lunes, 31 de agosto de 2015

REBELIÓN EN LA GRANJA NARANJA DE PV, REGIDORES ELECTOS DEL MC PRETENDEN CHANTAJEAR AL PROXIMO ALCALDE ARTURO DÁVALOS


 
Por Jorge Olmos Contreras

Muchos y muchas ya andan desesperados por saber quién y quiénes ocuparán las principales Direcciones en el gobierno municipal que encabezará el ingeniero Arturo Dávalos Peña a partir del primero de octubre próximo, pero se quedarán esperando, ya que todavía no hay nada para nadie. El presidente municipal electo ya anticipó que su equipo lo dará a conocer precisamente en la primera sesión ordinaria de Ayuntamiento.

Arturo Dávalos trae un esquema diferente a lo planteado por Ramón Guerrero, son estilos diferentes que en cualquier momento van a ocasionar un choque de trenes, de eso estamos completamente seguros.

El Mochilas se caracterizó por ser un político de bajo perfil, que actuaba más bien en las sombras, le gustaba esconderse, no fue un alcalde de puertas abiertas, no entabló un diálogo permanente con los diferentes sectores de Puerto Vallarta, en ocasiones hasta se peleó con el sector privado y sostuvo un enfrentamiento permanente con los regidores de oposición y, sobre todo con dos del Movimiento Ciudadano, con Susana Mendoza Carreño (quien después se pasó al PRD) y con el desaparecido regidor Humberto Gómez Arévalo; ya no se diga con el panista Humberto Muñoz Vargas, su verdadera piedra en el zapato.

EL CONCILIADOR

Arturo Dávalos por su parte, es un político más bien conciliatorio, está buscando la manera de sumar a todos los sectores en la toma de decisiones, incluso al momento de conformar su equipo de trabajo, quizá por eso no ha dado a conocer nombres de las mujeres y los varones que ocuparán las principales direcciones.

Arturo Dávalos trae ganas, está dialogando con empresarios, líderes de opinión, con grupos de taxistas, con los sindicatos, incluso con los regidores electos de oposición para invitarlos a trabajar por Puerto Vallarta.

Sin embargo, a Arturo Dávalos se le está pasando un pequeño detalle, y este es atender las inquietudes de los regidores de su propio partido, es decir, a los del Movimiento Ciudadano.

LA REBELIÓN

Decimos lo anterior, porque sabemos que ya existen indicios de rebeldía entre un grupito de regidores encabezados por Juan Solís García, quienes pretenden presionar al presidente municipal electo para exigirle cuotas de poder. En otras palabras, estos ediles quieren saber cuáles comisiones les van a asignar –esto hasta cierto punto es normal—pero también quieren saber qué les va a dar Arturo Dávalos para tenerlos de su lado, es decir, están recurriendo al chantaje ruin y vulgar para lograr prebendas y canonjías.

No son todos, pero si son por lo menos tres de ellos, los que están haciendo juntas en lo oscurito para determinar cómo es que le van a exigir cuotas de poder al alcalde electo. Entre otras, que les abran el abanico para meter por lo menos, cada edil, entre 10 y 30 recomendados a laborar en el Ayuntamiento.

Este grupúsculo de munícipes chantajistas está siendo alentado por alguien que si les digo el nombre no lo van a creer. Bueno si pensaron en El Pitas Pelayo, acertaron, ya que en el incipiente movimiento de esta farsa que bien podríamos llamar “Rebelión en la Granja”, como la novela del escritor británico George Orwell, también está el regidor electo Homero Maldonado, una especie de hijo putativo del todavía alcalde interino.

El tercer inconforme de la lista es Eduardo Martínez, un personaje que salió de las filas de la CROM y que obedece a los intereses de Alfredo El Güero Barba, el vetusto dirigente obrero que tiene su residencia en Guadalajara.

LAS ZANCADILLAS DEL PITAS

El Pitas Pelayo es quien está atrás de las zancadillas que le pretenden meter a Arturo Dávalos Peña, a quien pretende doblegar con una tercia de regidores naranja que piensan que pueden exigirle espacios al alcalde electo, pero no tienen los tamaños, ni estos tres ni el Pitas Pelayo, para hablarle de frente a Dávalos Peña.

Con Juan Solís, el Pitas Pelayo encontró el caldo de cultivo ideal, toda vez que este regidor electo está sumamente celoso por el trato que ha recibido en el último trecho de esta administración el ex priista David de la Rosa.

Juan Solís y David de la Rosa forman parte importante de la congregación religiosa La Luz del Mundo, de ahí que el edil esté rabioso por la forma en que ha escalado su coterráneo al interior del gobierno municipal y el papel que le van a dar en el próximo Ayuntamiento, que casi, casi será Participación Ciudadana, a menos de que mis fuentes me fallen.

Por eso han recurrido a la insidia y al rumor y ahora quieren aparecer como víctimas del Movimiento Ciudadano. El Pitas Pelayo cree que Arturo Dávalos y El Mochilas sólo lo utilizaron (aquí déjenme detenerme para pedirles que gritemos todos en coro… ¡Brujo!) y que lo han abandonado, que ya ni lo pelan, que no lo toman en cuenta y por eso ha armado a sus guerreros (aunque sólo sean tres) para presionar a Dávalos y pedirle que les abran la cartera y así poder meter a cientos de nuevos recomendados a la nómina municipal.

Pero sabemos que Arturo Dávalos, nada tonto, ya midió al Pitas y a sus regidores electos rebeldes y que, incluso, ya les envió un mensaje de que no podrán meter a más de tres personas a trabajar en sus encargos como ediles. Que si piensan que lo van a doblegar, están muy equivocados.

REGIDORES CHAFAS

En Puerto Vallarta estamos cansados ya de esta situación política, ya no queremos regidores chantajistas, chambistas u oportunistas. No, ya no.  Queremos, eso sí, ediles comprometidos con Vallarta, comprometidos con su encargo popular, comprometidos con los ciudadanos que les confiaron el voto.

Porque permítanme ustedes, si Arturo Dávalos se deja chantajear por sus compañeros de Cabildo, el MC va a salir de Guatemala para entrar en Guatepeor.

Sólo imaginen ustedes otra administración estilo Pitas Pelayo-Mochilas; que no se tiene respeto por el tiempo de los demás; que no se tiene el mínimo respeto por el marco jurídico, que bien pueden pasar seis meses sin realizar una sesión ordinaria de Ayuntamiento y no pasa nada. Y sucede que cuando no pasa nada, los políticos se convierten en cínicos y sinvergüenzas, como lo estamos viendo precisamente ahora.

Ya no queremos ser el hazmerreír de Jalisco, espero que eso lo entienda muy bien Arturo Dávalos Peña.

 

JOSE GOMEZ, ALCALDE DE BAHIA DE BANDERAS, PIDE $ 50 MILLONES A GRUPO IMEX PARA LIBERAR CONTRATO


Muy corto de vista, pero ambicioso a más no poder, el alcalde de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, trata de hacer negocio con todo lo que esté a su alcance, utilizando al Ayuntamiento como instrumento, ya que ahora se ha enfrascado en un pleito legal al tratar de desconocer un contrato jurídico entre el Grupo Minero Imex y el gobierno municipal, con tal de embolsarse hasta 50 millones de pesos y pasarle el convenio a su antiguo socio, el contratista que se vio implicado en el homicidio del abogado Moisés Andrade, de nombre Antonio Ugalde.

Por Jorge Olmos Contreras

El alcalde priista de Bahía de Banderas no ha dimensionado la importancia del grado de inversión y plusvalía que la daría al municipio la construcción de un mega-centro comercial alrededor de la nueva presidencia municipal, lo cual se haría realidad si no le pusiera tantas trabas al contrato jurídico que firmó el gobierno municipal con el Grupo Minero Imex, convenio que intenta desconocer, no pagar el arrendamiento del inmueble que ya ocupa el Ayuntamiento que preside, y lo que es peor, intenta trasladar en forma por demás ilegal, este contrato, a una empresa en donde figura como socio principal su amigo Antonio Ugalde.

El primero de septiembre del año 2014, tomó protesta como alcalde de Bahía de Banderas, uno de los municipios más grandes y pujantes de la Riviera Nayarit,  José Gómez Pérez, cuñado del presidente municipal saliente, Rafael Cervantes Padilla –ambos de extracción priista—y a la vuelta de 11 meses de gobierno, no sólo se ha peleado con todos los regidores del pleno del Ayuntamiento, incluida la síndico Mónica Saldaña, sino que ha hecho múltiples negocios a la sombra del poder e intenta ir hasta por el nuevo edificio de la Presidencia Municipal, que se ubica en el Valle de Banderas.

Autoritario e ignorante de las leyes, José Gómez –un joven que no rebasa los 40 años de edad—ideó, desde el VIII Ayuntamiento de Bahía de Banderas, donde fungía como Director de Desarrollo Social, un mecanismo de inversión que lo convirtiera en millonario. El objetivo era construir un nuevo inmueble que albergara las oficinas del gobierno municipal, un edificio que “estuviera a las alturas de una nueva historia de progreso”, según el slogan de la administración 2012-2014, que le correspondió presidir a su cuñado, Rafael Cervantes Padilla.

Para ello, le vendió la idea al entonces alcalde, en el sentido de que hiciera un contrato de Asociación Público Privada (APP) –por cierto, una de las mejores figuras que existen hoy en día para que los municipios realicen obras y proyectos en coinversión con el sector privado-- con una empresa privada, en el cual el Ayuntamiento aportaría un terreno de su propiedad y el empresario construyera un edificio administrativo de servicios municipales.

LOS PRIMEROS PASOS

A cambio de esta construcción, el Ayuntamiento se obligaba a pagar una renta mensual por un periodo de 25 años, y al término de este tiempo, el gobierno municipal se convertiría en dueño absoluto del inmueble.

 

Pero la primera empresa interesada no pudo acceder a una línea de crédito que había solicitado al Grupo Invex para llevar a cabo este proyecto; y entonces el gobierno municipal canceló y decretó la rescisión del contrato.

No obstante a este fracaso inicial, los cuñados no quitaron el dedo del renglón e insistieron en llevar a cabo el contrato de Asociación Público Privada (APP) con otra empresa. Es aquí donde aparece la firma “Administración de Recursos Empresariales SC”, cuyo socio principal es el constructor José Antonio Ugalde, un antiguo amigo del hoy alcalde, José Gómez, que se vio involucrado en la escena de un homicidio ocurrido en la Ciudad de México en el año 2008, el asesinato del conocido abogado vallartense, Moisés Andrade, crimen aún no esclarecido.

Ese año, desconocidos asesinaron al abogado vallartense en el momento que descendía de un automóvil a su llegada al Distrito Federal; el único acompañante de Andrade era Antonio Ugalde, a quienes sospechosamente los asesinos no tocaron. A la postre, se descubrió que el muerto era compadre de José Gómez y que los tres tenían intereses comunes en una empresa constructora.

CONFLICTO DE INTERESES

Y bueno, pese al evidente conflicto de intereses, el Ayuntamiento de los cuñados firmó el contrato de APP con “Administración de Recursos Empresariales SC”, sin importarles además que se tratara de una empresa SC, ya que la Ley de Asociaciones Públicas Privadas del Estado de Nayarit establece que este tipo de contratos se tienen que formalizar con una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, es decir, una SAPI de CV, y no una SC.

En el contrato, al que este medio de comunicación tuvo acceso, se puede leer que el Ayuntamiento pagaría un millón 385 mil 500 pesos mensuales a “Administración de Recursos Empresariales SC”, por los siguientes conceptos: Renta de Edificio Administrativo, un millón 300 mil 500 pesos, más 85 mil pesos por el Mantenimiento del Inmueble.

Sin embargo, la empresa de Antonio Ugalde no se logró fondear con recursos líquidos e incumplió con el contrato de construcción del nuevo edificio de la Presidencia Municipal, prácticamente abandonó la obra y tras una minuciosa revisión del Órgano Ejecutor, presidido por el entonces tesorero municipal, Oscar Sánchez Martínez, el 19 de marzo del año 2014, mediante acta administrativa, se decretó la rescisión administrativa y o rescate anticipado del contrato celebrado el 31 de julio del año 2013; para ello, se dio fe al Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit para los fines legales a que hubiera lugar.

Así las cosas, en esa misma acta, el tesorero ordenó adjudicar a otra persona moral el multicitado contrato de inversión y prestación de servicios a largo plazo denominado “Conjunto Administrativo de Bahía de Banderas”.

EL CONTRATO

En este contexto, el 30 de abril del 2014, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas celebró este contrato APP, con la empresa “Grupo Minero Imex SAPI de CV”, y entonces se comenzó a construir el inmueble de la nueva Presidencia Municipal, con el agregado de que el convenio contempla la construcción, también, de un centro comercial y un estacionamiento público alrededor del edificio.

El nuevo contrato fue firmado por el entonces alcalde, Rafael Cervantes Padilla, el síndico, el secretario y el tesorero; y en el contenido del mismo, el Ayuntamiento se obliga a obtener el dominio pleno del inmueble en un término no mayor a un año.

Para el 14 de julio del 2014, el Ayuntamiento pagó el primer mes de renta a “Grupo Minero Imex SAPI de CV”, por la cantidad estipulada en el contrato, un millón 385 mil 500 pesos, por lo que esta firma hizo entrega al municipio de la Unidad Administrativa, todo bajo notario público y acta levantada en escritura pública.

Y para efectos de cumplimiento, el anterior Ayuntamiento domicilió en Bancomer el pago de las mensualidades posteriores por la renta del inmueble; lo hizo mediante un Fideicomiso donde aparece Grupo Minero Imex, el Ayuntamiento y el señor Luis Cohen Fis, radicado en el Banco Actinver.

SE NIEGA A PAGAR

Pero el nuevo Ayuntamiento y su alcalde, llegaron con la espada desenvainada y con muchas ganas de hacer negocios personales, por lo que José Gómez comenzó a ponerle todo tipo de trabas al Grupo Imex; entre otras cosas, negarle los permisos correspondientes para la construcción del Centro Comercial.

A su arribo a la silla presidencial, los empresarios del Grupo Minero Imex buscaron un acercamiento con el alcalde, con la finalidad de que cumpliera con el contrato. Sin embargo, representantes de Imex afirman “que desde el principio, José Gómez mostró su intención de incumplirlo, alegando que existe uno anterior –el de su socio y amigo Antonio Ugalde—y que está vigente”, y que debido a ello “él no pagará la renta hasta que un juez se lo ordene”.

Posteriormente, trascendió que José Gómez se reunió con su antiguo socio, Antonio Ugalde, y acordaron trabajar para quedarse con el edificio; porque además, se dice, lo tienen comprometido en venta para un par de empresarios.

Como se observa, dicen representantes de Imex, entre otros Alejandro Orozco Hermosillo, “la voracidad del nuevo alcalde priista no tiene límites, ya que en reuniones con la gente del Grupo Minero Imex, les inquirió que él, como presidente municipal, quiere comprar el edificio… y presuntamente les ofreció 50 millones de pesos. Que si no aceptaban, les iba a rescindir el contrato, pues alega que el inmueble tiene defectos constructivos y que su Dirección de Obras y Servicios Públicos valuaría en menos de 50 millones el edificio, y que esa sería la cantidad, que en su caso, el Ayuntamiento tendría que pagar”.

INQUILINO INCOMODO

Por si esto fuera poco, el alcalde José Gómez despacha en el nuevo edificio sede de los poderes municipales, es decir, el Ayuntamiento tiene la plena posesión y disposición del inmueble sin pagar renta alguna, y lo que es peor, pretende hacer valer un contrato de otra firma, “Administración de Recursos Empresariales SC”, donde él tiene un claro conflicto de intereses y cuyos empresarios no han erogado un solo peso en la edificación de la Unidad Administrativa.

En este sentido, los representantes de Imex se defienden, y obtienen de parte de la autoridad judicial la resolución del contrato de transacción y se ordena y condena al Ayuntamiento, por parte del Juzgado Tercero de lo Civil en Puerto Vallarta,  a realizar el pago de adeudo de la renta, que a la fecha es de más de 13 millones de pesos.

Sin embargo, con total desconocimiento de la ley, José Gómez afirma que no pagará y que utilizará los medios que sean necesarios para alargar este juicio, la intención es molestar y cansar a los empresarios de Imex.

Y para reafirmar que su intención es robarse el contrato de APP, trata de dárselo a la empresa de su socio Antonio Ugalde y de paso hurtarse el nuevo edificio de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, pues pide y denuncia juicio a terceros, además de exigir que se involucre en el proceso a la firma “Administración de Recursos Empresariales”, la misma a la que le rescindieron el contrato el 19 de marzo del 2014, alegando “que ellos tienen derechos sobre el edificio”.

LA CONDENA

Los asesores jurídicos del alcalde de Bahía de Banderas, han contestado las demandas con muchas deficiencias, como responder con un juicio civil ordinario, cuando este asunto es una transacción; y llegan al grado de exigir que se decrete la incompetencia del Juez Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, pero esto no ha procedido, y el Juzgado ordena notificar al Ayuntamiento y lo condena a pagar lo suscrito en el contrato de APP.

Lo grave del asunto, es que su antecesor comprometió las participaciones federales del municipio, en caso de incumplimiento, por lo que los empresarios de Imex no tardan en exigir el pago por esta vía.

En todo este embrollo, el que se ve mal es el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pues está enviando mensajes a los inversionistas de que no tiene poder decisión sobre el alcalde José Gómez, quien con sus actitudes prepotentes y medidas ilegales, lo único que hace es ahuyentar la inversión y enfrascarse en pleitos jurídicos para sacar provecho personal.

El gobernador se está viendo como un pelele de José Gómez, y cuando este caso se ventile en los medios de comunicación nacionales, Roberto Sandoval aparecerá como un mandatario sin carácter, que se presta a la corrupción de alcaldes como José Gómez y que no tiene el control político en la Riviera Nayarit.

lunes, 24 de agosto de 2015

NUEVA DIRECTORA DE LA CLÍNICA 42 DEL IMSS EN PV, MAYELA MIGUELES, CONVIERTE AL HOSPITAL EN UN TIRADERO DE PACIENTES

Por Jorge Olmos Contreras
Los servicios de salud pública en Puerto Vallarta han entrado en una severa crisis que difícilmente será superada si persiste el conformismo del sector obrero patronal que durante muchos años han consentido, y por lo tanto permitido, que a los derechohabientes del Seguro Social y del Hospital Regional los traten con la punta del pie y sean abandonados a su suerte.
 
 
Este problema se ha agudizado de una forma muy marcada en los servicios de salud que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, en particular la clínica 42 que se ubica en la Avenida Francisco Medina Ascencio, que está a cargo de una señora que sólo vino a complicar más las cosas en este nosocomio que está rebasado en su demanda, sin exagerar, en más del 500 por ciento de su capacidad.
 
 
Se trata de la doctora Mayela Migueles Domínguez, quien es la actual Directora de la clínica 42 del Seguro Social, a la que señalan como la responsable de que el servicio esté por los suelos.
 
Y cuando decimos por los suelos, es por los suelos, ya que literalmente se atiende a los pacientes en el piso, tirados en una cobija y a veces sin ninguna protección.
 
La semana pasada recibimos quejas de varios usuarios en el sentido de que algo estaba pasando en el Seguro Social, que se atendía a los derechohabientes en el suelo y que el servicio estaba totalmente saturado. Y en efecto, fue lamentable y lastimoso observar a la gente tirada en el piso, sin ninguna privacidad las mujeres, arrojadas al pasillo en paños menores y otros pacientes deambulando por todos lados con sus frascos de suero o medicamento en la mano y canalizados a alguna vena del brazo.
Todo, dicen, es responsabilidad de la Directora Mayela Migueles, toda vez que desde que llegó hace menos de un año, todo se complicó, incluso prohibió el servicio que se presta a pacientes que no pueden salir de sus domicilios por estar incapacitados por alguna enfermedad.
 
Mayela Migueles llegó a Puerto Vallarta recomendada por un alto funcionario del IMSS de la delegación estatal, es una advenediza que no ha mostrado capacidad para ocupar el cargo. Su carácter déspota y prepotente le ha ganado el repudio de casi todos los funcionarios del Seguro Social y si la situación continúan generando malestar y mal servicio, no es descabellado que pronto el personal realice una manifestación para exigir el cese de esta mala Directora.
 
No es posible que en Puerto Vallarta estemos padeciendo de este pésimo servicio, ya que de acuerdo con los datos duros de las estadísticas que arroja el IMSS en este centro turístico, genera al mes, escuche bien usted, al mes, poco más de 60 millones de pesos, es decir, más de 720 millones de pesos anuales, que desde luego, no se ven reflejados en nuevas inversiones.
 
Pero si la Federación nos tiene abandonados en materia de servicios de salud, nos tienen más abandonados los empresarios locales, los grandes hoteleros y restauranteros, que no se han atrevido a exigir al gobierno federal que mejore no sólo la atención del IMSS, sino que aumente la infraestructura con nuevos hospitales.
 
Para que usted se dé una idea del tamaño del problema que hay en Puerto Vallarta en materia de salud, tenemos que el universo de derechohabientes del IMSS es de más de 300 mil personas que habitan en Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán y los que nos mandan de Bahía de Banderas. A estos súmele usted los que se incorporaron hace dos años del Ayuntamiento de PV.
 
La clínica 42 sólo tiene 91 camas en hospital y 14 en el área de urgencias, nada comparado con los miles de derechohabientes que todos los días tienen la necesidad de atenderse en este hospital, el único de segundo nivel en toda la región.
 
La pregunta es: ¿Hasta cuando la Federación va a voltear a Puerto Vallarta? ¿Hasta cuándo algún diputado va a tomar la bandera para defender a los derechohabientes?; ¿hasta cuándo los líderes obreros harán una manifestación para defender a sus agremiados?... o ¿hasta cuándo los empresarios se van a poner las pilas para exigir más y mejores servicios, y no se van a quedar en sus oficinas a dormir la mona y a pecar de indolentes?

martes, 18 de agosto de 2015

FISCAL DE JALISCO ESCONDE INFORMACIÓN SOBRE LA SEPARACION DEL DELEGADO EN PV, MARCO ROBERTO JUÁREZ





Por Jorge Olmos Contreras

El Fiscal General de Justicia en Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, no ha explicado cómo es que decidió separar del cargo al delegado regional en la Costa Norte, Marco Roberto Juárez González, si por la mañana del lunes lo citó a las 9:00 de la mañana en las oficinas centrales de la Fiscalía en Guadalajara y jamás lo recibió. Fue hasta ya entrada la noche cuando emitió un boletín donde se informa que Juárez González fue separado del cargo por “pérdida de confianza” y que se le inició un proceso administrativo.

De acuerdo con información que ha trascendido en la misma Fiscalía, el motivo principal por el cual fue “separado” Marco Roberto Juárez, fue porque supuestamente abandonó su trabajo entre la noche del jueves y la mañana del viernes pasado, periodo en el que salió del penal de Ixtapa un interno de origen colombiano que fue resguardado en las instalaciones de la Policía Municipal y después trasladado a “Puente Grande”.

Según la información que habría recibido el Fiscal Almaguer, Marco Roberto Juárez se ausentó de su trabajo esos días y dejó en su lugar a sus “guardaespaldas”, cosa no creíble, ya que el licenciado Juárez González no tenía escoltas, siempre se condujo sin guaruras en el tiempo en que estuvo en Puerto Vallarta.

Sin embargo, esta pudo haber sido la información que le llegó al Fiscal, quien sin realizar ninguna investigación, ni escuchar a Marco Roberto Juárez, decidió separarlo del cargo por “falta de confianza”.

Marco Roberto Juárez estuvo en Guadalajara desde muy temprano la mañana del lunes, pero el Fiscal no lo atendió, pese a que citó a él y a otros delegados en las oficinas centrales de Fiscalía.

Como que la intención era justificar su remoción, quizá para colocar a un amigo del Fiscal Almaguer, cuyo nombre todavía no se ha dado a conocer.

No obstante, en algunos sectores de Puerto Vallarta hay molestia por la forma en que separan a Marco Roberto Juárez González, a quien los mismos empresarios reconocen como un hombre probo, íntegro y que siempre ha dado la cara en situaciones de crisis.

En este sentido, se sabe que el mismo Marco Roberto se extrañó por esta decisión del fiscal, y más aún, que se haya boletinado su nombre como al funcionario que se le abrió un proceso administrativo por pérdida de confianza.

Desde la llegada de agentes investigadores procedentes de Guadalajara en el periodo de Luis Carlos Nájera –y más acentuado con Almaguer--, Marco Roberto siempre fue relegado, las decisiones las tomaban desde el centro y los judiciales lo hacían menos, no lo tomaban en cuenta y hacían lo que querían con los detenidos, fueran o no culpables.

Juárez González es muy querido en Puerto Vallarta, tiene excelentes relaciones con casi todos los medios de comunicación, con el sector público y privado, con los sindicatos, con los hoteleros y hasta con las representantes de los consulados de Estados Unidos y Canadá, por lo que extrañó su remoción, sobre todo, por las circunstancias opacas en que se da su separación.

El escueto boletín de la Fiscalía dice lo siguiente con respecto a este caso:

“Este día fue separado del cargo Marco Roberto Juárez González, quien era director de la Zona Costa Norte de la Fiscalía Regional con sede en Puerto Vallarta.

La razón por la que fue separado del cargo es por pérdida de confianza.

La Dirección General de Contraloría y Visitaduría inició un procedimiento administrativo en su contra, al término del cual se determinará la sanción que corresponda de acuerdo al resultado de la investigación.

La Fiscalía General del Estado lleva a cabo un proceso de evaluación y supervisión constante de todos los servidores públicos, con el fin de garantizar que en el desempeño de sus funciones se apeguen a los principios de lealtad institucional, honradez y vocación de servicio, y de no hacerlo serán separados del cargo”.

DAN DE BAJA A 153 ELEMENTOS

Luego de que el Fiscal General convocara a una junta a todo el personal de alto rango, desde coordinadores hasta directores generales y comandantes, trascendió que fueron cesados 153 elementos, entre estos, 78 de la Fuerza Única y el resto son actuarios y Agentes del Ministerio Público. De Puerto Vallarta, además del delegado Marco Roberto Juárez González, habría causado baja el MP de nombre Jorge Valencia.

A muchos les dijeron que no habían pasado el examen de control de confianza y a otros les comunicaron que habían perdido el amparo que promovieron para evitar que los despidieran de la Fiscalía General.

La medida ha causado descontrol y zozobra en la Fiscalía de Jalisco, porque se presume que llegará otro grupo de policías, con otros intereses, a controlar la zona metropolitana de Guadalajara y toda la entidad.

 

 

lunes, 10 de agosto de 2015

EJECUTAN A OTRO DE LOS MENCHOS EN EL CRUCERO DE EL TUITO; EN EL LUGAR MURIÓ ROBERTO LÓPEZ Y SU HIJO

Este lunes por la mañana fueron ejecutados dos miembros más de la familia López Velasco, mejor conocidos como “Los Menchos” originarios del poblado del Bioto en el municipio de Cabo Corrientes. Se trata del señor Roberto López y su hijo, a quienes les dispararon desde una camioneta Tacoma blanca en el momento en que esperaban un camión urbano en la parada de autobuses a la salida de El Tuito. Los disparos también alcanzaron a dos masculinos que estaban en el lugar de los hechos y que por sus lesiones fueron trasladados al hospital Regional de Puerto Vallarta.
 
Los heridos son el señor Moisés Brambila de 86 años de edad y otro hombre de unos 36 años que responde al nombre de Eduardo Román Macías. Ellos sólo esperaban a que llegara el transporte urbano en la parada de camiones y al momento de que los pistoleros descargaron un arma, al parecer larga, fueron alcanzados por las balas.
 
El más grave es don Moisés Brambila, toda vez que una bala le entró por el abdomen y su estado de salud es delicado, mientras que la otra persona se recupera.
 
Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 de la mañana, y según testigos, de pronto apareció la camioneta blanca y dese adentro hicieron disparos contra las personas que estaban en espera de su bus, con las consecuencias ya descritas.
 
Al arribar las unidades de la Fuerza Única Regional, encontraron tirado sobre el asfalto a Roberto López, mientras que su hijo fue trasladado rápidamente al centro de salud de El Tuito, donde finalmente falleció.
 
Fuentes extraoficiales señalan que se trata de la familia de “Los Menchos” los ejecutados.
 
familia, ya que primero desapareció Javier López Velasco, después mataron a Lucas López Velasco, y más tarde correría la misma suerte Miguel López Velasco y su pareja, en hechos ocurridos primero en el fraccionamiento Los Sauces y el segundo en la colonia Cinco de Diciembre el año pasado.
 
Hoy, la sangre de esta familia –algunos de cuyos miembros presuntamente se dedicaban a la siembra y venta de marihuana—vuelve a correr con la muerte de Roberto López y su hijo.
 
Las autoridades de la Fiscalía ya comenzaron con las pesquisas para dar con él o los responsables de estos hechos.
 

Nota: La foto corresponde a uno de los lesionados, señor Moisés Brambila