Coludido presuntamente con funcionarios de la Fiscalía
Regional de Justicia, como son el Agente del Ministerio Público Investigador de
Delitos Patrimoniales, José Carlos Peña Chavarín y el subdirector Rodolfo
Rodríguez Rivera, el empresario Felipe Tomé Velázquez realiza maniobras
legaloides para tratar de despojar de un inmueble, ubicado en Marina Vallarta a
la empresa Instalaciones Fica SA de CV, cuyo dueño es el también empresario
Vallartense, Rubén Figueroa López.
Con ayuda de estos funcionarios corruptos, Felipe Tomé ya
había logrado el despojo de un inmueble ubicado en el número 205 de la calle
Pelícanos del fraccionamiento Marina Vallarta, conocido también como lote
CG-18, pero Instalaciones Fica –la verdadera propietaria— se amparó y aunque el
Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó el amparo, el tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal
revocó la negativa y concedió la protección constitucional, para
regresar la posesión del predio a la
empresa de Rubén Figueroa López, por lo que se le dio palo a Felipe Tomé y a
sus abogados.
LA
HISTORIA
La compañía Instalaciones Fica SA de CV adquirió el lote CG-18
de Marina Vallarta el 15 de diciembre de 1993, esto mediante un contrato de
cesión onerosa de derechos fideicomisarios que firmó con la empresa Impulsora
Turística de Vallarta SA de CV ITV (que antes era la cabeza inmobiliaria del desaparecido
grupo Sidek-Situr), quien transfirió todos los derechos que tenía sobre dicho
bien inmueble en favor de la empresa de Rubén Figueroa López.
Posteriormente, se hicieron varios convenios modificatorios
entre las partes, y uno de estos fue el 15 de junio de 1994, celebrado entre
ITV, Instalaciones Fica y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, cuyo gobierno dio
su consentimiento para que Fica entregara endosado un pagaré a ITV cuyo fin fue
para que ésta última pagara adeudos que por contribuciones tenía con el
municipio. En este convenio, ITV reitera y reconoce el contrato por medio del
cual transmitió el lote de terreno CG-18 a Instalaciones Fica.
Así las cosas, desde el 11 de febrero de 1994 Instalaciones
Fica ha tenido la posesión del lote CG-18, pues fue en esa fecha en que ITV
entregó la posesión física a la empresa de Rubén Figueroa, quien comenzó en ese
sitio un desarrollo turístico denominado “Rincón de Huanacaxtle” en cuyo
proyecto se tenía contemplado construir 24 casas, una caseta de vigilancia, una
calle privada, una casa club con alberca, oficinas, un cuarto de basura y las
correspondientes instalaciones ocultas.
En este contexto, Rubén Figueroa poco a poco comenzó la
construcción de su coto privado, y ya había levantado una barda perimetral, malla
de alambre acerada en todos los ingresos de las cocheras, la calle interna y
dos transformadores de jardín ya conectados para el suministro de energía
eléctrica; asimismo, se edificaron dos viviendas, una con el 90 por ciento de
avance y la otra con el 30 por ciento, todo debidamente notariado ante la fe de
Rodolfo Gómez de la Paz, Notario Número dos de Puerto Vallarta, según escritura
24,742 fechada el 24 de noviembre del año 2017.
Ahora bien, Instalaciones Fica obtuvo las licencias
municipales para esta obra y también el visto bueno de la Asociaciones de
Residentes de Marina Vallarta.
LOS INVOLUCRADOS
Sin embargo, cuando impulsora turística de Vallarta S.A. de
C.V. ya había dispuesto y enajenado desde el 15 de diciembre de 1993 todos los derechos
del lote CG-18 en favor de Instalaciones Fica, apareció Enrique Ruiz Cortes, un
apoderado legal de la fiduciaria Banamex y también de la fideicomitente y
fideicomisaria Impulsora Turística de Vallarta S.A de C.V –que ya había sido
adquirida por el empresario Elías Sacal—para disponer y enajenar por segunda
ocasión la misma propiedad a favor de Banco Azteca y de la empresa de Felipe Tomé,
según escritura firmada el día 01 de diciembre del 2017.
De esta manera y aprovechando la doble venta, los abogados de
Felipe Tomé Velázquez, así como los abogados de Elías Sacal de impulsora turística de Vallarta S.A. de C.V.
--entre los que se encuentra Enrique Ruiz Cortés-- implementaron una ilegal
estrategia para tratar de quedarse con un predio que no les corresponde; toda
vez que a las 21:20 horas del día 21 de
noviembre del 2017, una tal Wendy Alejandra González Beltrán, quien se ostentó
como apoderada legal de Península Marina Vallarta SA de CV (otra de las
empresas de Tomé) presentó una denuncia por despojo contra guardias de una
empresa de seguridad privada; contratada además por teléfono por una persona
que nunca ha sido identificada argumentando que su representada era la
propietaria del lote y que además tenían la posesión del mismo (cosa que era
falsa, pues no tenían dicha posesión).
Bajo esa tesitura y dizque para demostrar su dicho, la
apoderada de Marina Vallarta SA de CV --en
el sentido que era dueña del predio-- presentó una escritura falsa y simulada
con el número 44,141, que no contiene ninguna firma, ni mucho menos folio, ni
sello de notaría alguna; pero aun así, el Agente de Ministerio Público José
Carlos Peña Chavarín, ordenó inmediatamente el aseguramiento del lote de
terreno sin que la denunciante acreditara derecho alguno sobre tal lote identificado
como CG-18… Y con esa denuncia verbal, el MP inició la Carpeta de Investigación
número 5922/2017.
Pero no solo eso, sino que este Agente del Ministerio Público,
con una extraña rapidez –tan solo 25 minutos después de que Wendy Alejandra
presentara la denuncia de un inexistente despojo—el mismo día ordenó el
aseguramiento del multicitado inmueble y
es aquí donde surgen dudas sobre el proceder del Ministerio Público Peña
Chavarín, ya que sin tener la seguridad de que la firma Península Marina
Vallarta SA de CV fuera propietaria del lote, pues insistimos, no lo acreditó
legalmente, aseguró el bien inmueble en perjuicio de su verdadero dueño, es
decir, en perjuicio de Instalaciones Fica SA de CV.
JUDICIALIZAN A ABOGADOS POR SIMULACIÓN Y FALSEDAD
De hecho, este mismo Ministerio Público defendió a capa y
espada a los abogados de Felipe Tomé --que fueron denunciados y a la postre
judicializados por los delitos de simulación y empleo de documentos falsos y
simulados, falsedad en declaraciones ante una autoridad en ejercicio de sus
funciones y despojo en perjuicio de un tercero--, ya que ha manifestado que no
hay delito que perseguir en el caso de los licenciados de Península y de
Impulsora Turística de Vallarta; empero, finalmente judicializó la Carpeta de investigación
5922/2017, que hoy se encuentra ante un
juez de oralidad para que se resuelva sobre las imputaciones que se hacen por
el Representante Social a Enrique Ruiz Cortes, Angélica Yaneth Palomera García
y a Wendy Alejandra González Beltrán .
Ante estos hechos a todas luces corruptos e ilegales
perpetrados y solapados por abogados y al menos dos funcionarios de la Fiscalía
Regional, Instalaciones Fica se amparó el 27 de noviembre del 2017 contra los
actos de las autoridades responsables, es decir, contra el Fiscal General del
Estado, el Director Regional y el Agente del Ministerio Público de Delitos
Patrimoniales que integró la Carpeta de Investigación.
Bajo este escenario, los abogados de Felipe Tomé aprovecharon
que el MP aseguró el lote para que el apoderado de ITV, Enrique Ruiz Cortés,
por instrucciones de Edgar Armando Padilla Pérez, administrador único de la
misma sociedad mercantil, ordenara a Banamex --como Fiduciaria en el
fideicomiso al que perteneció el lote de terreno CG-18-- trasmitirlo por
segunda vez en propiedad a Banco Azteca como fiduciaria en un nuevo fideicomiso;
toda vez que, según aparece, la segunda venta que realizaron los representantes
de ITV la hicieron a la empresa de Felipe Tome Velázquez denominada Península Marina Vallarta SA de CV,
persona moral que aparece como fideicomisaria al igual que “Piso 30 S. de R.L.
de CV” en dicho fideicomiso en donde Banco Azteca interviene como fiduciario.
OTRA IRREGULARIDAD
Otra grave irregularidad en este caso es que después de haber
sido asegurado el terreno CG-18 el día 21 de noviembre del 2017, y cuando ni
siquiera se había firmado el fideicomiso al que se enajenó por segunda ocasión
el terreno, los abogados de Felipe Tomé Velázquez, de Elías Sacal y de sus
empresas ya mencionadas, presentaron en la carpeta de investigación 5922/2017
la escritura pública 44,169 --que fue firmada el 01 de diciembre (ojo, después
del aseguramiento). Y con esa escritura
obtuvieron que el día 30 de enero del 2018 --sin derecho desde luego-- se
levantara el aseguramiento y que el Agente del Ministerio Publico ordenara que
se entregara el terreno a la apoderada de Península Marina Vallara (que no la
tenía el día del aseguramiento).
Bajo esas circunstancias, Instalaciones Fica presentó un amparo
contra la ilegal desposesión del citado terreno, en cuyo juicio de garantías se
dictó sentencia negando la protección y amparo a la quejosa en el amparo
1916/2017 del Juzgado Quinto de Distrito. Sin embargo, Instalaciones Fica interpuso un recurso de revisión que resolvió
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito , revocando
la sentencia del juez de Distrito y concediendo
el Amparo y Protección de la Justicia de Unión a la quejosa, para el
efecto de que el Agente del Ministerio
Publico dejara insubsistente la entrega del terreno a Península Marina
Vallarta y entregara el inmueble a quien acreditara que tenía la posesión el
día 21 de noviembre del 2017, por lo que se le entregó a Instalaciones Fica.
En este sentido, fue Instalaciones Fica la empresa que
demostró tener dicha posesión, y fue hasta entonces (por la resolución del
Tribunal Colegiado) que, pese a las evasivas del MP Peña Chavarín, la Fiscalía
Regional actuó con legalidad y devolvió el inmueble a Rubén Figueroa.
MANIOBRAS LEGALOIDES
Pero las cosas no quedaron ahí, ya que como el Juez Quinto de
Distrito de Amparo en Materia Penal que conoció del juicio antes dicho
1916/2017, no llamó al mismo a Banco Azteca como fiduciario en el fideicomiso
fechado después de asegurado el inmueble (lote CG-18), no obstante a que le señalaron que debería
llamar a dicha institución bancaria… Banco Azteca interpuso una revisión en
dicho juicio de amparo y se ordenó la reposición del procedimiento de amparo,
dejando sin efecto la sentencia que
concedió la protección constitucional a Instalaciones Fica; por lo que ahora se está reponiendo ese
juicio.
No obstante, aquí lo más importante es que quien tenía la posesión
del terreno el día que se aseguró en la referida Carpeta de Investigación era
la empresa de Rubén Figueroa. Sin
embargo, los abogados de Península y de ITV persisten en pretender despojar a
quien legalmente corresponde ese lote de terreno.
Lo anterior, pese a que el Agente del Ministerio Publico ya
judicializó la Carpeta de Investigación 5922/2017 para ejercitar acción penal
en contra de Enrique Ruiz Cortés, Angélica Yaneth Palomera García y Wendy
Alejandra González Beltrán, y a que el asunto se encuentre ante el juez en
espera de celebrar la audiencia de imputación para que empiece a correr el
término constitucional y se resuelva la situación jurídica de los implicados.
En este mismo sentido, algunos abogados creen que también
debe acusarse al empresario Elías Sacal en este asunto, ya que fue él quien adquirió
la empresa denominada Impulsora Turística de Vallarta en el año 2013 y no pudo
haber ignorado que ya habían enajenado los derechos que tuvo sobre el lote de
terreno CG-18.
Es claro que nadie compra una empresa sin cerciorarse de sus
activos y pasivos, máxime cuando todas las sociedades anónimas tienen
obligación de presentar sus estados financieros y de resultados por lo menos
cada año; y en la contabilidad de dicha sociedad mercantil deben existir
registradas las operaciones y contratos que ha celebrado durante la vigencia
del primer fideicomiso en que Banamex fue la institución fiduciaria.
LAS MENTIRAS Y EL RECURSO MEDIÁTICO
Pero bueno, como las cosas no les han resultado a Felipe Tomé
y abogados, y seguramente ya invirtieron mucho dinero en este intento de
despojo, decidieron hacer presión mediática; y para pronto, esta semana se
presentaron en el periódico Mural de Guadalajara para no solo mentir al afirmar
que la Fiscalía Regional de Justicia tiene “secuestrado” un inmueble en Puerto
Vallarta, sino también para difamar al Director de dicha fiscalía regional,
Jesús Torres Ramírez y al MP José Luis Barrón Arvizu, al señalarlos como
quienes se han prestado a actos de corrupción en este asunto, cuando en
realidad solo están haciendo su trabajo, sobre todo porque existe una orden de
carácter federal, como lo es la resolución del Tribunal Colegiado.
Sobre este tema hay más, mucha más información, como el
presunto intento de soborno de abogados de Felipe Tomé a representantes de
Instalaciones Fica hasta por 11 millones de pesos para que dejaran de pelear,
pero eso lo comentaremos en otro artículo.
