Un juicio por demás extraño, donde pudiera haber
complicidades de algunos
magistrados jaliscienses, es el que se desahogó en la
Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco y en el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y en el que las partes
fueron el contratista y presunto ingeniero, José Antonio Bustos Garrido (a)
¨Tony Bustos¨ y el corredor de bienes raíces, Aldemaro José Garcés Flores (¨Aldo
Garcés¨), de origen venezolano y a quien perjudicaron condenándolo a pagar más
de medio millón de dólares mediante una carta poder que hicieron pasar como pagaré
mercantil, alterando el documento original, según pruebas grafoscópicas.
Por
Jorge Olmos Contreras
El venezolano Aldo Garcés nunca pensó que
su propio contratista o residente de obra, Pedro Gerardo Bustos Garrido, se
volteara en su contra y le armara un lío judicial para tratar de despojarlo de bienes
por 500 mil dólares mediante el uso indebido de una carta poder que alteró junto con sus hermanos, Tony Bustos y
Víctor Eduardo (¨Lalo Bustos¨) Bustos Garrido-- y presentó ante un juzgado
civil como “pagaré bueno” a favor de Tony Bustos, con el fin avieso de
perjudicarlo y tratar de quedarse con una finca ubicada en la colonia Cinco de
Diciembre de este puerto.
Lo
peor de todo, es que la Sala Octava del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco
no valoró las pruebas grafoscópicas y en documentoscopía que demostraron que el
supuesto pagaré estaba alterado y de esta manera condenaron al agente
inmobiliario a pagar una deuda que nunca contrajo.
Por
si esto fuera poco, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer
Circuito en Jalisco le negó un amparo directo a Aldo Garcés, aun cuando éste
demostró que el Juez Octavo de lo Mercantil violó los artículos 14 y 16
constitucionales al emitir una sentencia definitiva en su contra el 28 de marzo
del año 2007 pronunciada en la toca número 327/2003.
De
hecho, Aldo Garcés ganó el juicio mercantil 2550/02 en primera instancia, pero
los abogados del demandante, Tony Bustos, apelaron la sentencia y el caso fue
turnado a la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia, donde el juzgador dictó
sentencia definitiva en contra del venezolano, por lo que el extranjero interpuso
una demanda de amparo directo contra dicha sentencia, pero como ya vimos, el
recurso le fue negado por el Segundo Tribunal Colegiado.
EMBARGO VIRTUAL
Con
esto, el mal contratista logró que el Juzgado Primero de lo Civil en esta
ciudad señalara como embargados los derechos fideicomisarios del terreno urbano
–propiedad de Aldo Garcés— marcado con
el número 01 de la manzana XXIV ubicado en Andador Jesús Langarica, calle
Jamaica, colonia 5 de Diciembre y lo en el construido con superficie aproximada
de 274.61 metros cuadrados, por la cantidad de 500 mil dólares, documento que
quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad desde el 15 de octubre del
año 2002.
No obstante, recientemente los abogados
de Bustos Garrido promovieron un juicio pauliano
con la intención de quedarse, a como de lugar, con el terreno urbano y lo que hay
en el construido, por lo que el venezolano teme que se cometa una injusticia y
que algunos magistrados operen en su contra para despojarlo de un inmueble que incluso
ya no le pertenece jurídicamente.
En este punto, llama la atención que a
insistencia del juez, el Registro Público haya señalado como embargado el
inmueble que ya no estaba a nombre de Aldo Garcés, lo cual constituye otra irregularidad.
Así las cosas, cuando Tony Bustos supo
que había un aviso preventivo sobre la finca en Registro Público de la
Propiedad, se presentó en las oficinas del Registro para armar un escándalo y
exigir a gritos que no se registrara el gravamen de la casa, pero el director
no cedió a sus presiones y terminó registrándola, como era debido, hecho que
enfureció aún más a Bustos.
LA
HISTORIA
Como agente inmobiliario, Aldo Garcés
también se dedica a la administración de condominios y a representar a inversionistas
que compran propiedades en Puerto Vallarta; fue así como conoció a la señora
Beatriz Sagahon de Simpson, con quien el cinco de junio del año 2000, celebró
un contrato de obra para la construcción de una casa habitación; y para su
ejecución y a fin de llevar a cabo la tramitación de licencias y permisos ante
las autoridades correspondientes, ella le expidió en blanco y a su favor cinco
cartas poder.
Pero en el 2001 empezaría su pesadilla,
ya que Aldo Garcés, en su carácter de presidente del Consejo de Administración inició
la construcción del Condominio “Vista Romántica” de la calle Hortensia número
139 del fraccionamiento Amapas, para lo cual contrató a la empresa “Primera 2”
y ésta a su vez sub contrató, como Residente de Obra al presunto ingeniero Gerardo
Bustos y celebró también contrato con el Sindicato Único de Albañiles y
Similares.
El caso es que a finales del 2001, tanto
la empresa “Primera 2” como Aldo Garcés se percataron que la obra no avanzaba conforme
a lo planeado y presupuestado, por lo que decidieron contratar a otra persona,
al arquitecto Manuel Orozco Gutiérrez, quien señaló que, efectivamente, desde
un inicio no se había planeado bien la obra, cosa que se le hizo saber al
supuesto ingeniero Gerardo Bustos, que a
su vez se molestó y dijo que eso no le importaba, que únicamente le interesaba
que se le pagara lo que se le debía y abandonó la obra.
En esta etapa, Bustos, al saber que ya no
iba a estar al frente de la obra, volvió a los gritos y a las amenazas contra
Aldo Garcés, le decía que él era el “papá de la obra”; que Aldo era un simple
extranjero, que se iba a arrepentir si le quitaba el trabajo. Incluso, se
atrevió a amenazar al arquitecto Manuel Orozco, a quien le dijo que le iba a dar
“unos putazos”, pero Manuel le recordó que él no tenía la culpa de que lo
cambiaran y evitó la agresión.
Aldo Garcés sólo le adeudaba 60 mil pesos
a Gerardo Bustos, pero éste pedía más y como no obtuvo más, amenazó con hacerle
mucho daño por haber desconfiado de él y de su hermano Lalo Bustos, cosa que
cumplieron, ya que el 12 de abril del 2001 convencieron a 20 trabajadores para que
lo emplazaran a huelga argumentando despido injustificado.
El movimiento de huelga les costó mucho
dinero a Aldo Garcés y a una norteamericana, socios de la obra, pues tuvieron
que soltar billetes tanto al sindicato como en la sede de la Junta de
Conciliación para pagar a algunos de los 20 trabajadores, incluido el propio
Lalo Bustos.
LA
PESADILLA
Pero lo peor vendría después, ya que
Gerardo Bustos, aprovechando que Aldo Garcés lo contrató para realizar la obra
de la casa de Beatriz Sagahon desde 31 de julio del año 2000, y que le habían
confiado el expediente que incluía las cartas poder suscritas por la señora, a
fin de que obtuviera los permisos correspondientes ante las autoridades municipales,
hizo mal uso de ellas, destinando una al confeccionamiento de un pagaré
apócrifo, donde curiosamente aparece como beneficiario su hermano Tony y como testigos, él mismo y su otro hermano Lalo, de los mismos apellidos.
La presunta conducta criminal de los
hermanos Bustos Garrido fue exhibida por peritos profesionales en documentos y firmas
falsas, ya que en el juicio se puede leer que alteraron el supuesto pagaré escribiendo
en los espacios en blanco que el extranjero les debía 500 mil dólares y con el
papel en la mano, se dirigieron al juzgado civil para interponer una demanda de
carácter mercantil en contra de Aldo Garcés, según expediente 2550/2002.
En la secuela del juicio se contrataron
tres peritos para que verificaran si el documento estaba alterado o no, y
resulta que el primer profesional en la materia, Jesús Rigoberto Galván García determinó
que la firma de Aldo Garcés fue hecha en forma anterior a lo que se plasmó en
letra manuscrita en el famoso pagaré, es decir que fue utilizada la carta poder
ostentando sólo la firma del señor Aldo y donde firma como “otorgante” es una
copia fotostática.
LAS
SOSPECHAS
A este perito le pareció además
sospechoso que se hayan intercalado datos inherentes a un pagaré en un formato de
carta poder, y manifestó su incredulidad de que se haya documentado una
operación por una cantidad de un monto tan elevado en un formato que no es el
idóneo para suscribir una operación mercantil, “cuando prácticamente se puede conseguir
un pagaré a la vuelta de la esquina”.
También le pareció sospechosa la
distancia entre el nombre y firma de quien aparece como obligado. Al respecto
dijo: “Quien ejecutó la redacción del documento no quiso dejar ninguna
evidencia y por lo tanto evitó cruzar líneas”. Las sospechas de este perito aumentaron
por el hecho de que se haya tachado la impresión que aparece en la parte
superior del documento que dice “carta poder” y por debajo escribieron con
letra manuscrita la palabra “pagaré”.
El segundo perito, Sabino Rodríguez
Martínez, llegó a la siguiente conclusión: “No puedo afirmar o determinar que dicho
documento fue alterado en su contenido para hacerlo parecer como pagaré mercantil,
en virtud de que de acuerdo con la naturaleza misma del hecho y de la
significación de la palabra, la alteración de un texto sólo puede darse cuando
éste ya se encuentra redactado, concluido y firmado cambiándose su destino
sobre alguna circunstancia o punto substancial, ya sea añadiendo, enmendando o
borrando en todo o en parte, una o más palabras, cláusulas, etc., y en el caso
no existen añadiduras, enmendaduras o borraduras”.
“Aunado a lo anterior –subrayó-- y en
virtud de que de acuerdo a los estudios realizados, se desprende que no se
puede determinar si dicho documento fue firmado en blanco o no, en razón de que
no existen trazos de intersección”.
EL
TERCER PERITAJE
Ahora bien, al contradecirse ambos
profesionistas, se nombró a un tercero en discordia, la perito Ligia Palacios
Urbina, quien en base a pruebas científicas, determinó que, efectivamente, el
famoso pagaré había sido alterado, ya que la firma de Aldo Garcés “fue
estampada antes de realizados los datos manuscritos correspondientes al
pagaré”, esto quiere decir que se aprovecharon los espacios en blanco del anverso
de la fotocopia del “esqueleto” de la “carta poder”.
Sin embargo, el magistrado presidente del
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, Rodolfo Moreno Ballinas, el
magistrado ponente, José Guadalupe Hernández Torres y el secretario José Luis Pallares
Chacón –como si fueran
los abogados defensores de José Antonio Garrido--,
subestimaron y desecharon las pruebas de los peritos al alegar que carecían de
validez científica y que por lo tanto sus argumentos (de los peritos) al concluir
que se alteró el documento “no son eficientes y sus percepciones deben
calificarse de vagas, ambiguas y abstractas”, “ya que no permiten obtener datos
certeros que aseguren sin duda alguna que se aprovecharon espacios en blanco y
que éste se confeccionó cuando ya tenia la firma del otorgante”.
Al igual que descalificaron el peritaje
de Jesús Rigoberto Galván García, los magistrados hicieron lo mismo con el dictamen
de Ligia Palacios Urbina, al sostener que “el perito sólo esgrime sospechas o
probabilidades, pero nunca se aporta un argumento científico o de carácter
técnico que pueda orientarnos a determinar que efectivamente la firma del obligado
y el resto del llenado del documento se verificó en tiempos distintos”.
Por ello, los magistrados declararon los
dictámenes aportados “como ineficientes por carecer de base científica que
produzca convicción” y terminaron tachándolos de “dogmáticos”. En sus
argumentos citaron una serie de jurisprudencias y al final negaron el amparo directo
al agente de bienes raíces, a quien dejaron indefenso y lo condenaron a vivir
con una gran deuda que nunca contrajo, con el agregado de que los Bustos
Garrido le añadieron al supuesto pagaré mercantil que Aldo se obligaba a pagarle 500 mil dólares más un 10 por ciento
al señor Tony Bustos al día del vencimiento del mismo, el 20 de diciembre del
año 2001; y que en caso de que no cumpliera se obligaba asimismo a pagar un
interés del tres por ciento mensual de la cantidad total, es decir de los 550
mil dólares, hasta su pago total.
DEUDA
IMPAGABLE
De hacerse efectiva esta injusticia
aceptada y avalada por la Sala Octava del Supremo Tribunal de Justicia de
Jalisco, y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito,
Aldo Garcés ya tendría una deuda impagable de casi dos millones de dólares de
puros intereses, tomando en cuenta que este 20 de diciembre del 2012 se cumplen
11 años en el que se alteró el pagaré que los magistrados dieron como bueno.
Esta cantidad de dinero, es quizá el fondo
del comportamiento de algunos magistrados, ya que resulta sospechoso que un
magistrado, Gerardo Domínguez, manifestara tener impedimento para conocer del
asunto debido a que en el juicio intervendría el licenciado Jair Escobar
Magaña, abogado con quien –según dijo el magistrado— tiene una estrecha
amistad.
La secretaria del tribunal, María de
Jesús Ramírez Díaz, también se quiso excusar, pero al interior del órgano colegiado
calificaron de infundado el impedimento que alegaba María de Jesús Ramírez.
Y es que de acuerdo con lo comentado por
el propio Aldo Garcés, su abogado, Jair Escobar, le dijo que si bien conocía al
magistrado Gerardo Domínguez como parte de su trabajo, no era cierto que
llevara una estrecha amistad con él, por lo que siempre se preguntaron el por
qué dicho magistrado manifestó tener impedimento para conocer este asunto.
El comportamiento del magistrado
Domínguez fue sospechoso y parcial, pues incluso se negó a hablar con Aldo y la
norteamericana cuando fueron a Guadalajara para entrevistarse con él.
Por otra parte, en el juicio aparece
también la ambición desmedida de dos abogados de Guadalajara, los señores Martín
Mendoza Vega y Luis Miguel Vega Mendoza, quienes son los endosatarios del supuesto
pagaré mercantil en procuración del presunto ingeniero Tony Bustos, pues fueron
ellos los que promovieron el juicio mercantil.
En cuanto a Tony y Gerardo Bustos, llama
la atención que la autoridades no hayan hecho algo para impedir que se ostenten
como ingenieros en algunas obras cuando
no lo son, ya que de acuerdo con la Dirección General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) y con el Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, ni Pedro Gerardo, ni José Antonio Bustos Garrido son ingenieros de
profesión.
Y como corolario de esta historia de
impunidad, el señor Tony Bustos acaba de ser nombrado miembro del nuevo Consejo
de Giros Restringidos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta en representación de
casas y fincas de la ciudad, como si se tratara de una burla o un mal chiste,
pues ni el alcalde ni los regidores se preocuparon por revisar los antecedentes de este
“consejero”.
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