Por Jorge
Olmos Contreras
Está bien que el presidente municipal electo, Ramón Guerrero
Martínez quiera enviar un mensaje a la sociedad de que su gobierno puede ser
diferente a los anteriores que han despachado en el Ayuntamiento, pero está mal
que el intento comience a perder de vista el marco jurídico que debe regir en
todo cambio de administración pública municipal, como el permitir que un cuasi detective
privado interfiera en la entrega recepción y que aún más, esto sea tolerado por
el actual alcalde Salvador González Reséndiz.
El hecho de que el ex fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís
Gómez encabece el equipo de transición para la entrega y recepción de la administración
pública del municipio de Puerto Vallarta por parte de Ramón Guerrero, no sólo
violenta el reglamento en la materia, sino que es una clara usurpación de
funciones por tratarse del dueño de un despacho privado y no de un ciudadano
electo, como sí lo es, en cambio, el síndico entrante, Roberto Ascencio
Castillo.
No es posible, que representantes de la empresa de Gerardo
Octavio Solís Gómez, denominada “Octasol Corporativo” ya estén realizando
trabajos de “verificación” para saber cuántos trabajadores tiene registrados el
Ayuntamiento mediante un “pase de lista” en los pasillos de la presidencia
municipal, cuando son totalmente incompetentes para hacerlo, pues insistimos,
Solís Gómez no es un funcionario electo, sino el dueño de un despacho privado.
Consultado al respecto, el abogado Miguel Ángel Yerena Ruiz,
quien también es regidor electo para el periodo 2012-2015, nos comentó que la
injerencia de Gerardo Octavio Solís Gómez es totalmente violatoria del derecho,
pues no se trata de alguien que fue electo popularmente ni tampoco es una
persona que esté dentro de la comisión respectiva, ni del comité que marca la
Auditoría Superior del Estado en la guía de entrega recepción de la
administración pública, donde solamente están contemplados el presidente
municipal entrante y saliente; el encargado de la hacienda municipal que recibe
y entrega y el síndico que llega y el que se va.
Es como si aceptaras que un detective privado atienda asuntos
del municipio, pues no es válido ni aceptable, comentó Tito Yerena.
LAS OMISIONES DEL
YERBABUENO
Lo peor de todo es que la Contraloría Municipal, a cargo de Miguel Ángel Rodríguez Curiel (A) El Yerbabueno, ha sido omiso con
respecto a la información del avance del procedimiento de entrega-recepción,
toda vez que no ha informado si ya se creó o no la comisión respectiva que
marca el reglamento en la materia.
El artículo cuatro del Reglamento para la Entrega y Recepción de la
administración pública para el caso de Puerto Vallarta indica que serán
participantes del proceso: 1.- El Ayuntamiento o Concejo entrante y saliente,
así como los titulares o encargados del despacho de las dependencias y
entidades municipales entrantes y salientes; y 2.- Los servidores públicos
entrantes y salientes que por motivo de su cargo tengan asignados recursos
humanos, materiales y o financieros, documentación e información de carácter
público, en el caso de separación del cargo por causas distintas al cambio de administración;
así como los servidores públicos que determine la Contraloría Municipal en el
manual respectivo y que pueden ser:
1.- La sindicatura Municipal.
2.- La Contraloría Municipal.
3.- Los testigos de asistencia.
En este sentido, que se sepa, el alcalde electo, Ramón
Guerrero, no ha informado a nadie sobre el cargo que ocupará Gerardo Octavio
Solís Gómez como para estar atendiendo asuntos del proceso de entrega recepción,
por lo que no entendemos cómo el actual presidente municipal, Salvador González
Reséndiz ha permitido que Solís Gómez se meta hasta la cocina y lo reciba en
palacio municipal como enviado de El
Mochilas.
SOLO LA CONTRALORIA
Y es que según el Reglamento, es la Contraloría Municipal la
que debe establecer los lineamientos y criterios a seguir para determinar el
contenido del acta administrativa de entrega-recepción y será la única que
coordine el proceso. Incluso el artículo siete señala que la actuación de los
participantes deberá regirse por los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Hay que recordar asimismo que el Reglamento indica que una
vez acreditado el nuevo Ayuntamiento por las autoridades electorales del Estado
–cosa que no ha sucedido en definitiva por los juicios de inconformidad que
presentaron ante el Tribunal Electoral del Estado el PRI y el PAN para anular
las elecciones—, los presidentes municipales entrante y saliente instalarán a
más tardar en los 15 días siguientes, las correspondientes Comisiones de Enlace,
estableciendo de común acuerdo el número de sus integrantes y los recursos para
la realización del proceso.
Además, subraya que la preparación del proceso no implicará
entrega de documentación alguna, es decir, Gerardo Octavio Solís Gómez, además
de no ser competente jurídicamente para encabezar el equipo de transición,
tampoco está facultado para exigir que le entreguen documento alguno.
Pero como este Ayuntamiento se ha caracterizado por su
opacidad total, el contralor tampoco ha informado a los ciudadanos a través de
los medios de comunicación las actas que se han levantado (si es que las hay)
de las reuniones preparatorias del tema que nos ocupa.
HASTA EL 25 DE
SEPTIEMBRE
También debemos recordar que los titulares de las dependencias y entidades municipales o
encargados del despacho, tienen hasta el 25 de septiembre para entregar a la
Contraloría la información necesaria y actualizada para integrarla a los anexos
del acta administrativa que se entregará a las autoridades entrantes.
Por lo que respecta a las comisiones de enlace, éstas no
tienen facultades decisorias ni ejecutivas
y cesarán sus funciones el 30 de septiembre en que termina el periodo
constitucional del actual Ayuntamiento.
Sin embargo, los
integrantes de las Comisiones de Enlace sí están sujetos a las
responsabilidades en que puedan incurrir en el desempeño de sus funciones.
También dice que aara el acto definitivo, se instalarán las Comisiones
de entrega-recepción por el Ayuntamiento entrante y saliente y entrarán en funciones
el 30 de septiembre y que el acto protocolario se llevará a cabo el día
siguiente de la instalación del nuevo Ayuntamiento o Concejo, según sea el
caso. Ese mismo día, es decir, el primero de octubre, se hará entrega formal al
nuevo titular de los recursos, documentos e información del estado actual de la
administración. Sólo en el caso que la entrega amerite más tiempo, se tomará
estrictamente el necesario, que no pasará de ocho días naturales.
Es importante señalar que el cumplimiento de la obligación de
entrega-recepción no exime a los servidores públicos participantes de las
responsabilidades en que hubieran incurrido durante el desempeño de su cargo, con
relación al manejo de los recursos, documentos e información que hubieran
tenido a su cargo.
O sea que si hay pruebas y evidencias, por ejemplo, de que
algún funcionario destruyó documentos para esconder presuntas irregularidades,
tiene responsabilidad, aunque tendrá de ocho a 23 días para aclarar lo que le
solicite la nueva Contraloría.
Como se observa, el proceso de entrega-recepción tiene sus
aristas y ni el alcalde electo, ni el saliente, deben permitir que un
particular como Gerardo Octavio Solís Gómez interfiera en el asunto, pues
estaríamos ante la violación descarada del Reglamento y, por lo tanto, del estado
de derecho, por una clara usurpación de funciones.
INFORMACION
CLASIFICADA
CON LA LLEGADA DEL
NUEVO SUBDELEGADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN
VALLARTA creímos que las cosas iban a cambiar en materia de procuración de
justicia y comportamiento de sus funcionarios, pero parece que estábamos
equivocados, ya que el actual subdelegado de asuntos especiales, Oswaldo Delgadillo sigue en su misma
línea de prepotencia y mala actitud, al protagonizar hace unos días un
escándalo en las inmediaciones del bar El Rodeo en El Pitillal, donde se
reportaron detonaciones de arma de fuego.
Al parecer el funcionario judicial andaba enfiestado y se le
ocurrió sacar su arma de cargo para echar balazos al aire. Minutos más tarde
llegaron al lugar elementos militares para investigar el reporte y se metieron
al bar para buscar al responsable de los hechos, pero Oswaldo se hizo ojo de
hormiga.
No es la primera vez que el señor Delgadillo se mete en
problemas por acciones extra procuraduría, ya que en ocasiones la ha agarrado
contra los reporteros que cubren la fuente policiaca, a quienes con lujo de
altanería y prepotencia corre de los lugares en donde ocurren hechos delictivos
como en el caso de los homicidios que son cubiertos puntualmente por los
periodistas.
Ojalá y el nuevo delegado, Juan José Mercado Cervantes tome
cartas en el asunto… antes de que sea demasiado tarde.
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