jueves, 25 de junio de 2015

EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD, ALCALDE DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, ATROPELLA A UN HOMBRE Y UNA NIÑA Y LO ENCUBREN





Por Jorge Olmos Contreras

Un escándalo más envuelve al presidente municipal priista de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, quien el pasado domingo 21 de junio, se vio implicado en un accidente automovilístico, al presuntamente atropellar a dos personas que viajaban en una motocicleta y que resultaron ser familiares de un reportero. Sin embargo, el hecho fue ocultado y el alcalde encubrió los hechos, al grado de que se habría pedido a todos los periodistas que cobran en la presidencia municipal, que no manejaran la nota.

Y es que lo más delicado del caso, es que el soberbio alcalde de Bahía de Banderas manejaba en aparente estado de ebriedad cuando arrolló a un hombre y a una niña menor de edad en una de las carreteras que conducen a San José del Valle, pero los agentes de tránsito no hicieron su trabajo al percatarse que se trataba del prepotente presidente municipal.

De acuerdo a la información a la que el columnista tuvo acceso, José Gómez no huyó del lugar de los hechos, sino que se bajó de la camioneta que conducía y trató de atender a los afectados, pero para que no se hiciera escándalo sobre su aparente estado de embriaguez, pidió que los oficiales de tránsito se hicieran cargo del asunto y después se retiró campantemente del lugar.

Hasta el momento, el equipo de prensa de José Gómez no ha emitido ningún comunicado sobre el accidente automovilístico, pero se sabe que el mismo presidente operó para que ningún medio de comunicación manejara el caso.

El accidente ocurrió en las calles Zaragoza y Campeche en San José del Valle. José Gómez conducía un vehículo y se dice que, efectivamente estaba borracho, ya que veía de las fiestas patronales de un pueblito que está rumbo a Punta Mita.

El Ayuntamiento está encubriendo todo el accidente, ya que no han querido proporcionar información sobre el nombre de la niña y el hombre que atropelló el presidente municipal, ni si les van a pagar los daños.

La nota sobre estos hechos también ha sido publicada en el periódico de circulación nacional El Universal.

No es la primera vez en que el alcalde de Bahía de Banderas se involucra en este tipo de hechos, ya que al inicio de su administración, uno de sus sobrinos atropelló a una niña cerca de Mezcales, y desde el Ayuntamiento ayudaron
al muchacho para encubrirlo y no pagar una indemnización a los familiares de la víctima.

viernes, 12 de junio de 2015

INTENTAN DESPOJAR DE SUS TIERRAS A EJIDATARIOS DE “NARANJITOS” EN CC; JUEZ SEGUNDO SE PRESTA Y ORDENA DESALOJO PARA ESTE VIERNES 12 DE JUNIO

 

Por Jorge Olmos Contreras
 
Una arbitrariedad más en contra de humildes ejidatarios está a punto de cometerse este viernes en el ejido Naranjitos, Municipio de Cabo Corrientes, debido a un juego de intereses que traen el Ministerio Público del Fuero Común y el Juez Segundo de lo Penal de Puerto Vallarta, Tomás Vargas Suárez y su secretario de Acuerdos, Elizabeth Sandoval Hernández, quienes con engaños encarcelaron a dos campesinos, propietarios ellos desde hace muchos años de una parcela que mide una hectárea, 88 áreas y 82.29 centiáreas, por el supuesto delito de despojo de inmuebles.
 
Los hechos ocurrieron el pasado 24 de abril, cuando agentes de la policía investigadora se trasladaron a Cabo Corrientes para, con engaños, sacar de sus viviendas al señor, mayor de edad (tiene 68 años y apenas puede caminar), Samuel Mendoza Medina y a su joven hija, madre soltera ella, para llevarlos al penal de Ixtapa por un supuesto delito que nunca cometieron, ya que los están acusando de un despojo inexistente, ya que ellos son los legítimos dueños de estas tierras y no pueden despojarse asimismo.
 
Sin embargo, se los llevaron esposados y tuvieron que pagar una fianza de 15 mil pesos –consiguieron el dinero como pudieron, pidiendo prestado a los amigos y familiares—para salir libres.
 
En el proceso, el juez Tomás Vargas dictó el auto de formal prisión, pero un abogado apeló esta determinación y fue así como les fijaron una fianza. Pero antes, del expediente, personal del Juzgado Segundo extravió algunas hojas con el avieso objetivo de que no procediera la apelación, según denunciaron los afectados.
 
En este caso, como en muchos otros, que están poniendo en entredicho al nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio y deja en ridículo a los famosos juicios orales, y por supuesto, a la Fiscalía del Estado, no se siguió el debido proceso a los imputados, simplemente se les giró una orden de aprehensión por un delito, insisto, que no cometieron. No se les citó de ninguna manera, sólo los capturaron como si fueran vulgares delincuentes.
 
En el fondo de este asunto, aparece la Inmobiliaria denominada “Desarrolladora Naranjitos” y el terrateniente de Guadalajara, Francisco Javier Barba Franco, quien en 2007, en un proceso amañado y en una asamblea espuria, el comisariado ejidal en ese entonces, Juan Manuel Méndez Castillo, vendió tierras de supuesto uso común mediante un contrato en donde les prometieron pagar a 45 ejidatarios cantidades millonarias en diferentes fechas, cosa que no se ha cumplido a cabalidad.

 
En la supuesta venta, se habrían incluido dolosamente las tierras de don Samuel Mendoza Medina, pero en un juicio agrario que se ratificó el 27 de abril del 2012 y también en el 2014, el Tribunal Unitario Agrario emitió una resolución donde sostiene que el señor Mendoza Medina es el legítimo propietario de esas casi dos hectáreas.
 
Sin embargo, el Juez Segundo de lo Penal, Tomás Vargas Suárez, ignoró esta resolución y giró la orden de aprehensión contra estas humildes personas.
 
Lo peor de todo, es que este mismo juez venal, pues no se le puede decir de otra manera, junto con su secretario, Grisel Carolina de la Cruz Gómez, emitieron un acuerdo el pasado 03 de junio para que este viernes 12 de junio a las 10:00 de la mañana, con el uso de la fuerza pública (piden por lo menos que estén presentes cuatro policías de la Fuerza Única) para desalojar a las familias del señor Mendoza Medina de sus propias tierras.
 
Una vez más, ignoran la resolución del Tribunal Agrario, y sin importar que ahí vivan niños, mujeres, personas de la tercera edad y madres solteras, pretenden llevar a cabo esta arbitrariedad.
 
Hacemos esta denuncia, porque un abogado del señor Mendoza Medina, logró conseguir un amparo para evitar esta ejecución, es el juicio de amparo 810/2015-IV, y en el documento se puede leer claramente que La Juez Sexta de Distrito de Amparo en Materia Penal, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, indica que en caso de que la parte quejosa aún se encuentre en posesión material de la parcela –como es el caso—no sea desposeída de la misma.
 
Este caso hay que seguirlo de cerca, debido a que más en el fondo, aparece el cantante Alejandro Fernández, como quien habría comprado una amplia franja del ejido Naranjitos a esta Inmobiliaria de Barba Franco, dizque para construir ahí un hotel ecológico.
 
Está bien que Alejandro tenga inquietudes ecológicas para construir un hotel, pero que no sea atropellando los derechos de los ejidatarios, ni mucho menos desalojando y encarcelando a campesinos humildes y desprotegidos.
 
Algo huele mal, muy mal en el Juzgado Segundo de lo Penal. (Nota publicada en www.vallartauno.com y en www.columnajorgeolmos.blogspot.com)

miércoles, 10 de junio de 2015

CAEN LUIS CARLOS NAJERA Y ALEJANDRO SOLORIO; EL GOBERNADOR DE JALISCO LES PIDE LA RENUNCIA





Por Jorge Olmos Contreras

El Fiscal General del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco y el comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Solorio Aréchiga dejarán sus cargos a partir del 15 de junio, a petición directa del gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, luego de una reunión que sostuvo ayer el jefe del ejecutivo con los mandos policiacos.

Lo anterior fue confirmado por una fuente directa de Casa Jalisco, quien abundó en que el jefe del ejecutivo estatal pidió de forma inmediata la renuncia, tanto de Luis Carlos Nájera, como de Alejandro Solorio Aréchiga.

Estas renuncias se piden luego de que renunció a su cargo el jefe del gabinete del gobierno del Estado, Enrique Dau Flores, tras la estrepitosa derrota que sufrió el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del pasado domingo.

Enrique Dau afirmó que renunciaba por vergüenza y exhortó a los demás funcionarios del gobierno del Estado a hacer lo mismo.

Sin embargo, fue hasta ayer cuando el gobernador se reunió en privado con Luis Carlos Nájera y Alejandro Solorio y les pidió su renuncia, que de acuerdo a las fuentes informativas del columnista, será a partir del 15 de junio próximo, es decir, en cinco días.

El nuevo Fiscal de Jalisco, será José Martín Godoy, quien hasta ayer era Procurador General de Justicia del estado de Michoacán, pero renunció para trasladarse a esta entidad jalisciense.

La renuncia de estos dos importantes funcionarios del Gabinete de Aristóteles Sandoval, se da asimismo en el marco de los hechos violentos que sacudieron a la entidad en días pasados, sobre todo el del primero de mayo, cuando presuntos miembros del crimen organizado quemaron varios bancos, gasolineras, autos y camiones en protesta por la “Operación Jalisco”.

Y es que uno de los reclamos que los ciudadanos han hecho al gobierno, es precisamente el clima de inseguridad que se vive en Jalisco, de ahí que se interprete como un voto de castigo, el que sufrió el partido del gobernador el siete de junio.

 

 

lunes, 1 de junio de 2015

UN EMPRESARIO OPACO PRETENDE MANIPULAR AL PRÓXIMO GOBIERNO MUNICIPAL; FERNANDO GONZÁLEZ CORONA Y SU OSCURO PASADO DAÑAN ACUERDO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE





Por Jorge Olmos Contreras

Una magnífica idea y un buen proyecto como lo es el denominado “Acuerdo por un Gobierno Abierto y Transparente” se está yendo por la borda debido al conflicto de intereses que con la transparencia tiene su principal promotor: el empresario de los tiempos compartidos, Fernando González Corona, quien viene arrastrando un pasado oscuro, opaco, muy opaco y con graves señalamientos que siempre han dejado lugar a dudas sobre su presunta honorabilidad como persona de bien.

Sin partido político que lo respalde, Fernando y un grupo de amigos idearon la forma para poder manipular las decisiones más importantes del próximo gobierno municipal, a través de una “Contraloría Ciudadana” manejada por un Consejo que pretende autonombrarse “Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta”, constituido en una Asociación Civil.

Y con el cuento de que esta asociación está respaldada por más de 30 mil ciudadanos de Puerto Vallarta, pretenden obligar al próximo alcalde a que en la segunda sesión de Ayuntamiento se aprueben dos documentos, uno de ellos, el más importante, es precisamente el que suscribiría el presidente municipal, el síndico y el secretario general, con el denominado “Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta”, con el objetivo de que se cumplan nueve puntos.
VAN POR TODO
Entre esos nueve puntos, estos empresarios encabezados por Fernando González Corona, maniatan al próximo presidente municipal y lo pretenden obligar a que entregue a los regidores de oposición las comisiones más importantes al interior del cuerpo edilicio en el pleno del Ayuntamiento, como lo son la de Hacienda y la de Gobernación, pues en el documento –obligatorio para os que ya firmaron-- se puede leer lo siguiente:

“Ofrecemos pluralidad política y una apertura democrática en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta al asignar las presidencias de las comisiones edilicias de Hacienda y Gobernación a la primera y a la segunda minoría, respectivamente, representada por regidores de otros partidos, ya que con ello se garantiza la rendición de cuentas y la despolitización de los presupuestos, además de que se da mayor certeza de un manejo financiero transparente”.

También exigen que la llamada Contraloría Ciudadana intervenga en prácticamente todas las acciones de gobierno, incluso para que ellos desde el sector privado –aunque mañosamente le dicen “la ciudadanía”—aprueben o desaprueben las licencias de obras públicas, los permisos de giros restringidos, las licencias de construcción y la asignación de contratos de obras públicas y de prestación de servicios.

Incluso van más allá, y piden que se reforme el Reglamento de Adquisiciones del Ayuntamiento para modificar la Comisión de Adquisiciones y se permita la inclusión de esa llamada “Contraloría Ciudadana”, quizá para que sus integrantes desde la Iniciativa Privada, digan a quién sí, y a quién no, se le asignan contratos.

HASTA LA COCINA
Por si esto fuera poco, de entrada, estos empresarios exigen asimismo al próximo alcalde, que en los primeros 90 días de administración, se comprometa a presentar ante ellos, un diagnóstico con inventario que guardan unidades deportivas, canchas, parques, áreas verdes, camellones, calles pavimentadas, alumbrado y áreas públicas en general.

Se quieren meter hasta la cocina, ya que incluso quieren ser ellos, los de la Contraloría Ciudadana –que para efectos prácticos es Fernando González Corona y su club de amigos—los que supervisen a los policías municipales para ver si tienen las pruebas positiva de control de confianza y sino, depurar a la corporación policiaca.

Estos empresarios están pasando por alto el marco legal, quieren meter la mano en las decisiones exclusivas del ejecutivo municipal con el pretexto de la transparencia y la rendición de cuentas y pretenden violentar leyes y reglamentos para incidir, recomendar y exigir que el alcalde en turno –bajo documento firmado y pasado por acuerdo de Cabildo—haga lo que ellos le dicten en todas las áreas de la administración pública municipal.
EL CHANTAJE COMO TRANSPARENCIA
Ellos, Fernando y sus amigos, quieren todo el pastel del gobierno municipal sin haber trabajado, sin constituirse en partido político y sin participar en el proceso electoral con algún candidato independiente. Pretenden ser gobierno sin haber sido electos, utilizando el chantaje de la transparencia.

Lo peor de todo es que tanto Fernando González Corona, como gran parte de su equipo, ya formaron parte de un gobierno municipal en 1995 cuando ingresaron al Ayuntamiento a través del Partido Acción Nacional (PAN), y ahora quieren ser parte decisiva de la nueva administración por conducto de una “Contraloría Ciudadana” que ate de manos al jefe del ejecutivo municipal, que en este caso sería el presidente.

Ilusos aquellos candidatos que firmaron el mentado Acuerdo por un Gobierno Abierto y Transparente –algunos por ignorancia y otros obligados por las circunstancias políticas--, ya que de llegar a ganar los comicios del próximo domingo siete de junio, se encontrarán con un grave problema, un conflicto mayúsculo que no es para menos, pues si no lo cumplen serán exhibidos por estos empresarios que hasta medios de comunicación controlan; y si lo cumplen al pie de la letra, van a incurrir en responsabilidades jurídico administrativas y de paso se van a dejar ver como unos peleles a la orden del sector empresarial disfrazado de “ciudadanía”.

UN BOTON, LA ADEPROTUR
Un claro ejemplo de cómo se manejan estos empresarios y de cómo quieren meter mano en todo y controlar hasta la administración pública, lo representa la Asociación de Desarrolladores y promotores Turísticos de Tiempos Compartidos (Adeprotur), un organismo que aglutinó a las empresas más grandes en la materia y que es totalmente controlada por Fernando González Corona, el empresario ladrón de calles, Daniel Chávez Morán de los hoteles Mayan Palace del grupo Vidanta y los hermanos Juan y Eduardo Vela y que han empoderado en la gerencia por más de 15 años, al ex delegado de la Sectur en Vallarta, Luis Ángel Cantú Treviño.

Esta asociación es tan cerrada y poderosa –ahí no conocen la transparencia ni la rendición de cuentas—que se han atrevido a regalarle varios vehículos al Ayuntamiento de Puerto Vallarta desde hace ya varias administraciones, para que les permitan tener sus propios inspectores que, a nombre del gobierno municipal, vigilan todas las áreas públicas como playas, supermercados o calles de la zona turística, para sancionar y meter a la cárcel a todo aquél vendedor de tiempo compartido “pirata”. Para ellos el término “pirata” es todo aquél vendedor que no está integrado a algunas de las empresas de la Adeprotur, violando flagrantemente las garantías individuales de ciudadanos que tienen un modo honesto de vivir, como lo es vender tiempos vacacionales.

Lo más indignante, es que la Policía Municipal y el propio Ayuntamiento, se prestan para encarcelar sin motivo algunos a los vendedores de tiempos compartidos que son señalados por los inspectores (o más bien, por la policía privada) de la Adeprotur.

Así las cosas… ¿se imagina usted a la llamada “Contraloría Ciudadana” actuando con un séquito de informantes e inspectores que actúen como policías privados para exigirle al próximo presidente municipal, que le niegue o le autorice una licencia, un permiso, una asignación de obra o un contrato de prestación de servicios, a tal o cual persona física o moral?

Insistimos, la idea es muy buena, pero no se han cuidado las formas ni el fondo, ni tampoco se ha tenido atención especial al pasado lejano y reciente del hombre que es el principal impulsor de este Acuerdo y quien es el que seguramente sufraga los gastos más fuertes de este grupo, que ya ha gastado mucho dinero en conferencias magistrales, programas de radio, ruedas de prensa, folletos, páginas web y probablemente salarios a personas que antes trabajaron con él en el Ayuntamiento.

EL HISTORIAL
Pero bueno, basta echarse un clavado a los archivos de Fernando González Corona para que se dé uno cuenta de que no es el hombre idóneo para promover, impulsar o apalancar una Asociación Civil como el mentado Consejo que dio pie al llamado “Acuerdo por un Gobierno Abierto y Transparente”.

De entrada, les vamos a contar una anécdota que nos tocó vivir en el tiempo en que Fernando González Corona era presidente municipal de Puerto Vallarta: En una rueda de prensa, este escriba le preguntó que por qué no hacía pública su declaración patrimonial, tal y como lo contempla la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de inmediato nos contestó en tono molesto: “¿Para servir a los intereses de quién?”, “No, no la voy a hacer”.

Unos años antes, cuando Fernando se disponía a incursionar en el área de los medios de comunicación con el periódico “Tribuna de la Bahía”, ocurrió un asesinato en una residencia de Marina Vallarta que marcaría a Fernando para siempre: Un presunto sicario arribó al domicilio de un socio de Fernando y le disparó varias veces hasta matarlo.

El ejecutado era el gringo Marck Puerner, el socio principal de Fernando en los proyectos de tiempos compartidos. Uno de los primeros periodistas que obtuvo las fotos de este crimen fue el entonces dueño del periódico “El Sol Siempre Libres”, Héctor García Lugo. Por la noche, recibió la visita inesperada de Fernando González Corona, quien le habría dado un puño de billetes –se habla de mucho dinero—para que Héctor no publicara las fotografías del norteamericano.

LA RECOMPENSA SIMULADA
Con los días, Fernando aparentaba mucho pesar por la muerte de Puerner, al grado tal que hizo publicar un anuncio en “Tribuna de la Bahía” donde ofrecía una jugosa recompensa para quien diera información que pudiera ayudar a resolver este crimen; y en la parte inferior de la publicación, en letras chiquitas, puso la siguiente leyenda: “Este anuncio se publicará todos los días hasta que se resuelva el crimen de Marck Puerner”.

Con el paso del tiempo, Fernando no sólo no cumplió con publicar el anuncio hasta resolver el crimen de su ex socio, sino que hasta quitó la recompensa y ya no volvió a aparecer la publicación, incluso la viuda de Puerner, una señora que se llama Ana María Flores (homónima de la Ana María Flores que todos conocemos en Vallarta de Ciudades Hermanas) tuvo que dejar el país por el ambiente en que su marido murió y el olvido en que la dejó Fernando.

Ya sentado en la silla presidencial de la alcaldía, en una comida de la libertad de expresión en el restaurante “Balam” que se ubicaba justo enfrente en donde estaban las oficinas de “Tribuna de la Bahía” por la calle Basilio Badillo, le preguntamos a Fernando el por qué había quitado el anuncio de la recompensa de su socio ejecutado; y no supo qué decir, sólo se limitó a comentar: “Qué buena pregunta”. Entrado en tragos de wiski fino, ese día Fernando amenazó a quien esto escribe, nos dijo cosas como “ya no quiero aparecer en tu prensa mierda” “que sea la última vez”, “qué quieres”, y otras linduras.

Ese día, del año 1996, Fernando se llevó a los reporteros de la fuente al table dance de moda, el desaparecido “Juniors” y les pagó a los periodistas todo lo que quisieron.

Les contamos esto para que vean que Fernando debería renunciar a este Consejo para la Seguridad, la Transparencia y el Buen Gobierno”, porque su pasado no le permite exigir rendición de cuentas a nadie.

NEGOCIOS, HUESPEDES Y DINERO
Su vida está llena de misterios, no se sabe cómo en dos años, luego de ser un taxista en Mazatlán, apareció con una cuenta de más de un millón de dólares en el Wells Fargo Bank de California, ni por qué los sicarios de los narcotraficantes del Cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, se hospedaron en el hotel de Fernando, Villas del Mar, para después participar en la feroz balacera de la discoteque Christine.

Tampoco ha sido transparente como empresario, ya que a la fecha se ignora cómo es que le compró una amplia propiedad al cuñado del ex presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, Rubén Zuno Arce en la montaña de Juanacatlán, donde construyó el majestuoso desarrollo “Sierra Lago”.

Hay que recordar que Rubén Zuno estuvo preso por narcotráfico en Estados Unidos, y por ser presuntamente cómplice en el asesinato del ex agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

Rubén Zuno se hizo de muchas tierras ejidales y de pequeños propietarios en toda la sierra de Mascota, Talpa, Ameca, San Sebastián del Oeste y Vallarta, y fue quien le vendió a Fernando el terreno de “Sierra Lago”; en ese entonces, a Fernando no le importó el pasado criminal de Rubén Zuno.

Pero Fernando es Fernando, para algunos es un Dios, pero para otros no, es un empresario mortal que tiene un pasado nada claro y que se ha visto envuelto en muchos escándalos, como cuando se reveló quién era el dueño de uno de los barcos de su propiedad, como La Marigalante, que habría comprado a un militar implicado en el equipo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, preso por presuntos nexos con el Señor de los Cielos, el desaparecido narcotraficante de nombre Amado Carrillo Fuentes.

No dudamos que en el Consejo para la Transparencia haya gente bien intencionada, como Juanita Delgado, y algunos comunicólogos que crean que este es un buen paso para que los gobiernos sean más responsables al momento de ejercer el gasto público, pero no es el señor González Corona el mejor indicado para promoverlo, ni mucho menos para impulsarlo o patrocinarlo.

¿O no me diga usted que estaba bien que Fernando González Corona se congraciara con políticos como el entonces secretario de gobernación, Santiago Creel Miranda o con el primer gobernador panista de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez –para ascender él y su esposa Eva Contreras en la política--, a quienes seducía en sus yates, aviones privados y en mega fiestas donde amenizaba su cantante favorito: “El Coyote y su Banda Tierra Santa”?

Hoy que se va a transmitir en tres estaciones de radio la formalización del Acuerdo, al menos en el sector privado, los invitamos a la reflexión y no permitamos que el tiempo borre la memoria colectiva.