martes, 30 de abril de 2013

EL EJIDO DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE, UNA HISTORIA DE CORRUPCIÓN, ABUSOS, BLANQUEO DE CAPITALES Y NUEVOS MILLONARIOS


En su ambición por vender tierras ajenas, el presidente del comisariado ejidal, Gabino Jiménez Bernal no sólo se involucró en un fraude contra los ejidatarios por la indemnización de la carretera a Punta Mita, sino que revendió un amplio terreno a un empresario que podría estar ligado a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Por Jorge Olmos Contreras

La Cruz de Huanacaxtle se ha con vertido en tierra de oportunistas, ladrones, inversionistas abusivos y en escondite de narcotraficantes y el blanqueo de capitales, un paraíso de corrupción exacerbada por alcaldes y gobernadores que a su paso por estos lugares han dejado su huella indeleble en las millonarias inversiones que se han realizado en varios desarrollos turísticos y, también el rastro de abusos y fraudes contra los ejidatarios que han sido timados una y otra vez por abogados sin escrúpulos y por gente como Gabino Jiménez Bernal, cuya ambición lo ha llevado a negociar con presuntos personeros de poderosos narcotraficantes.

Uno de los que llegó a la Cruz de Huanacaxtle en el año 2007 sin un peso en la bolsa y que ahora es un millonario abogado, es José Ramón Cuevas Martínez, mejor conocido como “Pepe Cuevas”, un vallartense que en la década de los 90 no tenía dinero ni para pagar el camión urbano y que vivía a la sombra de sus hermanos y cuñados políticos, como el actual regidor panista, Humberto Muñoz Vargas, quien está casado con su hermana Silvia.

Pero de la pobreza y andar litigando casos pequeños y cobrando letras de deudores en Puerto Vallarta, Pepe Cuevas dio un salto cuántico cuando uno de sus primos –actual proyectista del Tribunal Agrario de Nayarit—Roberto Flores Martínez, lo invitó a que se hiciera ejidatario de La Cruz de Huanacaxtle, lo cual hizo al supuestamente comprar unos derechos ejidales y organizar una asamblea espuria donde fue reconocido como tal en el año 2007.

No tardaría mucho para que Pepe Cuevas, al ver la mina de oro que tenía frente a sus ojos, hiciera ligas con algunos ejidatarios y los convenciera de lo que podían hacer. “Muchos millones de pesos”, les decía, si lo hacían presidente del comisariado ejidal, lo cual efectivamente ocurrió.

Para esto, los apapachaba, les organizaba fiestas y hasta les traía el Mariachi Vargas de Tecalitlán para que vieran que el ejido daba para eso y mucho más.

PRESIDENTE ESPURIO

Sin embargo, su nombramiento fue invalidado mediante un juicio, según el expediente 109/2009 que promovió la ejidataria María del Carmen Gutiérrez Díaz y otros, quienes acreditaron que Pepe Cuevas no podía ser electo presidente del ejido el 16 de agosto del año 2007, porque no cumplía el requisito estipulado en el artículo de la Ley Agraria, que indica que para ser miembro del Comisariado Ejidal o del Consejo de Vigilancia, el interesado debe ser ejidatario del núcleo de población y haber trabajado en el ejido durante los últimos seis meses, y el señor Cuevas fue ungido como ejidatario apenas el seis de mayo de ese mismo año.

Fue la magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Alejandrina Gámez Rey, quien declaró nula el acta de elección de los órganos de representación del ejido de la Cruz de Huanacaxtle, es decir, le dieron palo a Pepe Cuevas y a su primo, Roberto Flores Martínez, quien pretendía ser el secretario del comisariado ejidal, sin reunir los requisitos para ello, pues además trabaja como proyectista del Tribunal Agrario de Nayarit.

Pero luego se ampararon y aunque perdieron el juicio en agosto del 2012, se siguieron ostentando como dirigentes del ejido y durante los últimos cinco años, hicieron todo tipo de ventas, convenios y cobros lesivos al interés ejidal, sin que ninguna autoridad interviniera para impedir semejante atropello y como vieron tierra fértil para sus andanzas, se pasaron la estafeta de la presidencia del comisariado ejidal primo tras primo y en asambleas espurias –que no tienen efecto legal ni jurídico alguno—también nombraron como “representante legal” del núcleo ejidal a su tío y regidor municipal, Francisco Martínez Robles.

TAMBIEN EL PRIMO

El colmo fue que se haya nombrado como presidente del comisariado ejidal --luego de que pepe Cuevas estuvo al frente tres años en forma ilegal--, a su primo, Roberto Flores Martínez, ya que no sólo no es ejidatario, sin o que además es funcionario del Tribunal Agrario de Nayarit, es decir, otro presidente espurio.

Más tarde, el cinco de octubre del 2012, le pasaron la estafeta a Gabino Jiménez Bernal, el actual presidente del comisariado ejidal, en una asamblea ordinaria, pero con la gravedad de que impusieron como suplente al tío, Álvaro Francisco Martínez Robles y en el comité de vigilancia a Pepe Cuevas, no obstante a que ya habían sido desconocidos por el Tribunal.

Así las cosas, y una vez apoderado del ejido,  Pepe Cuevas comenzó a tejer una serie de panes y proyectos para vender tierras y cobrar el “derecho al tanto” a empresas que construyeron desarrollos turísticos  a lo largo y ancho de La Cruz de Huanacaxtle en supuestos terrenos ejidales, entre las que se encuentran Alamar Beach, Vallarta Gardens, B Vallarta, entre otras.

Con el cuento de “proyectos productivos” para el ejido, Pepe Cuevas, dicen algunos ejidatarios inconformes, se embolsó varios millones de pesos, ya que se sabe que tan sólo la empresa Alamar Beach le habría entregado unos 50 millones de pesos por el denominado “derecho al tanto”, mientras que otros desarrollos como B Vallarta, le habría pagado en especie unos 10 terrenos a Pepe Cuevas.

El dinero obtenido y cobrado a nombre del ejido y los terrenos que le habrían entregado a Pepe Cuevas, nunca fueron reportados a los ejidatarios, que humildes y en la pobreza, han recurrido hasta el presidente Peña Nieto para que los ayude a meter a la cárcel a estos vivales, pero a la fecha sus esfuerzos has sido igual que unos gritos en el desierto, nadie los escucha.

LA CARRETERA DE LA DISCORDIA

La gota que derramó el vaso y que puso en alerta y en pie de lucha a los verdaderos ejidatarios de La Cruz de Huanacaxtle, fue la afectación de varias hectáreas por la construcción de una carretera que va de La Cruz de Huanacaxtle a Punta Mita, que ordenó hace cinco años el entonces gobernador, Ney González Sánchez, para beneficiar, dicen los ejidatarios, exclusivamente al mega desarrollo Nahui, donde el que da la cara es el empresario tapatío, Héctor Cárdenas Curiel, a quien ubican como prestanombres de Ney González, al grado de que en el proyecto está metido Roberto Mejía, cuñado del mismísimo ex gobernador.

La ambición desmedida de Pepe Cuevas, su primo Roberto Flores Martínez y su tío, ha sido tanta, que intervinieron como “autoridades del ejido” para firmar un “Convenio de Ocupación Previa de Terrenos Ejidales” con el gobierno de Nayarit para “indemnizar al ejido” por la construcción de la carretera La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita, que afecta sólo las parcelas de 12 de los 32 ejidatarios legalmente constituidos.

En dicho Convenio, se acuerda un pago inicial al ejido por poco más de 28 millones de pesos –de un total de 50 millones-- y en otra asamblea ilegal y con el apoyo de Gabino Jiménez, le dan una representación dizque legal al regidor Álvaro Francisco Martínez Robles (a) “Don Panchito” para cobrar este dinero que salió de las arcas del gobierno estatal en dos cheques a nombre del Ejido de la Cruz de Huanacaxtle, uno por 28 millones de pesos expedido el 15 de septiembre del 2011 y otro por tres millones 110 mil 845 pesos, el 31 de enero del 2012.

Con los cheques en sus manos, el viejo Álvaro Francisco los endosó mañosa e ilegalmente, a nombre de su hija Rosa Elena Martínez y a una tal Mara Flores, presunta familiar de su sobrino, Roberto Flores Martínez, el mismo que es funcionario del Tribunal Agrario de Nayarit.

LA RECONFIGURACION

El dinero que sólo existe en cheques y que sólo puede ser endosado a una institución de crédito para su cobro, está en poder de este supuesto representante legal del ejido, desconocido por un tribunal de distrito y, por lo tanto, mal habido desde el punto de vista legal, aunque se presume que ya los entregó a la “mesa ejidal” que preside Gabino Jiménez.

Sin embargo, para evitar entregarlo a los 12 afectados por la construcción de la carretera, entre otros a varias viudas del ejido, Pepe Cuevas, su primo Roberto y su tío Álvaro Francisco, promovieron otro acto a todas luces ilegal: Llevaron a cabo la reconfiguración del ejido para declarar todas las tierras ejidales y de uso común, pasando por encima de los derechos agrarios de sus compañeros y afectando a pequeños propietarios.

Con este argumento, el actual presidente del comisariado ejidal, Gabino Jiménez, se envalentonó cuando un reportero del diario Milenio Pacífico le preguntó su opinión sobre la manifestación que las viudas harían frente al presidente Enrique Peña Nieto en su más reciente visita a Bahía de Banderas, por este caso.

Textualmente dijo: “Aquí ni el presidente Enrique Peña Nieto tiene el poder para que decenas de ejidatarias viudas puedan recibir la indemnización por haberles expropiado sus tierras para construir una carretera”.

Afirmó tener 30 millones de pesos, pero que no los repartiría hasta que “esas revoltosas retiren las demandas y sus amparos”.

Después ya no dijo que tenía 30, sino 28 millones de pesos en un Banco, y advirtió que sólo les dará dinero a las ejidatarias “cuando retiren sus mitotes legales, pero eso sí, va a ser parejo, lo vamos a dividir entre todos, porque no son tierras ejidales, sino de uso común”.

LA TAJADA DEL PASTEL

Con esto, Gabino estaba anticipando lo que ya habían planeado Pepe Cuevas y su parentela, que al reconfigurar el ejido arbitrariamente, pretenden obtener una jugosa tajada del pastel de la millonaria indemnización, al grado de que para tener acceso a más dinero, interpusieron un amparo –aun cuando fueron desconocidos como dirigentes ejidales por la autoridad agraria y por lo tanto sus actos nulos—contra el gobierno de Nayarit, para detener las obras de la carretera a Punta Mita y así presionar al nuevo gobernador, Roberto Sandoval, para que suelte más recursos, y no sólo los 22 millones que restan del convenio original, donde quedó asentado que se pagaría un total de 50 millones por la afectación.

Muy listos, los Martínez hicieron todo lo posible para que el tío Álvaro Francisco se quedara con unas 150 hectáreas que se verán beneficiadas directamente por la nueva carretera que el gobernador Ney González mandó construir mediante endeudamiento público para beneficiar a particulares, en este caso al desarrollo turístico Nahui.

Pero las cosas están por dar un giro de 180 grados en La Cruz de Huanacaxtle, ya que Gabino Jiménez Bernal está metido en un problema mayúsculo, pues no sólo enfrenta denuncias penales por parte de ejidatarios a quienes engañó y timó al comprarles sus tierras a precios irrisorios que después revendió estratosféricamente, sino que también hizo tratos con presuntos prestanombres de poderosos narcotraficantes.

Está, por ejemplo, el caso de una mujer ejidataria a quien le compró 14 hectáreas en 48 millones de pesos y a la que sólo le pagó dos millones de pesos. Por esta acción. El hijo de esta señora, Vicente Ortega Jiménez, denunció a Gabino.

INVERSIONES PELIGROSAS

El asunto es más grave y tiene sumamente preocupado a Gabino Jiménez, ya que este presidente del comisariado ejidal no sólo sorprendió y engañó a la ejidataria Marina Ortega, sino que también burló al empresario jalisciense, José Martí –propietario de varias gasolineras en Nayarit--, a quien le habría revendido las 14 hectáreas en esa suma, 48 millones de pesos, con la promesa de entregarle los terrenos libres de problemas y con el dominio pleno a su favor.

Al parecer, José Martí tiene proyectado construir un desarrollo turístico a un lado del complejo turístico “Puerto Bahía”, donde se localizan esas 14 hectáreas.

Sin embargo, Gabino Jiménez no ha entregado cuentas claras al ejido sobre esta compra-venta y tampoco le ha entregado el dominio pleno a José Martí, de quien se dice y se rumora entre trascendidos no confirmados de los ejidatarios, podría ser un prestanombres de un poderoso narcotraficante, el más buscado del país, el Chapo, por lo que piden intervención de las autoridades federales para investigar esta transacción.

La versión podría no ser tan descabellada, toda vez que Gabino Jiménez anda prácticamente a salto de mata entre La Cruz de Huanacaxtle y Guadalajara, asustado, como que se anda escondiendo y poco se deja ver.

Otro hecho significativo en este asunto, es que en noviembre o diciembre del 2012, personas extrañas llegaron hasta la casa de Gabino Jiménez en La Cruz de Huanacaxtle, para dañar toda la fachada de su residencia con marros y picos, hechos que no trascendieron en la prensa local.

Fue una advertencia por los arreglos que trae con el crimen organizado, sueltan algunos lugareños de la zona.

Lo peor de todo, es que Gabino Jiménez ya enredó en este lío a Pepe Cuevas y si tomaron dinero sucio vía José Martí, los problemas se podrían agudizar para los Martínez y su cómplice, el presidente del comisariado ejidal.

Hasta antes de las versiones de que pudiera haber dinero del narco en la compra venta de terrenos ejidales en la Cruz, Gabino Jiménez se ufana y retaba al mismísimo presidente de la República: “A mí no me espanta eso, que venga, que me pida lo que quiera, no tengo nada de qué esconderme, ni de Peña Nieto ni del Gobierno”. (Nota: Este es un adelanto del reportaje que se publicará en la próxima edición impresa de VALLARTA UNO)

miércoles, 24 de abril de 2013

CANAL 40 PROTEGE A CRIMINALES, VICTIMIZAN AL DEFRAUDADOR EDUARDO VALENCIA CASTELLANOS







Por Jorge Olmos Contreras

Ni el periodista argentino, Jorge Fernández Menéndez, ni su esposa, la conductora Bibiana Belsasso, se imaginaron el cúmulo de quejas que acumularían en su contra, al darle entrada en su programa “Nada Personal” del Canal 40 a un reportaje manipulado, parcial y fuera de toda ética periodística, para defender y de paso intentar victimizar a un criminal de los bienes raíces ampliamente conocido en la región turística de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta en los estados de Jalisco y Nayarit.

Nos referimos a Eduardo Valencia Castellanos, el personaje que se ha visto implicado en amenazas de muerte contra extranjeros, que ha defraudado a decenas de personas con la venta de condominios en el desarrollo Flamingos Aqcua y que hoy por hoy enfrenta cuatro órdenes de aprehensión por diversos delitos, por lo que se considera un prófugo de la justicia.

Pero ni Jorge Fernández –a quien siempre hemos considerado un periodista serio y responsable—ni su mujer se preocuparon en investigar los antecedentes de Eduardo Valencia Castellanos, pareciera que alguien les recomendó apoyar a este criminal de los bienes raíces o peor aún, que el reportaje pudiera ser pagado en forma de “publirreportaje”, toda vez que sólo incluye la versión de Valencia y no la de todos los protagonistas.

Por extraño que parezca, el Canal 40 se negó a darle espacio y cabida a los abogados de las víctimas de Eduardo Valencia, a quien engañó y defraudó en la impunidad total, pues a la fecha, el que ahora se dice “presunto culpable” continúa libre, no ha pagado el daño causado a cientos de compradores de los departamentos del desarrollo Aqcua, donde pretendía cobrarle hasta por el uso de áreas comunes como la alberca.

Las quejas han comenzado a llegar al Canal 40 vía correo electrónico a la dirección activatumente@proyecto40.com.mx

TODO PERSONAL

Sin embargo, los esposos que dirigen el programa “Todo personal” le dieron casi 20 minutos al aire al reportaje de Eduardo Valencia titulado "La historia de un despojo”, donde a cuadro, el propio Valencia vierte una serie de mentiras abominables como asegurar que un grupo de canadienses, encabezados por Charles Andrés Baccichet, tomaron por asalto el desarrollo y que en el sitio ha habido la presencia de personas de la delincuencia organizada, en específico, de Zetas, que supuestamente han contratado para amenazar y extorsionar.

Charles Andrés Baccichet es un canadiense que, junto con su esposa, compraron dos departamentos en Aqcua y que también fueron defraudados por Valencia. Charles y otros afectados, se han unido para defenderse de los atropellos del señor Valencia, pero ahora en el Canal 40 lo acusan prácticamente de ser cabecilla de una banda de Los Zetas, algo totalmente falso y calumnioso.

Si Jorge Fernández y su mujer se hubieran tomado la molestia de investigar un poco a Valencia, en Internet hay información suficiente y seria de sus antecedentes, pero aun así, decidieron defenderlo, victimizarlo y acusar –con la mayor ligereza periodística posible-- al gobierno de Nayarit y, en especial al fiscal Edgar Veytia, como los autores de una persecución inexistente, de un despojo que sólo existe en la imaginación y la mente torcida de Eduardo Valencia Castellanos.

Tan mal está la intervención de Eduardo Valencia en el Canal 40 de televisión, que en un momento determinado de la entrevista dice que “probablemente” uno de los compradores conoce a un “caca grande” (sic) o es uno, que presionaron tanto al gobierno de Nayarit, para perseguirlo con órdenes de aprehensión, cuando dichas órdenes de captura se giraron por las evidencias que encontró la juez del fraude en la venta de condominios.

Digno de todo un análisis psicológico, Eduardo Valencia embarra primero a Los Zetas y después asegura que la gente de La Familia Michoacana lo tiene amenazado y que lo quieren extorsionar. Poco le faltó para que en su sarta de mentiras, dijera que el canadiense Charles (quien sólo defiende sus derechos) fue quien escribió una carta que supuestamente le mandaron a su padre en Zapopan y donde le exigían que les diera dos millones de dólares.

EL REPORTAJE DE LA PARCIALIDAD

El video de las mentiras de Eduardo Valencia y la sospechosa complicidad del Canal 40, está en la dirección
http://www.youtube.com/watch?v=7_ad2IUChe4, ahí Jorge Fernández, sin ningún asomo de vergüenza por su falta de imparcialidad, dice a cuadro:

“Una historia de manipulación de la justicia, de influyentismo y de funcionarios y abogados corruptos. También de empresarios que quedan indefensos ante esa gran conjunción. A principios del 2008, un grupo empresarial terminó de construir el complejo llamado Aqcua en Nuevo Vallarta, que incluye desde centros comerciales hasta un hotel y carios condominios. Muchos de sus compradores de los condominios fueron canadienses que al recibir sus departamentos se inconformaron porque no podían utilizar sin costos, sin pagar, el spa y otras áreas del hotel, a pesar de que eso estaba especificado en su contrato de compra venta, hasta ahí todo no pasaba de un conflicto mercantil como existen millones en el país, pero la historia tomó otro curso y convirtió un conflicto entre particulares en una verdadera pesadilla familiar”.

Luego le cede la voz a su esposa Bibiana Belsasso, quien sesudamente comenta: “Y por una extraña razón basada en el influyentismo y en el interés económico particular, en este caso intervinieron, desde el gobierno canadiense hasta el de Nayarit. El principal accionista del grupo empresarial comenzó a ser perseguido con saña por las autoridades locales, pero ya no solo por la vía civil o mercantil, sino por la vía penal. Se le exigen enormes sumas de dinero, propiedades, se libran órdenes de aprehensión contra él y contra sus familiares más directos y todo, desde la justicia nayarita, mientras la justicia federal insiste una y otra vez que no hay elementos para esa persecución”.

Así comienza el reportaje: "Esta es la historia basada en la corrupción y el influyentismo":

Un reportero en off dice que la inversión a la fecha es de 50 millones de dólares y que “a principios del 2008, cuando ya estaba vendido el 50 por ciento de los condominios, los canadienses, principalmente Charles Andrés Baccichet se quejan del contenido de los contratos, convenios suscritos y demandan a Eduardo Valencia por presuntamente haber defraudado a los condóminos”.

“Baccichet –continúa la voz en off--, junto con su abogado Raúl Ruiz González, idean y organizan, para apoderarse del desarrollo, las demandas contra Eduardo Valencia para acusarlo por fraude. Dicen que los departamentos adquiridos tienen desperfectos en su construcción, pero el principal argumento por el que Valencia es demandado, es el derecho que tienen los propietarios a usar áreas privadas como comunes.

En realidad, las áreas privadas están estipuladas en los contratos, en las cláusulas firmadas por los particulares, en las que se estipula que no son áreas comunes. Todo personal tiene copias de los contratos y demandas entre Flamingos Aqcua y los supuestos agraviados.

Otro de los argumentos de los demandantes, es que Flamingos Aqcua les condone, entre otras cosas, las anualidades. Según Valencia Castellanos, en julio de 2008, tanto el canadiense como su abogado comienzan las fabricaciones de pruebas en su contra, incluso penales”.

A CUADRO EDUARDO VALENCIA

Luego sigue en entrevista Eduardo Valencia, quien sin ningún recato, suelta una serie de supuestos, mentiras y falsedades, al grado de afirmar que por medio de la PGR de “allá” es investigado por lavado de dinero, junto con su padre y su tío, crimen organizado, preventa de energía eléctrica y asociación delictuosa.

El reportero entra otra vez en off y sostiene que “lo acusan de haber pagado 400 mil dólares a la Secretaría de Hacienda. Es en el verano del 2008 de acuerdo con Valencia Castellanos, cuando interviene el consulado canadiense, supuestamente presionando al gobierno de Nayarit, que en ese entonces encabezaba Ney González”.

Y entra otra vez en escena Valencia para decir: “una vez que ven que tienen todo el apoyo incondicional del gobierno canadiense y que hay una presión, se suben al barco, y es cuando me piden indemnización de treinta y tantos departamentos; que porque hay humedad en el techo, que porque el piso no está bien pulido; me piden nueve millones de dólares de indemnización”.

El reportero vuelve a entra en off para indicar: “Afirma (Eduardo Valencia) que el ex gobernador Ney González, dio la orden a Roberto Álvarez, en ese entonces director de averiguaciones previas para fastidiarlo”.

“Y el gobierno de Nayarit, sin tener injerencia, porque son asuntos meramente judiciales, están haciendo lo civil o lo mercantil, penal, con tal de ayudarles, me fabrican… con tal de ayudarles… me fabrican averiguaciones previas, donde no me dejan ser parte, donde no tengo derecho a una defensa”, puntualiza Valencia.

“Dos años después que había entregado los departamentos –agrega el reportero—viene su detención”.

LA CAPTURA

“Yo acababa de llegar de un viaje de Europa en a finales de agosto y a principios de septiembre del 2010, saliendo de casa de mis padres me detienen, este… luego me doy cuenta que… esto es en Guadalajara, que es por un tema de Nayarit, me trasladan a Nayarit, me acusan de meterme yo personalmente, junto con mi hermano y mi mejor amigo, a un departamento de los que construí, de los que tengo sobre mi resguardo y que supuestamente era de un canadiense y que supuestamente había sacado sus cosas”

“Afirma –añade la voz en off-- que los testigos que presentan son testigos de oídas… “ninguno acredita ser… como se dice… testigo presencial de los hechos y todos con conflictos de intereses porque son ex trabajadores corridos de mi empresa. Sé que al juez le llegó todo tipo de presiones de Ney González, de su procurador, de un tal Álvarez que era el de Averiguaciones Previas, para que no me dejara salir… entiendo que es Roberto Álvarez el de Averiguaciones Previas”.

“Una semana después –continúa la voz en off del reportero—salió de la cárcel, y comenzó su calvario. Apenas el 24 de agosto pasado, recibió una multa de la Profepa por 320 mil pesos por las dos puntas ubicadas en el desarrollo frente al mar, y ahora, afirma tener congeladas sus cuentas”.

OTRA VEZ BIBIANA

En el minuto 7 con 21 segundos, entra a cuadro Bibiana Belsasso, quien lanza la siguiente acusación para seguir victimizando a Eduardo Valencia: “Para poder sacar el caso de la justicia civil y llevarlo a lo penal, se inventaron acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero que ya han sido desmentida por la propia SIEDO”.

Luego sigue su marido, Fernández Menéndez, quien en voz en off señala: “El propietario de Flamingos Aqcua, Eduardo Valencia Castellanos, fue acusado de lavado de dinero y de pertenecer al crimen organizado, sólo porque se apellida igual que el fundador del cártel de los Valencia, José Valencia”.

Sigue una voz de Eduardo Valencia: “Así es, que yo pertenezco al crimen organizado, que mi familia pertenece, por qué, porque mi padre se apellida Valencia Gallardo y es de Michoacán, por eso soy un criminal, aquí está la imputación”.

“El empresario asegura que el canadiense, Charles Andrés Baccichet y funcionarios del gobierno de Nayarit, utilizaron ese pretexto para seguirlo hostigando y acusarlo de defraudador. De acuerdo con los documentos del caso, en septiembre del 2010 el empresario fue acusado de lavado de dinero y de pertenecer a la delincuencia organizada”.

Visiblemente excitado, Valencia se justifica: “Esto es por lo que hoy se me acusa de lavado de dinero, crimen organizado… y esta es… (Muestra a cuadro un documento que lee), existe la sospecha que Eduardo Valencia Castellanos, hijo de Eduardo Valencia Gallardo…cómo no voy a ser hijo de mi padre, es una sospecha bastante fundada… de Uruapan, Michoacán, lo cual es falso, mi padre vivió hasta los cinco años en Cotija, Michoacán. Está construyendo y vendiendo un desarrollo que llaman Aqcua Flamingos en Flamingos Nayarta, posiblemente parentesco con los Valencia Gallardo de Michoacán. Por supuesto, si soy de Michoacán y me apellido Valencia y mi papá se apellida Gallardo, cómo no vamos a tener familiares”.

“Ese hecho es de conocimiento de la SIEDO, que entonces estaba a cargo de Marisela Morales, actual titular de la PGR”.

(Otra vez habla Valencia) “Se instruye al delegado de la PGR de Nayarit para que la delegación a su cargo se abstenga de seguir conociendo los hechos de la indagatoria y decrete incompetencia a favor de la unidad especializada de investigación en operaciones de recursos de procedencia ilícita falsificación y alteración de moneda. Aquí tengo el documento, donde le pide Marisela al delegado, que le de inmediato a la averiguación porque ellos están impedidos, no está dentro de sus facultades conocer de lavado de dinero”.

“En septiembre del 2010, aun siendo gobernador de Nayarit, Ney González, el delegado de la PGR, era Eliseo Simón Guzmán Villegas”, se escucha la voz de la edición.

De nuevo, aparece a cuadro Valencia: “Me dicen, qué crees, ya cerramos, no hubo delito que perseguir, ya está cerrado, no te la puedo mandar pues ya la cerré”.

Y regresa la voz en off del reportero que comenta el caso:

MÁS MENTIRAS

“Posteriormente, Valencia afirma que un grupo de Baccichet tomó por asalto el desarrollo en noviembre del 2011 y que ahora habitan presuntamente más de 100 departamentos y 13 terrenos. De acuerdo con Eduardo Valencia, la zona tomada es de 15 mil metros de áreas comunes y más de 20 mil metros de áreas privadas. Los inmuebles, según Valencia, comenzaron a usarse desde diciembre del 2011. Dijo que lo denunció y que la gente de la Procuraduría Estatal le contestó que eso le pasaba por no negociar con los canadienses”, agrega la voz editada.

Después, Valencia, como si le pusiera un alfombra roja, dice: “Aquí están algunas fotografías, donde esta gente introduce gente presuntamente del crimen organizado, de los zetas, aquí están sus nombres y sus identificaciones, este es un informe que me dan la gente de seguridad privada cuando yo, antes de que me despojaran del desarrollo. Esta es la camioneta de Nuevo León, esta es la placa de Nuevo León, y el los presumía como Zetas de Nuevo León, los que llegan a sus departamentos y dicen, si vuelves a hacer algo estos son los que se encargan de ti; y las gentes de fuera dicen que se bajaban con armas largas”.

“Esto es parte de una de las mantas que según Eduardo Valencia se colocaron en el desarrollo”, según el reportero del Canal 40.

Entonces vuelve a cuadro Jorge Fernández. “Al mismo tiempo comenzaron a realizarse las extorsiones económicas contra los propietarios del complejo turístico”.

Y lo sigue Bibiana Belsasso: “Eduardo Valencia asegura que le fabricaron acusaciones, afirma que todas están infundadas y que todas se hacen a través del canadiense Charles Andrés Baccichet, su abogado y el actual procurador de Nayarit, Edgar Veytia.

EL “CACA GRANDE”

En esta etapa de la entrevista, Eduardo Valencia suelta la siguiente perla: “Yo creo que hay alguna persona, del gobierno de Canadá o de Estados Unidos, que es familiar o un mismo condómino que conoce a un “caca grande”, de muy alto nivel, que habla y que generó una presión muy fuerte en el gobierno de Nayarit para que esto se resuelva”.

E involucran a Arturo Zamora: “Cuenta que quien lo ayudó a salir de la cárcel fue su amigo, desde hace muchos años, Arturo Zamora, actual senador y quien tiene un despacho de abogados”.

Hasta ahí parte de lo que viene en el video que subieron al YouTube después de la entrevista en el Canal 40.

Ahora bien, nosotros que hemos seguido el caso de Eduardo Valencia, podemos señalar que Jorge Fernández Menéndez y su esposa, como no quisieron investigar a este empresario defraudador, quizá ignoran que al señor Valencia lo denunciaron 142 personas; que tiene cuatro órdenes de aprehensión; que amenazó a más de tres de los compradores con matarlos y cortarles la cabeza (existen testimonio de esto), por lo que el gobierno de Nayarit lo único que está haciendo es que no haya impunidad, pues Eduardo estuvo extorsionando y amenazando durante años a las personas que les vendía, en su mayoría extranjeros retirados o pensionados, según los expedientes existentes del caso.

CUENTAS PENDIENTES

También ignoran estos periodistas del Distrito Federal, porque no hicieron bien su tarea, es que Eduardo Valencia tiene problemas con la Semarnat, el IMSS, la SHCP y Conagua; que trae en su contra 18 juicios laborales; 42 proveedores a quienes les debe; 47 procesos mercantiles; 18 civiles y por si esto fuera poco, trae un problema con el Ayuntamiento del municipio de Bahía de Banderas por falsificación de pagos de impuestos.

No sólo eso, sino que a los compradores Alex Davis y Refugio Becerra, los amenazaron con matarlos por exigirle a Valencia que cumpliera con la entrega correcta de los condominios. A Charles Andrés Baccichet, a quien acusa dolosa y temerariamente de dirigir un grupo, lo involucró en un caso de delitos contra la salud, cuando hace un par de años, manos extrañas le sembraron mariguana (siempre se sospechó de Valencia) y fue detenido por policías municipales y llevado a la cárcel local.

También ignoran Jorge Fernández y su esposa, que Eduardo Valencia se vio implicado en el robo de un terreno en Puerto Peñasco, Sonora –cuyo expediente el columnista tiene una copia—, pero lo ponen como la víctima y no como el victimario.

A una ciudadana, Marisol Rodríguez, la habría despojado de un departamento en Torres Kite; en Terra, otro desarrollo, ni siquiera puso elevador; en Puerto Vallarta, en otros condominios, hizo lo mismo, vendió en miles de dólares departamentos y los entregó con materiales de mala calidad. Uno de los afectados, fue el canadiense Francis Forbes Duncan.

Pero bueno, qué fácil es poner las voces en off y acusar sin investigar y lo que es peor, uno de los abogados de los defraudados por Valencia, Jorge Ferrer, pidió copia de la entrevista a la gente del Canal 40 para poder contestarla y ejercer su derecho de réplica, pero se la negaron y a la fecha, ni Jorge Fernández ni Bibiana Belsasso han querido entrevistar a la contraparte, es decir, a los afectados y señalados por un mentiroso, calumniador y defraudador Eduardo Valencia Castellanos.

Por el contrario, hace una semana, subieron otro video a YouTube en el link
http://www.youtube.com/watch?v=JKDOVRr8324 donde un reportero del Canal 40 acude a las instalaciones de Aqcua y sorprende a Charles Andrés Baccichet en una entrevista inesperada (el pobre hombre apenas puede hablar y entender español) para después editarla y poner a cuadro sólo lo que le conviene a Eduardo Valencia.

El primer video fue subido a YouTube hace siete meses y por alguna razón hasta ahora ha trascendido a la opinión pública de la región, pues el reportaje original del programa “Todo Personal” del Canal 40 pasó prácticamente desapercibido en Puerto Vallarta y en Nuevo Vallarta.

El caso tiene más para desmenuzarlo. En una segunda entrega, los abogados de los defraudados contradicen, corrigen, aclaran, desmienten y precisan con hechos y documentos, los dichos por Valencia en Canal 40.

INFORMACION CLASIFICADA

SIN DUDA, EDUARDO VALENCIA ESTA MOVIENDO INFLUENCIAS para salir impune en este escandaloso fraude, ya que al aseverar que el ex senador y actual secretario de gobierno de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez es quien lo ayudó, es fácil adivinar de dónde vino la recomendación para que lo entrevistaran en Canal 40 sin darle voz a la contraparte.

UNO DE LOS QUE SE PRESUME LE ESTA ECHANDO LA MANO A VALENCIA, es el ex boxeador Jorge Kawaghi (aquél que decía que metería las manos al fuego si alguien se atrevía a ponerle la mano a la profesora Elba Esther Gordillo, hoy presa), pues en Tepic trascendió que hace unos días Kawaghi llevó en automóviles blindados a Eduardo Valencia para ver si los recibía el gobernador Roberto Sandoval, pero el mandatario estatal los mandó por un tubo. El propio Valencia habría hecho correr la especie de que el secretario particular del presidente Enrique Peña Nieto lo está ayudando en este asunto.

POR CIERTO, EL UNICO COMENTARIO QUE APARECE EN EL PRIMER VIDEO del reportaje del Canal 40 en YouTube, es de uno de los compradores de Aqcua, Colin Maruk, quien al respecto dice:

“Eduardo Valencia ha cometido el mayor fraude de bienes raíces en Nayarit y debe responder ante la justicia por ello. No sólo defraudó a toda persona que compró en Aqcua, también ha amenazado, intimidado y extorsionado a muchos propietarios y proveedores como pudo. El gobierno tiene que tomar una posición en contra de la gente como Eduardo y aplicar la ley de manera justa. Él es un hombre pequeño, que sólo muestra remordimiento cuando siente que está a punto de enfrentarse a la justicia. ¡Él debe pasar años en la cárcel!”

PARA INVESTIGACION: ¿Qué relación tenía Eduardo Valencia con el efímero secretario de turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, quien fue ejecutado en Guadalajara en los primeros días del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval?

 

 

martes, 23 de abril de 2013

UTILIZAN MUJERES EN EL BAR "CIELO ROJO" DE BAHÍA DE BANDERAS PARA ASALTAR A CLIENTES




Los sujetos detenidos el 14 de abril pasado por policías municipales, luego de que asaltaran a un hombre por la carretera a San Clemente de Lima, tienen un largo historial de robos y ya están siendo procesados por la Fiscalía Especial de Nayarit.
Sin embargo, llamó la atención que en el bar “Cielo Rojo” estén acudiendo mujeres de dudosa reputación que se acercan a los clientes para después invitarlos a salir del lugar con cualquier pretexto y después asaltarlos en complicidad con otros sujetos.

Así le sucedió a un vendedor de bienes raíces de nombre José Antonio Vidrio, quien el fin de semana que va del viernes 12 al sábado 13 de abril pasado, sufrió una terrible experiencia al ofrecer llevar a dos mujeres en plena madrugada a la casa de la mamá de una de ellas porque “estaba enferma”, según le dijeron, pero en el camino, fue atracado, golpeado y casi lo matan.

El dueño del bar, Julio César Zúñiga, comentó que su centro de diversión no se presta para este tipo de cosas, y que ahí acude todo tipo de clientela y que nunca se dieron cuenta de que algunas mujeres estuvieran abordando a los clientes para después robarlos como le pasó a José Antonio Vidrio.

En el parte de la policía de Bahía de Banderas, se detalle lo que sucedió ese día:

“Por medio del presente, nos permitimos informar a usted, que el día de hoy, siendo aproximadamente las 04:30 horas, al encontrarnos en recorrido de vigilancia para la prevención del delito, sobre la avenida San Clemente, frente a la colonia Hollywood, en el poblado del mismo nombre tuvimos a la vista a una persona del sexo masculino, el cual nos hizo señas que nos detuviéramos, entrevistándonos con el mismo, quien dijo llamarse José “n” “n”, originario de Tlaquepaque, Jalisco y vecino de Nuevo Vallarta, manifestándonos que en el transcurso de la noche había estado divirtiéndose en un bar denominado “Cielo Rojo”, ubicado en el fraccionamiento Valle Dorado, en el poblado de Mezcales, lugar donde abordó a dos personas del sexo femenino, retirándose del lugar en compañía de las mismas a bordo de su vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta clásico, color blanco, modelo 2011, con placas de circulación del Estado de Jalisco, por lo que al transitar sobre la avenida San Clemente, las dos personas del sexo femenino le solicitaron que detuviera la marcha, ya que tenían ganas de orinar, manifestándoles que en cuanto pasara un vehículo que venía detrás de ellos se detenía, ya que al parecer lo venían siguiendo, cerrándole el paso en esos momentos un vehículo marca mitsubishi, tipo eclipse, en color oscuro, con dos personas del sexo masculino a bordo, mismos que descendieron y lo bajaron a golpes al mismo tiempo que lo amagaban con un arma de fuego, escuchando en esos momentos que uno de los sujetos preguntaba textualmente “… y estas putas quienes son…”, percatándose que las personas del sexo femenino en ningún momento gritaron o se asustaron cuando las personas les cerraron el paso, quitándole las personas del sexo masculino todas sus pertenencias, siendo una cartera, marca fósil, color negra, que en su interior contenía documentos personales y dinero en efectivo, sin especificar la cantidad exacta, un teléfono celular, sin recordar la marca, así como las llaves”.

Después pudo observar los sujetos y las dos personas del sexo femenino abordaron el Eclipse dándose a la fuga con rumbo hacia el fraccionamiento Valle Dorado, proporcionándonos características de los cuatro sujetos, indicando que una de las personas del sexo femenino tenia pelo rubio y vestía blusa color rosa y pantalón de mezclilla, en color oscuro, la otra persona del sexo femenino era de complexión delgada, pelo color negro, vestía blusa tipo estraple, color blanca y pantalón, color negro; uno de los sujetos del sexo masculino, vestía camisa, tipo de vestir, color naranja y pantalón de mezclilla, color azul y del otro sujeto no recordaba bien las características, solicitándonos su localización y detención, ya que procedería a poner su denuncia ante el Agente del Ministerio Público correspondiente.

Al transitar los policías frente a la tienda denominada “kiosko”, ubicada en el poblado de San Clemente de Lima, tuvieron a la vista a dos personas del sexo masculino y dos personas del sexo femenino, los cuales iban caminando y coincidían con las características proporcionadas por el afectado, se acercaron e informaron que coincidían con las características de cuatro personas que momentos antes habían asaltado a una persona, solicitándoles que esperaran en el lugar, hasta el arribo de la persona afectada para que los reconociera, aceptando los mismos, arribando en esos momentos personal de Seguridad Pública Municipal, quienes traían a bordo a José Antonio, quien al ver a las personas, las señaló y reconoció sin temor a equivocarse como los mismos que momentos antes lo habían agredido físicamente y lo habían despojado de sus pertenencias, procediendo a su detención, manifestando llamarse:

José Pablo Ortiz Rosas, de 19 años de edad, originario de Acapulco, Guerrero y vecino de San Vicente, Nayarit, con domicilio en calle Bacalao #102, del fraccionamiento San Vicente del Mar.

Álvaro Sahir Morales Flores, de 26 años de edad, originario y vecino de San José del Valle, con domicilio en calle Crisantemo #81, del fraccionamiento Jardines del Sol.

Diana Paola Sandoval García, de 23 años de edad, originaria de Guadalajara, Jalisco y vecina de San José del Valle, Nayarit, con domicilio en calle Crisantemo #81, del fraccionamiento Jardines del Sol y una menor de edad.

“Haciéndoles una revisión corporal a los hombres, para verificar que no trajeran consigo algún tipo de arma, le encontraron a José Pablo Ortiz Rosas, fajada en la cintura una pistola de fulminante y munición para adulto (diábolos), marca Mendoza, color negra, modelo k-62, con cachas tipo ortopédicas color negras; en la bolsa delantera del lado derecho de su pantalón una caja de plástico transparente, que en su interior contiene municiones “salva/diábolo”, calibre 4.5 mm; en la bolsa trasera del lado izquierdo de su pantalón, se le encontró una cartera marca fósil color negra, que en su interior contenía, documentos personales a nombre de José Antonio y la cantidad en efectivo de $2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/100 m.n.) en billetes de diferentes denominaciones y en la bolsa delantera del lado izquierdo se le encontró un juego de llaves para vehículo, reconociendo sin temor a equivocarse los objetos asegurados el c. José Antonio Vidrio Martínez, como de su propiedad, solicitando nuevamente su detención, trasladando a los detenidos a la cárcel pública municipal de Bucerías”.

 

miércoles, 17 de abril de 2013

ADMITE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO AMPARO CONTRA LA LICITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VALLARTA




Por Jorge Olmos Contreras

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en Jalisco, admitió desde el pasado 12 de abril, un amparo contra la licitación pública número LPN-001/2013 que pretende concesionar el servicio de alumbrado público en Puerto Vallarta, por lo que el tribunal está citando a las partes a una Audiencia Incidental para este viernes 19, en virtud de que se tramitó un incidente de suspensión, y aunque se negó la suspensión provisional solicitada, ésta se va a discutir en la sala de dicho juzgado con sede en Guadalajara.

De acuerdo con el expediente 760/2013 –que se puede consultar en el siguiente link
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp del día 15 de abril-- fue la ciudadana Silvia Gutiérrez Estrada, quien promovió el incidente de suspensión de la licitación pública, por lo que se está citando de manera directa al presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez para el viernes, a través del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a esta localidad.

Al mismo tiempo, este Juzgado Primero de Distrito admitió la demanda de garantías, por lo que está pidiendo a las autoridades responsables sus informes justificados (de cómo hicieron la convocatoria nacional para la licitación pública) y cita a las partes a una audiencia constitucional a las 9:23 horas del próximo 09 de mayo.

No omite decir, el mismo juzgado, que “por duplicado y cuerda separada se ordena tramitar incidente de suspensión; se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las documentales que acompaña la parte quejosa, mismas que se tomarán en cuenta en su oportunidad procesal”.

LAS OBJECIONES

Hasta ahí la información que viene en la página de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y aunque aún no tenemos acceso al expediente es claro que las documentales presentadas por Silvia Gutiérrez Estrada objetan las omisiones dolosas que se presentaron en las bases de la convocatoria, su forma y su fondo, desde el momento en que fue lanzada y publicada mañosamente y los “candados” que no permiten competir en condiciones iguales a todas las empresas interesadas en la concesión del alumbrado público.

Es probable que en la demanda también se señalen las graves violaciones que se hicieron a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, desde el momento que se ignoraron varias disposiciones legales que permiten objetar dicha convocatoria y licitación pública nacional.

Y es que la prisa del Mochilas por entregar el alumbrado público a una empresa previamente seleccionada y escogida en lo oscurito (hasta ahora se sabe que traen tratos con la filial mexicana de la firma francesa Citélum, Citélum México S.A de C.V.) lo ha llevado a pasar por alto importantes puntos legales que tarde o temprano le van a tronar en las manos.

Por lo pronto, el amparo ya fue admitido por un Juzgado de Distrito y seguramente la ciudadana Silvia Gutiérrez Estrada sea representante de una empresa afectada que no pudo participar en igualdad de circunstancias por las bases de la convocatoria, que tienen dedicatoria para alguien en especial, es decir, es un traje a la medida, un negociazo que está a punto de cuadrar El Mochilas, pero que también, está a punto de caérsele en caso de que un juez federal acepte la suspensión del proceso de licitación.

BLOQUE OPOSITOR DE PAPEL

En este contexto, el único regidor que ha hecho algunas críticas a la licitación del alumbrado público ha sido el panista Humberto Muñoz Vargas –aunque no le ha dado el seguimiento suficiente, sólo vanos intentos--, quien acusó al Mochilas y a los 14 regidores de buscar hacer negocio en beneficio propio.

De hecho, esta polémica licitación ha dado al traste con el llamado “frente opositor” de regidores en el Cabildo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, ya que al ser acusados los 14 regidores por Humberto Muñoz, también señaló con dedo flamígero a Tito Yerena, Jesica Yerena, Agustín Álvarez Valdivia, Adrián Méndez y Jesús Anaya Vizcaíno (los supuestos ediles de oposición que representan al PRI, PAN, PRD, y PVEM), lo que significa un claro desmarque y un alejamiento de Muñoz Vargas con el resto de sus compañeros por actos deshonestos y quizá por corrupción, pues ya se comienza a hablar de que Ramón Guerrero los habría corrompido.

Por otra parte, el negocio de la concesión del alumbrado es muy claro y se trata de pagar 80 millones de pesos en un año a la empresa ganadora y o en su caso de “rescatarla” mediante una millonaria indemnización, es decir, cumpla o no cumpla con lo estipulado en el contrato, quien gane la licitación ya tiene asegurado el pago de una importante cantidad de dinero líquido, constante y sonante.

Quizá muchos no se han dado cuenta, pero en las bases de la convocatoria, en el apartado que dice “Rescate de la Concesión”, se puede leer claramente lo siguiente: “El Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, podrá rescatar la presente concesión, por causas debidamente justificadas que sean de interés público y mediante indemnización que deba entregarse al concesionario”.

EL CASO PUEBLA

Y es que lo mismo sucedió en Puebla, cuyo Ayuntamiento tuvo que pagarle 30 millones de pesos a la empresa Citélum por retirarle la concesión, cuando ya faltaban sólo unos meses para que concluyera el contrato.

Pero no sólo eso, el siguiente Ayuntamiento poblano, que es el que está vigente y que encabeza el alcalde Eduardo Rivera Pérez, entregó una concesión amañada de alumbrado público por 152 millones de pesos a la misma cuestionada empresa francesa Citélum, a pesar de los malos antecedentes de ésta cuando trabajó en la administración de Luis Paredes, citó en su momento el diario digital
www.diariocambio.com.mx

El 18 de agosto del año pasado, indicó el medio electrónico, el Comité de Adjudicaciones del Municipio de Puebla, entregó a la filial francesa Citélum un contrato de prestación de servicios por el resto de la administración por un monto de más de 152 millones de pesos para la instalación y mantenimiento de luminarias.

La justificación de la firma del contrato para Citélum fue que no participó otra empresa que ofreciera un servicio de calidad.

Allá, el fallo del proceso de licitación fue anunciado por Alejandro Fabre Bandini, secretario de Medio Ambiente y Servicios Públicos, y el secretario técnico del Comité Municipal de Adjudicaciones, Eduardo Reed San Román.

Fabre Bandini negó que las bases de la licitación fueran un “traje a la medida” de la empresa francesa pues indicó que se trató de una convocatoria abierta y confirmó que las empresas que participaron abandonaron la puja desde antes de la presentación de la propuesta técnica.

LICITACIÓN A MODO

Fabre Banidini negó que las bases de la licitación se hayan realizado con el afán de favorecer a la filial francesa, por solicitar con un software denominado City Gestion -relativo al conocimiento del estado de las luminarias de la capital- que supuestamente sólo posee esta empresa, no obstante señaló que en la ciudad hay muchas empresas que cuentan con esta información, como una empresa conocida que se dedicó a actualizar la base del Catastro.

Además aseguró que las empresas participantes abandonaron por cuenta propia la licitación sin la necesidad de que se les descalificara: “Nadie fue descalificado porque no cumplió, solitas las empresas o no se presentaron o declinaron”.

Los funcionarios aseguraron que se habían inscrito siete empresas: DT Instalaciones Eléctricas SA de CV, Grupo MCG SA de CV, Euro Construcciones Electromecánicas y Civiles SA de CV, GR Construcciones SA de CV, Citélum México SA de CV, Grupo Sinergia SA de CV y Jalco Iluminación SA de CV. No obstante, durante la junta de aclaraciones sólo se constató la participación de tres empresas, se trató de GR Construcciones SA de CV, Euro Construcciones Electromecánicas y Civiles SA de CV y Citélum. Las dos primeras abandonaron la puja no sin antes señalar que “las bases de la convocatoria estaban muy complicadas y con la duda de que una empresa mexicana pudiera hacerse cargo”.

Desde ese momento a la presentación de propuestas técnicas y económicas sólo se presentó la empresa Citélum.
Bandini reconoció que efectivamente se trató de una licitación para empresas grandes, cuando en la ciudad de Puebla de antemano se sabía que con esta característica sólo la tenía Citélum: “No hicimos bases de licitación para empresas infantiles, quisimos que el ganador tuviera esta capacidad de poderse moverse en este nivel, estamos hablando que la ciudad de Puebla es una de las más importantes de América Latina y contratamos algo para mejorar la calidad del alumbrado”.

Al respecto, un columnista del diario “Cambio”, escribió: “Por si a los funcionarios de la actual gestión municipal se les olvidó, me permito recordarles que la concesión del alumbrado público de la ciudad a Citélum se convirtió en un gran negocio solamente para esa empresa y, en especial, para uno de sus representantes: el tristemente célebre José Córdoba Montoya, el francés que fuera súper asesor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

El 3 de agosto del 2003, el periodista de Proceso, Álvaro Delgado, relató; “el ex asesor de Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, reapareció en la escena pública. Como empresario, pretende vender energía eléctrica para el alumbrado de las calles de Puebla. Simultáneamente, es consejero político del alcalde panista cuya aspiración es, nada menos, convertirse en gobernador del estado”.

Algo que también se olvida es que Citélum y su filial poblana, MMA, no alumbraron la ciudad, pese a que se comprometieron a hacerlo cuando Paredes Moctezuma les dio la concesión, ya que dejaron en oscuras a las periferias y juntas auxiliares de la ciudad y solamente iluminaron el Centro Histórico y las zonas comerciales, como la Juárez y Plaza Dorada”.

En Puerto Vallarta, hay que poner mucha atención al juego que trae El Mochilas para salirse con la suya y lograr este gran negocio, ya que en la pasada Junta de Aclaraciones –que estuvo exageradamente custodiada por policías municipales, aun cuando se trata de una licitación pública—se acordó realizar una Segunda Junta de Aclaraciones, programada para este jueves 18 de abril en las instalaciones de la UMA.

En la primera Junta, se presentaron sólo 17 empresas de las 30 registradas y según el regidor Jesús Anaya Vizcaíno, el resto de las firmas no fueron descalificadas, sino que podrán participar en la Segunda Junta, mientras que las propuestas y la apertura técnica y económica será el 24 de abril, en tanto que el fallo se movió para el día tres de mayo, y el día ocho de mayo ya se estaría firmando el contrato respectivo con la ganadora.

Por último hay que preguntarnos: Si la convocatoria de Puerto Vallarta es una copia al carbón de la de Puebla, entonces las cosas ya estarían más que arregladas para que la filial de la empresa francesa Citélum se quede con la concesión… aunque todavía habrá que esperar que dice el juez de Distrito.

 

martes, 9 de abril de 2013

CONVOCATORIA INVALIDA E ILEGITIMA, CON LA QUE PRETENDEN CONCESIONAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PV




Por Jorge Olmos Contreras

Mañana jueves en el edificio de la Unidad Administrativa Municipal (UMA), se llevará a cabo la segunda fase programada por el alcalde Ramón Guerrero Martínez, mejor conocido como El Mochilas, para entregar en concesión a una empresa privada el Servicio de Alumbrado Público de Puerto Vallarta, ya que a las 11:00 en punto se celebrará la llamada “Junta de Aclaraciones” prevista en la convocatoria correspondiente y en donde se sabrá qué nuevas modificaciones se le hacen a las bases de la licitación LPN-001/2013 publicada el pasado jueves santo.

Como se ha dicho, los concursantes deberán entregar en sobre cerrado la cantidad de ocho millones de pesos, el 10 por ciento del monto a financiar para el cambio de 18 mil 100 luminarias –trabajos que se realizará en los próximos dos años a la firma del contrato--, es decir, 80 millones de pesos.

Y aunque el tema es de primera importancia, porque casi es seguro que se comprometan las participaciones federales y estatales del municipio para garantizar la viabilidad del pago a la empresa ganadora (pues el esquema de la fianza lo pueden modificar mañana mismo), ningún regidor –salvo el panista Humberto Muñoz Vargas—ha levantado la voz para detener esta ventajosa licitación, mucho menos se ha visto la crítica dura de los organismos empresariales de la Iniciativa Privada, como la Canaco, la Canirac, la Asociación de Hoteles, de Desarrolladores Turísticos de Tiempos Compartidos o la Coparmex; tampoco hemos escuchado la postura de otros sectores como el obrero y o los dirigentes políticos.

Pareciera que todos pasan por una modorra enfermiza y que no les importa que un presidente municipal vuelva a comprometer las finanzas municipales y hacer un gran negocio con la concesión del Alumbrado Público.

Ojalá y no se lamenten después, cuando sea demasiado tarde y el daño ya esté hecho.

CONVOCATORIA DIRIGIDA

Pero estamos a tiempo de impedir que El Mochilas se salga con la suya, toda vez que hay elementos suficientes para sostener que la convocatoria es inválida e ilegítima, al violar las principales Normas Oficiales Mexicanas en la materia y porque no se apega a las disposiciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE); porque está amañada y dirigida para favorecer a una empresa en lo particular y porque pasa por alto la legislación, sobre todo en lo que respecta a la Ley de Obras y Servicios, Relacionados con las Mismas (que es de carácter federal) y su Reglamento.

Veamos:

1.- El presidente municipal de Puerto Vallarta y su grupo de regidores pretenden negociar el servicio de Alumbrado Público mediante una licitación dirigida a favorecer a sus contratistas preferidos.

2.- En una convocatoria escondida en medio de la Semana Santa, impulsaron unas bases dirigidas sin recato para ajustarse exactamente a las condiciones financieras, empresariales y tecnológicas de una de las empresas participantes, Led Lumina Leasing S.A de C.V. y o Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido S.A de C.V., o en su defecto, a la francesa Citelum, que opera en Puebla y cuya convocatoria es idéntica a la de Vallarta.

3.- Para tal fin, la convocatoria desconoce las disposiciones legales, técnicas y de preservación ambiental que rigen en México, recogidas de los lineamientos mundiales en la materia.

EXTRAÑO MECANISMO DE EVALUACION

4.- No exige la comprobación de las especificaciones normativas y técnicas vigentes y en cambio pide márgenes de ahorro energético del 30 por ciento, muy por debajo del porcentaje de eficiencia que exige la Norma Oficial Mexicana (NOM 0031 Ener-2012) y de lo que ofrecen otras tecnologías disponibles ya en México, que es alrededor del 80 por ciento. Por si fuera poco, pretenden renovar parte del parque de alumbrado público con lámparas actualmente prohibidas (de vapor de sodio) por la alta contaminación que producen.

Las de led, menos contaminantes, y que serán el 80 por ciento de la renovación, las limitaron a focos de 45 watts.

5.- Esta convocatoria es la más dirigida y amañada que se conozca en el mercado, que constriñe los plazos inusitadamente con el mismo propósito, pues en menos de un mes quiere adjudicar una licitación nacional, y por otra parte, laxamente concede dos años para realizar la conversión del sistema de alumbrado, cuando se puede hacer en seis meses.

6.- Plantea extrañamente un mecanismo de evaluación para otorgar el fallo omitiendo la calificación de la postura técnica, que debiera ser la más ponderada; y propone a cambio criterios para calificar los antecedentes empresariales de los licitantes, donde curiosamente se valoran los contratos similares que hayan obtenido las empresas, como los conseguidos privilegiadamente por Led Lumina en el sexenio pasado, por ejemplo.

Es decir, que no se calificará la postura técnica, sino al licitante previamente escogido.

7.- Por el mismo camino, la convocatoria pretende valorar con peso determinante un programa digital buscador de información cartográfica (ERP), que causalmente es el que posee la misma empresa, pero que tampoco es el sistema más moderno y eficaz hoy en día.

CONTRATO INVIABLE

8.- En los aspectos económicos, marca un valor de referencia para la substitución de las luminarias que solamente permitirá cambiarlas por focos chinos, objetivo y práctica especial de la empresa favorecida.

9.- Financieramente, el contrato de concesión que el presidente municipal desea entregar a dicha empresa, es inviable y podría terminar con una venta frustrada de equipos de bajísima calidad o falsificados, que después costarán mucho en mantenimiento al municipio por su escasa duración.

10.- Ignora la convocatoria que hay modelos de negocio que exentarían totalmente de cualquier erogación al Ayuntamiento y que lograrían un servicio autofinanciable y apoyado con inversión de riesgo privada e incluso extranjera.

En suma, en desobediencia de la Constitución Federal, el presidente municipal y su grupo de Regidores privarán a Puerto Vallarta de un Sistema de Alumbrado Público Moderno, eficiente, sustentable y autofinanciable.

En su lugar tendrá uno deficiente, caro, contaminante, encubierto por una licitación impúdica que supone un negocio indebido en agravio del interés y el erario público.

11.- La convocatoria es inválida e ilegítima, por todo lo que se refiere y específicamente porque viola las leyes y las Normas Oficiales Mexicanas vigentes para la eficacia del alumbrado público en el país.

De hecho, existe una inconsistencia jurídica grave, observada en las bases de la licitación, que consiste en omitir que la Comisión Nacional Para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) de la Secretaría de Energía, certifique la tecnología a usar, como lo establece la Norma de 2012 y deja a discrecionalidad y buena fe de las empresas manifestar que cumplen con la Norma, es decir, se estarían auto certificando.

En estos 11 puntos, se puede observar cómo El Mochilas entró a un camino sinuoso para entregar el Servicio de Alumbrado Público a la compañía que ellos ya eligieron de antemano. El resto será simple simulación y pérdida de tiempo para empresas de renombre nacional y mundial que pensaban que la licitación nacional establecía criterios serios para competir en igualdad de circunstancias, y no unas bases amañadas, previamente planchadas para favorecer a una que más temprano que tarde, se sabrá, tiene interés personal el presidente municipal.

Por ello, es muy importante que los empresarios organizados de Puerto Vallarta exijan transparencia, orden jurídico y libre competencia en esta licitación, para evitar que en el futuro inmediato nos llevemos un fiasco con la entrega de tan importante servicio público a empresarios de fuera, que no tienen ningún arraigo en la ciudad y que sólo vienen por el dinero.

Por lo pronto, como lo anunciamos en otro espacio, ya hay más de dos empresas que recurrirán al amparo para echar abajo la licitación, mientras que otros preparan todo un estudio jurídico para evitar que El Mochilas realice un acto contrario al interés público, es decir, al de los vallartenses.

INFORMACION CLASIFICADA

UN VALLARTENSE DE VALLARTA, DE POFESION INGENIERO, PODRIA ser el primer ciudadano que a título personal se ampare contra la licitación del Servicio de Alumbrado Público, porque precisamente lesiona los intereses de todos los ciudadanos. De confirmarse esta acción, se sumaría a otras que dejarían en la cuerda floja el gran negocio de Ramón Guerrero Martínez y sus secuaces.

 

MAURICIO CALDERON MEJIA, UN LADRON PROFESIONAL DE TIERRAS EJIDALES A PUNTO DE IR PRISION POR EL DESPOJO A EL CAPOMO


Por Jorge Olmos Contreras

En el ejido de El Capomo, ubicado en las ricas tierras del municipio de Compostela, Nayarit, un día llegó un chilango con aspecto de gringo y se presentó ante la asamblea ejidal para contarles un cuento chino: Que traía inversionistas de alto poder financiero para comprar 29 hectáreas del núcleo ejidal en 20 millones de pesos, por lo que de inmediato le abrieron las puertas los ambiciosos dirigentes de este ejido, en hechos ocurridos entre los años 2005 y 2008.

Se trata de Mauricio Calderón Mejía, un especulador de tierras ejidales que compra y vende lo que puede y que cuando le dejan las manos libres, también se las roba, como sucedió con casi 90 hectáreas que forman terrenos de uso común del ejido El Capomo y que ahora son codiciadas por muchos inversionistas por estar frente al océano pacífico, en una zona donde el Fondo Nacional para el Fomento del Turismo (Fonatur), tiene proyectado una detonación turística con inversiones superiores a los mil millones de pesos.

Mauricio Calderón nunca pensó que sería tan fácil apoderarse de estas valiosas tierras con el cuento de que les entregaría a los ejidatarios mucho dinero, ya que los convenció para que simularan una asamblea ejidal donde le reconocían ser el poseedor de 29 hectáreas, primero y de 60 hectáreas después; para dar un total de 89 que le arrebató al ejido mediante asambleas espurias y fraudulentas.

Así las cosas, mediante actos simulados decíamos y con la complicidad del comisariado ejidal, formado en ese entonces por Camilo Salazar Figueroa, Francisco Hugo Montoya Ríos, Regino Ruiz Flores y Santos Barragán Guerrero, así como con la sospechosa actitud del Delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Nayarit, Mauricio Calderón se hizo indebidamente de las 89 hectáreas, 29 de las cuales ya habría vendido a la empresa constructora de vivienda “Dynamica”, se dice, en unos 100 millones de pesos.

UN MUNDO DE MENTIRAS

Al sentirse seguro del fraude que había cometido y con el dominio pleno de las 29 hectáreas, les habría dicho a los ejidatarios que les entregaría “al menos” dos millones de pesos, siempre y cuando le concedieran el “derecho al tanto” para así completar la maniobra y despojar por completo de su patrimonio al ejido El Capomo.

Las otras 60 hectáreas, que también son patrimonio común del ejido, también habrían sido ya transadas por Mauricio Calderón en precios que, según versiones ejidales, oscilan en los cinco millones de pesos por hectárea, es decir, unos 300 millones de pesos. Sin embargo, se desconoce a quién o a quienes les habría vendido el polígono donde se encuentra esta extensión de terrenos.

Pero como no hay crimen perfecto, a Mauricio Calderón se le ha comenzado a caer su mundo de mentiras y engaños y con ello está a punto de ir a prisión, sobre todo porque se trata de un despojo contra el ejido El Capomo, y un presunto fraude contra la empresa Dynamica, que sin saber se habría metido en un problema de gran envergadura al supuestamente comprarle a Mauricio esas 29 hectáreas que, insistimos, formaban y forman  parte del patrimonio ejidal y tarde o temprano –por mandato judicial-- tendrán que reincorporarse a sus legítimos dueños, es decir, a todos los ejidatarios con derechos agrarios a salvo.

No sabemos la cara que van a poner los directivos de Dynamica que presuntamente se enfrascaron en negociaciones con Mauricio Calderón, lo que si sabemos, es que desde el 2011, la nueva mesa directiva del ejido (integrada por Mario Franco Nieves, José Luis de León Franco, Cándido Ramos García y José Joaquín Monteón Parra) interpuso una demanda contra todos los involucrados, o sea contra Mauricio Calderón, los cuatro ex dirigentes de El Capomo y contra el entonces delegado del RAN en Nayarit, pidiendo la nulidad de dos juicios fraudulentos que dieron pie al despojo.

LOS JUICIOS

La demanda fue presentada el 20 de octubre del 2011 en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19 con sede en Tepic, según el expediente 940/2011 y en la misma piden la nulidad de todo lo actuado dentro de los juicios agrarios 333/2007 y 334/2007, promovidos a su vez por Calderón Mejía para quedarse con las tierras.

Se sabe que Mauricio Calderón y su familia llegaron hace años a la región del ejido El Capomo, y en la parte baja,  en la playa conocida como El Tizate, compraron unas extensiones de tierras, pero se ignora cómo se hizo poseedor de las parcelas ejidales y que después, mediante artimañas se apoderó de las mismas con la complacencia de la mesa directiva ejidal 2005-2008 y, desde luego, con la actitud ligera y sospechosa del magistrado Francisco García Ortiz, quien atendió uno de los juicios.

Pero vamos por partes:

El 14 de abril de 1996, la Asamblea del Ejido El Capomo aprobó un acta relativa a la delimitación, destino y asignación de tierras, pero posteriormente, a través del juicio 333/2007, Mauricio Calderón pidió que se declarara la nulidad del acta “porque indebidamente no fueron asignadas (13.76, ni 29.56 hectáreas), al hoy suscrito, ni a persona alguna, sino que quedaron dentro de la dotación presidencial que cuenta nuestro ejido”.

Luego, mediante otro juicio –radicado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XIX con sede en Tepic-- el identificado con el numeral 334/2007, Mauricio Calderón, demandó lo mismo, es decir, la nulidad del acta del 14 de abril de 1996 en el que se hizo la delimitación, destino y asignación de tierras; pero en este caso, porque según él “indebidamente” no le fueron asignadas 43.19 y 6.91 hectáreas respectivamente.

EL EMPLAZAMIENTO

El 27 de mayo del 2007 se admitieron las demandas de Mauricio Calderón y se emplazó a los ejidatarios demandados para el 27 de junio en la sala de audiencias del Tribunal Agrario, donde curiosamente las partes manifestaron su deseo de terminar con el conflicto y celebrar un convenio, acuerdo que sería lesivo a los intereses del ejido.

En efecto, en el convenio, los hoy demandados por la nueva mesa directiva del ejido, Camilo Salazar, Francisco Hugo Montoya y Regino Ruiz Flores, admitieron que Mauricio Calderón había poseído en forma pública, pacífica, continúa y de buena fe, las cuatro parcelas, pero, subrayaron, que con motivo del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) “fueron incluidas en los terrenos de uso común del ejido de manera involuntaria”.

En este contexto y con el pretexto de “subsanar el error involuntario”, estos directivos ejidales celebraron el convenio, según dijeron, de manera “voluntaria, libre y espontánea, sin coacción de ninguna índole”, y así dejaron sin efecto legal el acuerdo de Asamblea General de Ejidatarios de Delimitación, Destino, Asignación de Tierras Ejidales, Asentamiento Humano y de Uso Común, del 14 de abril de 1996.

Nótese cómo tuvieron que transcurrir 11 años para que Mauricio Calderón demandara la nulidad de dicha asamblea, quizá porque se encontró una mesa directiva a modo y un magistrado complaciente, una auténtica mina de oro.

Y es que al firmar el convenio, la entonces mesa directiva de El Capomo permitió que se le adjudicaran y reconocieran a favor de Mauricio Calderón, 89 hectáreas como posesionario de las cuatro parcelas, en perjuicio del patrimonio del ejido, con el agravante, de que Mauricio ya habría vendido las primeras 29, y las otras 60, se rumora, ya las habría comprometido en cerca de 300 millones de pesos.

En otro espacio vamos a analizar las razones jurídicas que exponen los actuales ejidatarios, cuya mesa directiva, como ya señalamos, demandó la nulidad de los convenios y asambleas en que se le regalan las parcelas al señor Calderón, porque entre otras muchas irregularidades, se tiene la certeza de que no se llevó a cabo la asamblea en que se decidió firmar el convenio de reconocerle a Mauricio dichas hectáreas; tampoco se contó con el 50 más uno de los ejidatarios que exige la ley para estos casos; se utilizaron firmas y documentos falsos y hay por lo menos 22 campesinos que no reconocieron su firma.

Y lo que es peor, hasta un muerto votó y una señora tuvo la dualidad de la ubicación, pues estando en Estados Unidos, también emitió el sufragio universal en la asamblea fantasma.

El juicio tendrá que desahogarse hasta sus últimas consecuencias y cuando eso suceda, es seguro que el señor Calderón Mejía pierda y se vea atrapado por sus propios intereses y codicia, al ya haber supuestamente vendido lo que no le pertenecía, un fraude por el que no alcanzaría fianza en caso de ser detenido por “el gobierno de la gente”.

INFORMACIÓN CLASIFICADA

ORIGINARIO DEL DISTRITO FEDERAL, MAURICIO CALDERON MEJIA es un terrateniente al que se le atribuye el manejo de cientos de millones de pesos en la compra venta de terrenos ejidales en diferentes partes de la República Mexicana. Se sabe que su cuñado es el empresario judío, Isaac Oberfeld Dantus, ex dueño de las tiendas Milano.

El caso de El Capomo es sólo la punta del Iceberg de los asuntos oscuros que hay alrededor de Mauricio Calderón.

domingo, 7 de abril de 2013

LAS TRAMPAS Y "CANDADOS" DE LA LICITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VALLARTA




Por Jorge Olmos Contreras

En las prisas por entregar la concesión del alumbrado público de Puerto Vallarta, el alcalde Ramón Guerrero y su camarilla que trajo de Guadalajara (léase Antonio Pinto-Juan Hernández-Diego Franco-Oscar Delgado etc.), están pasando por alto detalles técnicos, financieros y jurídicos, con tal de beneficiar a una empresa en la que tienen especial interés y que tarde o temprano le va a acarrear problemas no sólo a la ciudad, sino a las finanzas del propio municipio.

Se trata de una licitación por financiamiento, donde el principal candado es que las empresas que concursen tendrán que tener una figura precisamente financiera para poder invertir 80 millones de pesos en el primer año de la concesión y cambiar 18 mil 100 luminarias en un periodo máximo de dos años. A cambio recibirán una contraprestación mensual por el servicio de alumbrado público, siempre y cuando el cambio de lámparas y balastras le garantice al Ayuntamiento un ahorro energético del 30 por ciento de lo que paga actualmente.

De entrada, la mayoría de las empresas que se inscribieron –30 según el Secretario General, Antonio Pinto—van a ser descalificadas por no tener esa dualidad financiera para poder financiarle al Ayuntamiento los 80 millones de inversión por el cambio de las luminarias.

Sin embargo, llama la atención que la empresa Led Lumina S.A de C.V. sí reúne estas características, pues además de vender luminarios de LED, es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), es decir, sí cumple con el requisito.

LA RELACION DE “LAMPARAS
AHORRADORAS” Y “LED LUMINA”


Hay que recordar que Led Lumina es la firma en la que se ha insistido que está la mano de Eugenio González Márquez (actual asesor externo del Mochilas y hermano del exgobernador de Jalisco, Emilio González) y que ha conseguido concesiones muy cuestionadas tanto en la entidad, como en Autlán y Chapala; y también en otras ciudades del país, como lo hizo recientemente en Ensenada, donde le pagarán más de cuatro millones de pesos mensuales por el servicio.

El representante de Led Lumina que participó en todas las reuniones de la licitación de Ensenada, se llama José Ignacio Natera Ramírez.

Pues bien, este señor José Ignacio Natera Ramírez también aparece como socio de la empresa “Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido S.A de C.V.” que se constituyó el 17 de abril del 2007 en la notaría pública número 127 de Guadalajara y lleva como socios a Fernando González Herrera, Marco Antonio Araiza Chacón, Federico Cuevas Sánchez, Javier Natera Vargas, Ricardo Madrid Contreras y Lorenza Guillermina González Paul de Preciado, según documentos en poder del columnista.

Esto viene a colación, porque al ventilarse en los medios de comunicación que El Mochilas estaba planchando la licitación para favorecer a Led Lumina, al parecer hubo un cambio de estrategia y la nueva empresa que están proyectando para quedarse con la concesión sería “Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido S.A de C.V.”, que todo parece indicar, es una sociedad hermana de Led Lumina S.A de C.V, es decir, podrían ser los mismos.

LOS CANDADOS DE LA LICITACION

Quizá por ello están poniendo uno y mil candados a la licitación para que de las 30 empresas que se inscribieron, al final sólo queden dos o tres y le entreguen la concesión a la que, según ellos, tenga más experiencia, conocimiento y contratos comprobados con otros municipios. Y aquí, sólo Led Lumina y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido cuentan con más concesiones que cualquier otra, por lo que es fácil deducir que el asunto está prácticamente planchado.

Empero, hay que detenerse a revisar varios puntos de índole tecnológico y financiero que traen las bases de la licitación, toda vez que en el primer rubro, están privilegiando la tecnología led por encima de cualquier otra, ya que en el documento se señala que se renovará con tecnología LED cuando menos el 80% de la totalidad de puntos de luz del Municipio, con potencias de 45 a 210 watts.

Al señalar la frase “cuando menos”, quieren decir que el 80 por ciento o más de las lámparas cambiadas serán de luz led, con el riesgo de que suceda lo que ya pasó en otras concesiones en la entidad en que se renovó el parque luminario, pues utilizaron insumos chinos de muy calidad y al final el servicio fue pésimo.

No sólo eso, sino de que con este “cuando menos” 80% de lámparas led, también se corre el riesgo de oscurecer aún más aquellas zona de la ciudad que ya tienen en función otro tipo de luminarias de más de 70 watts, pues al obligar a la concesionaria a que le ahorre al municipio un 30 por ciento de lo que paga a la CFE por consumo de energía, es claro que la empresa ganadora no va a utilizar focos de 100 watts o 210 como máximo, sino que se van a ir a niveles menores como la potencia de 45 watts; sino pregúntese usted, cómo le van a hacer para conseguir el ahorro deseado.

PRIVILEGIAN TECNOLOGIA LED

En este sentido, quien elaboró las bases de la licitación está desdeñando la tecnología de Aditivos Metálicos Cerámicos, que son los que se usan con mayor índice actualmente en las ciudades medias europeas, ya que señalan que se renovará con esta tecnología “cuando más” el 17 por ciento de la totalidad de los puntos de luz, con potencias de 50 a 150 watts, mientras de que Vapor de Sodio de Alta Presión se cambiarán “cuando más” el tres por ciento de las luminarias, con potencias que van de los 70 a los 250 watts.

Observen que en las de led se bajan hasta 45 watts, por ser la mayoría, es decir, el 80%. Y las que mayor eficiencia lumínica proporcionan, el 17%, sólo las dejan en potencias mínimas de 50 y 70 watts respectivamente; por lo que es casi seguro que pongan luminarias de luz blanca de baja potencia que no aluzarán bien y sí, en cambio en su conjunto, van a generar el dañino dióxido de carbono.

En el actual censo de las luminarias existentes en Puerto Vallarta, 18 mil 100, ninguna opera debajo de los 70 watts, la mayoría son de vapor de sodio de alta presión; el 32% de inducción magnética y sólo 3.9% de aditivos metálicos; pero el Ayuntamiento nos va a poner led blancas de 45 watts, o sea unas de menor efecto lumínico.

El candado es claro, ya que requieren que el licitante adjudicado provea por lo menos el 80 % del alumbrado de Puerto Vallarta con luminarios de LED, y el Municipio solo pide en la licitación el 70 % de eficiencia energética (70 lúmenes/Watts) a los luminarios de LED, y quien provee luminarios de LED con esa baja eficiencia es LED LÚMINA.

En cambio pide al licitante adjudicado cuando mucho el 17 % de luminarios con aditivo metálico cerámico, o sea con un solo luminario de esta tecnología cumple, pero exige una eficiencia mayor al 100% (mayor al 100 lúmenes/watts); esto es, al presidente municipal Ramón Guerrero Martínez "El Mochilas" le gustan más los luminarios menos eficientes de LED, porque con ello, seguramente beneficiará a sus amigos de negocios.

FIANZA O PAGAR CON PARTICIPACIONES

Por otra parte, el Ayuntamiento dejó correr la versión de que las empresas concursantes tendrán que pagar el 10 por ciento de la cifra a financiar, 80 millones de pesos, es decir, ocho millones de pesos, que garantizan su devolución mediante fianza, para espantar a los participantes y dejar sólo a quienes a ellos convenga.

En las bases, se señala que el gobierno garantiza el pago del servicio a la empresa que gane la concesión, mediante una fianza, pero este esquema podría cambiar el próximo jueves 11 de abril en la llamada “junta de aclaraciones”, donde es casi seguro que modifiquen la garantía del pago comprometiendo parte de las participaciones federales y estatales que le corresponden al municipio.

En el anexo C de la licitación, se puede leer claramente: “El licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen en la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta”.

Y es que en estos días ninguna empresa toma una concesión de un gobierno municipal o estatal, si no se garantiza en el contrato el pago con las participaciones federales y estatales, mucho menos de una administración endeudada como la de Vallarta. Si esto ocurre en la “Junta de Aclaraciones”, el pueblo ya tiene a quién reclamarle: a los regidores sumisos y agachones que le entregaron un cheque en blanco al Mochilas para concesionar el servicio de alumbrado público por los próximos 10 años.

El negocio es redondo para la concesionaria, ya que en el contrato se va a especificar la cantidad que le van a pagar por cada luminaria sustituida y la operación del alumbrado durante los siguientes 10 años, pero el Ayuntamiento seguirá pagando alrededor de 37 millones de pesos anuales a la CFE por consumo de energía –descontando el 30 por ciento de ahorro de los 42.7 millones proyectados en un ejercicio fiscal--, además de las obras adicionales que tenga que hacer en este rubro.

Finalmente, deberíamos preguntarnos: ¿Dónde está el ahorro para el Ayuntamiento, si seguirá pagando altos consumos y además tendrá que desembolsar otro pago mensual para que una empresa externa realice la operación y el mantenimiento del alumbrado público?

Los regidores, al aprobar la iniciativa de Ramón Guerrero, dejaron la puerta abierta para que entrara la corrupción a raudales, pues no cuestionaron nada, ni siquiera preguntaron el destino de las 23 mil luminarias que la administración del ex alcalde priista, Javier Bravo, compró a la empresa española “ATP Iluminación” por 180 millones de pesos y de las cuales, cientos todavía había en bodega hasta el trienio pasado.

Tampoco cuestionaron el asunto de la garantía que la compañía española otorgó al Ayuntamiento, por 10 años (estamos en tiempo para hacerla valer), en la compra de las 23 mil luminarias, ni mucho menos, el estado de la denuncia penal que supuestamente presentó el ex síndico, Fernando Castro Rubio, contra Javier Bravo por esta compra fraudulenta y lesiva a los intereses de la comuna.

El tema dará para más.

INFORMACION CLASIFICADA

DE ÚLTIMA HORA, HA TRASCENDIDO QUE HAY OTRA EMPRESA QUE ESTA EN PRIMER LUGAR EN LAS PREFERENCIAS DEL MOCHILAS. Se trata de la compañía francesa Citelum, con base en Puebla, cuyos dueños habrían desembolsado la friolera de 30 millones de pesos para garantizar que les otorguen el contrato de la concesión del alumbrado público de Vallarta. Hay un dato revelador: Las bases de la licitación de Puebla (que ganó Citelum) y cuya copia obra en poder del columnista, son idénticas a las de Puerto Vallarta, como que ellos mismos, los de la firma gala, las elaboraron.

Se dice que el ex diputado, Abraham González Uyeda le habría metido 19 millones de pesos a la campaña del Mochilas y que el negocio del alumbrado público va a empezar a recuperar su inversión.

Otro candado, del cual hablaremos en otro espacio, es el software ERP.

También abordaremos la cola de denuncias por incumplimiento que trae esta empresa francesa que ganó la concesión del alumbrado en Puebla y ahora viene por el de Vallarta.

LAS BASES DE LA LICITACION SON TAN EXCLUYENTES, que ya hay más de dos empresas que podrían irse al amparo, de prevalecer los criterios de la adjudicación del alumbrado público. Si la justicia federal admite y reconoce que hay elementos y concede la medida a quien la solicite, es un hecho que la “Licitación Mochilas” se va a caer y con ello, otro gran negocio que ya traía madurando la camarilla de Ramón Guerrero y sus secuaces de Guadalajara.