LA MANO DE DOS INFLUYENTES NOTARIOS EN EL FRAUDE DEL EJIDO AQUILES SERDAN

Por Jorge Olmos Contreras

Un papel de primer orden es el que han jugado los notarios Enrique Soto Borja, del Distrito Federal, y José Luis Reyes  Vázquez de Nuevo Vallarta en el contrato de desincorporación de valiosas tierras en Cabo Corrientes. Los dos tienen algo en común: crecieron desmesuradamente en el sexenio de Vicente Fox Quesada

Fue en esta etapa en la que apareció la empresa “El Camino Recursos Inmobiliarios S. A. de C.V. –antes Golden Corporativo—al mando de Gerardo Ramírez Frías –cuyo homicidio todavía no ha esclarecido la PGJ— y Mauricio Vargas, para hacerse cargo de todo lo relacionado con el ejido “Aquiles Serdán”, primero y con la Inmobiliaria Punta Izatán, después.

El 20 de junio del 2007 se constituyó El Camino Recursos Inmobiliarios bajo la firma del notario número dos de Bucerías, Nayarit, Teodoro Ramírez Valenzuela. Esta sociedad decía tener, entre sus primeros objetivos, el estudio de grabación digital y análoga de y para televisión, así como la producción de imágenes integradas por guiones scouting, grabaciones in situ en diferentes locaciones, entrevistas, imágenes integradas por animación en segunda y tercera dimensión, edición no lineal, locución, audio y video, diseño gráfico, creación de sitios, páginas y dominios web en todas sus modalidades, así como su musicalización y en general lo relacionado, propio y necesario en multimedia.

Desde luego, estas actividades eran sólo una pantalla, ya que su verdadero propósito era constituirse en agentes comisionistas, intermediarios, corredores concesionarios, licenciatario, factor y distribuidor entre personas físicas o morales, nacionales o extranjeras y adquirir o participar en el capital o en el patrimonio de otras sociedades civiles o mercantiles, formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las constituidas, así como enajenarlas.

La sociedad se inició con 50 mil pesos y con 500 acciones ordinarias de 100 pesos cada una, de las cuales el 50 por ciento eran de Gerardo Ramírez y el resto de Mauricio Vargas.

Llama la atención que pese a que estos señores no presentaron sus Cédulas de Identificación Fiscal y a la advertencia del notario de que daría aviso a la autoridad fiscal y que les daba 30 días para incluir en el Registro Federal de Contribuyentes a dicha sociedad, esto al parecer nunca se hizo.

Se ignora si la autoridad fiscal actuó en consecuencia.

Empero, fueron estos dos personajes, quienes constantemente viajaron al Nuevo Centro de Población  “Aquiles Serdán” para hablarles maravillas a los ejidatarios si vendían sus tierras. Ellos repartían dinero a manos llenas, gastaban y se daban el lujo de vociferar que gracias a ellos nunca se ejecutó la sentencia contra los invasores; incluso, que para que esto sucediera (la no ejecución de la sentencia) se rumora que se habría ofrecido a un magistrado agrario la friolera cantidad de 75 millones de pesos.

Fueron los mismos del Camino Recursos Inmobiliarios, los que forzaron a los campesinos a crear su propia Inmobiliaria, ya que era necesario jurídicamente para desincorporar las mil 013 hectáreas, pues necesitaban meterlas a la Inmobiliaria Punta Izatán, y de ahí pasarlas a compañía Costa Corrales Land Holdings que, como ya vimos su principal accionista es Oscar Liu-Chien Tang, también conocido como Oscar L. Tang, un multimillonario financiero estadounidense de origen chino.

LA MANO DE REYES VAZQUEZ

Lo más curioso de todo esto, es que el notario público número 31 de Nuevo Vallarta, Nayarit, José Luis Reyes Vázquez, nunca objetó estos antecedentes para escriturar un Contrato de Fideicomiso de Administración Irrevocable –leonino por donde quiera que se le vea, dicen campesinos inconformes de Aquiles Serdán--, mismo que pasó bajo su fe pública el pasado 18 de mayo del 2009, con lo que se dio el primer paso para quitarles a los campesinos sus tierras.

Este contrato ata de manos a los ejidatarios, que manipularon con asambleas cuestionables, Luis León Cervantes, Sergio Bernal y Jesús Peña (este ultimo curiosamente también Comisario de la empresa “El Camino Recursos Inmobiliarios”), supuestos integrantes del comisariado ejidal de “Aquiles Serdán”, ya que les imponen sendas cláusulas para proteger en todo momento a los empresarios extranjeros y deja en condiciones muy endebles a los campesinos.

Como dijimos líneas arriba, la venta del patrimonio del ejido está en marcha –sólo se dejaron a salvo 237 hectáreas gracias a que así lo dispuso y aconsejó el Notario Juan Galván Sotelo—y con las mil 013 hectáreas restantes formaron seis polígonos, uno de los cuales ya fue liberado, vendido y escriturado por la cantidad de 18 millones 900 mil dólares, de los cuales Luis León, Sergio Bernal y Jesús Peña repartieron sólo dos millones 500 mil dólares entre los supuestos 77 ejidatarios (entre otros, a los invasores), es decir, les tocó aproximadamente, como 32 mil 467 dólares (o 373 mil 376 pesos) –lo que cuesta una camioneta del año—a cada campesino.

Y como Luis León es la única persona que puede manejar la cuenta de la Inmobiliaria Punta Izatán a su antojo, hizo que a los ejidatarios les pagaran cantidades ridículas a través del Banco Santander, donde el encargado de liberar los cheques fue un ejecutivo que se conoce sólo con el nombre de Serafín y que incluso habría sido denunciado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV) por haberse quedado con dinero de los beneficiados con la venta de “Aquiles Serdán”.

Al menos hay una queja de que Serafín se habría echado a la bolsa indebidamente 137 mil pesos, pero los tuvo que regresar ante la queja emitida en la CNByV.

Con el transcurso de los días, muchos ejidatarios empiezan a preguntarse dónde está el resto del dinero, es decir, 16 millones 400 mil dólares, sobre todo porque se comienza a correr el rumor de que la Inmobiliaria Punta Izatán (Luis León) y El Camino Recursos Inmobiliarios (Mauricio Vargas) intervinieron para pagar un millonario soborno al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario que sigue el caso de diferentes demandas que tienen que ver con el ejido “Aquiles Serdán”.

Lo peor de todo, es que Luis León no rinde cuentas a los accionistas de la Inmobiliaria Punta Izatán (es decir, a los ejidatarios) ya que en el contrato que se hizo en la Notaría Número 31 de José Luis Reyes Vázquez, se indica claramente que el dinero total que se pagará a los campesinos por la compraventa, asciende a la cantidad de 130 millones 503 mil 905.98 dólares, y que se liquidarán en su totalidad una vez que se liberen los otros cinco polígonos de las tierras de uso común.

En el próximo artículo de esta investigación periodística, daremos a conocer el contenido del contrato, presuntamente leonino, que se firmó en la Notaría número 31 de Nuevo Vallarta y el papel que jugaron y juegan las instituciones bancarias como “Banco Monex”, cuyo director es Héctor Lagos Dondé y el “Grupo Interacciones”, donde el principal accionista es Carlos Hank Rhon, que intervienen tanto en Costa Corrales como en la Inmobiliaria Punta Izatán, así como las sociedades involucradas en las firmas extranjeras que dieron pie a la creación de la Holding Costa Corrales y sus principales accionistas.

Asimismo, el papel que jugó en todo este presunto gigantesco fraude el notario público número 129 del Distrito Federal, Ignacio Soto Borja, quien aparece como dueño de la firma “Losrram S.A de C.V.” que dice dedicarse a la promoción, inversión y desarrollo de proyectos inmobiliarios y que dice tener en proyecto de privatización tres mil 700 hectáreas en el Refugio de Suchitán y Aquiles Serdán, en Cabo Corrientes, para captar inversión extranjera de 400 millones de dólares para establecer un gran desarrollo turístico de infraestructura y urbano.

Claro, todo a costa de pisotear los derechos de los campesinos y verdaderos ejidatarios, comentan los afectados.

Para mejores señas, Soto Borja se hizo famoso durante el sexenio del presidente Vicente Fox porque se decía que era el notario favorito de la ex primera dama, Martha Sahagún y sus hijos de apellido Bribiesca, quienes habrían metido en paquete a conocidos empresarios y políticos para participar como inversionistas ocultos en los grandes desarrollos turísticos de la costa jalisciense.