe de fomento agropecuario del Ayuntamiento— salió en defensa de la entrega de 27 certificados parcelarios a igual número de ejidatarios para comenzar a fraccionar parte de la zona montañosa de este destino turístico.
En una entrevista que le hizo la reportera Silvia Álvarez y que se difundió en Radio Universidad, Esteban García Aréchiga afirmó que el ejido Puerto Vallarta “es dueño de la montaña” y que, efectivamente, entregaron esos certificados parcelarios, pero que cada ejidatario es y será responsable de lo que haga con sus parcelas.

También aclaró “que por ahorita” no se tiene ningún proyecto para hacer algo en el área de montaña que le corresponde al ejido, pero que cada ejidatario tendrá bajo su responsabilidad el fin que le de a las hectáreas que le corresponden.

De entrada, lo anterior quiere decir, ni más ni menos, que Esteban García Aréchiga es el dueño de la montaña (o así lo quiere hacer creer) de Puerto Vallarta, toda vez que él manda y manipula a su antojo al ejido. Y dos, que cada ejidatario podrá comenzar a fraccionar y vender en el momento que se le pegue la gana, lo que confirma lo que adelantamos en este espacio, en el sentido de que estamos a punto de perder el único atractivo natural que nos queda en la zona serrana.

EL POSESIONARIO

Llama la atención que sea el propio Esteban el que dé la cara por el ejido, cuando existe un presidente que se llama Tomás Palomera Barraza, un auténtico títere del señor Aréchiga García que está a sus órdenes y no de los 236 ejidatarios que conforman el núcleo ejidal.

Pero existe una poderosa razón, y esta es el interés y la urgencia que tiene Esteban por vender sus 11 hectáreas que tiene en el ejido, ya que curiosamente, él mismo es uno de los beneficiados con uno de los 27 certificados parcelarios que se entregaron hace un mes y que fueron otorgados en perjuicio del bien común, es decir, en detrimento del resto de los ejidatarios.

Esperamos que el señor Aréchiga de una explicación lógica, coherente, legal y responsable del por qué se ostenta como ejidatario cuando sólo es posesionario, gracias a que un incauto de nombre Manuel Villaseñor González le vendió el derecho sobre esas 11 hectáreas que entraron en la repartición de certificados parcelarios.
También, que explique asimismo, cómo es que una asamblea manipulada votó a favor de entregar certificados parcelarios sólo a 27 ejidatarios en perjuicio de los demás, máxime cuando se supone que se trata de una posesión de uso común.

JUICIO SIMULADO

Ayer en Radio Universidad, Esteban García nunca explicó cómo es que el ejido Puerto Vallarta burló un dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) --que declaraba como área de uso común la montaña, por tratarse de bosque o selva tropical—para entregar dichos certificados parcelarios, a pesar de que el artículo 59 de la Ley Agraria indica claramente que será nulo de pleno derecho, la asignación de parcelas en bosques y selvas tropicales.

Sin embargo, ahora sabemos que Esteban García y sus 27 compinches, simularon un juicio ante el Tribunal Agrario número 13 con sede en Guadalajara, con el objetivo de echar abajo el dictamen de la Semarnat. Y aunque el magistrado que tomó el caso dijo que no procedía el alegato del ejido, les dejó una salida para que se ampararan, es decir, sólo se lavó las manos.

Con la bandeja de plata puesta, Esteban García volvió a manipular a los ejidatarios para acordar el tramite del amparo y una vez obtenido el mismo, consideró que ya no había ningún impedimento legal para citar a una nueva asamblea que finalmente voto a favor de entregar los 27 certificados parcelarios, cuyo impacto será vender y dar pie para que se levanten construcciones en la montaña.

La voracidad de Esteban García es tan grande, que sólo a un reducido grupo de amigos e incondicionales les entregaron certificados parcelarios que amparan miles de metros cuadrados, como es el caso de uno de sus tíos, pariente del finado Francisco García Jiménez, al que le tocaron 17 hectáreas.

O las de Gómez Gordián, al que le adjudicaron 54 hectáreas.

O el mismo Esteban, que ya se agenció 11 hectáreas con cuya venta resolverá para siempre sus problemas económicos y ya no tendrá necesidad de andar pidiendo favores políticos para colocar como regidora a su concubina, la señora Hortensia Rodríguez González.

APATIA CIUDADANA

Por ello, volvemos a insistir en que los ciudadanos de Puerto Vallarta no deben ser indiferentes o apáticos con este tipo de asuntos, ya que los daños colaterales que provocará la venta de grandes o pequeñas extensiones de terreno en la zona montañosa, nos va a perjudicar a todos tarde que temprano.

Los regidores deben estar muy atentos –sobre todo los mal llamados de oposición—para evitar que el Ayuntamiento, a través de dependencias que son muy proclives a la corrupción como Obras Públicas y Planeación Urbana, autoricen licencias de construcción en el ejido Puerto Vallarta, menos si se trata de las hectáreas de los nuevos certificados parcelarios.

Debemos tomar como ejemplo de lo que no debe ser, lo que sucedió en el ejido Boca de Tomatlán y Mismaloya, donde por años el Ayuntamiento autorizó permisos de construcción a particulares y ejidatarios que nunca presentaron escrituras porque simple y sencillamente no las tenían.

En el caso del ejido Puerto Vallarta puede pasar lo mismo, que el Ayuntamiento corrupto de Chavita facilite licencias de construcción a ejidatarios o particulares que hayan comprado “derechos” y que con un simple papel avalado por una asamblea, quieran permisos y lo peor, que se los autoricen.

El rector del Centro Universitario de la Costa, Max Greig, tan dado a abanderar causas sociales, debería levantar la voz para que la Universidad sea una de las primeras instituciones en erigirse como la defensora de la montaña, pues con simples declaraciones como las de Jorge Téllez no se va a detener a la pandilla de Esteban García Aréchiga.

¿Qué dicen los empresarios de Puerto Vallarta?, ¿van a permitir una agresión de esta naturaleza a la zona montañosa?, ¿o van a actuar para impedirlo?

¿Qué dicen nuestros supuestos representantes populares en el Congreso de la Unión y del Estado?

¿Qué hay del Observatorio Ciudadano?

¿Qué hay de los grupos ecologistas?

INFORMACION CLASIFICADA

EL LUNES 04 DE OCTUBRE, JUSTO CUANDO EN EL PERIODICO EL FARO manejamos la segunda parte de la agresión a la montaña con el título “Los Depredadores”, Esteban Aréchiga nos quiso tender una trampa, consistente en invitar al columnista a una encerrona con “todos los involucrados” en la casa ejidal para que explicaran la entrega de los certificados parcelarios.

Acostumbrado a mandar y que lo obedezcan, Esteban exigía a través de su secretaria, primero, y después personalmente, para que acudiéramos a las 15:00 horas a las oficinas del ejido, pero conociendo su carácter violento –y las amenazas que anteriormente había hecho contra quien esto escribe—decidimos no aceptar la invitación.

Sin embargo, le ofrecimos publicar el acuerdo al que llegaran en esa junta, pero nunca nos envió información alguna.

Hoy sabemos por qué: el asunto tiene mucho de fondo, entre la mano de magistrados omisos hasta el posible reparto de dinero para sacar adelante los certificados parcelarios.

UNA HISTORIA DE 150 MIL PESOS… El trienio pasado, el ingeniero Oscar Pimienta Torres estuvo a punto de ser detenido por la Policía Judicial debido a que había una orden de aprehensión en su contra por una denuncia penal que presentó en su contra el abogado Francisco Vallejo Corona, pero tuvo que soltar 150 mil pesos para evitar pisar el penal de Ixtapa.

Se trata de una denuncia que Vallejo interpuso cuando era síndico municipal en la administración panista de Pedro Ruiz Higuera y cuyo fondo era la venta de terrenos irregulares.

A toro pasado, se sabe que fue el también abogado, Miguel Ángel Yerena Ruiz quien se echó a la bolsa esos 150 mil pesos, aunque después Oscar Pimienta vociferó y culpó dolosamente a su otrora amigo, Luis García Ortiz (a) El Molacho, como la persona que se quedó con el dinero.

Luis García ayudó a Oscar para que no lo metieran a la cárcel y después lo acusaron injustamente.

La amistad entre ambos salió dañada y a la fecha no se hablan, pero en el tintero quedaron una y mil historias que contar que son de interés público.

POR CIERTO, UNA HERMANA DE OSCAR PIMIENTA, CENIA, ES SEÑALADA EN un escrito –elaborado y supervisado por el abogado Carlos Medina de Ixtapa-- de los condominios Primavera como uno de los inquilinos que no pagan cuotas de nada, pero lo más grave es que presume de ser influyente y que por influencias de su sobrino, el alcalde Chavita, no va a pagar nada y que le hagan como quieran.

Contacto: jolmos245@gmail.com

lunes, 11 de octubre de 2010

LAS COMPLACENCIAS DE UN JUEZ Y UN MP


Por Jorge Olmos Contreras

Uno de los principales problemas que existen en México es, por desgracia, la ausencia de la aplicación de una justicia imparcial y honesta, pronta y expedita; y por lo tanto un estado de derecho que se desliza en una banda de flotación que casi siempre se inclina a favor de quienes son influyentes o tienen dinero suficiente como para comprar voluntades dentro del poder judicial.

En las agencias del Ministerio Público y en los juzgados civiles y penales hay cientos de historias que descubrir y contar sobre el comportamiento nefasto de funcionarios colocados en puestos de relevancia en los poderes ejecutivos y judiciales, encargados de impartir y procurar justicia a todos los ciudadanos, cuyas acciones lesionan a particulares y al interés público.

Tal es el caso del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo penal en Puerto Vallarta, Rafael Palacios Rubio y del Juez primero en la materia, Damián Campos García, quienes tienen bajo su responsabilidad el caso del doctor Mario Peña Esparza –el médico que denunció por presunto robo a su hermana María Esther Peña y que logró que la metieran en prisión el pasado cinco de noviembre, aunque después salió libre bajo fianza-- y cuya actuación es dudosa desde el momento en que han tomado partido para favorecer al galeno y perjudicar a la parte contraria.

Si antes fue el Agente del Ministerio Público, Pedro Córdova Aréchiga y la Juez segundo de lo penal, Daila Adriana Cholula Villa, quienes se confabularon para armar un expediente –ahí sí, rápido y expedito—en contra de María Esther Peña Esparza para acusarla de un presunto robo por 303 mil pesos y procesarla sólo porque su hermano dijo que ella era la principal sospechosa, ahora los complacientes con el doctor Mario Peña Esparza son el MP Rafael Palacios y el juez primero de lo penal, Damián Campos.

AL BANQUILLO

Y es que recientemente –estamos hablando del 24 de septiembre pasado— este juez (a petición del MP Palacios) citó para el día 25 de octubre a las 10:15 de la mañana, a todas las hermanas del doctor Mario Peña Esparza, incluida la procesada por el delito de presunto robo (María Esther Peña), y hasta al reportero Oseas Lorenzo Bravo, y a otros testigos para que sean interrogados por el fiscal con relación al desahogo de esta causa penal.

Los citados son Oseas Lorenzo Bravo, Alicia Esparza, Félix Salvador, María Esther, Ana Bertha y Martha Elena, todos de apellidos Peña Esparza, es decir, las hermanas y hermano del doctor Mario Peña, además del periodista Oseas.

Lo anterior, no obstante a que estas personas ya fueron interrogadas por el Agente del Ministerio Público en noviembre, mientras que Oseas Lorenzo fue interrogado hace apenas un mes por el MP Rafael Palacios, quien abusando de su cargo, le hizo un severo cuestionamiento al periodista dentro del juzgado primero, cuando el reportero sólo es un testigo de cargo de la señora María Esther Peña Esparza.

Fue tan burdo y ofensivo Rafael Palacios con el periodista, que hasta le preguntó si le constaba que Mario Peña Esparza fuera hermano de María Esther Peña Esparza, entre otras preguntas capciosas hechas al vapor, con su respectiva dosis tendenciosa.

LAS COMPLACENCIAS

El juez penal ha sido tan complaciente con Mario Peña Esparza, que está permitiendo este segundo interrogatorio y admitido como “pruebas” hasta fotografías supuestamente capturadas el 16 de agosto del 2009, donde aparece la madre del propio doctor Peña y sus hermanas donde –dice en un escrito agregado al expediente 136/2010-A—“se tomaron algunos de los detalles de la agresión, falta de orden y cordura provocado por mis hermanas y mi madre en mi contra en las instalaciones que tenía la clínica San Miguel”.

De entrada, esta “prueba” fue objetada por la defensa de María Esther Peña Esparza, ya que al ser fotografías digitales, se pueden manipular fácilmente con una computadora, además de que no es claro que se trate de una agresión verbal contra el doctor de parte de su madre y sus hermanas.

Peor aún, el mismo Juez Campos, ordenó otra inspección judicial en el inmueble que ocupara la clínica San Miguel –donde supuestamente ocurrió el robo de los 303 mil pesos el año pasado—para ver la “circunstancia de la distribución de las habitaciones que ocupaban tanto la inculpada como el ofendido, y la puerta de seguridad y acceso que tenían al área previa a las puertas de acceso a las habitaciones”. La diligencia se llevará a cabo el próximo 25 de octubre a las 18:30 horas.

Cabe recordar que el edificio que ocupaba la clínica San Miguel, ahí en El Pitillal, le fue vendido al párroco Carlos Peña –tío del doctor Mario—a fines del año pasado, por lo que el lugar pudo haber sufrido modificaciones y o alteraciones donde presuntamente se cometió el hurto, por lo que dicha inspección podría fácilmente ser objetada en caso de querer inculpar a María Esther Peña. De hecho, la defensa se opone a que se lleve a cabo dicha inspección.

Pero si de complacencias se trata, el mismo juez está citando, a petición del propio Mario Peña, al tesorero del ejido del Valle (sic), Gustavo Encarnación Gómez, porque supuestamente fue testigo de un cheque que un tal Victoriano Carrillo giró a Mario Peña Esparza el día del supuesto robo, como parte de un dinero que Mario le había prestado meses antes.

El tesorero de ese ejido, nada tiene que ver en el presente juicio, y sin embargo, a solicitud del doctor Peña, también fue involucrado por el mismo Mario, de quien se sabe, tiene intereses de terrenos en Valle de Banderas, básicamente en San Clemente de Lima.

Es tan claro el favoritismo que expresan el juez penal y el MP Palacios, que atienden con prontitud todas las promociones que hace el doctor Mario Peña, mientras que las de María Esther tardan mucho más, quizá con la intención de perjudicarla, cansarla y fastidiarla para que cometa un error y pierda la fianza y su libertad y regrese a prisión; por un robo que todavía no pueden comprobar fehacientemente que ella lo hubiera cometido.

La señora Alicia Esparza y sus hijas, están muy preocupadas porque el juez Damián Campos las está citando a todas el mismo día, y ellas temen dejar sola la casa donde viven –en la calle Abasolo esquina con primero de mayo en El Pitillal— debido a que Mario Peña Esparza las ha amenazado de despojarlas cualquier día, pues reclama la mitad de la finca para su padre, el señor Salvador Peña Ramos.

Por ello, Bertha Peña quiso hablar con el juez la semana pasada para pedirle que no citara a toda la familia el mismo día para ser interrogados, pero éste se negó a recibirla. Bertha llamó al Supremo Tribunal de Justicia y de ahí le dieron la orden al juez Campos para que la atendiera, sólo así pudo hablar con él.

INFORMACION CLASIFICADA

EN EL PASADO DEL MINISTERIO PÚBLICO RAFAEL PALACIOS EXISTEN expedientes de su actuación como funcionario de la Procuraduría que lo dejan muy mal parado, pues se afirma que fue él quien maniobró para que pudieran salir de prisión los presuntos asesinos del dueño del restaurante Cazadores de Ixtapa de apellido Medina hace ya varios años.

En ese entonces, el juez penal era el hoy magistrado Jaime Gómez, íntimo amigo de Javier Bravo.

Uno de esos criminales fue ni más ni menos que Noé Alcaraz, a quien se relaciona con grupos de delincuencia organizada y a quien se conoce como el sicario de los hermanos Alcaraz de Ixtapa.

POR FIN… PUERTO VALLARTA SE LIBRO DE OTRO CORRUPTAZO FUNCIONARIO JUDICIAL… Nos referimos a Guillermo Díaz Prudencio, ex delegado de la Procuraduría de Justicia del Estado, quien fue enviado a Tepatitlán de Morelos. Cómo olvidar su dolosa intervención en el caso de Pepe Muelas, el chofer del ex alcalde Javier Bravo, pero eso será tema de otro análisis.

POR CIERTO, UNO DE LOS QUE VA A LAMENTAR PROFUNDAMENTE LA PARTIDA de Díaz Prudencio es el abogado Miguel Ángel Zarate, con quien hacia todo tipo de negocios a la sombra de la delegación de la Procuraduría.
Ojalá y el nuevo delegado, Sergio Arturo Grageda Ramos, no se corrompa o se deje intimidar por abogados como Zárate.

miércoles, 6 de octubre de 2010

LOS $ 32 MILLONES DEL FUNDO LEGAL



Por Jorge Olmos Contreras

Sin capacidad, ni creatividad alguna que se asome en el equipo de Salvador González Reséndiz para solucionar “para siempre” la problemática de falta de recursos frescos al Ayuntamiento, ahora se les ha ocurrido la “genial idea” de gravar las fincas y predios ubicados dentro del llamado “fundo legal” para allegarse unos 32 millones de pesos al cobrarles cuotas, dicen, simbólicas y de paso ofrecerles certeza jurídica a sus poseedores.

El tema, de por sí espinoso, porque se trata de regularizar todo lo que esté dentro de unas 60 hectáreas que van de la calle Argentina hasta el río Cuale en el primer cuadro de la ciudad, va a abrir un nuevo frente contra la administración de Chavita, en virtud de que el objetivo es recaudatorio más que jurídico y el alcalde –como Rodolfo González Macías y Gustavo González Villaseñor en su momento—va a ser severamente cuestionado por las familias más añejas de Puerto Vallarta que viven en la zona.

La intención es gravar con 100 pesos por metro cuadrado a todas las casas y terrenos existentes en el “fundo legal”, con lo que el Ayuntamiento tendría ingresos extras por unos 32 millones de pesos.

La medida parece interesante desde el punto de vista que significa darle certeza jurídica a los poseedores de dichos inmuebles, sobre todo cuando se trata de poner como garantía la propiedad en caso de créditos Bancarios, sin embargo, cientos de propietarios no están en condiciones de pagar esa cantidad y otros de plano no van a querer soltar un solo peso, porque van a considerar que el fin que persigue el Ayuntamiento sólo es recaudatorio y que los están viendo como una salida a sus problemas financieros, como su tabla de salvación pues.

NO ES LO MISMO LAXO QUE FLEXIBLE

Hay regidores como Ricardo Uribe –del PAN—que consideran la propuesta hasta cierto punto laxa, flexible, porque incluso existe la posibilidad de que al final se cobre una cuota simbólica por la regularización y no precisamente los 100 pesos el metro cuadrado; pero también está consciente de que el problema de la enfiteusis que existe en el centro de Puerto Vallarta es muy complejo y que va a ser difícil destrabarlo.

Aún así, el pasado viernes en la sesión del pleno del Ayuntamiento, los regidores votaron a favor un punto de acuerdo, el 5.9, cuyo dictamen fue emitido por las Comisiones de Hacienda y Planeación Socioeconómica y Urbana --que presiden el alcalde Salvador González Reséndiz y el síndico, Fernando Castro Rubio--, en unión con los regidores Virginia Arelí Guerrero, Dulce María Flores, Ricardo Uribe González y Moisés Villaseñor, en el que se autorizó iniciar los trámites de regularización y enajenación a los poseedores de predios ubicados dentro del área conocida como “fundo legal”.

Empero, fue el mismísimo síndico municipal, Fernando Castro Rubio, quien hizo la solicitud de regularizar el “fundo legal” y les entregó el dictamen para su estudio a los regidores todos.

Antes, el ocho de septiembre, el síndico le envió un memorándum al secretario general, Jesús Sánchez, donde le solicita agendar dicha solicitud “para solucionar la problemática que origina la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra en la zona centro de la ciudad, conocida como fundo legal y del que se desprende el censo enfitéutico de Puerto Vallarta”.

EL CUENTO DE SIEMPRE

El argumento del Ayuntamiento para llevar a cabo esta maniobra, como dijimos, es el cuento de siempre: la promesa de darle certeza jurídica a la tenencia de la tierra, de ahí que invoquen el decreto número 13603 que el Congreso del Estado publicó el 22 de julio de 1989 en el e periódico oficial “El Estado de Jalisco”, donde reconoce “la existencia y vigencia (artículo primero), para todos los efectos legales, de los contratos que se celebraron por los Ayuntamientos de Jalisco, bajo la figura de censo enfitéutico, en los términos del Código Civil de 1887, conservando los municipios el carácter de propietarios directos de los inmuebles, y los propietarios del dominio útil, su carácter de enfiteutas”.

Asimismo, el artículo dos indica que “para regularizar el régimen de propiedad sobre los bienes a que se refiere el artículo anterior, los ayuntamientos podrán enajenar, con la autorización previa del Congreso del Estado, el dominio directo de los citados bienes, a los enfiteutas legalmente reconocidos o a sus sucesores, testamentarios o legítimos, debidamente acreditados; y en caso de renuncia expresa, a terceros”.

Ahora bien, en su propuesta, el síndico Fernando Castro sostiene que en el caso de Puerto Vallarta, “la permanencia del censo enfitéutico como forma jurídica de utilización de predios y fincas, constituye una limitante para su mejor utilización y desarrollo, ya que la titularidad de los derechos se limita al uso de los mismos, sin tener el dominio pleno, el cual corresponde al Ayuntamiento, sin dejar de mencionar que ya cumplió con su fin”.

Por lo anterior, el hijo del notario público número cinco, Carlos Castro Segundo, Fernando, propuso “autorizar un programa de regularización que facilite a los actuales titulares y poseedores de los predios respecto de los cuales se hayan otorgado derechos enfitéuticos y así otorgarles la certeza jurídica de un título de propiedad raíz a dichos poseedores”.

Con el análisis en mano –que más bien parece un estudio realizado al vapor—el viernes los regidores votaron a favor de que se inicie la regularización, mediante la enajenación, a los poseedores de los predios del fundo legal.

Y todavía más grave, también aprobaron solicitar al Congreso del Estado, su aprobación para dicha enajenación.

UNA BOMBA DE TIEMPO

Así las cosas, ayer por la tarde todavía hubo una reunión privada entre regidores panistas y priistas para discutir el punto de acuerdo que ya aprobaron el viernes pasado.

Para muchos, esto es una bomba de tiempo para el Ayuntamiento que en cualquier momento le va a estallar al pleno, toda vez que se trata de sacarle dinero –dicen que serán 32 millones de pesos—a los poseedores de predios, con el cuento de la regularización para que tengan certeza jurídica, cuando los enfiteutas tienen casi 100 años en posesión legal de fincas y terrenos.

Se trata, según una lista catastral existente, de 977 lotes registrados, con 98 manzanas, en manos actualmente de sus legítimos posesionarios.

El problema se va a agudizar cuando los poseedores comiencen a saber lo que tendrían que pagar en caso de que marche la regularización.

Por ejemplo, el hotel Rosita que tiene un valor catastral de 64 millones 787 mil 278 pesos y una superficie de tres mil 734 metros cuadrados de terreno y siete mil 172.50 metros cuadrados de construcción, tendría que pagar 373 mil 400 pesos por el predio y probablemente otros 717 mil 250 pesos por lo construido.

La finca donde actualmente está Mc Donalds frente al malecón, que vale 39 millones 429 mil 075 pesos, pagaría 108 mil 300 pesos por la superficie del predio y 131 mil 100 por la construcción.

O la propiedad donde está el restaurante Punto V, que tiene un valor catastral de 22 millones 171 mil 663 pesos, pagaría 53 mil 200 pesos por 532 metros cuadrados de superficie de terreno y 118 mil 200 pesos por mil 1182 metros cuadrados construidos.

El fundo legal comprende 60 hectáreas, donde están construidas fincas frente al mar, convertidas hoy en prósperos negocios, hasta propiedades de extranjeros –en su mayoría estadounidenses, como las de la colonia americana—valuadas en millones de pesos y algunas hasta en más de un millón de dólares, pero también hay viviendas humildes de lo que queda de las primeras familias de Puerto Vallarta.

De acuerdo con una nota del periodista Víctor Tovar que se publicó en La Gaceta del Centro Universitario de la Costa (CUC) en noviembre del 2005, “Históricamente el fundo legal formaría parte de la propiedad de la empresa minera Unión en Cuale, fundada en Guadalajara en el gobierno de Ignacio Comonfort en 1854, con una dotación de 19 mil 311 hectáreas, que luego se extendieron a 56 mil 674 hectáreas desde Cuale, en Talpa de Allende, hasta Puerto Vallarta y Mismaloya, de acuerdo al (ex) cronista de la ciudad Carlos Munguía Fregoso.


INFORMACION CLASIFICADA

LLAMA PODEROSAMENTE LA ATENCION EL HECHO DE QUE SEA EL síndico municipal, Fernando Castro Rubio, el principal promotor de la regularización del fundo legal, ya que su padre es notario y cualquier mal pensado estaría viendo el intento de un negocio súper millonario con la posible contratación de diferentes notarías públicas –o una sola, quién sabe—para escriturar las fincas y predios del censo enfitéutico.

POR CIERTO, CUANDO EL EX ALCALDE RODOLFO GONZALEZ MACIAS intentó cobrarle a la gente del centro una posible regularización, se consultó a varios notarios públicos expertos en el tema, y se negaron a que el Ayuntamiento procediera a afectar económicamente a los poseedores del fundo legal. Entre otros, el mismísimo Carlos Castro Segundo. Hoy, su hijo, hace lo contrario.

COMO DIJO EN CIERTA OCASIÓN EL TITULAR DE ESTUDIOS JURÍDICOS del Centro Universitario de la Costa, Adolfo Espinoza de los Monteros: “lo más prudente sería congelar el proyecto y olvidarse de éste”, pues la regularización del fundo legal se encuentra en un auténtico galimatías jurídico.

ATORADO Y DESECHADO… EL NUEVO CREDITO POR 29 MILLONES DE PESOS que el alcalde pretende endilgarle a la comuna, pagadero a 15 años, no pasará. El voto de los regidores de oposición se mantienen firme: votarán en contra en la sesión de mañana jueves, por lo que Chavita debe ver otras alternativas y no gastar su pólvora en infiernitos.

Contacto: jolmos245@gmail.com

lunes, 4 de octubre de 2010

LOS DEPREDADORES


Por Jorge Olmos Contreras

Como lo adelantamos el viernes pasado en este espacio, el ejido Puerto Vallarta a través de quien se cree su “presidente vitalicio”, Esteban García Aréchiga, dio el primer paso para fraccionar y vender una extensa área de la zona montañosa del municipio, al hacer entrega de 27 certificados parcelarios al mismo número de ejidatarios que, en cualquier momento, si nadie hace nada, podrían comercializar terrenos que están declarados como “áreas de uso común”, según dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El dictamen de la Semarnat donde se les informa que esos predios fueron asignados como área de uso común, les fue notificado a todos los ejidatarios en una Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales (ADDATE) en 1996.

Sin embargo, y a sabiendas de que conocían dicho dictamen, el pasado domingo 26 de septiembre, el ejido, manipulado por Esteban García Aréchiga, hizo entrega de los certificados parcelarios, con lo que de hecho se inicia la depredación de la montaña de Puerto Vallarta, a menos que las autoridades y la sociedad civil intervengan para evitarlo.

A través de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental, pudimos obtener los nombres de los 27 “beneficiarios” de los certificados parcelarios que abarcan 439 hectáreas de la zona montañosa y que incluso, ya habían sido señaladas en el Plan de Desarrollo Urbano que fue impugnado por la Universidad de Guadalajara en la administración de Gustavo González Villaseñor y que se impidió se decretara en la de Javier Bravo Carbajal.

LA LISTA

La lista de quienes están a punto de convertirse en los principales depredadores de Puerto Vallarta es la siguiente:

1.- Salvador Delgadillo Quintero, 20 hectáreas
2.- Daniel Bañuelos Jiménez, cinco hectáreas
3.- Roberto Gómez Gordián, 30 hectáreas
4.- Juan Cibrián Parral, 10 hectáreas
5.- Reyes Cibrián Flores, 10 hectáreas
6.- Pedro García García, 20 hectáreas
7.- Ramón García de Santiago, 20 hectáreas
8.- Margarita Gómez Santana, 15 hectáreas
9.- Donaciano Galindo Peña, 19 hectáreas
10.- Esteban García Aréchiga, 10 hectáreas
11.- Feliciano Aguilar López, 12 hectáreas
12.- Paula Gómez Cortés , 10 hectáreas
13.- Gabriel Mariscal Tejeda, 13 hectáreas
14.- José de Jesús Tapia Fregoso, 12 hectáreas
15.- Víctor Manuel López García, cinco hectáreas
16.- Abel García Castillo, 20 hectáreas
17.- Cesárea Peña Hernández, 12 hectáreas
18.- Roberto Cázares Ayala, 50 hectáreas
19.-J. Guadalupe Gómez Gordián, 30 hectáreas
20.- José de Jesús Cázarez Martínez, 14 hectáreas
21.- José Luis López García “Moyenque”, 15 hectáreas
22.- Julio Barraza Pérez, siete hectáreas
23.- Salvadora García Palacios, 15 hectáreas
24.- Alberto Pelayo Torres, 20 hectáreas
25.- Serapio Cárdenas Martínez, siete hectáreas
26.- Joaquín Castillón Cázares, 12 hectáreas
27.- Alfonso Gómez Gordián, 12 hectáreas

Ahora bien, cabe hacer hincapié en que hay tres personas en esta lista que por alguna razón no firmaron, es decir, no aparecen en el conjunto de firmas y que son, Ramón García de Santiago y Paula Gómez Cortés, y al parecer, Juan Cibrián Parral.

CON LA MESA PUESTA

Así las cosas, la mesa está puesta para comenzar a afectar gran parte de la zona montañosa, por lo que urge que los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, los abogados, los organismos no gubernamentales y sobre todo, la Universidad de Guadalajara a través del biólogo Jorge Téllez hagan algo para evitar que Esteban García Aréchiga y sus cómplices se salgan con la suya.

El área de uso común dictaminada por la Semarnat debe ser respetada como tal, de ahí que también urge que intervengan los regidores y el presidente municipal para exigir al ejido que se abstenga de dañar la montaña.

De hecho, el gobierno municipal es la entidad que más puede hacer presión para que no se otorguen ningún tipo de permisos a quienes pretendan fraccionar terrenos de la montaña en esas 439 hectáreas y mucho menos expedir licencias de construcción a futuros propietarios de predios o solares en la zona.

Pero conociendo cómo se las gastan los funcionarios públicos, no dudamos que en breve autoricen la depredación de la montaña, como ya ha ocurrido en otras administraciones.

Por eso insistimos y hacemos una convocatoria pública para evitar más agresiones de este tipo a uno de los atractivos turísticos que tenemos en la ciudad y que es precisamente su zona montañosa, tan verde y llena de vida silvestre como ahora en temporal de lluvias.

También pedimos a los ciudadanos que tengan información sobre la corrupción que impera en el ejido Puerto Vallarta, nos la hagan llegar para hacer público todo lo que sucede en ese núcleo ejidal que, históricamente ha tenido dirigentes que se han enriquecido a costa de los demás.

Por ejemplo, como olvidar los 22 millones de pesos que el gobierno entregó como “indemnización” por la expropiación de terrenos de El Estero de El Salado al ejido y que fueron presuntamente malversados por el mismísimo tío de Esteban García Aréchiga, Jesús Aréchiga.

Incluso, sabemos que hubo un juicio entre sobrino y tío, porque el primero, es decir Esteban García Aréchiga, le exigió a Jesús Aréchiga que le explicara en qué gastó más de 10 millones de pesos, que eran propiedad de todos los ejidatarios.

En otra ocasión, abundaremos más sobre este espinoso asunto, porque en los tribunales todavía se ventila este juicio en que los Aréchiga se habrían robado el dinero que pertenecía a los integrantes del ejido, y que después se habrían peleado entre ellos.

INFORMACION CLASIFICADA

LA ADMINISTRACION DE SALVADOR GONZALEZ RESENDIZ ESTA POR abrir un nuevo frente con los ciudadanos de Puerto Vallarta que confiaron en el y le otorgaron el voto mayoritario en las pasadas elecciones, ya que el viernes pasado el pleno del Ayuntamiento votó a favor de que se inicien los trámites de regularización y enajenación a los poseedores de predios ubicados dentro del área conocida como “fundo legal”.

Lo anterior quiere decir, ni más ni menos, que la desesperación de Chavita por obtener recursos lo está orillando a cometer error tras error, ya que si pretende “regularizar” los terrenos del censo enfitéutico, se va a topar con pared, toda vez que el problema jurídico de la enfiteusis que ahí existe es bastante complejo y ningún alcalde ha podido con el asunto, pese a las intentonas que se hicieron en las administraciones de Rodolfo González Macías y más recientemente en la de Gustavo González Villaseñor.

A reserva de ampliar el comentario y hacer un análisis del “fundo legal”, lo que el gobierno de Chavita quiere es hincarles el diente a los poseedores de terrenos de esa zona –son alrededor de 60 hectáreas y un número no determinado de fincas y predios—para obligarlos a escriturar para que paguen derechos al Ayuntamiento, y así obtener dinero fácil.

Con Gustavo González, el síndico, Miguel Ángel Yerena Ruiz hablaba de que si se regularizaba el fundo legal, el Ayuntamiento podría obtener hasta cuatro mil millones de pesos.

Lo que no dijo, es que es un tema espinoso y difícil de resolver.

Si Chavita insiste en afectar la economía de los vallartenses que poseen predios en el “fundo legal” con el cuento de regularizarlos para tener certeza jurídica de sus propiedades, va a salir muy, pero muy raspado.

Y sino, al tiempo…



OTRO CONFLICTO QUE VIENE es el que traen los “administradores” de los Departamentos Primavera con los condóminos –dueños y arrendatarios--, donde una mujer de nombre Rosalía Moreno, al parecer relacionada íntimamente con el abogado Carlos Medina de Ixtapa, se han dedicado a amedrentar y amenazar a aquellos residentes que, a su juicio, no deben estar viviendo ahí porque no pagan “cuotas especiales”.

viernes, 1 de octubre de 2010

¡AGUAS!, EL EJIDO PUERTO VALLARTA, A UN PASO DE VENDER LA ZONA MONTAÑOSA



Por Jorge Olmos Contreras

Muy calladitos, casi en secreto, el domingo pasado en Asamblea, los directivos del ejido Puerto Vallarta que maneja y manipula Esteban García Aréchiga –actual jefe de fomento agropecuario del Ayuntamiento y concubino de la regidora Hortensia Rodríguez González— entregaron 27 certificados parcelarios al mismo número de ejidatarios, que representan cientos de hectáreas de la zona montañosa del municipio y que pueden ser fraccionadas y vendidas en cualquier momento si no se hace algo para detener este atentado contra el patrimonio de todos los vallartenses.

No es grave, es gravísimo lo que acaba de hacer el ejido Puerto Vallarta al entregar esos certificados parcelarios para que comiencen a vender la zona serrana, pero todavía más dañino es, que ninguna autoridad haya intervenido para evitar este atropello, ya que la montaña está dictaminada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como área de uso común y por lo tanto sería ilegal su división y posible venta.

El artículo 59 de la Ley Agraria indica claramente que será nulo de pleno derecho, la asignación de parcelas en bosques y selvas tropicales.

Ahora bien, en 1996, en Asambleas que se efectuaron el 14 de abril y el 23 de junio respectivamente, se informó a los ejidatarios que la zona montañosa de Puerto Vallarta quedaba como “área de uso común”, porque el dictamen de la Semarnat especificaba que la montaña era selva o bosque tropical.

OBJETIVOS MERCANTILISTAS

Sin embargo, el ejido Puerto Vallarta –siguiendo objetivos mercantilistas y depredadores-- pasó por alto el dictamen de la Semarnat y entregó los primeros 27 certificados parcelarios, con lo que no sólo violó lo estipulado por la autoridad federal, sino que dio el primer paso ominoso para que la montaña sea comercializada y en pocos años se pierda el atractivo visual de la zona y comiencen la grandes construcciones, es decir, estamos a un tris de convertirnos en otro Acapulco, destino que tiene todos sus cerros llenos de casas y edificios.

Para que usted se de una idea del atentado que acaba de hacer el ejido Puerto Vallarta, una sola de las parcelas que ampara un certificado agrario, mide 50 hectáreas dentro de la montaña, y el ejidatario beneficiado puede, en cualquier momento, vender o fraccionar “su propiedad” sin importar el daño que le pueda hacer al destino turístico.

Además, a esos 27 ejidatarios se les midió fuera del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), ocurrido el 14 de abril de 1996, por lo que la medición no debido efectuarse y mucho menos la adjudicación de los derechos parcelarios.

Por ello, es urgente que intervenga la Semarnat para obligar al ejido Puerto Vallarta a cumplir la ley y respetar el artículo 59 de la Ley Agraria. Más que eso, es importante que el Observatorio Ciudadano de la ciudad como Organismo No Gubernamental, los hoteleros, los regidores, los medios de comunicación y todos los sectores intervengan para evitar que los ejidatarios vendan la zona montañosa.

CERTIFICADOS AGRARIOS,
NULOS DE PLENO DERECHO


Se debe pugnar para que la autoridad competente declare nulo de pleno derecho la asignación de dichos certificados parcelarios y para que se llame a cuentas al jefe de fomento agropecuario del Ayuntamiento, Esteban García Aréchiga, quien junto con su mujer, son los principales interesados en destruir el atractivo visual y turístico que representa la montaña de Vallarta.

Es muy importante que la sociedad tome conciencia de lo que significa y puede significar este hecho, pues estamos ante una acción lesiva y punitiva, encabezada y orquestada por Esteban García Aréchiga, para darle al traste a la montaña del municipio y que es todo lo que se observa en la parte alta frente al mar.

Por este medio, hacemos un llamado al pleno de regidores, a los grupos ecologistas, a la Universidad de Guadalajara, a los diputados locales y federales, y a toda la ciudadanía para defender nuestro único atractivo natural que nos queda en la sierra e impedir que se venda, se fraccione o se construya en las montañas, donde ya incluso se han permitido algunas construcciones que son un claro atentado, como las que están arriba de la zona de Amapas y Conchas Chinas.

El primer paso es pugnar y presionar para que se cancelen esos certificados parcelarios que son nulos de pleno derecho y que se otorgaron en una Asamblea manipulada y plagada de irregularidades, ya que a muchos ejidatarios les dieron a firmar hojas en blanco y a otros se presume les entregó dinero en efectivo para permitir dicha entrega.

De hecho, sabemos que en la lista de 27 ejidatarios a quienes se les midieron como parcelas áreas de uso común, está el orquestador de todas las fechorías, Esteban García Aréchiga, quien desde que quitó del cargo a su primo, el licenciado Esteban Aréchiga García, mangonea a su antojo el ejido.

ASAMBLEAS MANIPULADAS

Por desgracia, en el ejido Puerto Vallarta se ha hecho costumbre que se firman y pongan huellas a las hojas en blanco; y esas hojas, los directivos --entiéndase Esteban García Aréchiga y sus mandaderos--, las anexan a su arbitrio en las actas de asamblea. (O sea, la mayoría de los ejidatarios, por conveniencia de recibir un dinero, o por dejadez --falta de valor civil--, ven que están mal, lo critican, pero lo permiten).

Los directivos hacen que la gente se forme y firme en blanco las hojas que luego anexarán a las actas que a su gusto y complacencia se elaboran. Generalmente, dicen, dan dinero, excepto este domingo 26 de septiembre por la "noticia" de que los “robaron”.

Aún peor, jamás leen lo que el acta dice, para verificar que haya quedado con los puntos y acuerdos tratados. Así que mientras las autoridades tratan de respetar y hacer respetar las leyes sobre información y transparencia que se han elaborado, en el ejido Vallarta es una vergüenza que Esteban García Aréchiga abuse y la gente lo permita.

Un ejidatario que pidió el anonimato por razones obvias, dice: “Hay quienes no estamos de acuerdo, pero con esa forma de hacer actas, le ponen lo que quieren. Además, intimidan a la gente, pues en todas las Asambleas hay un tipo de nombre Pedro García Villaseñor que se dedica a filmar, para luego ver cualquier cosa que les parezca rara; llaman a la gente y "la castigan", afectándole sus derechos y francamente, se portan peor que los mafiosos”.

Y como señalamos párrafos arriba, algunas de las 27 parcelas asignadas miden más de 50 hectáreas, y se adjudicaron además en perjuicio del resto de los ejidatarios, pues cuando eran de todos, les tocaba aproximadamente 29 hectáreas, pero ahora con esa merma, les tocarán mucho menos.

Vale hacer hincapié que cuando el programa oficial se aplicó, el PROCEDE, las dos parcelas más grandes medían 12 y 15 hectáreas respectivamente; y ahora con el fraude y contradicción, hay parcelas grandísimas dentro de la montaña que pretenden fraccionar y comercializar.

INFORMACION CLASIFICADA

EN LA PROXIMA COLUMNA PUBLICAREMOS LA LISTA DE los nombres de los ejidatarios a quienes se adjudicaron los derechos parcelarios. De entrada, deben saber que la adjudicación es ilegal y que se meterían en muchos problemas legales si comienzan a vender la montaña de Vallarta.

YA NADIE LE CREE A ESTEBAN GARCIA ARECHIGA CUANDO el domingo pasado, además de la entrega ilegal de los derechos parcelarios, le informó a la Asamblea que las oficinas del ejido habían sufrido un robo y que los presuntos ladrones se habían llevado todo el efectivo que se encontraba en la caja. De inmediato, muchos pensaron en la posibilidad de un auto robo… conociendo cómo se las gasta el también funcionario municipal.

OJO, MUCHO OJO CON OSCAR PIMIENTA… Otro fraccionador que se ha hecho rico a la sombra del Ayuntamiento y que ha vendido cientos de lotes en zonas irregulares, ya que pretende que el gobierno de su sobrino, el alcalde Salvador González Reséndiz, le autorice la venta de terrenos en la parte alta de la colonia Ramblases, justo atrás donde tiene su rancho que ya vale muchos, pero muchos millones de pesos.