viernes, 20 de diciembre de 2019

HOY PODRÍA SALIR DE PRISIÓN EL EX ALCALDE DE BB, JOSÉ GÓMEZ; SE HABRÍA DECLARADO CULPABLE Y SOLICITAR PROCEDIMIENTO ABREVIADO



Por Jorge Olmos Contreras 

El ex presidente municipal de Bahía de Banderas, el priista José Gómez Pérez, podría obtener su libertad este viernes, luego de que se habría declarado culpable del delito de tortura y solicitar un Procedimiento Abreviado, contemplado en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con cuya figura legal puede obtener su libertad, pero al mismo tiempo le quedaría el antecedente penal y, como tal, ya no podría ocupar ningún cargo público; ni mucho menos, aspirar a un puesto de elección popular mientras tenga esta condición. 

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, fue el mismo José Gómez quien habría informado a familiares y conocidos que lo visitaron en prisión esta semana que hoy viernes podría dejar la cárcel, toda vez que sus abogados defensores pidieron al Ministerio Público que solicitara al juez de oralidad que lleva el caso someterse al llamado Procedimiento Abreviado. 

De hecho, se sabe que antes, los ex escoltas de José Gómez Pérez, quienes fueron los que lo habrían señalado como el autor de la tortura en agravio de un ciudadano de Bahía de Banderas, también se habían acogido a esta figura para poder dejar la prisión. 

La medida parece tener una connotación de desesperación en José Gómez, ya que, al solicitar el Procedimiento Abreviado, simple y sencillamente se declara culpable y de esta manera el juez está obligado a verificar si el delito que le imputan está dentro del rango de años para obtener este beneficio y si es así, tendría que dejarlo en libertad, pero bajo ciertas medidas y condicionantes. Y como en el proceso admite la culpa, esto sería como una sentencia condenatoria, por lo que siempre le quedará el antecedente penal de haber cometido tortura. 

En este sentido, como el delito de tortura en el Código Penal de Nayarit se sanciona con dos y hasta 10 años de prisión y el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) habla de una medida aritmética de hasta la mitad de la sanción máxima para poder obtener el beneficio de la libertad a aquellos que se someten al Procedimiento Abreviado, es casi seguro que en la audiencia de este viernes (que algunos aseguran será hoy) se informe sobre la libertad del reo, a quien también le fijarán una cifra económica a pagar por concepto de reparación del daño. 

Ahora bien, los requisitos de procedencia y verificación del Juez para autorizar el llamado “Procedimiento Abreviado” son: 

1.- Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. 

2.- Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. 

3.- Que el imputado: a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral; c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. 

En el artículo 202 del CNPP también se indica que “el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del Procedimiento Abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral”, como es el caso que nos ocupa. 

Para la audiencia se deberán citar a todas las partes, pero el CNPP advierte que “la incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto” 

Asimismo, dicho Código indica que “cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión, cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa” 

“En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión”, que es el caso de José Gómez Pérez. 

Hay que recordar que a José Gómez lo vincularon a proceso por diversos delitos, uno de los cuales, el de tortura, amerita prisión preventiva oficiosa, por eso se quedó en la cárcel, pero con el nuevo sistema de justicia penal, los acusados también pueden acogerse a la figura ya mencionada del Procedimiento Abreviado. 

Así las cosas, algunos podrán ver en estas medidas una especie de victoria para José Gómez si recupera su libertad, pero en el fondo, es una derrota, tanto para el ego del ex alcalde de Bahía de Banderas, como para sus futuras pretensiones políticas, pues al declararse culpable estaría aceptando su responsabilidad en el delito de tortura, y por lo tanto, esa falta ante la sociedad lo seguirá de por vida, lo marcará para siempre y con el antecedente penal, ya no podrá ocupar cargos públicos de ninguna índole. 

Esto es como la anécdota de los dos amigos que están en un túnel oscuro y uno ve una luz y grita de alegría… ¡por fin, veo una luz al final del túnel!... Y el otro le contesta… ¡Cuidado, no vaya a ser una locomotora!

miércoles, 18 de diciembre de 2019

GOBIERNO DE BAHÍA DE BANDERAS PRETENDE EVADIR PAGO DE NUEVA PRESIDENCIA Y ECHARLE LA BOLITA AL GOBIERNO DEL ESTADO







Por Jorge Olmos Contreras

El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, ahora que ha perdido todas las instancias legales en lo relativo al tema de la Presidencia, ha intentado ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el pobre argumento que no tiene recursos y que el Congreso del Estado de Nayarit no le ha permitido solicitar un crédito para hacer frente al pago de esta obligación.

Lo anterior quiere decir, palabras más, palabras, que el Ayuntamiento de Bahía continúa eludiendo su responsabilidad jurídica y le está aventando la bolita de la deuda al gobierno del Estado de Nayarit, para que éste por conducto del Ejecutivo asuma la obligación de pago.

Lo anterior se desprende del acuerdo pronunciado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, apenas el pasado 27 de noviembre --y notificado a los interesados el seis de diciembre--, en donde requiere le remitan información a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit y al Congreso del Estado de Nayarit de los procedimientos administrativos y de la solicitud realizada por el municipio al Congreso para solicitar un crédito y que, a su decir (del Ayuntamiento), le fue negada.

Esta situación resulta por demás irregular, ya que el Municipio es un órgano autónomo, más bien lo que intenta el presidente municipal, en su afán de continuar en la vida política del Estado, es repartir culpas y responsabilidades.

No debe olvidarse que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito ya remitió el dictamen a la Suprema Corte en donde se solicita se separe al Presidente, Secretario, Síndico, Tesorero y Regidores y se les juzgue por el Desacato a la sentencia.

¿Será que el flamante Director Jurídico no sabe qué hacer con la papa caliente y está intentando repartir culpas de todos los procesos legales mal llevados por el Ayuntamiento?

Tampoco debemos olvidar que la separación del cargo de estos funcionarios está latente, y que por más que intenten una y otra vez eludir su responsabilidad jurídica en este caso, el desacato fue tan grave que en cualquier momento podría hacerse efectiva esta medida, por ello la SCJN le está dando seguimiento al caso y requiriendo respuestas al mismísimo Congreso del Estado, a la Auditoría Superior y al gobierno estatal que encabeza Antonio Echeverría.


viernes, 8 de noviembre de 2019

DAN PRISIÓN PREVENTIVA A EX ALCALDE DE BAHÍA DE BANDERAS POR PRESUNTA TORTURA; SE RESERVA SU DERECHO A DECLARAR



El ex presidente municipal de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, se reservó su derecho a declarar durante la audiencia inicial de imputación llevada a cabo en la ala uno del juzgado oral de Bucerías la tarde de este viernes. El ex alcalde también solicitó al juez la ampliación del término constitucional para defenderse de la acusación de varios delitos, entre otros el de tortura en agravio de José Alejandro N, en hechos ocurridos durante las pasadas elecciones locales del 2017 en que el candidato ganador fue Jaime Cuevas Tello.

La etapa de seguimiento de la audiencia de imputación será el próximo miércoles 13 de noviembre en el mismo juzgado de control y oralidad de Bucerías a las 16:00 horas; por el momento, el juez que lleva el caso dictó prisión preventiva oficiosa en contra de José Gómez Pérez, con el argumento de que representa un peligro para la víctima, por lo que el ex primer edil de Bahía de Banderas se quedará en la cárcel por lo menos durante los próximos seis días.

José Gómez fue detenido la mañana de este viernes en las inmediaciones de San Vicente, Nayarit, mientras llevaba a sus hijos a la escuela. Esto, debido a una orden de aprehensión obsequiada por un juez de control por el presunto delito de abuso de autoridad, tortura y lesiones calificadas, dentro de la causa penal 194/2019.

De acuerdo con la información que se divulgó esta tarde en la audiencia inicial de imputación contra el ex alcalde de Bahía de Banderas –y a la que VALLARTA UNO tuvo acceso-- , un albañil y recolector de basura de nombre José Alejandro N habría sido víctima de José Gómez el día 23 de mayo del año 2017 –en ese entonces presidente municipal en funciones--, porque supuestamente le habría ordenado a sus escoltas Keni Elmar Rincón, Elealzar Beringo y César Pérez, que llevaran a José Alejandro a un rancho del ex alcalde ubicado en La Misión, poblado de San Vicente.

Que antes, en una camioneta blanca con vidrios polarizados, los guardaespaldas de José Gómez –quienes portaban armas largas-- se llevaron a José Alejandro N, a quien lo abordaron al preguntarle “¿Tú eres el Chango?” y después lo trasladaron al rancho.

EL MÓVIL

Que todo había empezado porque José Alejandro N había sido despedido (no señalan si del Ayuntamiento o del equipo de José Gómez) por apoyar la campaña de Héctor Santana en los pasados comicios y posteriormente habría sido sorprendido rompiendo propaganda del candidato (a la postre triunfador) Jaime Cuevas, en ese momento apoyado por el propio José Gómez.

Que al parecer desde ahí lo empezaron a seguir y que, después los guaruras de José Gómez fueron por él, lo subieron a una camioneta blanca y lo trasladaron presuntamente al rancho de José Gómez, donde, según versión de la víctima --que en esos momentos se encontraba con su esposa-- escuchó que los escoltas (que eran policías activos del gobierno de Bahía de Banderas) le preguntaron al ex alcalde: “Jefe, lo traemos, ¿lo matamos?”, y que según eso, Gómez respondió: “Sólo sácale información”.

LA PRESUNCIÓN

Los abogados del señor José Alejandro, presentaron ante el juez de control oral una serie de presuntas pruebas en contra de José Gómez, como el Informe Policial Homologado (IPH) del incidente de la troca blanca con vidrios polarizados donde supuestamente se llevaron a la víctima.

Una entrevista a Florencia N, esposa de José Alejandro.

Inspección de un domicilio en la calle Amado Nervo de Sam José del Valle, donde supuestamente sucedieron los hechos (donde José Alejandro rompía propaganda de Jaime Cuevas).

Entrevista a personas que supuestamente rescataron a la víctima; un dictamen médico y una evaluación psicológica de José Alejandro y un informe de que los escoltas de Gómez estaban dados de alta en seguridad publica y que tenían asignadas armas largas AR-15 y pistolas escuadra .9 milímetros marca Prieto Beretta.

Ahora bien, por investigaciones propias de este medio, se supo que, en el año 2018, los escoltas de José Gómez fueron sometidos a un procedimiento penal abreviado por presuntamente los mismos delitos que ahora le imputan a José Gómez, pero sus guardaespaldas salieron rápido del embrollo judicial y fue hasta hoy 08 de noviembre, en que el ex alcalde fue detenido.

LAS DUDAS

De este asunto, surgen muchas dudas, debido a que algunas acusaciones son contradictorias, por lo que el mismo imputado, José Gómez pidió al juez oportunidad para declarar y se reservó su derecho a hacerlo; por eso su defensa solicitó el término constitucional ampliado para hacerlo, lo que seguramente hará en el seguimiento de la audiencia de imputación, que será como ya dijimos, el miércoles 13 a las 16:00 horas en la sala 1 del Juzgado oral de Bucerías.

En este contexto, no hay que perder de vista el ambiente político que se vive en Bahía de Banderas, donde el mismo José Gómez, hace unos días, arremetió en varias ocasiones --sobre todo en redes sociales—contra el actual presidente municipal, Jaime Cuevas Tello, por el caso de la llamada presidencia de cartón. 

jueves, 7 de noviembre de 2019

LAS LIMOSNAS DE ENRIQUE ALFARO PARA VALLARTA Y SU DEMENCIA POLÍTICA




Como si se tratara de un logro extraordinario, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció ayer durante su visita a la ciudad, que ya estaba gestionando los primeros 100 millones de pesos –de 650 millones que se le quitaron a Puerto Vallarta del presupuesto federal este año—para destinarlos a las zonas marginadas del municipio, pero nunca dio una explicación del por qué funcionarios de su gobierno le solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) la cancelación de esos recursos que estaban etiquetados para ser utilizados en obras de equipamiento urbano en colonias pobres de este destino turístico.

Cuando los reporteros lo cuestionaron sobre el por qué el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del gobierno estatal, Sergio Humberto Graf Montero envió un oficio a la Sedatu para cancelar los recursos que estaban destinados al mejoramiento urbano de Puerto Vallarta, Enrique Alfaro sacó su otro yo verdadero y respondió a la pregunta con un “¡por favor, no diga barbaridades, hay que ponernos a leer todos!”.

Lo peor fue cuando los mismos reporteros le informaron que la diputada federal (de Morena) de este quinto distrito, Lorena Jiménez había revelado en la máxima tribuna del país, es decir, en la cámara de diputados, que fue el gobernador de Jalisco el que pidió a la Sedatu que cancelara recursos que estaban programados para el mejoramiento urbano de Puerto Vallarta y qué opinaba sobre esto, pues con esa arrogancia y soberbia que caracteriza a Enrique Alfaro, respondió socarronamente que no conocía a la legisladora.

Así de majadero con una dama se portó el señor Alfaro.

“¿Quién es ella?”, nunca he tenido “el gusto” de platicar con ella…. “La ignorancia a veces te hace decir cosas que no debes”.

Luego, como para burlarse de la maestra Lorena Jiménez, comentó que los recursos federales no los decide el gobernador. “A lo mejor como diputada debería de empezar a aprender que esos recursos tienen una forma de ejercerse y que nada tiene que ver el gobernador del estado”.

De ese tamaño fue la arrogancia con la que Enrique Alfaro se refirió a la diputada Lorena Jiménez, para después reprochar a un periodista que no (preguntara) dijera barbaridades.

DEMENCIA POLÍTICA

En su demencia política simulada, Enrique Alfaro olvidó que el pasado 03 de abril, el secretario estatal de la Semadet, Sergio Humberto Graf Montero, envió un oficio --el 0352/2019—al subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda, Sedatu Jalisco, Sahik Alarcón Esparza, donde literalmente indica lo siguiente:

“Deseo expresarle que el gobierno del Estado de Jalisco, a través de un servidor como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo territorial (Semadet) hace la solicitud para que los proyectos derivados del Programa Territorial Operativo en Zonas Marginadas del Estado de Jalisco (PTO) y del Programa Comunitario de Acción (PCA), que ha venido desarrollándose en el municipio de Puerto Vallarta, sean retirados de la solicitud para el ejercicio fiscal 2019”.

Barbaridades o no, ignorancia o no, el gobernador está obligado a detenerse para dar una explicación, tan amplia como sea posible, del por qué se cancelaron los recursos que venían para Puerto Vallarta.

No puede salir ahora con qué ya está haciendo gestiones ante el gobierno federal para que “destraben” los primeros 100 millones de pesos, pues fue su administración la que pidió que no se aplicaran los recursos para el mejoramiento urbano de este municipio, al que nos queda claro, sigue odiando.

HUMILDAD VS ARROGANCIA

Enrique Alfaro debe aprender un poco –aunque sea un poquito—de la humildad que siempre muestra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien responde a todas las preguntas que le hacen y, además –en aras de la transparencia—informa puntualmente sobre todo tipo de temas que tengan qué ver con el ejercicio público del gobierno federal.

Pero “don soberbio” no sabe nada de humildad, por el contrario, al afirmar que desconoce quién es la diputada federal Lorena Jiménez, la descalifica, la hace menos y hasta la ofende con su falsa retórica al señalar que “a veces la ignorancia te hace decir cosas que no debes”.

Si alguien desde el gobierno federal le pidió a Enrique Alfaro que escribiera esos oficios estatales para solicitar la cancelación de los recursos destinados a Vallarta, (que al final se fueron, según dicen, a las obras del tren ligero de Guadalajara) para justificar la adecuación presupuestal, debería informarlo y no esconderse en su soberbia y culpar a los reporteros por decir y preguntar “barbaridades”.

Ahora bien, si fue una acción unilateral de su gobierno para afectar a Puerto Vallarta y cobrarle facturas políticas a los vallartenses, pues que no sea cobarde y también lo diga.

DON SOBERBIO

Puede haber otro fondo, motivos o razones del por qué la Semadet pidió canelar el dinero que venía para Puerto Vallarta, pero esto tampoco lo ha informado “don soberbio”, porque quizá se rebajaría como político si convoca a una rueda de prensa con los reporteros de Vallarta y prefiera no dar explicación alguna a la sociedad vallartense, ese conglomerado de ciudadanos que no le dieron el voto en las pasadas elecciones.

Por ahora, Enrique Alfaro nos sigue tratando con la punta del pie, anuncia que va a rescatar 100 millones de pesos como quien coge una bolsa llena de dinero para darle limosnas al mendigo.




TREMENDA EXHIBIDA AL DIPUTADO LUIS MUNGUÍA EN EL CASO MISMALOYA; QUISO SER HÉROE Y TERMINÓ EN EL FANGO DE LA MENTIRA




Sin el menor conocimiento jurídico, social ni histórico en lo que se metía, en mayo pasado el diputado local Luis Ernesto Munguía González, presentó, con toda la ligereza e irresponsabilidad que le caracterizan, una iniciativa de acuerdo legislativo ante el Congreso del Estado para exhortar al gobierno federal a expropiar a favor de la comunidad de Mismaloya las tierras disputadas en el juicio de restitución de tierras entre Fernando Beltrán y Puga Navarro en contra del ejido Boca de Tomatlán y Mismaloya.

De entrada, la iniciativa fue desechada por el pleno, sin embargo, el empresario Fernando Beltrán y Puga Navarro, le envió un cuestionario al diputado Munguía para que, de acuerdo con el artículo octavo constitucional que habla del derecho de petición, respondiera todas y cada una de las preguntas formuladas sobre este tema.

El resultado fue la ignorancia total del diputado sobre el tema Mismaloya, por lo que el empresario le dio una tremenda y vergonzosa exhibida a este legislador del Movimiento Ciudadano que sin el menor recato presenta iniciativas de asuntos que desconoce, como el que nos ocupa.

De esta manera, Luis Ernesto Munguía González, en su desesperación por querer ser candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, quiso ser el héroe de Boca de Tomatlán y Mismaloya, y terminó en el fango de la mentira, exhibido y vapuleado por todos lados.

MIEDO Y EVASIVAS

Miedoso y acomodaticio, Luis Munguía no contestó dicho cuestionario, sino que se lo turnó a la encargada de contestar los oficios que ingresan por la Unidad de Transparencia al Congreso, Leticia Ávila, quien mucho menos conoce del asunto Mismaloya.

Luis Munguía no tomó en serio un foco rojo que podría ser de los más importantes del Estado y del país, y sólo utilizó la plataforma del pleno del Poder Legislativo para exponer una serie de incongruencias y mentiras en su iniciativa de exhorto para expropiar las tierras de Mismaloya.

Por ello, el empresario Fernando Beltrán Puga y Navarro exhibe doblemente la ignorancia de Luis Munguía, lo pone en contexto histórico del caso Mismaloya y además, le reclama el que intente atribuirse facultades legales que no le corresponden.

En una carta a la que este medio tuvo acceso, se pueden leer los siguientes puntos que Fernando Beltrán escribió al legislador del Movimiento Ciudadano:

LOS PUNTOS

“1.- Por más artículos leyes y reglamentos que usted señale, no se justifica proponer tan importante iniciativa, que ahora usted afirma categóricamente desconoce y se sustentó en chismes.

2.- Sin embargo, exhortar al  Presidente de la Republica y al Secretario de SEDATU expropiar en favor de detentadores ilegales, que han querido durante 47 años aplicar su propia ley, por lo que usted se encuentra confundido al  no entender ni cuáles son las tierras disputadas, ni cuál es ese juicio de restitución con el Ejido de Boca de Tomatlán, que reclamó 405 hectáreas con Planos de Dotación falsos, pretendiendo apoderarse de una tercera parte del litoral del Océano Pacifico de la Ciudad de Puerto Vallarta; y ahora, después de fracasar en sus intentos, el Tribunal Unitario Agrario les localizó y entregó su Zona Urbana Ejidal; resolviendo la demanda que interpusieron contra el Presidente de la República y Secretario de la Reforma Agraria, bajo expediente 306/96, con el mismo Plano de Dotación falso, que no tomara en cuenta el Tribunal Unitario, donde voluntariamente ingresaron al PROCEDE, y regularizaron a su manera su Zona Urbana Ejidal.

3.- Propuso solicitar la intervención del Gobierno del Estado de Jalisco, cuando ellos mismos ya se han manifestado en varias administraciones contra las invasiones que se realizaron en las excedencias no afectadas de la Hacienda de Quimixto y la Hacienda de Unión en Cuale”.

LAS MENTIRAS DE LUIS

En su oficio de respuesta, Luis Munguía le informa a Fernando Beltrán que su propuesta fue “en estricto apego a la facultad que me otorga el artículo 27 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, de realizar gestiones sociales y ser promotores de actividades que beneficien a los habitantes del estado, manifesté mi pronunciamiento sobre un asunto social y económico que está afectando directamente a la comunidad de Mismaloya, la cual forma parte del Distrito 5 que represento, con el único propósito de salvaguardar (sic) el interés superior de la comunidad y evitar un conflicto social de grandes proporciones que pueda derivar en una lamentable tragedia”,

Al respecto, Beltrán y Puga Navarro vuelve a poner en su lugar a Luis Munguía con los siguientes puntos:

“1.- El Artículo 27 Fracción XIII, en ningún momento lo faculta, en sustituirse como autoridad judicial y realizar gestiones sociales y ser promotor de actividades delincuenciales que perjudiquen a otros ante el bloqueo y  lleven a cabo las sentencias firmes y definitivas que tienen el carácter de “cosa juzgada”, impidiendo que se restablezca el Estado de Derecho en una Tercera Parte de la Ciudad de Puerto Vallarta, afectando a propietarios e inversionistas de 405 hectáreas dentro de la Zona Turística Sur.

2.- Sin tomar en cuenta por su oportunismo desconocimiento e interés personales, porque el problema económico de los detentadores ilegales de la Copropiedad no existe; pues explotan la propiedad de mi representada obteniendo diariamente más de 300 mil pesos diarios, donde el Ayuntamiento les expide licencias de funcionamiento mediante Actas Circunstanciadas, al no poder cumplir con lo que les señalan los reglamentos en la materia, o les permite trabajar sin ellos; y que de ser 11 familias que nos vendieron sus derechos reales de posesión en 1970, posteriormente a partir de 1998, fueron reubicados de su Zona Urbana Ejidal a la propiedad de mi representada, para vender comercialmente los solares de su Zona Urbana Autorizada por el mismo Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trece; independientemente de que son propietarios de 1,160 hectáreas de su Dotación, con 5,700 metros lineales de litoral,  913 hectáreas de su ampliación y 800,000.00 metros que compraron en Mismaloya y vendieron; 70,000.00 Metros cuadrados y La Puntilla Sur de la Bahía de Mismaloya.  

LA ZONA URBANA EJIDAL

3.- En cuanto al problema social, que sin conocer pretende la comunidad de Mismaloya, que fue propietaria de 800,000.00 metros cuadrados que compró y vendió con escrituras; más 70,000.00 metros cuadrados que compró y urbanizó y repartió lotes con escrituras a 140 ejidatarios de Boca de Tomatlán, que está afectando a la comunidad de propietarios e inversionistas de las Ex haciendas de Unión en Cuale y Quimixto, sin ninguna justificación legal.

4.- En cuanto al problema económico que señala como comunidad, que no tiene nada en común, pues son gentes que vienen de distintos lugares a asentarse irregularmente con el auxilio ayuda y protección de las autoridades Municipales a partir del año de 1998; y económicamente han podido hacer frente a juicios improcedentes tramitados ininterrumpidamente durante 47 años, sin obtener un solo metro legal de tierra. 

5.- Detentadores ilegales que, después de ser sentenciados y condenados a entregar la propiedad que ilegalmente detentan; no obstante, algunos de ellos han sido demandados condenados, aprendidos y purgado condenas por más de dos años, como el Comisariado Ejidal, por realizar asambleas para desconocer ejidatarios y sustituirlos por incondicionales.

6.- Al mismo tiempo en que demandaban al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de la Reforma Agraria para que les localizara dentro de su Dotación de 1,160 hectáreas, su Zona Urbana Ejidal, ellos por su cuenta ya la habían localizado y aprobado en 1970 y entregado los 482 solares a Ejidatarios, Familiares y Avecindados; los mismos, para posteriormente despojárselos, y venderlos a terceros, Nacionales y Extranjeros, sustituyendo a algunos de ellos con la Fracción Rustica, pequeña propiedad de mi representada conocida como la Copropiedad de 10 Hectáreas en Mismaloya”.

EL DIPUTADO EN SU TINTA

Con semejante exhibida, a Luis Munguía no le quedó de otra que eludir el cuestionario que le mandaron con una graciosa huida como respuesta: “Dicho oficio consta de un cuestionario mediante el cual se me hacen una serie de preguntas y señalamientos que hacen alusión directa a la iniciativa en mención, pero que no constituyen la información expuesta por el suscrito en el cuerpo de la misma” (sic y recontra sic).

Así de sinvergüenza Luis Munguía, al afirmar que la información que le piden responder en el cuestionario no es la misma que la de su iniciativa.

Por ello, Fernando Beltrán señala que el diputado “se conduce con falsedad, al afirmar que no constituyen la información expuesta por el suscrito, ya que su discurso se reprodujo textualmente palabra a palabra, de donde se desprendieron las preguntas”.

Y aquí viene lo mejor, pues Luis Munguía de plano se doblega ante sus mentiras al reconocer que no posee información (sobre el tema Mismaloya) y que no tiene la capacidad legal ni jurídica de poseer, y que mucho menos es autoridad competente en el asunto.

LA RECULADA DE MUNGUÍA

Veamos:

“Es por ello que como respuesta a la petición recibida de este medio, y en congruencia con la misma, utilizo este mismo conducto para comunicarle que la información solicitada no es información generada por el suscrito, ni la poseo, ni tengo la capacidad legal ni jurídica de poseer, ya que el interrogatorio en mención, se refiere en general a cuestionamientos sobre cronología de acontecimientos y antecedentes relacionados con el litigio, así como de cuestiones técnicas e históricas, los cuales por su naturaleza no tengo obligación jurídica de conocer, por lo tanto no soy la autoridad competente para responder la solicitud hecha por el peticionario. Mi esfera de competencia sobre la cual tengo inherencia (sic) para conocer y responder es en cuanto a mi trabajo legislativo y no sobre cuestiones que tienen que ver con circunstancias de modo, tiempo y lugar o sobre hechos específicos acontecidos en la época mencionada en el cuestionario, y mucho menos sobre anécdotas y experiencias personales vividas por los actores que dieron origen al litigio, materia de la iniciativa en cuestión”.

LA PALIZA

Ante esto, Beltrán Navarro y Puga le responde a Munguía:

“Naturalmente que la información solicitada no es información generada por él, sin embargo, sí la debe poseer y debe tener la capacidad legal y jurídica para poseer, y por lo menos entender sobre cronología de acontecimientos y antecedentes relacionados con el litigio; así como de cuestiones técnicas e históricas, las cuales por su naturaleza señala, no tiene obligación jurídica de conocer.

No obstante, en su comparecencia usted afirmó, por lo que tiene la obligación de probar o por lo menos señalar, ya que textualmente usted afirmó: “En el análisis del expediente identificamos que está plagado de irregularidades incluyendo la falsificación de planos y documentos”.

Usted reconoce que analizó el expediente y de ese análisis que usted hizo, y que tiene capacidad de analizar, ya que identificó que está plagado de irregularidades, incluyendo la falsificación de planos y documentos, sin señalar quién los utilizó pretendiendo obtener ventaja.  

Usted afirmó: “Que se oiga fuerte y claro desde esta tribuna y para todo Jalisco, Mismaloya es de su gente, de quienes trabajan día a día, de quienes preservan su riqueza natural de quienes ahí nacieron y de quienes están dispuestos a luchar sin cansancio por defender su tierra, su origen y su historia” …

(Son)Expresiones fuertes y claras desde el Congreso expresadas por un servidor público de elección popular que tendenciosamente expone ante la Nación un discurso que reconoce, que no conoce, ni sus orígenes y que ahora reconoce que no tiene la capacidad legal ni jurídica y menos manifestarse contra los más de 250 Jueces y Magistrados que han resuelto el uso y abuso de la justicia, dictando sentencias conforme a derecho, tomando en cuenta los Derechos Humanos. 

UN LEGISLADOR ÍGNARO

Fotografiándose frente a fuertes inversiones de edificios y condominios  realizadas por sus propietarios, quienes han comprado la tierra y contribuyendo con sus pagos de impuestos con el desarrollo de Puerto Vallarta, y no quienes dicen preservan la riqueza natural para defender una tierra distinta a la que les  entregaron y que se mantiene virgen porque nunca la han trabajado; y dentro de una negra historia plagada de líderes y estafadores que se arriman a despojarlos de sus más de 25,000,000.00 millones de metros cuadrados que no están en Mismaloya… cuando ellos mismos son la causa de su mal causado”. 

Ahora bien, continúa en su carta Fernando Beltrán Puga y Navarro… “Reconoce que las cuestiones técnicas históricas para sustentar su comparecencia ante los diputados, por su naturaleza, no tiene obligación jurídica de conocer, agravándose su exposición al reconocer que no es autoridad competente para responder el cuestionario por ser únicamente legislador, al que no le importan circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre hechos que reconoce, son específicos, acontecidos cuando se refiere… porque según parecía que le constaba desde que nacieron los detentadores ilegales (invasores) y menos saber de anécdotas y experiencias de los actores que dieron origen a  varios litigios que tienen la excepción de Cosa Juzgada, materia de la iniciativa expuesta por el Diputado al Congreso para enviarla al Presidente de la Republica, mediante engaños”.   

Y para justificar su error e ignorancia, Luis Munguía remata con un “Probablemente y sin fundamentos para asegurarlo (sic), dada la naturaleza de la información solicitada, la misma podría formar parte del expediente judicial respectivo, siendo el Tribunal Agrario la instancia competente y responsable de su uso, manejo y resguardo”.

Con este párrafo, Luis Munguía se desentendió por completo de su iniciativa para expropiar las tierras de Mismaloya y al recular, quiso pasarle la bolita al Tribunal Agrario.

Por ello, Puga y Navarro le vuelve a responder: “No es probable, sino totalmente cierto, el que la información solicitada forma parte de los expedientes de los juicios dictados, donde el Tribunal Unitario Agrario resolvió la demanda interpuesta por el Comisariado Ejidal de Boca de Tomatlán, en sustitución del Presidente de la Republica y del Secretario de la Reforma Agraria, a quienes demandaron la localización y aprobación de su Zona Urbana Ejidal, mientras ellos mismos la localizaron y lotificaron hace 49 años, desde el 1 de noviembre de 1970, y entregaron 482 solares a ejidatarios, familiares y avecindados; y para obtener recursos para ampliar su Litoral hasta la Playa de las Gemelas, y apoderarse de una Tercera Parte de la Ciudad de Puerto Vallarta, insertaron un nuevo plano aprobado de Dotación y reubicaron a los adjudicados, a los que les quitaron sus solares dentro de la pequeña propiedad de Mismaloya que se les reclama, y ahora se niegan a devolverlos; ya que sus solares los venden a Nacionales y Extranjeros, con auxilio del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que los deja construir sin licencias, y otorga permisos de funcionamiento o les permite funcionar sin licencias, como se tiene perfectamente acreditado”. 

UNA TRAS OTRA

Pero Luis Munguía iba por más paliza al escribir:

“Asimismo, en aras de proporcionar una respuesta clara y satisfactoria, le informo que para fundamentar la iniciativa, y como representante de la voz del pueblo que me eligió con su voto, utilicé como fuentes de información los testimonios de algunos habitantes de Mismaloya, que se acercaron a mi a solicitar mi apoyo e intervención en el asunto, y que se vieron directamente afectados con la resolución tomada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trece de la ciudad de Guadalajara, así como de información publicada en distintos medios de comunicación y redes sociales de dominio público”.

No tuvo que esperar la contestación, pues el empresario Beltrán Puga y Navarro, le puntualizó lo siguiente:

“La única forma de proporcionar una respuesta clara y satisfactoria a su propuesta de acuerdo legislativo, no puede fundamentarla en fuentes de información y testimonios de algunos habitantes de Mismaloya que se acercaron a usted a solicitar su apoyo e intervención (chismes), cuando usted mismo reconoce que no tiene la capacidad jurídica de los Tribunales para resolver; como tampoco poder contestar un simple cuestionario, lo que no solo resulta contradictorio sino hechos y actos de mala fe excediéndose en sus funciones como Servidor Público”.

No obstante, a todo lo anterior, Luis Munguía todavía le informó a Beltrán Puga y Navarro que su iniciativa fue desechada en sesión del pleno el 12 de junio, por lo que el empresario le recuerda al diputado que “no resulta suficiente que la iniciativa por usted propuesta hubiese sido desechada, sino que el que afirma debe de probar lo afirmado”.

SOLICITAN UN CAREO

En este sentido, Fernando Beltrán Puga y Navarro se comunicó con el coordinador del grupo parlamentario del MC en el Congreso, Salvador Caro Cabrera, para solicitar un careo con Luis Munguía “para cuando su tiempo lo permita, y se lleve a cabo dicha reunión el día y la hora que así lo disponga”.

Por último, pidió se cite a comparecer a Luis Ernesto Munguía Gonzales, para que exponga los motivos reales que tuvo para solicitar la expropiación de 405 hectáreas,  que fue  lo que lo motivó a  solicitar al Pleno de esa Cámara de Diputados esa iniciativa,  y a explicar los motivos por los que  se niega a contestar el cuestionario que textualmente se desprende de su comparecencia, “ya que resulta ser totalmente incierto el que los condenados a desocupar la propiedad de 10 hectáreas de mi representada, durante 47 años han contado con los recursos suficientes para pagar y demandar en no menos de 200 ocasiones la restitución de 405 hectáreas, de otra Hacienda no afectada, incluyendo a Mismaloya, sin conocimiento de los que pudieran ser afectados por esas demandas de garantías y Agrarias”.

Hasta el momento, Luis Munguía no ha respondido si va a asistir al careo con Fernando Beltrán, ni tampoco ha informado si ya lo citaron a comparecer sobre su iniciativa desechada.

Por hoy se nos terminó el espacio, pero en otro artículo publicaremos íntegro el cuestionario que Fernando Beltrán envió a Luis Munguía y que éste se negó a responder.


miércoles, 23 de octubre de 2019

DESFACHATEZ Y CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL; HACEN JUEZ A GUILLERMO GALINDO, SECRETARIO VINCULADO POR FRAUDE PROCESAL




Los escándalos de corrupción no paran en el Consejo de la Judicatura del Estado, donde con toda facilidad convierten jueces por ministerio de ley a secretarios de juzgados, pese a que éstos estén vinculados a procesos penales y que tengan medidas cautelares, con lo que se da la razón a aquellas voces que piden una limpia profunda en el poder judicial de Jalisco.

Un caso concreto lo tenemos en Puerto Vallarta, donde acaban de nombrar juez por ministerio de ley a Guillermo Galindo Sahagún, aquel secretario del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con residencia en esta ciudad, que estuvo involucrado en el “Samsung Gate”, un asunto lleno de corrupción donde estuvo involucrado este funcionario junto con otro secretario del mismo juzgado de nombre Jorge López Lara.

Y es que el titular de ese juzgado, Héctor Miguel Godínez Morales, fue enviado a una misión al municipio de Mascota la semana pasada; pero  en su ausencia, el Consejo de la Judicatura que preside el magistrado presidente, Ricardo Suro Esteves, nombró como juez por Ministerio de Ley a Guillermo Sahagún, sin importarles que este secretario esté vinculado por fraude procesal y que cada 15 días tenga que firmar en el Juzgado Especializado en Control, Enjuiciamiento, Ejecución Penal y Justicia Integral para Adolescentes del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de Puerto Vallarta, precisamente por el “Samsung Gate”, aquel asunto en que giraron una orden de aprehensión contra tres altos ejecutivos de la empresa de telecomunicaciones con una Averiguación Previa amañada y simulada.
Hay que recordar que el juez de control y juicio oral, Juan Antonio Reynoso Nava, quien lleva el caso de la Carpeta de Investigación 219/2019, fue quien vinculó a proceso a los secretarios del juzgado penal, Guillermo Galindo y Jorge López Lara por el delito fraude procesal.

Y aunque el proceso complementario lo han seguido en libertad, estos funcionarios del poder judicial tienen que firmar cada 15 días en el juzgado respectivo.

Cuando fueron vinculados a proceso estos secretarios, el juez de control fijó el 20 de noviembre de este 2019 para celebrar la audiencia intermedia, día en que se podrá saber si Guillermo Galindo y Jorge López Lara son sentenciados por prestarse a consignar una orden de aprehensión de un proceso presuntamente simulado en perjuicio de ejecutivos de la empresa Samsung.

Para abundar en detalles, recordamos que el proceso que se les sigue es porque radicaron (le dieron entrada) un caso de presunto delito de abuso de confianza en contra de los empresarios de la Samsung como si se tratara de una Averiguación Previa, cuando el presunto delito sucedió en un año en que ya estaba vigente el nuevo sistema de justicia penal –el 04 de julio del 2016--, por lo que su obligación era declinar la competencia y manifestar que el caso tendría que haberse llevado a un juez de control y juicio oral, pero aún así, continuaron con el presunto ilícito, de ahí que después fueran vinculados (lo que antes se llamaba auto de formal prisión) por fraude procesal.

Lo más increíble ahora, es que el Consejo de la Judicatura no reparó en que Guillermo Galindo Sahagún está vinculado a proceso, y sin importar esta grave situación, lo nombró juez por ministerio de ley, lo que ha provocado molestia entre abogados y funcionarios del poder judicial por esta desfachatez de quienes dirigen las riendas del poder judicial en Jalisco.



lunes, 21 de octubre de 2019

A SABIENDAS DE QUE ITV NO TENÍA LA POSESIÓN DE UN TERRENO EN MARINA, FELIPE TOMÉ SE PRESTÓ A UNA TRANSACCIÓN PARA DESPOJARLO




A SABIENDAS DE QUE ITV NO TENÍA LA POSESIÓN DE UN TERRENO EN MARINA, FELIPE TOMÉ SE PRESTÓ A UNA TRANSACCIÓN PARA DESPOJARLO… A sabiendas de que la Impulsora Turística de Vallarta (ITV), no tenía (no tiene) ni ha tenido la posesión física de un terreno marcado como CG-18 ubicado dentro del desarrollo turístico Marina Vallarta, en la zona del condominio Club de Golf, de siete mil 665 metros cuadrados, el empresario Felipe Tomé Velázquez se prestó a una transacción, dentro de la escritura de fideicomiso número 44,169 pasada ante notario, para tratar de despojar de este inmueble al vallartense Rubén Figueroa López, apoyado además con agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional.

Uno de estos es el Agente del Ministerio Público Santiago Ramírez, que persigue delitos de Alto Impacto, quien incluso archivó y pretendía hacer perdediza una Carpeta de Investigación donde el poseedor del predio, esto es, Rubén Figueroa, denunció actos ilícitos en su contra, como despojo y daños

Sin embargo, este medio tuvo acceso a la escritura pública número 44,169 en donde el 28 de noviembre del año 2017 se formalizó un fideicomiso entre la Impulsora Turística de Vallarta SA de CV, por conducto de Banamex división fiduciaria y las empresas Península Marina Vallarta SA de CV y Piso 30 SRL de CV, en favor de la Dirección Fiduciaria de Banco Azteca, donde se puede leer claramente que la “adquiriente”, es decir, las compañías de Felipe Tomé y José de Jesús Hernández Fonseca (de Piso 30) sabían que quienes les estaban vendiendo no tenían la posesión física del terreno, pero aún así continuaron con la transacción de compra venta, quizá con la clara intención de despojar del inmueble a su verdadero dueño o poseedor.

EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

En la cláusula quinta del fideicomiso de administración pasado por el notario público número 18 de Guadalajara, Luis Robles Brambila, se estipula que en la “Recepción del Inmueble” “la parte adquiriente manifiesta que, con anterioridad a este acto, Península Marina Vallarta se dio por recibida por parte del Fideicomisario, de la posesión del inmueble con todo cuanto de hecho y por derecho corresponde, por lo que conoce el estado que actualmente guarda y acepta (sic) que el transmitente no tiene ni ha tenido la posesión física del mismo; por lo que reconoce que el transmitente no conoce el estado actual que guarda el inmueble objeto de la presente operación”.

No solo eso, sino que en la misma cláusula quinta de la escritura en que se creó dicho fideicomiso de administración, se indica que el fideicomisario y la parte adquiriente liberan al transmitente por los posibles vicios ocultos del inmueble, incluyendo cualquier responsabilidad que en materia ambiental y de responsabilidad civil pudiera serle reclamada.

En este sentido, tanto Península Marina Vallarta (Felipe Tomé), como el Fiduciario (Banco Azteca), quedaron obligados solidaria e ilimitadamente a sacarlo (la transacción de compraventa) en paz y a salvo de cualquier reclamación de terceros por tales conceptos, autoridades e inclusive pago de honorarios de abogados.

Con lo anterior, la Impulsora Turística de Vallarta se lavó las manos y dejó en tremendo lío tanto al Fiduciario (Banco Azteca) como al adquiriente, es decir, a Felipe Tomé, quien ahora es señalado por cometer presunto despojo en perjuicio de la empresa Instalaciones Fica SA de CV, cuyo dueño es el también empresario Rubén Figueroa López.

CONTUBERNIO Y CONTRAPRESTACIÓN

En este caso llama la atención el posible contubernio que pudo existir entre los empresarios inmobiliarios Elías Saccal y Felipe Tomé para llevar a cabo una operación presumiblemente fraudulenta en la que se llevaron entre las patas a Banco Azteca, institución de Banca Múltiple, a la que incluyeron como fiduciaria para administrar el citado fideicomiso.

Y es que la contraprestación por la transmisión del inmueble, es decir la compraventa fue de 21 millones de pesos, (algo así como un millón 50 mil dólares) y se hizo en el año 2017, mientras que Instalaciones Fica lo adquirió en un millón 500 mil dólares en el año 1993.

Es ilógico, desde luego, que el mismo terreno que en 1993 valía un millón 500 mil dólares, haya sido vendido en un millón 50 mil dólares en el 2017, es decir, 24 años después. Y más incongruente si se trata de predios en la exclusiva zona de Marina Vallarta, cuyos valores no se han depreciado, por el contrario, han subido como la espuma.

Pero bueno, decíamos que en todo esto hay funcionarios de la Fiscalía Regional de Justicia metidos hasta el tuétano, como el tal MP Santiago Ramírez, quien curiosamente escondió la Carpeta de Investigación número 1082-18 –donde los abogados de Rubén Figueroa denunciaron el despojo—para tratar de darle más tiempo a que la empresa de Felipe Tomé siguiera construyendo y continuara adelante con el despojo.
LA MANO NEGRA DE SANTIAGO RAMÍREZ

De hecho, trascendió que el MP Santiago Ramírez tuvo intercambio de llamadas con abogados de Felipe Tomé el día en que le regresaron la propiedad a Rubén Figueroa; incluso se habla de amenazas por no proteger –como quizá se acordó—los intereses del señor Tomé.

En cambio, el Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos Patrimoniales, José Carlos Peña Chavarín, al ver que lo habían engañado con mentiras y demás, corrigió su actuar y al ver la versión de las dos partes, decidió entregar la posesión a Rubén Figueroa, sobre todo porque una autoridad federal así lo ordenó.

Y aunque el MP Peña Chavarín ya enderezó su postura, debido precisamente a un amparo y a la resolución de un Tribunal Colegiado de Distrito en favor de Instalaciones Fica, será muy valioso lo que responda o pueda decir el Notario Público número 18 de Guadalajara, Luis Robles Ramírez, con respecto a la escritura 44,141 que crea el fideicomiso de administración y donde se refleja la operación de compraventa del terreno desposeído.

Bajo este escenario, salta a la vista un dato sumamente interesante en los documentos públicos a los que este medio tuvo acceso. Y es que la empresa Península Marina Vallarta SA de CV –el 21 de noviembre del 2017 en que fue asegurada la propiedad, debido a la presentación de la escritura falsa o simulada número 44,141—no tenía ningún derecho sobre este inmueble.

LA ESCRITURA FALSA

Lo anterior es así porque el 21 de noviembre del 2017, la abogada de Península, Wendy Beltrán, se apersonó con dicha escritura número 44,141; y la misma escritura se constituyó el primero de diciembre del mismo año 2017, es decir, 10 días después, lo que a todas luces resulta sorprendentemente irregularidad.

Para que mejor me entienda, la abogada de Península alegó que su representada, la empresa de Felipe Tomé era la posesionaria del terreno en comento, y para esto ofreció como prueba una escritura (el 21 de noviembre del 2017) que todavía no estaba legalmente constituida, sino que se constituyó 10 días después, esto es, el 01 de diciembre del mismo año.

En este asunto hay tantos intereses metidos y, sobre todo tráfico de influencias y amenazas (como suelen manejarse estos empresarios de apellido Saccal y Tomé), que incluso hay mensajes y llamadas telefónicas que le han hecho a Rubén Figueroa López, donde lo llaman a “negociar por las buenas” y cuyo contenido y personajes daremos a conocer en otro artículo.

Por lo pronto, ayer el reportero fue al inmueble que intentan despojar las huestes de Felipe Tomé, y nos encontramos con que la constructora “Anteus” está sacando la cimbra que habían puesto y van a retirar la grúa y el agua de lluvia que inundó la parte de los cimientos; trabajos que se hacen en común acuerdo entre las partes del asunto y la autoridad, en este caso con la Fiscalía Regional de Justicia.