VALLARTA, CORRUPCION A MANOS LLENAS

Por Jorge Olmos Contreras

El comportamiento del alcalde Salvador González Reséndiz al apegarse a una conducta proteccionista y de encubrimiento hacía su antecesor, Francisco Javier Bravo Carbajal, no puede durar mucho tiempo, toda vez que la información sobre actos de corrupción sigue brotando cual si se abriera una inmensa cloaca; y tarde que temprano se verá obligado a denunciar a su amigo y compañero de Partido.
Sin embargo, la necedad es una de las principales características de Chavita, y no obstante a que ya existen elementos valiosos que prueban conductas claramente punitivas de parte de Javier Bravo y su tía, la ex tesorera Aurora Arreola Ureña, sigue empeñado en cubrir con un manto de impunidad a los saqueadores de las arcas municipales.
Lo extraordinario de todo esto es que Chavita sí posee información sumamente valiosa sobre las corruptelas de Javier Bravo, pero la mantiene oculta, sólo para su consumo personal, ya que el sujeto contratado para auditar las finanzas del municipio en enero pasado, Carlos Morales (a quien por cierto le pagaron la friolera cantidad de un millón de pesos) sí entregó algunos expedientes debidamente auditados que servirían para fincar responsabilidades.
Por su parte, a cuenta gotas –como tortuga veraniega--, el contralor municipal, Miguel Ángel Rodríguez Curiel, ya le entregó a Chavita dos que tres expedientes –como el robo peculado de la compra de cientos de luminarias—que serían base de una denuncia penal y de solicitud de juicio político contra Javier Bravo y varios de sus compinches.
CUOTAS ROBADAS
Empero, Chavita está actuando como un verdadero cómplice de las tropelías de su antecesor y eso le va a generar un permanente enfrentamiento con varios actores importantes de la sociedad vallartense, comenzando por los regidores de oposición y dos que tres del PRI que comienzan a hartarse de esa conducta encubridora del alcalde.
Y es que hay casos gravísimos de corrupción, como el de las cuotas del Instituto de Pensiones que Javier Bravo y su tía utilizaron para un fin distinto y donde se configuró a la perfección un fraude (peculado por tratarse de malversación de recursos públicos) que no debe quedar impune.
Lo más increíble de este asunto, es que ni siquiera el Instituto de Pensiones del Estado ha presentado una denuncia contra quien o quienes resulten responsables por la malversación de las cuotas destinadas a los trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
El dinero de los pensionados está debidamente etiquetado y se trata de recursos que se descuentan vía nómina a los empleados, es decir, son pesos y centavos que ni siquiera se les podría considerar como dinero de los contribuyentes, porque pertenecen en lo particular y en lo general a los trabajadores burócratas del municipio.
LOS AFECTADOS
Por lo tanto, hay dos afectados directos: Primero los empleados a quienes les robaron esas cuotas, y en segundo plano el Instituto de Pensiones del Estado que dejó de percibir ese dinero, debido a que Javier Bravo y su tía lo utilizaron para otras cosas, como podría ser gasto corriente, campañas políticas (lo cual es un delito) o simplemente se lo echaron a los bolsillos, de ahí que insistimos en que –aunque parezca increíble—ni Pensiones del Estado, como organismo descentralizado del gobierno del Estado, ni el Sindicato de Empleados Municipales, dirigido por Gilberto Lorenzo, han denunciado estas irregularidades, este robo monumental que en materia penal es peculado.
No es posible que Chavita esté empecinado en vender terrenos de la comuna –que son para el bien público—o en endeudar más al Ayuntamiento para pagar el dinero que Javier Bravo se robó de Pensiones del Estado y finiquitar a proveedores dudosos que, dicen, les deben ciertas cantidades pero sin comprobarlo.
Chavita nos quiere vender la idea de que seamos los contribuyentes de Puerto Vallarta quienes paguemos los platos rotos, porque una eventual nueva deuda por 87 millones de pesos o la cantidad que sea, tendría que ser pagada con recursos públicos, es decir con el dinero que usted y yo aportamos al Ayuntamiento vía licencias, derechos y contribuciones.
Lo peor es que el alcalde sigue en esa línea y mañana martes en sesión de Cabildo va a presentar una nueva propuesta para tratar de darle una “solución” a la deuda de Pensiones del Estado, al ofrecer una alternativa de venta de terrenos municipales para pagar los más de 70 millones de pesos que se le deben al Instituto de los pensionados.
Antes, por la mañana citó a reunión de trabajo con todos los regidores para tratar de darle una salida al pago de proveedores, junta que mañosamente cambió de la agenda justo unas horas antes de la sesión del pleno, cuando estaba programada para el jueves de la semana pasada.
SAQUEADORES, IMPUNES
Y disculpe usted que insista, pero que alguien nos explique por qué el Ayuntamiento tiene que pagar un dinero que ya no era público, sino de los trabajadores burócratas y en todo caso pertenecía a Pensiones del Estado.
Desde luego, el Ayuntamiento como un ente gubernamental debe responder por la malversación de esos recursos, pero se debe partir de algo, y ese punto de partida es fincar responsabilidades públicas y penales contra quienes saquearon las arcas municipales y se embolsaron las cuotas de los trabajadores.
Pero si en cambio, ni el Instituto de Pensiones del Estado, ni el Sindicato de Empleados Municipales ni el Ayuntamiento como órgano de gobierno presentan denuncias contra los saqueadores, entonces no se debería apoyar –en lo absoluto—cualquier intentona de endeudar más a la comuna ni de vender terrenos públicos que son para el bien común.
Porque si nos esperamos a que la Auditoría Superior del Estado realice la auditoría complementaria al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que solicitó la fracción del PAN, puede pasar mucho tiempo, tiempo que necesita ganar Chavita para seguir encubriendo a Javier Bravo y en cuyo espacio puede cometer muchas tonterías en perjuicio de la comuna.
MEDIDAS EXTREMAS
Y es que no dude usted que en su desesperación por tapar los hoyos negros de Javier Bravo, Chavita recurra a medidas extremas como sacar adelante un préstamo millonario –para pagarlo en esta misma administración--, con lo cual no necesita el voto de los seis regidores panistas, pues con el voto mayoritario de los ediles priistas puede endeudar al Ayuntamiento; pero eso sí, comprometiendo una parte importantísima del presupuesto municipal.
En este probable escenario, Chavita se quitaría la carga de la deuda a proveedores y quizá del robo de Pensiones del Estado, pero al rato no habría dinero ni para pagar la nómina, ni para prestar los más elementales servicios públicos, ni para realizar obra pública.
Es, por lo tanto un escenario que se antoja muy improbable que suceda, pero no es descartable una medida desesperada de parte del principal beneficiario de las corruptelas de Javier Bravo, el mismo Chavita.
INFORMACION CLASIFICADA
LE VAMOS A ADELANTAR PARTE DE UNA INVESTIGACION del por qué Chavita no quiere soltar los expedientes de la auditoría, “supuestamente pulcra”, que realizó un organismo externo en enero pasado y que el alcalde los mantiene ocultos, sólo para su consumo personal, sin darlos a conocer a la opinión pública que merece respeto y estar bien informada:
El siguiente caso ni siquiera se auditó:
Se trata de un rescate de la plaza pública de la colonia del Villar, que colinda con la Magisterio, donde se invirtieron cinco millones 300 mil pesos –no obstante a que estaba presupuestada en cuatro millones 868 mil pesos con recursos municipales, estatales y federales vía el programa Hábitat de la Sedesol—y en donde se habría cometido un desfalco más con la malversación de dichos fondos.
Para realizar la obra, concursaron 12 empresas constructoras, pero no se asignó la misma a la compañía que presentó el proyecto más barato, incluso por debajo de los cuatro millones de pesos, sino que se le entregó a quien ofreció el proyecto “más viable técnica y financieramente hablando”. El ganador fue el concursante número ocho, a pesar de que estaba muy por encima de lo presupuestado. Curiosamente, cuando fue el concurso, se hizo presente el entonces alcalde, Javier Bravo (que casi nunca iba a las reuniones de asignación de obra) para maniobrar a favor de la constructora ocho a quien le autorizaron cinco millones 300 mil pesos por “rescatar” la plazoleta de la colonia del Villar.
Así las cosas, la empresas favorecida nos sólo se gastó los cinco millones 300 mil pesos, sino que no terminó la obra alegando que le faltaba un millón 117 mil pesos para concluirla, debido a una “mala proyección”, ya que tuvieron que hacer muchos “movimientos de tierra” según habrían justificado.
En días pasados, vinieron técnicos de la Sedesol a revisar la obra y comprobaron que las cosas se habían hecho mal, pero le advirtieron al alcalde Salvador González Reséndiz, que sólo había de una sopa: o terminan la obra o regresan el dinero federal que les autorizaron para dicho rescate.
Raudo y veloz, Chavita lo primero que hizo fue cabildear para que la actual administración pague esa obra inconclusa –y al parecer ya se lo aprobaron—y no devolver el dinero a la Sedesol.
Pero no es tan simple, ya que aquí hubo un contubernio entre Javier Bravo y la empresa Constructora, ya que fue una mala asignación de obra. Incluso, el expediente de la misma es tan burdo que cualquiera se daría cuenta del tamaño de la transa.
Ah, pero eso sí, Chavita ya logró que se pague ese millón 117 mil pesos para cubrir la corrupción de Javier.
Pues bien, como estos casos de obra no auditada, hay muchísimos que Chavita está encubriendo para proteger a Javier Bravo.
Sin embargo, se avecinan más problemas, en virtud de que hay varias empresas constructoras –dentro de la famosa deuda de obra pública—que ni siquiera pueden cobrar lo que se les debe, debido a que el anterior síndico, Alfonso Bernal muy atinadamente se negó a firmar los contratos.
Javier Bravo y su Cabildo le dieron un albazo a Alfonso Bernal al quitarle sus facultades como síndico para aprobar contratos y se las dieron al entonces director jurídico, Jorge García Rojas; pero Bernal demando ante el Tribunal Administrativo y éste falló en favor del ex síndico, por lo que hoy esas empresas constructoras no tienen ni lo más básico para exigir un cobro: un contrato legal.
Nota: esta columna también puede ser consultada en www.columnajorgeolmos.blogspot.com y en www.laexplosiva.com