lunes, 25 de marzo de 2013

UNA MOCHILA MUY VORAZ; EL ALCALDE DE PV CONDICIONA Y AMENAZA A CONTRATISTAS


 
Por Jorge Olmos Contreras
 
Ya no hay duda, el alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como El Mochilas, está empeñado en pasar a la historia de Puerto Vallarta como el presidente que más pleitos y encono ha sembrado entre los diferentes sectores de la ciudad, lo que se traduce en una administración caótica que refleja signos alarmantes de ingobernabilidad. El turno les tocó ahora a los contratistas que mantienen convenios de obras públicas, pues han sido amenazados y advertidos de que si no tienen dinero para financiar al municipio, tendrán que irse, renunciar a los trabajos y despedirse de cualquier trato con el gobierno local.

Citados vía correo electrónico a las 15:00 horas del pasado martes 19 de marzo en la sala de juntas que la Dirección de Obras Públicas tiene en la Unidad Administrativa Municipal (UMA) para sostener una junta importante con el alcalde Ramón Guerrero, los contratistas tuvieron que esperar media hora para ser atendidos no por el presidente municipal, sino por el titular de la dependencia, Oscar Delgado.

Ahí estaban más de 34 contratistas y representantes de empresas constructoras que no daban crédito a lo que escuchaban de voz del Director de Obras Públicas –uno de los importados de Guadalajara por el Mochilas--, ya que de entrada les dio la suave con una perorata de que no los dejaran solos (al Ayuntamiento); que Vallarta los necesita; que es muy importante su apoyo en estos momentos; que “es necesario que estén con nosotros” y etc. etc.

Del sentimentalismo barato, Oscar Delgado pasó al terreno tangible, al anunciarles que a partir de ese momento la relación del Ayuntamiento con los contratistas va a cambiar diametralmente, comenzando por modificar o anexar nuevas cláusulas a los contratos vigentes de todas las constructoras que actualmente estén realizando trabajos para el municipio, se trate de nuevas o anteriores adjudicaciones.

LAS CONDICIONES

Entre dichas modificaciones está el compromiso irrestricto que deben aceptar las empresas para contratar mano de obra que el Ayuntamiento les designe y que saldrá de un “pool” de trabajadores que sean exclusivamente de Puerto Vallarta y a quienes los contratistas deberán uniformar por su cuenta y costo.

Lo anterior, según justificó el funcionario Delgado, es porque se ha demostrado que las constructoras tienen trabajando a mucha gente de Chiapas y de Guerrero que desplazan a la mano de obra vallartense. Y lo de los uniformes, es porque los empleados que realizan trabajos en sitios de mucha afluencia turística, como la avenida Francisco Medina Ascencio o frente a Plaza Marina “dan mal aspecto”.

No sólo eso, sino que además de querer imponer trabajadores que supuestamente el Ayuntamiento ya tiene seleccionados dentro de ese “pool”, también pretenden obligar a las empresas a que den de alta ante el IMSS a estos empleados que pertenecen a un grupo identificado con el alcalde Ramón Guerrero y el Partido del Movimiento Ciudadano.

Por igual, ya no quieren que las firmas constructoras hagan sus propias estimaciones y corridas financieras, sino que pretenden obligarlas a que contraten estudiantes egresados del Centro Universitario de la Costa (CUC). Se trata de un club de amigos del regidor Luis Ernesto Munguía y del propio Mochilas.

CON LA CUCHARA GRANDE

Y por si esto fuera poco, también quieren que estas compañías constructoras contraten a un arquitecto del Ayuntamiento o recomendado por el Mochilas, para que hagan todo tipo de “avances financieros” de las obras, “pues no queremos que los contratistas se distraigan por estas cosas, sino que se concentren en terminar su trabajo lo más pronto posible”.

Ya con el pelo suelto, Oscar Delgado se dirigió a los asustados e indignados contratistas para rematar con otra nueva condicionante si no quieren que les rescindan el contrato o no les paguen: Que deberán mandar a hacer una lona o anuncio que tendrán que poner donde se esté ejecutando la obra con datos como el nombre de la empresa, el número de contrato, el nombre de la obra; el periodo de ejecución, el nombre del residente de la obra etc.,… con la salvedad de que tendrán que hacer dicha manta en el negocio o establecimiento que ellos (los del Ayuntamiento) les digan.

Las reacciones no se hicieron esperar, algunos de los presentes decían que cómo era posible que el gobierno de Ramón Guerrero les quiera condicionar la contratación de mano de obra cuando él trajo personal de Guadalajara, Ayutla y La Huerta para los principales direcciones del Ayuntamiento.

Otros señalaban que para contratar a nuevo personal tendrían que liquidar a los trabajadores que ya tienen laborando con algunas contratistas desde hace tres años. Se preguntan quién va a pagar la indemnización laboral… ¿acaso el Ayuntamiento?

En cuanto a los uniformes, muchos indicaron que sus empleados, además de trabajar en obras de carácter público, también lo hacen en empresas privadas y la pregunta que se hacen es qué va a pasar cuando empleados con uniformes del Ayuntamiento sean vistos laborando en obras de particulares.

LA REUNION DEL PREMIER

Para calmar los ánimos, Oscar Delgado les recordó que el alcalde estaba muy interesado en hablar con ellos, por lo que se les hacía otra invitación para que acudieran a un salón privado del hotel Premier Buenaventura para el jueves 21 de marzo, lo cual efectivamente ocurrió, pero de qué manera.

Resulta que El Mochilas citó a las 9:00 de la mañana y llegó a las 11:00, se disculpó diciendo que venía de Guadalajara y que el vuelo se había retrasado; de entrada utilizó el mismo chantaje –pero corregido y aumentado—con los ahí presentes. Les dijo que necesitaba su apoyo; que no lo dejaran solo; que si ellos deciden parar las obras (aunque no les paguen) sólo afectan a Puerto Vallarta y no a él, etc.

Ramón Guerrero pensó que agasajando a los contratistas con un buen desayuno –no fueron simples huevos revueltos, sino un platillo más sofisticado—se los echaría a la bolsa y aceptarían las condicionantes que dos días antes les anunció su Director de Obras Públicas; pero hubo inconformidad de más de uno y ante los cuestionamientos, El Mochilas de plano les advirtió que toda aquella empresa que no tenga solvencia económica para financiar las obras del municipio, no tendrá cabida en su gobierno, que se pueden ir despidiendo.

También les adelantó Ramón Guerrero que no va a pagar cuentas pendientes, es decir, que no va a soltar un solo cheque a aquellas compañías que vienen realizando obras desde la administración pasada y que les quedaron a deber cantidades que van de los seis a los siete millones de pesos, como Impala, Géminis, 5 Contemporánea etc.

LA AUDITORÍA QUE VIENE

Y es que en lo que va de la presente administración, sólo en una ocasión se han pagado cheques a proveedores diversos, entre los que se encuentran las empresas contratistas; de ahí en más, lo traen vuelta y vuelta y ahora El Mochilas, además de imponerles uniformes, lonas, trabajadores y corridas financieras, quiere que sean estas compañías las que financien la obra pública del municipio, así se trate de aquellas obras cuyos recursos provienen de programas federales y estatales como el de Hábitat o las del Fondo Metropolitano.

Se le olvida al alcalde que en diciembre pasado obligaron a las empresas constructoras a facturar estimaciones de pagos (pre estimar), que no es otra cosa que una simulación de pago inexistente, para enviar la información a la Auditoría Superior del Estado y supuestamente “comprobar” que ya se habían liquidado los trabajos de las obras del Fondo Metropolitano y el Programa Hábitat, con el fin de que no se perdieran los recursos estatales y federales presupuestados.

Sin embargo, se sabe que para el 15 de abril se tiene programada una auditoría al Ayuntamiento de Puerto Vallarta por parte de la Auditoría Superior, y lo más seguro es que se descubra que el Ayuntamiento mintió en dicha información; que no se han terminado las obras y esto podría dar origen a nuevas sanciones de carácter administrativo contra el gobierno de Ramón Guerrero Martínez.

Desesperado por hacer negocios para él y su gente más cercana, El Mochilas se enreda solo y mientras pide apoyo y condiciona a los contratistas, a la vez los amenaza con no pagarles. Es un círculo vicioso,  pues si no hay dinero, las constructoras no pueden avanzar con trabajos como el de la carretera a Ixtapa y otros.

El problema que se le viene encima al Mochilas no es cualquier cosa, ya que es casi seguro que los trabajos no estarán listos para antes del 15 de abril en que por primera vez el Ayuntamiento recibirá a personal de la Auditoría Superior del Estado que ya no controla su amigo, el ex gobernador panista Emilio González Márquez; ni su socio Eugenio González Márquez; ni su mecenas, Abraham González Uyeda; ni mucho menos su cada vez menos incondicional, Enrique Alfaro Ramírez.

Todo por tratar a la gente con la punta del pie y hacer negocio en todas las áreas de la administración del gobierno del llamado Movimiento Ciudadano.

INFORMACION CLASIFICADA

POR CIERTO, UN ARQUITECTO, REPRESENTANTE DE UNA CONSTRUCTORA FUE AMENAZADO por el Director de Obras Públicas, Oscar Delgado, porque se atrevió a cuestionar las condicionantes del presidente municipal. Por un tercero, le advirtieron que no se atreviera a ir a la UMA porque le iban a hacer pasar un mal rato, que si quería enemigos de verdad, los iba a tener; que se iba a arrepentir.

Antes, en la reunión del Premier Buenaventura, Tomás, un funcionario menor de Obras Públicas que controla el padrón de contratistas, también hostigó al arquitecto amenazado por Oscar Delgado con un: “aquí no es lugar para hacer ese tipo de comentarios”.

El arquitecto teme que El Mochilas tome represalias contra la empresa que representa y la bloquen de aquí en adelante por atreverse a cuestionar las propuestas del señor presidente municipal.

QUE MAL SE VEN, LOS REGIDORES JESICA YERENA, TITO YERENA Y J.JESUS ANAYA VIZCAINO al autorizar adjudicaciones de obras dentro de la Comisión de Adjudicación, Asignación y Contratación de Obra Pública, dizque por “el bien de Vallarta”.

En la próxima columna les contaremos cómo se han prestado a la corrupción del Mochilas.

UNA TAREA PARA LA CONTRALORIA Y LOS REGIDORES QUE SI HACEN SU TRABAJO COMO SUSANA CARREÑO Y ADRIÁN MENDEZ, es investigar a fondo la presunción de que empresas y maquinaria afines al Director de Obras Públicas, Oscar Delgado, están siendo beneficiadas con trabajos en todas las obras que se realizan en el municipio.

 

martes, 12 de marzo de 2013

DIEGO FRANCO-MOCHILAS Y LA EMPRESA LED LUMINA S.A DE C.V., TRAS EL NEGOCIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN PV


Por Jorge Olmos Contreras

El presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como “El Mochilas”, le miente una vez más al pueblo noble de Puerto Vallarta al negar que la concesión del alumbrado público sea un negocio personal o de grupo, ya que sabe perfectamente que sí lo es y que para aterrizar este negociazo puso como personero al actual Sub-Oficial Mayor Administrativo, Diego Franco, quien es el enlace entre el Ayuntamiento y la empresa Led Lumina S.A de C.V., a la que pretenden otorgarle el servicio concesionado por 15 años con pagos anuales por más de 42 millones de pesos.

Desde luego, el alcalde Mochilas se está escudando en que se va a lanzar una licitación nacional para adjudicar el contrato a la empresa que mejores propuestas técnicas y económicas presente al pleno del Ayuntamiento. Sin embargo, desde ahora ya se cabildeó entre los regidores del Movimiento Ciudadano (que son panistas de origen y no auténticos seguidores de Enrique Alfaro) para que le den el visto bueno a Led Lumina S.A de C.V. y prácticamente  ya está todo planchado para que el Comité de Adjudicación le entregue el servicio del alumbrado público a esta compañía.

Se trata de toda una operación de un grupo estrechamente relacionado con el ex gobernador Emilio González Márquez los que van por la concesión que, sin dudar, les va a poner en sus manos Ramón Guerrero, quien también debe llevar su tajada de los dividendos presentes y futuros de este negocio.

En la polla está como cabeza (in) visible Eugenio González Márquez, el hermano del ex gobernador y de quien se dice es dueño de la firma Led Lumina S.A de C.V.; el ex diputado, Abraham González Uyeda; el Director de Obras Públicas de Vallarta, Oscar Delgado, Diego Franco  y el mismísimo Mochilas.

DIEGO FRANCO, EL PERSONERO

Un dato nos muestra el grado de complicidad que hay para entregar el servicio de alumbrado público a la gente que El Mochilas trajo de Guadalajara: Diego Franco fue secretario particular de Abraham González Uyeda, y es quien desde la casa “Sello Rojo” –así le nombran a la residencia que los funcionarios importados de la perla tapatía rentan en el fraccionamiento Las Gaviotas—opera toda clase de negocios de gran envergadura para beneficio del grupo.

Diego Franco, quien conduce una Grand Cherokee color negro último modelo y a quien le gusta ponerse hasta las manitas en antros como “El Barra Bar”, es uno de los habitantes de esa casa de Gaviotas, donde se hacen negocios y en ocasiones fiestas hasta altas horas de la madrugada. En su Facebook, el señor Franco ha subido fotografías que cualquiera lo podría confundir con un moderno narcotraficante, pero no lo es, sino uno de los más importantes funcionarios de El Mochilas.

Diego Franco, es el mismo personaje que desde la Sub-Oficialía Mayor Administrativa del Ayuntamiento vallartense anunció entre sus allegados que la administración del Mochilas tenía todo listo para contratar a una empresa de sub-contratación laboral (una outsourcing) mejor conocida como “Pagadora” para deshacerse de cientos de empleados municipales. Sin que nada pueda hacer el Oficial Mayor, Ignacio Guzmán García.

La idea de Diego Franco es obligar a los trabajadores a firmar su renuncia para hacerles un nuevo contrato por tres meses y cada 90 días renovarlo; pero con el añadido de que sería una empresa externa la que les pagaría sus salarios y prestaciones laborales.

Los empleados burócratas, sobre todo los de confianza que tienen muchos años trabajando en el Ayuntamiento, mandaron por un tubo a Diego Franco y no quisieron firmarle ningún documento, por lo que el funcionario los amenazó con denunciarlos “por desacato”, una arbitrariedad que de entrada es claramente inconstitucional y por lo tanto ilegal.

VAN POR UN REGIDOR PALERO

Pues bien, como lo anunciamos en otro espacio, el negocio de “La Pagadora” es otro que trae entre manos Eugenio González Márquez con el apoyo de Abraham González Uyeda y la mano cómplice de Ramón Guerrero.

Y como ya se dieron cuenta de que pueden hacer lo que sea mientras al pueblo le den migajas con engaños y promesas en los llamados “viernes ciudadanos”, traen bien amarrado el negocio del alumbrado público y el plan B ya está en marcha.

El plan consiste en comprar a un regidor de la oposición y cuidar que no les brinque ninguno del Movimiento Ciudadano (es decir, los de mayoría) para que el pleno apruebe la concesión por 15 años y en seguida lanzar la convocatoria para el concurso nacional de licitación.

Los regidores deben estar muy atentos para evitar dañar las finanzas públicas por los próximos 15 años y tienen la obligación moral y política de votar en contra de la concesión del alumbrado público, sobre todo por los negros antecedentes que el mismo grupo de Mochilas, Abraham González Uyeda, Eugenio González Márquez y Diego Franco ya tienen en este tipo de concesiones, como lo hicieron en los municipios de Autlán y Chapala.

LA CONEXIÓN PACO MICHEL

En Autlán de Navarro, por ejemplo, el Ayuntamiento concesionó por 15 años a la empresa Led Lumina Leasing, SA de CV Sofom Enr, el servicio de alumbrado público, lo que levantó suspicacias por la premura y sigilo con el que se llevó a cabo, sobre todo porque se concretó en los últimos días de gestión de la administración que encabezó el panista Fernando Morán Guzmán, según una nota informativa del periódico El Occidental del 27 de septiembre del año pasado.

En este municipio, se sabe que el contacto, personero o cabildero fue un tal Paco Michel, otro personaje ligado a González Uyeda.

En el cuerpo de la información, el reportero José Mendoza Navarro indica que en el acta de sesión del 17 septiembre –publicada en de forma escueta en la página web del Ayuntamiento--  se establece que la concesión del alumbrado público conlleva el cambio de todas las luminarias del municipio, sustituyéndolas por lámparas Led, pero no se asienta en el documento que tendría un costo de 15 millones de pesos, deuda que se heredó a la siguiente administración.

“Tampoco se transparenta lo que el Ayuntamiento tendrá que pagar a Led Lumina Leasing durante los 15 años que se hará cargo del mantenimiento del alumbrado público y cuáles son los beneficios para la comuna y habitantes; pero sobre todo, no se sabe cómo se garantiza que la empresa, a la que se le cede este importante servicio público, cumpla cabalmente y no se vaya a convertir en un problema para posteriores ayuntamientos, como ha sucedido en municipios de otras entidades, sobre todo en el norte del país”.

 TAMBIÉN EN CHAPALA

Y si eso fue en Autlán, en Chapala otro alcalde panista, J. Jesús Cabrera Jiménez concesionó por 20 años a la misma empresa Led Lumina Leasing, SA de CV Sofom Enr, el servicio de alumbrado público.

“Si en la edición del 27 de septiembre del 2012 El Occidental dio cuenta que en un hecho sin precedente en Jalisco, el Ayuntamiento de Autlán de Navarro había concesionado a esta empresa el mismo servicio, en este caso por un plazo de 15 años… Ya había un precedente muy oculto: Chapala, menciona el mismo reportero Mendoza Navarro.

En Chapala se endeudó a sucesivas administraciones con más de 20 millones de pesos, al ceder a una persona moral este servicio que constitucionalmente debe brindar la autoridad municipal”.

En este contexto, agrega: “Cada vez es más fuerte el rumor de que atrás de estas concesiones y venta de lámparas Leds a estos municipios y muchos otros de la entidad, está un hermano del gobernador Emilio González Márquez. Así lo dijeron en Autlán funcionarios de la pasada administración y un ex Legislador del PAN.

“En el caso de Chapala, un medio local da cuenta del hermano de González Márquez (sin dar nombre) y asegura que la deuda no sería por los 20 millones de pesos que se consigna en el Acta del ex Ayuntamiento chapalense, sino que el débito ascendería a más de 135 millones de pesos, dicho por quien fuera regidor, que por cierto votó en contra de la concesión: Carlos Rosales Pérez.

NEGOCIO MILLONARIO

“En ambos casos, se presupone que Led Lumina Leasing, SA de CV Sofom Enr se encargará de sustituir las luminarias existentes por lámparas Leds. En Autlán la totalidad de focos existentes y en el caso de Chapala se le puso número: dos mil 972.

Durante la duración de los contratos la empresa cobrará a los ayuntamientos lo que actualmente pagan a la Comisión Federal de Electricidad por el consumo de energía, y sería la encargada de liquidarle a la paraestatal. En el caso de Chapala se establece un incremento de 6% anual.

Al hacer la sustitución de luminarias, Led Lumina se queda con las lámparas existentes en los municipios que en su mayoría son de vapor de sodio. Cabe señalar que en Chapala ya se habían instalado 400 luminarias Leds que en 2011 había recibido el Ayuntamiento del Gobierno del estado en comodato.

Versiones de entrevistados en Autlán y Chapala apuntan a que el negocio de las lámparas Leds es millonario, ya que el actual Gobierno de la entidad ha propiciado su introducción en buen número de municipios que estaban gobernados por administraciones panistas, como Tonaya y Cocula, por ejemplo; y se dice que en Tecalitlán también se habría concesionado del servicio de alumbrado público.

Esto a reserva de los casos que surjan en cuanto los gobiernos que iniciaron el 1 de octubre del año en curso, empiecen a recibir los cobros correspondientes. También introdujo este tipo de lámparas en parte del periférico de la zona metropolitana, pero fueron criticadas y cuestionado su funcionamiento por expertos del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Jalisco.

Hasta ahí los apuntes de El Occidental.

Pues bien, ahora el mismo grupo viene por el negocio del alumbrado público de Puerto Vallarta, con la diferencia de que aquí van por más de 42 millones de pesos anuales durante 15 años, es decir 630 millones de pesos, más el porcentaje de aumento que se estipule en el contrato cada año y las contraprestaciones contraídas, como podrían ser comprometer las participaciones federales y pagar intereses moratorios desorbitantes en caso de que el Ayuntamiento no pague las cuotas mensuales.

EL ESPEJO DE ENSENADA

El caso más reciente se acaba de dar la semana el viernes primero de marzo en el municipio de Ensenada, Baja California Norte, donde el Ayuntamiento aprobó con 13 votos a favor y 2 en contra, el dictamen que establece la concesión por un periodo de 15 años a la empresa LED Lumina, S.A. de C.V., (con dirección oficial en Avenida Real Acueducto No. 360, piso 7-3, Puerta del Hierro en Zapopan, Jalisco) firma que de acuerdo con el dictamen, “cumple con los requisitos y características de la convocatoria”, que resultó “solvente desde el punto de vista técnico y económico”.

El contrato, que debe ser firmado entre el 11 y el 18 de marzo del 2013, ha sido duramente criticado por empresarios y los regidores que votaron en contra, ya que caso de darse contraprestaciones contraídas, el municipio tendrá que desviar participaciones federales y pagar intereses al 1.5% mensual en caso de que no se cumpliera con el pago correspondiente. Así como que de no hacerse el pago por parte del municipio, la concesionaria podría dar por terminado el contrato y retirar la totalidad de las luminarias.

El documento estipula además que no se puede rescindir el contrato en los primeros tres años de vigencia.

En el contrato, no se obliga a Led Lumina S.A de C.V. a cumplir con reglamentos como el de la Prevención de la Contaminación Lumínica; ni se evita la instalación de postes a cargo del Ayuntamiento o la obligación del mismo gobierno de realizar reparaciones por desperfectos.

El mismo contrato establece que el Gobierno Municipal pagará mensualmente a Led Lumina S.A. de C.V. la cantidad de 198 pesos por luminaria, más IVA, por lo que considerando que existen 21 mil 785 lámparas instaladas en la localidad, el monto total mensual sería de 4 millones 313 mil 430 pesos, por concepto de contraprestación por el servicio de alumbrado público.

Algo muy similar a Puerto Vallarta, pues aquí se pagan poco más de cuatro millones de pesos al mes a la CFE por este servicio.

CONCESIONES AL VAPOR

Por otra parte, el jueves 21 de febrero en el periódico “El Mexicano” se publicaron negros antecedentes de la presunta empresa de Eugenio González Márquez, ya que se asegura que “Led Lumina Leasing, S.A. de C.V. Sofom Enr y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A. de C.V. son empresas dedicadas a los luminarios de led, que en la realidad tienen los mismos dueños, esto es, son la misma gata, nomás que revolcada, en el que un hermano del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez es realmente uno de los dueños junto con otros políticos panistas, pero usando testaferros para no aparecer ellos directamente”.

Que “el exgobernador Emilio González Márquez favoreció a Led Lumina y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A. de C.V. mediante el tráfico de influencias y las favoreció ilegalmente comprándoles por adjudicación directa más de 54 millones de pesos en supuestos estudios de iluminación o en compra de luminarios de led a sobreprecio, los cuales fueron dados en comodato a varios municipios”.

Que “Led Lúmina y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A. de C.V. han obtenido concesiones de alumbrado en Jalisco, utilizando tráfico de influencia y en algunos casos el soborno a servidores públicos”, se puede leer en la nota de “El Mexicano”.

Asimismo, que “Led Lumina y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A. de C.V. ganan licitaciones siempre hechas al vapor y súper rápidas (casos de Chapala, Autlán, Pihuamo, Ensenada), en donde compiten con alguna empresa que no se dedica al giro del alumbrado, y que sólo sirven como paleros o pantalla para dar apariencia de legalidad a la licitación en turno”.

Que “Los luminarios de Led Lumina y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A. de C.V. son de mala calidad, dañinas para las personas por su luz fría y radiación ultravioleta y actualmente los luminarios de estas empresas tienen oscurecido el Periférico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, aparte que dichos luminarios fueron vendidos a sobreprecio y utilizando intermediarios. El Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Jalisco (CIMEJ) dictaminó oficialmente en contra del uso de luminarios de LED LUMINA en el Periférico, según notas periodística de Milenio http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/ec8ad0740ac6034d5ab306fa9ffb4b0e y de El Informador http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/144959/6/advierten-que-las-lamparas-led-pueden-provocar-accidentes.htm

También, que “los luminarios de led de LED LUMINA, en la realidad son lámparas fluorescentes de estado sólido, por contener capa de fósforo en su encapsulado óptico, y este tipo de lámparas fluorescente está prohibido su uso en el alumbrado público, atendiendo lo dispuesto en el artículo 930-4 Alumbrado Público, de la NOM-001-SEDE-1999, que dice:"...no se permite el uso de lámparas incandescentes, fluorescentes, tungsteno-halógeno, vapor de mercurio y luz mixta para el alumbrado público".

Por ello, critican que el contrato que el Municipio de Ensenada va a suscribir con LED LUMINA LEASING, “carece totalmente de estipulaciones de cumplimiento por parte de la concesionaria respecto de las Normas Oficiales Mexicanas y de Normas Mexicanas de Alumbrado Público, así que LED LUMINA se irá por la libre, para instalar en el alumbrado de Ensenada iluminación no regulada por la normatividad vigente y de acuerdo a sus intereses para bajar la potencia de sus luminarios de Led y con ello obtener más ganancia, en perjuicio de la seguridad de los habitantes de Ensenada, por el mayor oscurecimiento de sus vialidades”, subrayan.

 


miércoles, 6 de marzo de 2013

JEFE DE ESCOLTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENFRENTA CUATRO PROCESOS JUDICIALES Y UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN FEDERAL; SE TRATA DE JORGE EFRÉN AGUILERA GARCÍA


Por Jorge Olmos Contreras

Jorge Efrén Aguilera García, jefe de escoltas del Director de Seguridad Pública Municipal podría ser dado de bajas en las próximas horas si su jefe, el coronel Silvestre Chávez García, es congruente con lo que pregona de respetar las leyes y mandatos judiciales, toda vez que su funcionario policiaco enfrenta cuatro procesos judiciales, ocho amparos y una presunta orden de reaprehensión federal.

Con graves antecedentes de malos tratos, prepotencia y abusos en su paso como guardaespaldas del secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal en Nayarit en el año 2008, donde agredió a agentes de tránsito, los quiso golpear y les gritaba que eran unos gatos.

El comportamiento de Jorge Aguilera no ha cambiado, ya que lo mismo hace en Puerto Vallarta, donde humilla, ofende y hostiga a los agentes de la policía municipal, gracias al respaldo que hasta ahora le ha dado el coronel Silvestre Chávez.

Sin embargo, el Director de Seguridad Pública se verá obligado a pedirle su renuncia una vez que salgan a relucir más detalles de los cuatro procesos judiciales que enfrenta y, sobre todo, por el riesgo latente de que pueda ser detenido en cualquier momento por agentes federales.

En cuatro meses, Jorge Aguilera se ha ganado fama de prepotente y corrupto al interior de la corporación policiaca, al grado de que ha trascendido que cobra cinco mil pesos mensuales a todas las empresas que ofrecen servicios de grúas y arrastre, como condición para que puedan ser contempladas por la sub-dirección de tránsito en la contratación o asignación del traslado de vehículos al corralón municipal.

Lo más grave, es que entre policías municipales ha trascendido que Jorge Aguilera es muy boca suelta y que presuntamente ha hecho comentarios que ubican al coronel Silvestre Chávez en negociaciones oscuras con grupos no identificados.

Que las apuraciones del coronel, producto de dichas negociaciones, lo ha llevado incluso a solicitar un préstamo al Banco del Ejército para reponerse de ciertas perdidas.

Pero si Jorge Aguilera ya prendió los focos rojos en la Dirección de Seguridad Pública, hay otro funcionario que pronto le va a dar problemas al coronel. Se trata del subdirector operativo, Encarnación Ernesto Ojinaga Ruiz, contra quien pesan señalamientos en su contra, pues se le menciona en un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) como una persona que fue detenida en el año 2007 en Reynosa, Tamaulipas –sede del Cártel del Golfo y Los Zetas—en posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El comunicado de la PGR es el DPE/4851/07, y fue mencionado en una nota publicada el 11 de noviembre del 2009 por la reportera Alejandra Molina Serna en el periódico El Occidental de Guadalajara.

 

PERDONAN ACTOS DE CORRUPCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL DIF PV, MAGALY FREGOSO Y DEL SECRETARIO PARTICULAR, OSCAR PÉREZ; HABRÍAN PEDIDO DINERO A EMPRESARIOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS Y MALVERSADO LOS FONDOS


Por Jorge Olmos Contreras

La queja llegó directamente al presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez de boca de por lo menos dos regidores del Movimiento Ciudadano. Le señalaron que la presidenta del DIF, Magaly Fregoso y su secretario particular, Oscar Pérez, habían pedido fuertes cantidades de dinero a varios empresarios de Puerto Vallarta para canalizar los recursos al Banco de Alimentos y en la compra de cientos de despensas, pero los fondos habrían sido malversados por los funcionarios municipales.

El alcalde recibió la noticia con desgano, no le dio la importancia debida y pidió a los ediles que exhortaran a los supuestos empresarios a denunciar los hechos, con lo que les extendía un perdón de facto a sus funcionarios consentidos, uno de ellos la propia Magaly Fregoso, de quien se dice, sostiene una presunta relación sentimental.

El otro perdonado es Oscar Pérez, aquél muchacho que se accidentó cuando revisaba las instalaciones del edificio de la Unidad Administrativa Municipal (UMA) en los primeros días de gobierno de El Mochilas.

El caso es un escándalo al interior del Ayuntamiento, pero sobre todo entre los regidores que recogieron de viva voz la queja de los empresarios que fueron sorprendidos por Magaly Fregoso y Oscar Pérez con las aportaciones al Banco de Alimentos.

El presidente municipal no quiso investigar el asunto y mucho menos le pidió a la Contraloría Municipal que lo hiciera. Todo quedó en una solicitud para que los empresarios afectados por las prácticas de Magaly Fregoso y Oscar Pérez pusieran su denuncia correspondiente y sólo así hacer una indagatoria.

Hasta ahora, ningún empresario a quienes les pidieron sumas que pasan los 20, 30 y 40 mil pesos, han querido denunciar, ni pública, ni penal ni administrativamente a Magaly Fregoso y Oscar Pérez, por lo que no se duda que este caso quede como uno más de la corrupción que ya permea al Ayuntamiento de El Mochilas y que daña a los ciudadanos de Puerto Vallarta.

Los involucrados no han hecho alguna declaración pública ni tampoco han aclarado el punto con los regidores del Movimiento Ciudadano, quienes están muy molestos y asombrados de cómo una mujer como Magaly Fregoso se atreve a pedir dinero que después no reporta para los programas de ayuda como es el mismo Banco de Alimentos.

Por lo pronto, El Mochilas los perdonó y no quiso investigar nada.

 

lunes, 4 de marzo de 2013

LA CONCESIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO POR 15 AÑOS A UN PARTICULAR EN VALLARTA, OTRO NEGOCIO DE EL MOCHILAS




Por Jorge Olmos Contreras

El presidente municipal de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, tiene ya bajo su escritorio otro proyecto que pretende endilgarle a los vallartenses mediante la contratación de otro crédito –es decir, más endeudamiento—para concesionar el servicio de alumbrado público a 15 años. La idea que trae “El Mochilas”, es echar mano de un supuesto beneficio que la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía (CONUEE), otorga a los municipios para sustituir cientos de luminarias dentro del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal.

Apoyado en este proyecto del gobierno federal, a Ramón Guerrero se le acaba de ocurrir la peregrina idea de concesionar, por adjudicación directa y no por licitación abierta, el servicio de alumbrado público; es decir, estamos en la antesala de otro jugoso negocio, ya que El Mochilas buscará entre sus amigos a un proveedor de Guadalajara para que se quede con dicha concesión.

Para esto, ha estado cabildeando de una manera más que afanosa entre los regidores para que eventualmente el pleno del Ayuntamiento le apruebe la solicitud de un nuevo crédito bancario y de esta manera solicitar a la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía el ingreso del municipio de Puerto Vallarta al Proyecto Nacional de Eficiencia Energética.


Sin embargo, como no ha encontrado eco entre los seis regidores de oposición y necesita aunque sea el voto de uno de ellos para aprobar el empréstito, decidió cancelar la sesión de cabildo a la que había convocado previamente el jueves pasado y guardó para mejor ocasión someter al pleno la concesión del alumbrado público. De hecho, se presume que El Mochilas no quitará el dedo del renglón y tratará, a costa de lo que sea, entregar el servicio a un particular para hacer un negocio redondo.


El negocio podría concretarse hoy mismo, pues está convocando para reanudar la sesión de Cabildo del jueves para este lunes 04 de marzo a las 14:30 horas y continuar con otra sesión ordinaria a las 15:00 horas.
UNA MALA EXPERIENCIA


Desde luego, Ramón Guerrero nos va a querer vender el proyecto, vía regidores, como una “oportunidad inigualable” para ahorrar energía y obtener los beneficios económicos financieros que otorga la CONUEE a aquéllos municipios que entran al Programa Nacional de Eficiencia Energética, aunque en el fondo se trata de un negocio más al tratar de asignarle a un particular el cambio de cientos de luminarias de las colonias de Puerto Vallarta.


Que no se nos olvide que en Puerto Vallarta acabamos de tener la amarga y frustrante experiencia de la compra de miles de luminarias –en la corrupta administración de Javier Bravo Carbajal—a un sobre precio que no se justificó y que no cumplió el objetivo para las que fueron adquiridas a una empresa española. Se trató de un negociazo más de Javier Bravo y al final esas lámparas resultaron de tan mala calidad que muchas ya no funcionan y otras se quedaron en las bodegas de Servicios Públicos Municipales, por inservibles.


Ahora, Ramón Guerrero nos quiere endilgar otra compra masiva de luminarias, sin siquiera haber interpuesto una denuncia penal contra los ex regidores que en la administración de Javier Bravo aprobaron la adquisición de las lámparas de alumbrado público. Quizá, porque entre los culpables de aprobarle a Javier Bravo dicha compra figuran por lo menos dos de los principales colaboradores de El Mochilas, Santiago Centeno y Ricardo René Rodríguez.


Así las cosas, El Mochilas pretende que los regidores le aprueben la concesión del alumbrado público, sin antes informarles con detalle lo que contempla el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal. Es claro que Ramón Guerrero está ocultando información al respecto, porque sabe perfectamente que el municipio no cumple con lo que estipula la Norma Oficial Mexicana en materia de ahorro de energía, ni reúne los requisitos de ahorro energético para que la CONUEE lo certifique.


Este es uno de los principales puntos que deben analizar los regidores: El municipio no cumple con la Norma Oficial Mexicana de Ahorro Energético aprobada apenas en diciembre pasado por el Senado de la República y es casi un hecho que la misma Comisión no certifique al Ayuntamiento y por lo tanto no sería admitido en el proyecto, sería pues un negocio de El Mochilas para beneficiar a alguien.


NEGOCIO DE AMIGOS

Es claro que en aras de formalizar un negocio que le retribuya dividendos a su bolsillo y a los de sus amigos, Ramón Guerrero está haciendo las cosas al revés y si los regidores, tanto del Movimiento Ciudadano como los de oposición le aprueban el crédito, se meterían en problemas una vez que la misma CONUEE rechace la entrada de Puerto Vallarta al Proyecto Nacional de Eficiencia Energética.

Veamos por qué:

En la Guía práctica que la CONUEE pone a disposición de los municipios para que puedan entrar a participar en la sustitución de los sistemas de alumbrado público municipal por sistemas con mayor eficiencia energética, se les exige que presenten a la delegación estatal de Banobras lo siguiente:


1.- Carta de intención firmada por el presidente municipal


2.- Facturación estadística de sobre la facturación del alumbrado público y en su caso recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) mínimo de tres años.


3.- Último censo de alumbrado público por potencia y tipo de tecnología, validado por la CFE para el caso de servicio directo.


4.- Carta de no adeudo vigente expedida por la CFE


5.- En caso de que el municipio cuente con el DAP, copia del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la CFE para su recaudación.


En este punto hay que detenernos, ya que el Ayuntamiento no cuenta con dos de estos requisitos. Uno es la facturación del DAP, porque al parecer no recauda este derecho y dos, no tiene una carta vigente de no adeudo con la CFE.


LOS REQUISITOS


Ahora bien, el municipio deberá elaborar y remitir a Banobras su propuesta de sustitución de los sistemas de alumbrado en donde se contemple:


1.- Descripción general del proyecto y responsable del mismo


2.- Número de puntos de luz a sustituir, descripción sobre el tipo de tecnología, potencia y vida útil estimada del sistema propuesto.


3.- Costo estimado de la propuesta de inversión, incluyendo instalación, precio de lámparas, balastros, luminarios y disposición final, destino final de las luminarias (reubicación o destrucción).


En este renglón, Ramón Guerrero tampoco ha exhibido a los regidores y mucho menos a los ciudadanos, el proyecto general ni el costo estimado de inversión.


La Guía indica que en caso de que la propuesta del proyecto obtenga la opinión técnica favorable de la CONUEE, Banobras elaborará una propuesta de financiamiento para el municipio. En caso contrario, se harán observaciones para que el Ayuntamiento presente una nueva propuesta.


Asimismo, que una vez aceptada la propuesta de financiamiento, Banobras le presentará al municipio los documentos necesarios para su formalización, entre los que se encuentran:


Solicitud de crédito; en su caso, autorización del cabildo para contratar el financiamiento o en su caso del Congreso del Estado. En caso de contar con DAP, contrato de mandato especial irrevocable a la CFE para el pago a Banobras con recursos del DAP.


EL ATORÓN


En este sentido, es claro que no se cuenta –hasta ahora—con el requisito más indispensable para entrar al proyecto, y que es la autorización del cabildo o del pleno para solicitar el préstamo a Banobras.


El programa tiene sus beneficios, como la posibilidad de que el proyecto que eventualmente presente el Ayuntamiento se beneficie con un apoyo del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.


Sin embargo, la aprobación de dicho apoyo estará sujeta a la disponibilidad de recursos, cuyo monto será lo que resulte menor de 10 millones de pesos o el 15 por ciento del monto total del proyecto. En este caso, el Comité Técnico del Fondo se reservará el derecho de otorgar el apoyo en el caso de proyectos que no se apeguen a la propuesta que cuente con la opinión técnica favorable de la CONUEE.


Es decir, si por las prisas de El Mochilas no se obtiene la opinión técnica favorable de la CONUEE, pues simple y sencillamente Vallarta queda fuera de dicho beneficio.


Bajo este escenario, no hay que perder de vista dos cosas:


Una, que para entrar al Proyecto, el Ayuntamiento tendrá que forzosamente endeudarse, es decir, pedir el crédito a Banobras. Y dos, no se tiene la seguridad de que la administración de Ramón Guerrero tenga un proyecto que se apegue a la Norma Oficial Mexicana de Ahorro Energético ni a los lineamientos de la CONUEE, por lo que lo más probable es que se beneficie a un particular con la compra masiva de luminarias, pero que nunca tengamos los beneficios que contempla el programa, pues ni siquiera se tiene la certeza de que exista un convenio con la CFE para la recaudación del Derecho de Alumbrado Público.


En resumen, se trata de otro negocio entre políticos para beneficiar a un particular con dinero público, con la gravedad de que se va a recurrir a un nuevo endeudamiento y como el Ayuntamiento está prácticamente en quiebra, no se entiende la necedad de El Mochilas de endilgarle otro crédito al pueblo de Vallarta.


INFORMACION CLASIFICADA


PERO SI DE NEGOCIOS SE TRATA, EL MISMO MOCHILAS YA TRAE otro más. Se trata de contratar una empresa outsourcing mejor conocidas como “Pagadoras” de subcontratación laboral para que por esta vía se pague a cientos de empleados municipales.


El negocio lo sabe muy bien el regidor Luis Ernesto Munguía, pues en sus borracheras se le salió decir que su jefe Ramón Guerrero trae este proyecto en manos.