Por Jorge Olmos Contreras
Atrapado en un callejón sin salida por el quebranto de las finanzas municipales, el alcalde Salvador González Reséndiz trata de dar los últimos zarpazos para hacer negocios hasta el último día de su gobierno. Y de paso, cobrar algunas facturas a quienes él considera sus enemigos políticos con tal de perjudicarlos… aunque en el intento cometa atropellos y viole la ley.
Como les adelantamos en días pasados, está por vencerse el contrato de nueve años que tiene la empresa “Compañía de Servicios Urbanos del Centro S.A de C.V.” –concesionaria de los parabuses de la ciudad—y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta; y como se trata de un redituable negocio, ya comenzaron a moverse tanto el empresario publicitario Gerardo Cándano Conesa como el mismísimo presidente municipal.
Resulta que esta empresa --con amplios intereses en el Distrito Federal, donde también goza de concesiones similares a las de Puerto Vallarta y donde enfrenta juicios por tráfico de influencias-- presentó el pasado 11 de julio un escrito en la Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal, a través de su representante legal, Julián Matute García, solicitando al alcalde la prórroga del contrato que tiene con el Ayuntamiento.
La urgencia del señor Matute es porque el 31 de diciembre de este 2012 se vence el convenio de colaboración (es decir, la concesión que usufructúa) que le fue otorgado en la administración del ex alcalde panista, Pedro Ruiz Higuera, cuyo Cabildo le concesionó la construcción de parabuses para utilizarlos como espacios publicitarios por el tiempo que le restaba en ese entonces al gobierno municipal, pudiendo la empresa pedir la prórroga por nueve años más.
EL ANTECEDENTE
El contrato fue firmado el nueve de noviembre del año 2001 por el entonces alcalde, Pedro Ruiz Higuera; Francisco Javier Vallejo Corona en su calidad de síndico y por el secretario general (qepd), Víctor López Terrazas. Por los publicistas, estamparon su rúbrica los señores Gerardo Cándano Conesa y Eduardo de la Vega de Zamacona.
Bajo esta tesitura, el contrato original abarcó los últimos 12 meses de la administración de Pedro Ruiz Higuera –que por cierto le tocó concluir al panista y ahora “mochilista” Ignacio Guzmán García-- pero después, cuando entró Gustavo González Villaseñor en el 2004, obtuvo la tan ansiada prórroga por nueve años más, la cual nunca se formalizó jurídicamente. De hecho hay un juicio de nulidad de Servicios Urbanos del Centro contra el Ayuntamiento por haber firmado otro convenio para la instalación de 100 parabuses y 500 contenedores de basura.
El interés del alcalde, Salvador González Reséndiz por tratar este asunto se evidenció en la pasada sesión de Cabildo del dos de agosto, donde como primer punto a tratar fue el escrito del apoderado legal de la Compañía de Servicios Urbanos del Centro, Julián Matute, pidiendo dicha prórroga. De hecho el punto se turnó para su análisis, estudio y dictamen a las comisiones de Reglamentos, Inspección y Vigilancia y a la de Planeación Socioeconómica y Urbana, quedando a cargo de ésta última la convocatoria respectiva.
Se sabe que ante la urgencia por darle para adelante a la solicitud de los representantes de esta empresa, el alcalde convocó a los integrantes de esas comisiones a una reunión el martes siete de agosto a fin de discutir y cabildear dicha petición, pero para sorpresa y frustración del presidente municipal, no hubo quorum y la junta se canceló.
A la fecha, no se ha convocado a nueva reunión, por lo que todo hace suponer que el primer edil ya midió las consecuencias de aprobar una nueva prórroga a la empresa de los parabuses, toda vez que a él ya no le corresponde decidir ni intervenir en este asunto, en virtud de que el contrato concluye el 31 de diciembre, y su periodo gubernamental (el de Chava) concluye el próximo 30 de septiembre, por lo que le tocaría al alcalde entrante evaluar si concede o no una nueva prórroga a la Compañía de Servicios Urbanos del Centro S.A de C.V.
REVANCHISMO EN PUERTA
Si Salvador González Reséndiz entra en una dinámica de revanchismo político o quizá de negocios personales, es probable que intente sacar adelante la prórroga para beneficiar a los empresarios de los parabuses por nueve años más, pero de inmediato se le vendrían los cuestionamientos encima.
De entrada, el cabildo entrante podría alegar la nulidad de la prórroga y echarla abajo, incluso es el escenario más probable. Después, el nuevo alcalde deberá convocar a un concurso para otorgar una nueva concesión a la empresa que ofrezca las mejores condiciones para el Ayuntamiento en el manejo de espacios publicitarios de los llamados parabuses.
Por eso, cuando hablamos de que a González Reséndiz le puede ganar el revanchismo político en este asunto, nos referimos al antecedente del pleito que sostiene con los dueños de la empresa Grupo PMP –operadores de la estación radiofónica La Mejor 96.7 F.M. y 590 de A.M., antes La Explosiva 590— ya que son los principales interesados en quedarse con la concesión de los parabuses, pues antes ya habían pujado por la misma.
Pero para que usted nos entienda, Salvador González va a hacer hasta lo imposible para cerrarle las puertas de dicha concesión a los señores Luis Carlos Mendiola Cotina y Luis Carlos Mendiola Lamas, pues supone como un hecho que si Ramón Guerrero llega a la alcaldía, como casi es seguro, le va a entregar el contrato de los parabuses a estos empresarios radiofónicos.
Los Mendiola ya intentaron obtener esta concesión –pues insistimos, es un negocio que deja en contratos de publicidad casi por un millón de pesos mensuales—hace 10 años, pero se les atravesó el empresario Gerardo Cándano Conesa y se quedó con el contrato; entre otras cosas, porque el entonces presidente municipal, Pedro Ruiz Higuera se dejó seducir por las atenciones del chilango, quien se llevó al alcalde y al regidor de reglamentos en ese tiempo, Juan Carlos Hernández Ocampo a un table dance del Distrito Federal para convencerlos de las “bondades” del convenio y terminaron por dárselo.
TRAFICO DE INFLUENCIAS
Sin embargo, un papel fundamental para que Gerardo Cándano Conesa obtuviera la concesión de los parabuses, fue la influencia de su hermana Jimena Cándano, quien era la Directora de Estrategia y Vinculación Social de la Presidencia de la República durante el mandato de Vicente Fox Quesada, porque ni siquiera una mejor oferta que hicieron los Mendiola pudo con el poder de convencimiento y probable tráfico de influencias de Gerardo Cándano para quedarse con el contrato.
Y mire usted sino está para pensarse que había tráfico de influencias en este asunto, pues resulta que los socios de la Compañía de Servicios Urbanos del Centro son ni más ni menos que Gerardo Cándano y Javier von Bertrab, este último casado con Carla Azcárraga, hermana del presidente del consorcio Televisa, Emilio Azcárraga Jean.
Quizá por eso, durante nueve años esta empresa ha explotado la concesión de los parabuses violando las cláusulas más importantes del contrato sin que ningún presidente municipal le haya entrado al asunto para rescindirles el convenio.
Sabemos que el entonces síndico durante la administración de Pedro Ruiz Higuera, el licenciado Francisco Vallejo Corona trató sin éxito de rescindirles el contrato, pese a que los demandó por la vía civil y administrativa.
El siguiente síndico, que es el que estuvo con Gustavo González Villaseñor, Tito Yerena, tampoco hizo gran cosa para revocar la concesión, mucho menos Alfonso Bernal Romero, quien también fue síndico con Javier Bravo, ni los encargados del departamento jurídico encabezados en ese tiempo por Jesús Sánchez Guerra. Desde luego, un muchacho inexperto y corrupto como Fernando Castro (síndico actual), tampoco le entró al tema.
Si le damos una leída al contrato, podemos observar con claridad los puntos que no ha cumplido la empresa chilanga para seguir usufrutuando la concesión de los parabuses en espacios públicos. Por ejemplo, se comprometió a entregar al Ayuntamiento 600 kilos de bolsas para basura al año, 50 kilos cada mes a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, y no hay certeza de que haya cumplido con esto, por lo mismo, el síndico Vallejo demandó la rescisión del convenio.
También se comprometieron a darle mantenimiento a los buzones de basura instalados en el malecón tres veces a la semana, y tampoco habrían cumplido, mucho menos el tiempo de 120 días, a la firma del contrato, para donar un camión recogedor con compactador modelo 2002 y veinte contenedores de basura.
DESCONTÓN DE 100 MIL PESOS
Pero la cereza del pastel viene a continuación, ya que el publicista se comprometió a aportar en forma voluntaria, al DIF, 200 mil pesos en el mes de febrero del 2002; pero seis meses después de la firma del mismo (que fue el 09 de noviembre del 2001), el tres de mayo del 2002 para ser exactos, el Ayuntamiento anexó una “fe de erratas” al contrato, explicando que se “asentó indebidamente que el publicista se obligaba a aportar la cantidad de 200 mil pesos en el mes de febrero del 2002”. Que debió decir: “Así mismo, el publicista en forma voluntaria se obliga a aportar la cantidad de 100 mil pesos al DIF al día siguiente de que el Ayuntamiento autorice los modelos de parabuses y publicidad”.
Como se observa, de un plumazo le descontaron 100 mil pesos al convenio, lo cual quiere decir que al señor Gerardo Cándano Conesa le costó este millonario negocio la irrisoria cantidad de 100 mil pesos, más lo que invirtió en la construcción y remodelación de 89 parabuses, 70 buzones y 30 columnas de publicidad.
Pedro Ruiz Higuera, como alcalde, permitió este atraco al municipio y además nunca explicó por qué descontó 100 mil pesos al contrato original con la excusa de una “fe de erratas”, además tampoco informaron en qué se gastaron ese “donativo”.
Y es que el de la publicidad en los parabuses es un negocio redondo para quien disfruta de la concesión. Si hacemos cuentas, a ojo de buen cubero como se dice, tenemos que el señor Cándano se echa a la bolsa alrededor de un millón de pesos mensuales en el supuesto de que tenga todos los espacios publicitarios vendidos.
Nos dicen que un anuncio en una parada de camión cuesta, por lo bajo, alrededor de dos mil pesos mensuales, por lo que si consideramos que cada caseta tiene cuatro caras a comercializar y si son 89, nos arrojan 712 mil pesos cada mes. A esto hay que sumarle ingresos de unos 120 mil pesos mensuales por la publicidad en las columnas que tienen dos lados y unos 150 mil pesos por la comercialización de tres espacios en cada buzón de basura, es decir 932 mil pesos mensuales mínimos de ingresos son los que obtiene esta empresa en Puerto Vallarta.
Por esto mismo, tanto el alcalde González Reséndiz como los concesionarios están muy interesados en que les renueven el contrato.
Sin embargo, la cosa no va a estar fácil para que Vallarta se quite de encima a estos empresarios voraces que por una mínima inversión se llevan carretadas de dinero a sus bolsillos, toda vez que existe un juicio civil contra el Ayuntamiento –que incluso dicen que ganó la Compañía de Servicios Urbanos del Centro—para que no le quiten el contrato y constantemente recurre al amparo para evitar la rescisión del mismo.
Empero, como el 31 de diciembre se vence la prórroga, tratarán a toda costa de quedarsecon el negocio, sobre todo si reciben una ayudadita de Salvador González Reséndiz para evitar que El Mochilas les entregue la concesión a Los Mendiola.
Sobre Gerardo Cándano Conesa nos cuentan que es un tipo mañoso en estas lides, ya que en otros lugares como en el Distrito Federal, fue denunciado por tráfico de influencias por quedarse con la concesión de los parabuses –que pertenecía a la empresa Equipamientos Urbanos del Centro (Eumex) —con ayuda del ex jefe del gobierno del D.F., Andrés Manuel López Obrador, del ex Oficial Mayor, Octavio Romero Oropeza y del titular de la Administración Capitalina, Alejandro Encinas.
El gobierno del D.F., desconociendo la concesión de Eumex entregó un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) a la compañía Servicios Urbanos del Centro (la misma que opera en Vallarta) para el uso y colocación de publicidad, por lo que los representantes legales de Eumex interpusieron una denuncia penal contra funcionarios de la administración capitalina y Gerardo Cándano y Javier von Bertrab por tráfico de influencias, abuso de autoridad y tentativa de extorsión en el retiro del permiso que tenía desde 1994, para el uso de 2 mil 500 espacios publicitarios en la ciudad capital.
A todas luces, comentaron los abogados de Eumex en notas de prensa, la entrega de manera directa del Permiso Administrativo Temporal Revocable entregado a Servicios Urbanos del Centro es ilegal, porque nunca se licitó en busca de obtener una mejor oferta, ni tampoco se consideró que estaban vigentes los contratos firmados por Eumex y que le permitía mantener el control de dichos espacios.
INFORMACION CLASIFICADA
LA VERSION CORREGIDA Y AUMENTADA DEL ESCANDALO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, coordinador de asuntos especiales de la delegación de la Procuraduría de Justicia de Jalisco en Vallarta, Osvaldo Delgadillo, da cuenta de que al funcionario judicial se le pasaron las copas hace 15 días en un salón de fiestas que se localiza en la colonia Mojoneras y que de ahí comenzó el camino a la perdición.
El MP junto con otros amigos y personal de la Delegación de Procuración de Justicia organizaron un festejo para darle la bienvenida al nuevo delegado, Juan José Mercado Cervantes, pero cayendo la tarde Osvaldo andaba ya ebrio, por lo que decidió seguir la fiesta y se fueron al bar El Rodeo de El Pitillal. En el camino, el señor Delgadillo hizo varios disparos al aire, según reportes que llegaron a la cabina de radio de la policía municipal, por lo que desde ahí comenzó mal la borrachera.
En El Rodeo estuvieron tomando y en un momento dado salió del bar y cuando regresó por la camioneta oficial que tiene a su cargo, se encontró con que el lugar ya estaba cerrado, por lo que se molestó mucho, volvió a tirar balazos y se habría introducido a la cantina por una casa aledaña, donde dicen que dañó un portón por el que le reclaman daños por 21 mil pesos.
Se ignora si hubo querella contra Osvaldo Delgadillo o si ya pasó a pagar los daños, pero en Guadalajara ya tomaron nota del comportamiento del MP Delgadillo y es probable que lo remuevan de Vallarta y lo asignen a otra delegación.
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