miércoles, 26 de junio de 2013

EL PROCURADOR SOCIAL, JUAN HERNÁNDEZ, PRETENDE SORPRENDER A VECINOS DE VILLAS UNIVERSIDAD PARA QUE APRUEBEN OPERACIÓN DE GASOLINERA




Por Jorge Olmos Contreras

La lucha con marchas, plantones y protestas que han emprendido los vecinos de Villas Universidad desde octubre del año pasado para que no se instale una gasolinera cerca de sus casas, pretende ser borrada de un plumazo por el procurador social del Ayuntamiento vallartense, Juan Hernández, al ofrecerles mejoras a su colonia, a cambio de que firmen el consentimiento para que entre en operación la estación de servicio de combustible, cuyo permiso fue otorgado por el ex alcalde Salvador González Reséndiz a tan sólo tres días de que concluyera su administración, es decir, el 28 de septiembre del 2012.

En un intento por sorprender a los colonos de Villas Universidad, Juan Hernández –uno de los personajes importados de Guadalajara por El Mochilas—envió ayer a un personero de su confianza de nombre Juan Pablo (que trabaja en su oficina) para entregarle a los vecinos un documento para que lo firmaran y con el que autorizaban el funcionamiento de la gasolinera que tanto han reprobado en sus quejas.

El Procurador Social mandó a decir a los vecinos de Villas Universidad que el Ayuntamiento está dispuesto a realizar todas las mejoras que crean convenientes para su colonia, siempre y cuando den el visto bueno para que se instale la estación de servicio.
Como no estaba el o la presidente de la colonia, los demás vecinos mandaron a volar al enviado de Juan Hernández, y entre los colonos quedó el malestar por esta intentona de sorprenderlos, ya que los vecinos no quieren que el Ayuntamiento permita el funcionamiento de la gasolinera y punto.

Además, el enviado del procurador, nada tonto, no dejó copia del documento negociador.

MANOS SUCIAS

Sin embargo, algo debió haber negociado Juan Hernández con los dueños de la gasolinera, pues su interés inusitado por que los vecinos le firmen un papel es demasiado y si volteamos más arriba, el negocio podría estar en manos del mismísimo presidente municipal, aquél que prometió interponer denuncias penales contra los ex funcionarios que manejaron la pasada administración y no ha hecho nada.

Por el contrario, con su actitud y la de sus hombres de confianza como Juan Hernández, El Mochilas está mandando un mensaje de que no va a hacer nada contra los priistas que robaron a manos llenas en el Ayuntamiento de Salvador González Reséndiz. Y lo que es peor, está demostrando que en vez de llevarlos a juicio, prefiere negociar con ellos, sin importar pisotear los derechos de los ciudadanos de Puerto Vallarta como los de Villas Universidad.

De otra manera, no se entiende cómo Juan Hernández trata de lavarles el coco a los habitantes de Villas Universidad y darles atole con el dedo para que firmen una autorización a cambio de “mejoras” en su colonia.

EL CIELO Y LAS ESTRELLAS

Sabemos que este jueves 27 de junio está programada una junta entre el procurador social y los vecinos de Villas Universidad en la Presidencia Municipal, a quienes tratará de convencer de las bondades de la operación de la gasolinera. Les va a decir que a ellos les conviene más que a los empresarios de la estación de servicio y quizá hasta les baje el cielo y las estrellas prometiéndoles que les van a pavimentar toda la colonia y demás linduras.

Se le olvida a Juan Hernández, que los vecinos de Villas Universidad están muy bien informados de que esa gasolinera que les pretenden imponer en su colonia, forma parte de una red de corrupción en la que está involucrado el máximo beneficiado con contratos de obras públicas en los gobiernos municipales de Javier Bravo Carbajal y Salvador González Reséndiz, el dueño de la empresa constructora “Cinco Contemporánea”, Rodrigo Ramos Garibi.

En un documentado reportaje, el corresponsal del periódico “Reporte Índigo”, Ángel Plasencia, encuera a los dueños de las gasolineras que se han instalado tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en Puerto Vallarta, en especial, la de Villas Universidad, que todavía no entra en operación gracia a la oposición de los vecinos, a los mismos que Juan Hernández pretenden chantajear.

LOS DUEÑOS DE LA GASOLINERA

En su trabajo periodístico –publicado el 29 de abril pasado--, Ángel Plasencia señala que el socio de Rodrigo Ramos Garibi, David Preciado Martínez, es dueño y promotor de varias gasolineras en la ZMG.

Sobre Puerto Vallarta, el reportero dice: “Ahora el caso de una gasolinera a la que González Reséndiz otorgó el permiso a tres días de que terminara su administración, saca a la luz personajes que se han enriquecido desde los ayuntamientos gobernados por el tricolor.

Tal es el caso de Rodrigo Ramos Garibi, amigo del gobernador y del extitular de la Secretaría de Promoción Económica de Guadalajara, Mauricio Navarro Gárate.

Ramos Garibi ha sido señalado por Movimiento Ciudadano y diversos medios de comunicación como uno de los principales gestores de la red de corrupción que operó en el Ayuntamiento de Guadalajara durante el gobierno de Sandoval Díaz.

Es el propietario de Cinco Contemporánea, la constructora favorita de Zapopan, Guadalajara y Puerto Vallarta, en los trienios pasados, donde gobernaron algunos de los actuales miembros del gabinete del gobernador.

Ramos Garibi es socio de esta estación de servicio que está por ser terminada y no cumple con las normas básicas que se solicitan para su instalación segura.

El otro socio de la empresa Gasolinera Los Vecinos, S.A. de C.V., es David Preciado Martínez, un gestor de gasolineras en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que mediante el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) “obliga” a los municipios a permitirle la construcción de estaciones de servicio.

Aunque esta vinculación con amigos del gobernador abre la puerta a creer que en realidad los ayuntamientos priistas se dejaban perder los juicios promovidos en su contra ante el TAE.

Varios de los negocios que promovió, incluida la gasolinera en mención de la colonia Villas Universidad en Vallarta, no cumplen con las normas básicas de seguridad.

Porque en el caso de la del destino turístico, a menos de mil 500 metros hay otra estación de servicio.

Vecinos de la colonia Villas Universidad se opusieron con marchas y plantones a su construcción desde la administración de Salvador González, y el hoy subsecretario de Administración prometió que no se desarrollaría el proyecto.

Pero la relación de amistad y los compromisos entre los dueños de dicho negocio gasolinero son muchos, así que a tres días de que terminara su administración, otorgó el permiso el 28 de septiembre de 2012.

TÍOS, PRIMOS Y AMIGOS

Uno de los propietarios del predio donde se construye la gasolinera en la colonia Villas Universidad era tío de González Reséndiz.

Se trata de Raúl Estrada González, primo de Rafael González Pimienta y –según varias publicaciones en la prensa local de Puerto Vallarta- socio de varios negocios con el diputado priista y padre del administrador de Aristóteles.

Estrada González murió de un infarto en junio de 2011, pero aparece como uno de los copropietarios del predio ubicado en Avenida México 1484 de la colonia Villa Universidad en Puerto Vallarta.

En el oficio 6358/12 del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, entregado el 26 de noviembre de 2012 a “la Visitadora Adjunta A Encargada de la Región Costa Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco”, Francisca López Abundis, se detallan varias irregularidades de la obra.

Algunos de ellos relacionados con el tamaño de la construcción, pues el permiso “exprés” que les dio el exalcalde de Puerto Vallarta era por una superficie de 447.19 metros, cuando el predio en otras ocasiones se señala de una superficie de mil 507.31 metros.

También con la cuestión de los propietarios, pues aunque los socios Ramos Garibi y Preciado Martínez hacen las solicitudes de las licencias de construcción, según se lee en el informe en “la propiedad en el expediente no se encuentra integrado documento que acredite la propiedad a nombre del Sr. David Preciado Martínez, el promovente”.

En la gestión de los trámites de construcción también aparecen los arquitectos Jaime Gabriel Pérez Meza y Agustín Navarro Ochoa.

El primero “tramita a nombre del propietario” el 10 de septiembre de 2012 la “Revisión de Edificación” y en el informe de la autoridad se detalla que “el promotor del trámite en la fecha en que se realiza este labora en el H. Ayuntamiento en la Dirección de Obras Públicas como Jefe de Costos”. 
Y efectivamente, Pérez Meza aparece como representante de David Preciado Martínez en varios trámites ante el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, aunque al mismo tiempo era empleado del Municipio.

Por otro lado, Navarro Ochoa es el mismo arquitecto que construyó la cuestionada Unidad Municipal Administrativa (UMA) y es apoderado de la empresa Cinco Contemporánea.

El socio de Ramos Garibi, David Preciado Martínez, es dueño y promotor de varias gasolineras en la ZMG.

Su estrategia para desarrollar estos negocios, que según datos de Petróleos de México son cuatro en construcción y dos concluidos en toda la ZMG, es mediante una “afirmativa ficta” del TAE, ante la negativa de los permisos de los ayuntamientos”.


Como podrán leer, Al Mochilas y mucho menos a su procurador social, Juan Hernández, poco les importan estos antecedentes de corrupción e irregularidades que hay en torno a la gasolinera de Villas Universidad, pero aun así, pretenden engañar a los colonos.

La pregunta ahora es: ¿Qué negociaron con Ramos Garibi o David Preciado Martínez para tratar de sacar adelante el visto bueno de los vecinos? ¿También se los recomendó Abraham González Uyeda?

La verdad tarde o temprano sale a flote.

INFORMACION CLASIFICADA

OTRO NEGOCIO QUE TRAE ENTRE MANOS RAMON GUERRERO MARTINEZ, nuestro flamante alcalde, es llegar a un acuerdo con la empresa Envir Eau para pagarle una millonada, entre 12 y 28 millones de pesos –con su respectiva comisión desde luego—por un servicio ventajoso e inexistente (cobran por un pesaje alterado) que supuestamente realizaron con el servicio de recepción y destino final de la basura de enero a junio de este 2013.

Hace unos días, El Mochilas estuvo en la ciudad de México y se especula que se sentó a negociar con los representantes de Envir Eau, al grado de que varios regidores recibieron la recomendación del alcalde para sacar adelante todo lo que tenga que ver con un arreglo con esta compañía.

Ayer miércoles, en la presidencia municipal los regidores, con la ausencia de Susana Carreño que mejor abandonó el lugar, platicaron con un operador de Envir Eau de nombre Enrique Barber González de la Vega y la tónica fue de gran camaradería para sacar un acuerdo en que se le paguen muchos millones a la empresa y negociar todos los años que no hicieron nada, desde el trienio de Javier Bravo, pasando por el de Chavita hasta los primeros tres meses del Mochilas, es decir, hasta el 21 de diciembre del 2012, que serían otros muchos cientos de millones de pesos.







Dicen que los regidores Tito Yerena, Agustín Álvarez Valdivia y Adrián Méndez se soltaron el pelo hablando maravillas de Envir Eau y aplaudiendo el futuro acuerdo que seguramente ya fue planchado por el Mochilas en la ciudad de México.













viernes, 21 de junio de 2013

FILTRAN INFORMACIÓN SOBRE EXÁMENES DE CONFIANZA Y COMPLICAN SITUACIÓN JURÍDICA DEL CORONEL SILVESTRE CHÁVEZ


Por Jorge Olmos Contreras

Si algo le faltaba al coronel Silvestre Chávez para darle la puntilla al frente de Dirección de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, es verse involucrado en un delito en materia de Información Pública contemplado en el Código Penal de Jalisco, que sanciona con prisión de uno a cinco años y multa de 50 a mil días de salario mínimo a quien difunda pública y dolosamente información pública clasificada como reservada.

Lo anterior viene a colación porque existe la sospecha que desde la Dirección de Seguridad Ciudadana que preside el militar retirado, se filtraron expedientes de los resultados de los exámenes de confianza de policías y funcionarios de esa corporación policiaca, información debidamente registrada como reservada por la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Y es que la única persona que debe tener a buen resguardo esos expedientes es precisamente el coronel Silvestre Chávez García, quien quizá impulsado por un resentimiento, descuidó la información y permitió que alguien la usara para difundirla públicamente, lo que también constituye un delito en los términos de la Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios.

Lo más grave, es que podría haber sido el mismísimo coronel Silvestre Chávez quien filtró esa información a uno de sus amigos que viven en el fraccionamiento Banus de Ixtapa y que maneja un espacio en la red social Facebook denominado “Observador Ciudadano”, donde ayer alrededor del mediodía subieron una lista de policías que no aprobaron el examen de confianza, lo que causó enojo e irritación entre la tropa que labora en la llamada Dirección de Seguridad Ciudadana.

OBJETIVO FOCALIZADO

Lo peor de todo es que enfocaron sus baterías contra el subdirector administrativo, Salvador Gómez Aldaco, a quien lo colocan en la lista de los no aprobados. Pero no sólo eso, el escrito que maneja el responsable del “Observador Ciudadano” difama y calumnia a Gómez Aldaco al señalar, sin ninguna prueba de por medio, que el funcionario reprobó el examen porque salió positivo en el renglón toxicológico por consumo de cocaína.

El llamado “Observador Ciudadano” del Facebook utilizó una foto editada y manipulada para poner un documento –que a leguas se ve que no es oficial—con los nombres de los reprobados y aprobados que incluye, del lado derecho, una fotografía de Salvador Gómez Aldaco a quien tildan de traidor al Mochilas, es decir, el objetivo era pegarle y exhibir burda y ruinmente al subdirector administrativo de la Policía Municipal.

Salvador Gómez Aldaco es además el enlace con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y con el Sistema de Subsidios de Seguridad Pública a los Municipios, conocido como Subsemun, pero a últimas fecha se había convertido en una figura incómoda para el coronel Silvestre Chávez y, sobre todo para su subdirector operativo, Ernesto Ojinaga y el jefe de escoltas, Jorge Aguilera.

A Gómez Aldaco lo consideran una persona non grata en la Dirección de Seguridad Ciudadana, porque no ha permitido ciertas libertades administrativas al coronel y su gente para hacer negocios con recursos públicos, pero sobre todo, porque ha sido un crítico constante de los excesos en que han incurrido personajes como Ernesto Ojinaga al utilizar personal policiaco para eventos privados como los bailes masivos en donde se echan muchos miles de pesos a los bolsillos.

LOS EXCESOS

Salvador Gómez quizá sea el funcionario que más se ha dado cuenta de cómo el coronel y su gente sólo arribaron al puesto para medrar con el servicio público, como el jefe de escoltas que, se presume, les cobra una rica mochada mensual a las empresas operadoras de grúas a cambio de otorgarles servicios de arrastre como los que hacen en el alcoholímetro.

De hecho, al coronel se le descubrió haciendo negocios oscuros en un restaurante de la ciudad en diciembre pasado y a Ojinaga le han seguido de cerca los pasos con ciertas negociaciones que, de aplicarse en forma rigurosa la ley de control de confianza, ya tendría que haber sido separado de su cargo.
Pero como los intereses que se mueven en torno a la Dirección de Seguridad Ciudadana son muchos y de muchos millones de pesos, el coronel se ha aferrado al puesto como gato a punto de caer al precipicio, al grado de que ya tiene planeado dejar a Ernesto Ojinaga en la subdirección operativa aunque él se vaya, pues los negocios seguirán fluyendo por debajo de la mesa.

Las cosas se han puesto tan ríspidas al interior de la Dirección de Seguridad Pública, que en días pasados el mismo Ojinaga se le enfrentó a Salvador Gómez Aldaco, casi, casi para retarlo a golpes y amenazarlo con un “pues yo no te tengo miedo”.

DATOS DUROS

El coraje de Ojinaga contra Gómez Aldaco es porque Salvador sabe que en la base de datos de Plataforma México existe un expediente negro contra Ojinaga y que incluso no puede ir a la PGR a alegar inocencia, sin el riesgo de ser detenido.

Por ello, desde la Dirección de Seguridad se habría filtrado el expediente de los resultados de los exámenes de control de confianza a un amigo del coronel, que ahora sabemos es el que maneja el “Observador Ciudadano” de Facebook, con el agregado de que le habrían pedido que golpeara a Gómez Aldaco con el supuesto consumo de cocaína, que de ser cierto, ya habría causado baja de acuerdo a lo que establece la propia Ley de Control de Confianza.

Sin embargo, consultado al respecto, el propio Gómez Aldaco comentó que eso es absolutamente falso y que en cualquier momento, si alguien se lo pide, puede ir al laboratorio más cercano para hacerse una prueba antidoping de cualquier tipo, orina, sangre o cabello para demostrar la falsedad de lo que lo acusan.

Así las cosas, el coronel no midió las consecuencias de sus actos y ahora está en un predicamento, ya que al ser el depositario de la información de los exámenes de control de confianza, permitió que alguien (o él mismo) filtrara el expediente, con lo que ya incurrió en una acción punitiva que se castiga con cárcel y procedimiento administrativo, pues la información está catalogada como reservada por la Ley en la materia.

CINCO AÑOS DE PRISIÓN

En efecto, el artículo 298 de la Ley de Información Pública de Jalisco señala:

"Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa por el importe equivalente de cincuenta a mil días de salario mínimo diario general vigente en la ciudad de Guadalajara, a quien:

II. Difunda pública y dolosamente información pública clasificada como reservada;

III. Difunda pública y dolosamente información pública clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente;

IV. Entregue a un tercero, información pública clasificada como reservada, o confidencial sin la autorización correspondiente;

V. Destruya de forma irrecuperable información pública, sin la autorización correspondiente; o

VI. Modifique de forma irrecuperable información pública, de manera dolosa y sin la autorización correspondiente.

A su vez, la Ley de Control de Confianza señala que

1. Los exámenes de las evaluaciones de control de confianza serán considerados documentos públicos con carácter de reservados. Dichos documentos deberán ser sellados y firmados por el servidor público que los autorice.

2. Los resultados de los procesos de evaluación serán confidenciales y reservados para efectos de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, excepto aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales.

Asimismo, en su artículo 21 indica que “la violación a la confidencialidad o a la reserva de la información prevista en el artículo 13, dará lugar a las sanciones que establece la legislación penal”.

Como ya vimos, el Código Penal castiga con prisión a quien difunda pública y dolosamente información pública clasificada como reservada, como es el caso que nos ocupa.

ASÍ DEL PRECIPICIO

Si Salvador Gómez Aldaco acude al Ministerio Público a denunciar al coronel por esta violación a una información reservada, las cosas se le van a complicar aún más a Silvestre Chávez, quien ya debe entregar el cargo ante estos graves señalamientos.

Pero como El Mochilas lo defiende a capa y espada pese a que presuntamente no pasó el examen de control de confianza, en días pasados dijo que ya no estaba en sus manos el cambio en Seguridad Pública, que todo estaba del lado del Sistema de Seguridad Pública Estatal.

Desde luego, fue una mentira más del alcalde Ramón Guerrero, pues sólo él y nada más que él, tiene la facultad y responsabilidad de quitar y poner al Director de Seguridad Pública Municipal.

El presidente municipal está obligado a hacer los cambios antes de que termine el mes o corre el riesgo de que Vallarta quede fuera de los beneficios del Subsemun, pero sobre todo, de dejar en manos de unos bandidos la Dirección de Seguridad Pública.

Los cambios tienen que ser profundos y deben incluir a un agente nocivo que sólo ha causado daños al interior de la corporación. Nos referimos a Teresa Fuentes, una funcionaria menor que ha hecho cosas muy dañinas para los empleados de seguridad pública y sobre quien también recae la sospecha de la filtración de los expedientes de los exámenes de control de confianza.

jueves, 20 de junio de 2013

BUSCA LA PGR A RICARDO ANGUIANO, EX SINDICO DE ZAPOPAN Y ASESOR DE EL MOCHILAS


Por Jorge Olmos Contreras

El grupo de colaboradores que el alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez importó de Zapopan y Guadalajara está a punto de colapsarse en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta por su participación, activa o pasiva, en graves actos de corrupción que se cometieron en el gobierno municipal de la ex villa maicera, cuando su titular era el panista Juan Sánchez Aldana.

A Ricardo Anguiano –actual asesor jurídico de El Mochilas y mancuerna del secretario general, Antonio Pinto--, por ejemplo, ya lo buscan notificadores de la Procuraduría General de la República (PGR) para que declare en torno a una Averiguación Previa 6082/2010 radicada en la Agencia Dos del Ministerio Público de la Federación con sede en la capital del Estado, por falsedad de declaraciones en un juicio que se derivó de un despido injustificado cuando fungía como síndico del Ayuntamiento zapopano.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso el columnista, Ricardo Alberto Anguiano Apodaca, siendo Síndico de Zapopan, por órdenes del Presidente Municipal Juan Sánchez  Aldana inició un procedimiento de responsabilidad administrativa de destitución a un servidor público, con pretextos fabricados, ya que realmente era para quitar a dicho servidor público de Zapopan porque les estorbaba en sus negocios de corrupción en el Municipio por 250 millones de pesos. 

Y es que el señor Anguiano, quien en Puerto Vallarta se ha presentado como un auténtico engaña bobos –pues fue él quien habría elaborado aquél polémico Reglamento Orgánico Municipal que le otorga facultades meta constitucionales al Mochilas y que fue impugnado por los regidores de oposición--, fue partícipe en el manejo y asignación de contratos de obras irregulares por más de dos mil millones de pesos en Zapopan.

Por cierto, aquí en Vallarta a Anguiano le pagan 63 mil 896 pesos mensuales por concepto de “honorarios por servicios profesionales”, ni más ni menos.

BAJO LA LUPA

Hay que recordar que producto de estas anomalías, el Congreso del Estado anda investigando al ex alcalde panista Juan Sánchez Aldana, entre otras cosas, porque no justificó observaciones por más de mil 500 millones de pesos en su paso por la alcaldía zapopana, donde el síndico fue precisamente Ricardo Anguiano, una gente muy allegada al ex subsecretario de gobernación y promotor de casinos, Abraham González Uyeda.

El punto es que, en el caso que nos ocupa, Ricardo Anguiano cometió fechorías propias de delincuentes de cuello blanco, al armar todo un cuatro para despedir a un servidor público que le resultaba incómodo allá en Zapopan; pero en las prisas por hacer la destitución, su asistente personal, Josué Ortega Gómez, habría elaborado o inventado un acta falsa de notificación al funcionario indeseable, el 25 de abril de 2008, sin que éste estuviera presente. 

Así las cosas, el servidor público destituido interpuso una demanda de amparo, y Ricardo Anguiano habría hecho valer esa acta falsa como argumento de supuesta legalidad en la destitución. (Cualquier parecido con lo que le sucedió a Salvador López Aréchiga en la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Vallarta, es mera coincidencia).

Sin embargo, el Juez de Distrito en el amparo, pidió informes a Ricardo Anguiano y al entonces Presidente Municipal, Juan Sánchez Aldana, entre otros. Después, la Síndico siguiente, Elke Tepper García, tomó como buena esa acta balín, por lo que también se le inició un procedimiento penal en la PGR, delegación Jalisco.

POR MENTIROSO

Los delitos cometidos por Ricardo Anguiano son por falsedad de declaración ante una autoridad  judicial (Juez de Distrito), por ello, la PGR inició una averiguación previa con número 6082/2010 de la Agencia Dos.

Se sabe que Josué Ortega Gómez, el asistente personal de Anguiano declaró en la PGR y después el Agente del Ministerio Público de la Federación solicitó una orden de aprehensión en contra de Josué Ortega Gómez. Empero, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal no la concedió por cuestión de un tecnicismo legal, y a la fecha está pendiente de que se vuelva a pedir la orden de captura, pero ya corregida legalmente.

En este contexto, sabemos que el  Agente del Ministerio Público de la Federación anda buscando a Ricardo Anguiano para que declare en la PGR por la falsedad de declaración que se investiga con relación a esa acta falsa.

No lo han localizado en Zapopan (Ricardo Anguiano es de México, D.F.), porque ya no reside en su antiguo domicilio, así que lo van a buscar en Puerto Vallarta para localizarlo y que declare, lo que podría suceder en cualquier momento. De hecho la notificación podría llegar a las oficinas de la Presidencia Municipal en Libertad 123 del Centro de Puerto Vallarta.

LA MAFIA POLITICA

Antes comentamos que el equipo de El Mochilas importado de Guadalajara y Zapopan está a punto de colapsarse, porque varios miembros distinguidos del mismo forman parte de la mafia política ligada al ex presidente estatal del PAN, Eduardo Rosales Castellanos; entre otros, el mismo Antonio Pinto, Ricardo Anguiano, Diego Franco Jiménez, Juan Hernández, Eugenio González Márquez, Roberto Rodríguez Preciado (a) Robertito y otros, todos con nexos directos y de compromisos con el ex diputado Abraham González Uyeda, dueño de la lechera Sello Rojo.

Y es que a Eduardo Rosales Castellanos –maestro político de El Mochilas—lo están señalando como uno de los responsables de meter y recomendar todo tipo de amigos, parientes, compadres y familiares al Siapa de Guadalajara, donde se acaba de descubrir un peculado monumental (por el cual está preso su ex director Rodolfo Ocampo) y donde también podrían estar involucrados dos hermanos del ex gobernador Emilio González Márquez, Samuel y Carmen González Márquez.

Samuel y Carmen González Márquez fueron beneficiados con los cargos de gerente de Saneamiento del Agua y Cultura del Agua respectivamente.

Una mujer muy cercana a ellos, porque fue la tesorera de la campaña de Emilio González Márquez a la gubernatura, Diana Julieta Rodríguez, es una de las prófugas de la justicia por el asunto del peculado en el Siapa, donde se encargaba de la tesorería; mientras que otro funcionario muy cercano a Eduardo Rosales, Mario Juárez, también está prófugo. Él era el Director de Finanzas del organismo de agua potable.

Por si esto fuera poco, al secretario general espurio de El Mochilas, Antonio Pinto, están a punto de darle palo con su amparo que le ha permitido fungir como tal en el Ayuntamiento de Vallarta sin reunir el requisito de ley para serlo, toda vez que no es abogado de profesión y en cualquier momento tendrá que ser destituido.

Antonio Pinto fue regidor del Ayuntamiento de Zapopan, presidía la Comisión de Justicia y nunca dijo nada por el desfalco a las arcas públicas que habría cometido el alcalde Juan Sánchez Aldana; por el contrario, al término de la administración, fue cobijado por El Mochilas, quien le consiguió chamba en el Congreso del Estado como Coordinador del Órgano Técnico de Turismo, pues Ramón Guerrero era el presidente de la Comisión de Turismo.

En esa “aviaduría”, pues ser coordinador es igual a ser aviador, Antonio Pinto ganaba 60 mil pesos mensuales sin hacer prácticamente nada.

A este grupo hay que cuidarle muy bien las manos, ya que en Zapopan hicieron equipo para ejecutar “órdenes de trabajo” (que no contratos jurídicos) multimillonarias de obras públicas en las que se involucró directamente el entonces síndico de la ex villa maicera, Ricardo Alberto Anguiano Apodaca.

En otro espacio, le vamos a contar el modus operandi de estos tipos para manejar el dinero ajeno y que sin duda, lo podrían estar haciendo en Puerto Vallarta a través de la Dirección de Obras Públicas y la tesorería municipal, con el aval o sin aval del síndico Roberto Ascencio Castillo, pero con el visto bueno de El Mochilas.

INFORMACION CLASIFICADA

OJO REGIDORES DE OPOSICION Y NO ALINEADOS CON LAS TRANSAS DEL MOCHILAS… Corre el rumor de que el presidente municipal ya está cabildeando un nuevo préstamo para comprometer las finanzas públicas del Ayuntamiento.

HAY QUE CERRARLE EL PASO AL NEGOCIO QUE TRAE ENTRE MANOS EL HERMANO DEL EX GOBERNADOR, Emilio González Márquez, Eugenio González (asesor-aviador de El Mochilas), ya que es el principal interesado en que se apruebe la construcción u operación de un museo en Puerto Vallarta, sobre todo si se trata de pegarle a las escuelas viejas del primer cuadro de la ciudad como la 20 de Noviembre o la Teresa Barba Palomera o la Lázaro Cárdenas, donde pretenden instalar el mismo.

Como todavía no pueden echar a andar “La Pagadora” para registrar sueldos y salarios mínimos y fregar a los trabajadores municipales ante el IMSS, ya voltearon sus ojos hacía un nuevo negocio, el museo.

EL QUE NO TIENE DESPERDICIO ES EL REGIDOR OTONIEL BARRAGAN, a quien vimos el sábado pasado en las fiestas de Las Juntas trepado en su caballo bailador poniendo el mal ejemplo y violando el Bando de Policía y Buen Gobierno, ya que traía su respectivo bote de modelo light en una mano, mientras con la otra jalaba de la cuerda para hacer brincar al cuaco.

Si el regidor toma alcohol en la vía pública, por qué el resto de los mortales no habría hacerlo… aquello se convirtió en una mega cantina, y luego dicen que por qué hay tantas balaceras y levantones.

martes, 11 de junio de 2013

INMINENTE SALIDA DEL CORONEL SILVESTRE CHÁVEZ DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA



Por Jorge Olmos Contreras

La salida del coronel Silvestre Chávez de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es inminente, toda vez que no habría pasado el examen de confianza –un requisito indispensable para seguir en el puesto policiaco según los criterios de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño del Estado de Jalisco y sus Municipios--, según trascendió ayer entre mandos policiacos y cuya versión corrió como reguero de pólvora entre decenas de policías que están inconformes con el actuar del militar y su escolta Jorge Aguilera.

La destitución del jefe policiaco, se da como un hecho y para informar sobre esta decisión al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente municipal, Ramón Guerrero habría viajado ayer a la Ciudad de México y, de paso, solicitar que no se le retiren a Puerto Vallarta los apoyos con los recursos del programa conocido como Subsidio de Seguridad Pública para Municipios (SUBSEMUN), que condiciona a los Ayuntamientos a evaluar a todos los policías, incluyendo mando medios y altos, para que sean certificados por el Centro Estatal de Confianza.

Al constituirse la semana pasada en Puerto Vallarta la Comisión de Honor y Justicia, se planteó la necesidad de atender el requisito de evaluación a todos los policías y el que reprobara el examen aplicado por el Centro Estatal de Control de Confianza, tendría que dejar el cargo.

En dicha reunión, estaba el coronel Silvestre Chávez, quien ya sabía que tendría que ir preparando maletas porque no pasó el examen de confianza, aunque algunos dicen que no entregó la documentación a tiempo porque ya sabía que no iba a pasar la prueba. La evaluación incluye exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y de entorno social, entre otros.

En este sentido, y como para reafirmar que ya se va, el coronel adelantó la baja de su jefe de escoltas, Jorge Aguilera, quien se ha involucrado en diferentes hechos de represión contra detenidos y actos de prepotencia, por lo que muchos policías dan como un hecho que el coronel dejará de ser el Director de la corporación en cuestión de días o quizá horas.

Otra gota que derramó el vaso, fue la denuncia penal que interpusieron en contra del coronel Chávez por abuso de autoridad y privación ilegal, los policías Tomás Becerra Moreno, César Gómez Rentería y Gloria Fuentes, quienes hace unos días fueron arrestados sin motivo alguno y metidos en una celda de los separos municipales por casi 72 horas, con el pretexto de que habían robado cobre de las bodegas de Servicios Públicos.

En una entrevista de radio, el coronel acusó sin tener pruebas y al final, ni siquiera la Dirección de Servicios Municipales presentó una denuncia formal, por no tener elementos, contra los policías a quienes Silvestre Chávez castigó injustamente y a los que violó sus derechos humanos. De hecho, también se presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos, por el abuso.

Por otra parte, al coronel Silvestre Chávez y varios policías de su absoluta confianza, como el subdirector operativo, Encarnación Ernesto Ojinaga Ruiz, se involucraron en un caso de secuestro de un comerciante de la colonia Las Mojoneras, donde ellos, los policías, sirvieron como intermediarios entre víctimas y plagiarios, lo que despertó sospechas por no haber dejado el caso a la Fiscalía Regional de Justicia y sus agentes investigadores.

No sólo eso, en diciembre pasado, el coronel sostuvo reuniones nada claras, más bien oscuras, que derivaron en serios señalamientos en su contra por parte de regidores del Movimiento Ciudadano.

Por si esto fuera poco, se descubrió que su jefe de escoltas, Jorge Aguilera –quien no puede pasar ningún examen de confianza—enfrenta cuatro procesos judiciales y ocho amparos, mientras que Ernesto Ojinaga, aparece en un boletín de la PGR como la persona que en el año 2007 fue detenida en Reynosa, Tamaulipas, en posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército.
Así las cosas, trascendió que El Mochilas ya busca al sucesor del coronel Silvestre Chávez, que quizá se traiga el nombramiento desde la Ciudad de México o se espere algunos días para formalizar la salida del coronel y anunciar al nuevo Director de Seguridad Pública, que según el nuevo reglamento orgánico municipal impugnado, se llama Comisaría de Seguridad Ciudadana.

domingo, 9 de junio de 2013

ALCALDE DE VALLARTA VIOLA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO ORDENADA POR UN JUEZ DE DISTRITO


Por Jorge Olmos Contreras

Una vez más, el presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como El Mochilas,  miente y engaña a los vallartenses al afirmar que “se cuidaron los intereses del municipio” en la concesión del alumbrado público a la empresa Citelum de México S.A de C.V., toda vez que le va a pagar por adelantado a dicha compañía –con dinero del Ayuntamiento desde luego-- , la friolera cantidad de dos millones 582 mil 804 pesos mensuales a partir del 23 de julio, lo que hará un total de 309 millones 936 mil 480 pesos durante los 10 años que dure la concesión, sin que la filial francesa de Citelum tenga que invertir prácticamente ningún peso, pues el gobierno local le estaría financiando con dinero líquido su gasto para prestar el servicio.

Es un negocio redondo que va en detrimento de las finanzas municipales y que no representa ningún ahorro para el municipio, ya que el Ayuntamiento seguirá pagando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el consumo de la energía eléctrica.

Hay expertos que aseguran que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta no tenía ninguna necesidad de concesionar el alumbrado público (ver entrevista en próxima edición impresa de VALLARTA UNO) y que con una inversión de tan sólo 18 millones de pesos, se podrían haber cambiado todas las luminarias existentes en la ciudad, pero como se trataba de hacer negocios, El Mochilas ha empujado lo más que ha podido esta concesión.

De esta manera, se anunció que a partir del 23 de julio, la tesorería municipal comenzará a pagarle a Citelum la cantidad de dos millones 582 mil 804 pesos mensuales, esto, una vez que termine el censo de registro de todas las lámparas que hay en el puerto. A partir de entonces, afirmó el alcalde en un boletín, se tienen ocho meses para que Citelum cumplan con lo estipulado en el contrato, es decir, demostrar un ahorro del 30 por ciento en lo que actualmente gasta la comuna en energía eléctrica y lo que pagará después; pero para entonces, ya les habrán pagado a los franceses unos 25 millones 828 mil 040 pesos, es decir, en ocho meses.

Sobre el censo, cabe recordar que supuestamente ya lo habían hecho, pues así estaba señalado en las bases de la licitación; pero están haciendo uno nuevo, con lo que salen a relucir más mentiras.

ATOLE CON EL DEDO

Es un juego de palabras que trae El Mochilas para darle atole con el dedo a los vallartenses, pues el ahorro no será tal como lo dice el alcalde, pues él lo está fijando en lo que le pagará a Citelum y lo que paga actualmente de energía y operación del alumbrado, pero no lo engloba en el gasto total que el Ayuntamiento seguirá haciendo a la CFE por concepto de consumos.

Además, se le olvida que tanto en las bases de la licitación como en el contrato, se estipula que la concesionaria tiene dos años para sustituir las 18 mil 100 luminarias acordadas en el convenio.

Así las cosas, en dos años –partiendo del 23 de julio—el Ayuntamiento tendrá que pagar, en cantidades por adelantado, un total de 61 millones 987 mil 296 millones de pesos a Citelum, firma que tiene la obligación de cambiar las 18 mil 100 lámparas a más tardar el 23 de julio del año 2015, justo dos meses y ocho días antes de que El Mochilas concluya su periodo gubernamental en Vallarta y deje de ser alcalde.

Diga usted si no es un gran negocio el que Mochilas está logrando con la concesión del alumbrado, pues por un lado le asegura a sus amigos de Citelum los pagos por adelantado y por el otro amarra al municipio para que las próximas tres administraciones municipales (casi cuatro) le garanticen pagos mensuales hasta llegar a 309 millones 936 mil 480 pesos.

NEGOCIO Y TRATO ESPECIAL

Una simple operación aritmética nos dice que dos millones 582 mil 804 pesos multiplicados por  120 meses (10 años) es igual a 309 millones 936 mil 480 pesos, cantidad igual a la propuesta económica que hizo Citelum para obtener el título de concesión. En otras palabras, la empresa no va a realizar ninguna inversión de riesgo, todo se lo va a pagar el Ayuntamiento con el pretexto de un supuesto ahorro del 30 por ciento; ahorro que puede generarse con una buena administración y operación del alumbrado de parte del mismo gobierno municipal.

En este con texto, es claro que traen negocio y un trato especial con Citelum –que antes se llamaba Mexicana de Mantenimiento y Alumbrado S.A de C.V., pero por estar tan desprestigiada se cambiaron a Citelum de México--, ya que en el Contrato de Concesión se especifica que el Director General de Infraestructura y Servicios del Municipio emitirá mensualmente el "Certificado de Terminación de Meta", donde se especifica que el pago mensual será de acuerdo a la inversión con capital de riesgo que haga Citelum, y también de acuerdo a los avances o metas de los servicios que ampare dicho certificado; que debe contener los servicios de suministros, instalación de luminarias, reparación de instalaciones y sustitución de lámparas, pero lo están ignorando desde ahora.

Y es que resulta irregular que el Municipio ya esté programando el primer pago mensual para el 23 de Julio del año en curso por  la cantidad de dos millones 582 mil 804 pesos, sin que Citelum haya hecho todavía nada y sin haber invertido capital de riesgo alguno; y mucho menos contar con la Certificación de Terminación de Meta.

Como se puede observar, la inversión de capital de riesgo de Citelum será de "pura saliva”.

Además, el contrato dice que Citelum debe garantizar el 30 por ciento de ahorro de energía o se les descontará del pago; entonces en el primer pago que le van a hacer, ya le deben ir descontando este incumplimiento, según la Cláusula I Anexo 1, inciso a. 

Resumiendo: El Municipio paga por adelantado, Citelum no invierte nada, cuando mucho en el mantenimiento, y le quedan ocho años de ganancia pura y a los 10 años del término de la concesión, el equipo seguirá siendo de Citelum, no obstante que en la realidad el Municipio fue quien pagó el equipo de alumbrado. Luego Citelum sigue con la concesión o le vende la chatarra de alumbrado de led al Municipio, ¿qué gran negocio no?

Pero El Mochilas dice que cuidaron bien los intereses del municipio. Quizá quiso decir que cuidó bien los intereses de él y de González Uyeda y la camarilla que trajo de Guadalajara.

VIOLACION A LA SUSPENSIÓN

Lo más grave de todo, es que en su desmedida ambición por hincarle el diente a Puerto Vallarta, El Mochilas está cometiendo serios errores que podrían llevarlo a la cárcel, pues está violando la suspensión del contrato que ordenó un juez de distrito.

Los argumentos del síndico, en el sentido de que había un error en el juicio de amparo por parte de Led Lumina en su solicitud de suspensión del contrato de alumbrado público de Puerto Vallarta, ya que en vez de referirse a la licitación 001/2013 se señalaba a la licitación 003/2013, y que por lo tanto el Ayuntamiento podía continuar ejecutando el contrato, fueron tan endebles, que el mismo Tribunal ya corrigió y la suspensión del contrato continúa vigente y, por lo tanto, está siendo violada por las autoridades municipales, en concreto por el alcalde.

Veamos:

El 30 de mayo, en el Incidente de Suspensión de Contrato promovido Led Lumina, el Juez ordenó a las autoridades demandadas que rindieran su informe previo con la corrección del número de Licitación 001/2013.

Lo anterior, en el número de expediente 939/2013 del 29 de mayo y publicado el 30 del mismo mes, que textualmente dice:

“Se tiene a las autoridades responsables informando su imposibilidad para rendir su informe previo; ahora bien, visto lo manifestado por la autoridad, se les requiere de nueva cuenta para que rindan su informe previo con respecto al acto señalado por el quejoso, esto es la licitación pública nacional número 1/2013; asimismo, se les tiene señalado delegado."

Antes, el 08 de mayo y publicado 09 del mismo mes, El Juzgado sintetizó:

“Fórmese por duplicado el incidente de suspensión, pídase informes previos a las autoridades responsables, se señala audiencia incidental para las once horas con diez minutos del quince de mayo dos mil trece. Se niega por una parte y se concede por otra la suspensión provisional, para el efecto de que no se cumplan los efectos del contrato de adjudicación de obra pública, siempre y cuando se exhiba la garantía de cien mil pesos por la parte quejosa."

De nada les sirvió andar de marrulleros, de seguro El Mochilas va a tener problemas si siguen con la ejecución del contrato de concesión, pues podría haber desde destitución, hasta cárcel, pues la suspensión es para que no se realicen los efectos del contrato, esto cualquier abogado lo sabe.

Si hacen algo con posterioridad a la firma del Contrato, sea quien sea de la autoridad, los pueden destituir y meter en prisión. Sólo basta con que Led Lúmina denuncie el incidente de violación a la suspensión ante el Juez de Distrito y éste lo haga ante la PGR.

Andan jugando con fuego, y el síndico quizá de gratis, pues empezarían por éste; por andar aconsejando triquiñuelas y por no ser claro, ya que por un lado dijo que adecuó el contrato y después lo firmó, y por el otro, el mismo alcalde había declarado (antes de que se peleara con Roberto Ascencio) que la firma del mismo ya llevaba un avance del 80 por ciento, son cosas que no cuadran y que huelen mal.

INFORMACION CLASIFICADA

PARA QUE NO PIERDAN DE VISTA LO QUE LE PUEDE SUCEDER AL MOCHILAS en caso de seguir con este ventajoso contrato a favor de Citelum y violando la suspensión del mismo, en Mérida, Yucatán, acaban de denunciar penalmente a la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara y al ex secretario Omar Lara Pacheco por el manejo delictuoso de los contratos del servicio de alumbrado público.

En la denuncia también se incluyó a otros funcionarios municipales, así como a ejecutivos de la empresa AB&C Leasing que tenía el contrato de alumbrado público, así como a personal del Banco Santander.

En Mérida no exhibieron el cheque cruzado y luego dijeron que el mantenimiento lo tendría que hacer el municipio, casi igual a lo que pasa con Citelum en Vallarta, cuyo cheque cruzado por más de 30 millones de pesos, el 10 por ciento de su propuesta económica, nunca apareció en el “Dictamen de Fallo”.

SI AL GOBERNADOR, JORGE ARISTOTELES NO LE VA A TEMBLAR LA MANO PARA meter a la cárcel a quienes hacen negocios con los dineros públicos –como ya lo demostró en el caso del ex director del Siapa, Rodolfo Ocampo--, ya podría poner en la mira a Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como El Mochilas, por las transas en la licitación y entrega de título de concesión del alumbrado público de Puerto Vallarta a la filial francesa de Citelum.

 

lunes, 3 de junio de 2013

LOS SECRETOS DE LA REUNIÓN EN EL SHANGRILÁ ENTRE EL MOCHILAS, ENRIQUE ALFARO Y EL SÍNDICO MUNICIPAL, ROBERTO ASCENCIO


Por Jorge Olmos Contreras

A pesar de que días pasados el líder moral del Movimiento Ciudadano en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sugirió que se convocara a una rueda de prensa inmediata para poner fin a las hostilidades entre el síndico municipal, Roberto Ascencio Castillo y el presidente municipal, Ramón Guerrero Martínez, ésta no se dio con la rapidez que hubiera querido El Mochilas, sino tres días después en que se convocó a los medios de comunicación para dar a conocer posturas que simplemente rayaron en la falsedad y la hipocresía.

Sentados en una sala de una lujosa suite del desarrollo habitacional Shangri La de Marina Vallarta, Enrique Alfaro y El Mochilas llamaron al síndico para que se presentara en el lugar y entablara un dizque dialogo de civilidad, según le dijeron al abogado del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

De entrada,  Enrique Alfaro defendió a capa y espada al Mochilas, le decía con voz imperativa a Roberto Ascencio que tenía que respetar las decisiones de Ramón Guerrero, que él era el Alcalde y se le tenía que obedecer. Que la destitución del Director Jurídico se tenía que aceptar tal cual y una serie de peroratas que dibujaron a un Enrique Alfaro muy distinto al que sale en las ruedas de prensa a señalar que el Movimiento Ciudadano se deslindará de cualquier gobierno que ponga en mal el proyecto político de este partido, como el de Puerto Vallarta pues.

La reunión, que se supone era ultra secreta, no lo fue del todo, pues cuando El Mochilas y Enrique Alfaro le hacían mano de puerquito a Roberto Ascencio, se aparecieron intempestivamente los regidores Humberto Gómez Arévalo y Susana Carreño, lo que cayó como un balde de agua fría al alcalde, pues los ediles le recordaron a Enrique Alfaro una serie de irregularidades cometidas por el su cuate Ramón Guerrero.

JUNTOS PERO NO REVUELTOS

En su defensa, El Mochilas mostró un documento de una vieja denuncia en contra de Salvador López Aréchiga que está radicada en el Juzgado Primero de lo Penal –como para demostrar que tiene problemas legales--, pero el síndico le recordó que en este caso se absolvió de toda acusación a Aréchiga.

Dicen que El Mochilas sólo respiraba agitadamente y se pasaba la mano derecha por su rostro, como limpiándolo de la angustia que ya no soportaba porque le estaban diciendo sus verdades. Al final, pidió que se convocara a rueda de prensa de ipso facto ese jueves 23 de mayo, pero Roberto Ascencio se negó. Cuál era la prisa, dijo Ascencio y la conferencia de prensa se dio hasta el lunes 27, por lo que Ramón Guerrero se quedó rechinando de coraje y Enrique Alfaro dio por concluida la junta sin llegar a acuerdo importantes, todo fue una mera simulación.

Y es que, en efecto, ahora se sabe que todas las “buenas intenciones” de trabajar por Puerto Vallarta y unidos “pero no revueltos”, fueron una mera simulación para aparentar que El Mochilas dejaría a un lado la embestida que había emprendido contra el síndico municipal y toda su gente.

En el fondo, las cosas son muy distintas y el pleito continúa, con la diferencia de que ahora las diferencias son más marcadas por la desconfianza que se ha generado entre ambos personajes, pero sobre todo, por la necedad del alcalde a darle una salida política y jurídica al caso del ex Director Jurídico Salvador López Aréchiga, a quien un Juez de Distrito le concedió la suspensión contra los actos del Ayuntamiento, en concreto, de los del Mochilas al ordenar una desaseada destitución del hombre de mayor confianza de Roberto Ascencio Castillo.

CON EL AGUA HASTA EL CUELLO

Al interior, es muy sencillo poner punto final al conflicto, todo está en que el presidente municipal deje a un lado sus rencores personales y lejos de que parezca que dobla las manos –o de que cante victoria como algunos tontos lo han interpretado--, simple y sencillamente acate la orden judicial y restituya en su puesto a Salvador López Aréchiga, hasta ahorita el único funcionario que tenía el conocimiento y el manejo adecuado para resolver conflictos como el de la basura y sus concesionarias.

Sin embargo, en su tozudez, Ramón Guerrero impuso en la Dirección Jurídica a José Santiago Leal Amador –un recomendado del gobernador de Baja California y golpeador de mujeres en sus ratos libres--, un sujeto que no tiene la menor idea de los problemas de Puerto Vallarta y que ya pide ayuda a gritos, pues no supo en lo que se metía y al tronar el asunto de la basura y decidir el alcalde habilitar como emergente el predio de San Nicolás, violaron graves disposiciones legales, entre otras un amparo concedido a la firma Envir Eau y los que se deriven de delitos ambientales por no tener dicho terreno las adecuaciones técnicas para recibir cientos de toneladas de desechos orgánicos.

En este sentido, el agua le llegó hasta el cuello a Ramón Guerrero en el conflicto de  la basura, quien buscó infructuosamente la ayuda de su amigo Gerardo Octavio Solís Gómez –el ex procurador del Estado que en los primeros días del gobierno se hizo cargo de la entrega recepción de la nueva administración, pero que después renunció--, pero éste lo mandó por un tubo, no quiere saber nada del Mochilas y su equipo de corruptos.

En corto, Roberto Ascencio le recomendó al Mochilas que no fuera a cometer la burrada de utilizar San Nicolás para tirar la basura porque se iba a meter en problemas legales, pero Ramón Guerrero no lo quiso escuchar, con lo que se evidencia que las diferencias entre ambos funcionarios continúan y que sólo una recapacitación del presidente para evitar que él y su pandilla que trajo de Guadalajara le hinquen más el diente a Vallarta, evitará que el conflicto se agrave y pongan en riesgo la gobernabilidad de Puerto Vallarta.

LA GESTAPO DEL MOCHILAS

En este contexto, es importante destacar que aun cuando la reconciliación se dé como un hecho ante la opinión pública, lo cierto es que la desconfianza entre Ramón Guerrero y Roberto Ascencio  es tal que el mismo síndico ya optó por contratar un escolta personal (un militar) y buscar apoyos externos, incluso en el gobierno del Estado, ante el hostigamiento que sufrió por parte del alcalde, que le envió policías municipales a seguirlo y a hacerle plantón hasta en su casa como medida de presión.

El Mochilas y la delincuencia organizada de cuello blanco que trajo de Guadalajara –luego les vamos a decir por qué les decimos de esta manera— son capaces de eso y más. Si al Director Jurídico le pusieron una espía en la persona de Consuelo Meza para grabar conversaciones, qué se puede esperar de los demás.

Por cierto, la Matahari de Rancho fue denunciada por un empleado de la Dirección Jurídica de nombre Rogelio Salcedo, porque quería obligar al trabajador a que testificaran falsedades contra Aréchiga.

Consuelo del Carmen fue denunciada por lesiones, hostigamiento y amenazas por Rogelio Salcedo, según una nota del portal de noticias www.callartanetwork.com del periodista Jesús Manuel Díaz Zurita, ya que ella pretendía que este abogado se sumara en sus señalamientos contra el Director Jurídico.

Hoy, la desconfianza y el recelo es lo que campea al interior de las oficinas municipales, sobre todo donde despachan directores y regidores, ya que nadie garantiza que los cubículos estén libres de micrófonos, cámaras escondidas y teléfonos intervenidos, incluso los celulares que son muy fáciles de rastrear e intervenir por una módica cuota en un sitio de Internet, donde se escuchan conversaciones y se pueden espiar los mensajes, tanto del emisor como del receptor.

Nadie está seguro y todos desconfían de todos, incluso cuando salen a dialogar fuera de la presidencia municipal, en un café o restaurante, los funcionarios piensan que los están grabando para luego utilizar esa información en su contra. Cualquier parecido con la Gestapo es pura coincidencia.

LA CAJA DE PANDORA

La Caja de Pandora que abrió el propio Mochilas sin duda alguna va a continuar, sobre todo, cuando se revelen más indiscreciones que involucran al mismísimo Mochilas en una propuesta indecorosa hecha al entonces Director Jurídico, Salvador López Aréchiga, para que cobrara alrededor de 500 mil pesos mensuales de diferentes antros de la ciudad por dejarlos trabajar las 24 horas sin ser molestados a través de la Dirección de Reglamentos que dirigía Cuauhtémoc Villalobos, entre otros, al bar gay Enter que está a la vuelta de El Torito y cuyo dueño es un conocido de Ramón Guerrero, de nombre Tom Bundyac y un mexicano de nombre Israel. El protector es, además del alcalde, el procurador social, Juan Hernández.

El Mochilas quería que Salvador López Aréchiga hiciera el trabajo sucio de cobrar dinero mal habido para evitar responsabilidades futuras como alcalde, pero sí endosarlas a los vallartenses de Vallarta que se verían envueltos en líos graves de corrupción, de aceptar el trabajo sucio que les pide Ramón Guerrero.

El que parece que sí cayó en la tentación de cobrar cuotas de hasta 10 mil pesos mensuales a muchos antros de la ciudad, fue Cuauhtémoc Villalobos, a quien El Mochilas quitó de Reglamentos para darle entrada al ex alcalde de Cabo Corrientes León Macedonio. En el fondo, el presidente municipal está protegiendo a su compadre Villalobos, pues ya le tiene reservada otra chamba: Será el representante del Ayuntamiento en el Sistema de Justicia Alternativa y no la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF como lo habíamos anticipado en este espacio.

Con esto, El Mochilas cobija a su compadrito y le quita el trabajo a los que deberían ser los verdaderos representantes del municipio en el Sistema de Justicia Alternativa, es decir, los jueces municipales.

INFORMACION CLASIFICADA

POR ESO, EL ANUNCIO DE CREAR UNA OFICINA ANTICORRUPCIÓN SÓLO PROVOCA CARCAJADAS ENTRE LA GENTE que conoce bien a Ramón Guerrero, quien sin ningún asomo de vergüenza dice que va a establecer dicha dependencia, cuando en la praxis comete todos los días actos de corrupción, como el contrato leonino de alumbrado público que quería endilgarle a Puerto Vallarta; o el pago de 70 mil pesos mensuales a Robertito por atender 10 juicios contra el Ayuntamiento (porque sabrá usted que Roberto Rodríguez Preciado va a cobrar más dinero si el número de casos atendidos aumenta); el Fideicomiso que van a manejar sus secuaces de Guadalajara en contra de los intereses de los trabajadores y transgresor fiscal por excelencia; o el cheque que pretenden “negociar” con el desarrollo Grand Venetian; o las patrullas que compraron a sobre precio con fondos del SUBSEMUN, entre otros.

POR CIERTO, EL CONTRATO DE CONCESION DE ALUMBRADO PÚBLICO A LA EMPRESA CITELUM YA FUE FIRMADO por el síndico Roberto Ascencio Castillo. Sabemos que el síndico le hizo cambios profundos al convenio, pero hasta no tener la opinión de un experto y ver el contenido del documento, podremos decir si el síndico hizo bien o hizo mal en firmarlo.

POR HOY SE NOS TERMINÓ EL ESPACIO, PERO EN OTRA COLUMNA Les vamos a contar el escándalo que se registró en días pasados en Ixtapa en el seno de la familia de la regidora Candelaria Villanueva, ya que la esposa del amante de su hija Estrella se presentó a las afueras de la casa de la regidora para reclamarle a la muchacha de Cande el por qué andaba con su marido.

El caso podría entrar a la esfera estrictamente privada, pero resulta que todos los familiares de Candelaria Villanueva están metidos en negocios públicos en la delegación de Ixtapa, incluso en las fiestas del pueblo en donde el hijo –a la postre esposo de la delegada Ana Lilia-- está sacando mucho dinero con los permisos verbales para que todo mundo venda bebidas alcohólicas, quedarse con los dividendos de los eventos deportivos y hasta alquilar un sonido que lleva el nombre de “Sonido Master DJ”

Son tan sinvergüenzas, que dicen que con el dinero obtenido, el hijo de Candelaria va a pagar su nuevo departamento en el fraccionamiento “Pacífico Azul” a un costado del Centro Universitario de la Costa.