Por Jorge Olmos Contreras
El que un grupo de sujetos salga a las calles a comprar todos los ejemplares de cualquier periódico y que además amedrente, amenace y asuste a los voceadores, es un hecho reprobable que daña a toda la sociedad, porque se atenta contra el derecho a la información de todos los ciudadanos y coarta la libertad de expresión del propio medio de comunicación, aunque es más deleznable la impunidad con que actúan las bandas del crimen organizado para maniatar y atemorizar a los periodistas, sin que actualmente en México, el estado tenga la capacidad y, menos la voluntad de proteger la actividad periodística, una de las profesiones y oficios más peligrosos que se ejercen en la República Mexicana.
Lo anterior viene a colación por la agresión que se cometió contra el periódico VALLARTA UNO desde el miércoles 31 de agosto, día en que comenzó a circular su edición número 94 y que consistió en la compra de casi todos periódicos, con el claro objetivo de que la gente no lo comprara y de que los lectores no se enteraran del contenido informativo.
Por fortuna, los agresores comenzaron su actividad censora entre las 12:00 y las 13:00 horas, mientras que el periódico comenzó a circular desde las 8:00 de la mañana, por lo que al medio día del miércoles 31, los voceadores ya habían vendido cientos de ejemplares. Sin embargo, cuatro sujetos que circulaban en un vehículo compacto en color negro de modelo reciente, “levantaron” todos los periódicos que se encontraron en puestos de revistas.
A los voceadores también los visitaron y les compraron todos los diarios que tenían en exhibición. Hubo incidentes que llaman la atención, como la amenaza que le lanzaron a una voceadora para que les vendiera todo el periódico. Le dijeron que “a huevo tenía que venderles”. Para ello, la intimidaron, se le acercaron y ella pudo sentir el frío del metal rozando su cintura, “como que llevaban una pistola y no me quedó de otra más que venderles todos, pues tengo familia y no quiero que me pase nada”, comentó.
EL MORENO Y EL PELIRROJO
Otra mujer que vende periódicos en una plaza pública, relató que fueron dos sujetos, uno chaparro, moreno, de bigote y medio robusto y otro joven, güero, pelirrojo, los que le compraron toda la edición de VALLARTA UNO. Luego, platicó, regresaron otro día preguntando si tenía más “revistas”.
Un vendedor que tiene un pequeño local por el rumbo de La Aurora, dijo que también le cayeron. Que era un hombre moreno, de bigote, el que llegó a comprarle todos los periódicos. Que le dijo que los quería para revenderlos por el rumbo de Ixtapa, que su patrón lo había mandado, pero que nomás.
Para el jueves primero de septiembre, la noticia de que habían amagado a una vendedora, corrió como reguero de pólvora entre los voceadores, por lo que algunos tomaron sus precauciones y decidieron guardar los pocos periódicos que les quedaban. Unos de plano comentaron que ya no querían vender VALLARTA UNO por el riesgo que corrían, aunque otros pidieron más. Déjeme 200 o 300, pedían.
El caso es que muchos se asustaron, no sabían quién o quiénes recogieron toda la edición, por lo que guardaron su distancia y están en espera de que “alguien” haga algo para investigar si corren riesgos o no.
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
Si los voceadores, que son un eslabón de primerísima importancia en la cadena de la actividad periodística sufren y se estresan cuando a alguien se le ocurre comprar toda una edición, imagínese el lector lo que pasa por la mente de los periodistas en ese momento.
Desde luego, entran las dudas y las interrogantes de quién o quiénes están interesados en hacerle daño al medio de comunicación, por qué quieren ocultarlo, qué no quieren que la gente sepa, por qué la agresión… y un sin número de preguntas, sin respuestas, más.
Lo más grave de todo, es la facilidad con la que cualquier grupo o persona –sea del sector empresarial, político o público o incluso de la delincuencia organizada—puede atentar contra un medio de comunicación, gastar algo de dinero y comprar toda una edición, sea con amenazas o no, amagando a los voceadores o no, pero con la intención dolosa de dañar, esconder, ocultar.
No existe, por desgracia, ninguna ley, norma o reglamento que impida a una o a varias personas comprar los periódicos que le venga en gana, así sea para evitar que el medio salga a la luz pública y coarte el derecho que tienen los ciudadanos a tener una prensa libre y a ser informados.
UNA LINEA MUY DELGADA
Por el lado del ejercicio periodístico, la línea entre que alguien se atreva a comprar toda una edición de un periódico y luego pasar a los reclamos y agresiones contra los periodistas y o autores de tal o cual escrito, artículo, nota, columna o reportaje que incomodó a los intolerantes, es muy fina, demasiado delgada como para no tomarlo en serio o dejar de estar alertas y preocuparse.
En este oficio, nunca se sabe si los “agraviados” por una información son delincuentes en potencia, pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada, tienen parientes en grupos criminales o son hermanos de un presunto narcotraficante que quizá asesinaron en Guadalajara y que a lo mejor les causó resquemor y molestia que se haya publicado la noticia en VALLARTA UNO. O bien, si se trata de algún resentido del medio político o de alguien a quien no le gustó que se publicara una de tantas denuncias que vienen en el contenido del periódico.
Como sea, creemos que las autoridades deben tomar cartas en el asunto y que los órganos de inteligencia del gobierno mexicano tienen la obligación de enviar una tarjeta informativa a sus superiores por este hecho que, insistimos, puede ser sólo un aviso de una futura agresión a los periodistas que ejercemos en Puerto Vallarta.
Ojala y que la misma Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas de la PGR siga el caso por oficio y pida a los agentes federales una investigación sobre quién, o quiénes fueron los autores de la agresión contra el medio de comunicación al comprar, para esconder, todos los ejemplares que encontraron en el mercado.
De hecho, no es difícil averiguar quiénes fueron los que adquirieron los periódicos, todo está en que la autoridad competente tenga voluntad para dar con ellos y para evitar en un futuro cualquier agresión contra los reporteros del medio agredido.
Ahora que tenemos en Puerto Vallarta el Encuentro Internacional de Periodistas, bien valdría la prensa analizar el caso, pero no se abrió una mesa de discusión sobre el trabajo y el riesgo que corren los periodistas hoy en día en este México violento, pero sí se abordó el tema del narco en al menos dos exposiciones, la de Alejandro Almazán al presentar su libro “Los Morros del Narco” y la mesa sobre “Narcotráfico” a cargo del propio Almazán, de Juan Carlos Reyna del periódico Reforma y Javier Valdez de Ríodoce y los sub temas “Antecedentes en nuestro país”; “Implicaciones del fenómeno del narcotráfico en México, Estados Unidos y Sudamérica”; “La estrategia gubernamental en la guerra contra el narco” e “Impacto de la guerra contra el narco en la vida del país”.
Por cierto, llama la atención que los organizadores de este evento no hayan tomado en cuenta a la prensa local para una mesa de discusión ni para que alguno de los periodistas de Puerto Vallarta expusiera algún tema o diera un discurso.
¿VICTIMAS PRIVILEGIADAS?
Hace poco, en una conferencia dictada en Guadalajara, el director y gerente de El Imparcial. Benjamín Fernández Pichardo habló y fuerte sobre lo que acontece en el país con el ejercicio periodístico. Dijo: “México es el paraíso de la impunidad, en donde los periodistas son las víctimas privilegiadas de las bandas criminales, y los casos no resueltos se incrementan cada día ante la ausencia de un Estado de Derecho, en donde nadie esté por encima de la ley”.
Señaló que el directorio de crímenes de periodistas se incrementa cada vez más, en tanto que el esclarecimiento de dichos asesinatos es una ficción: sólo forman parte de estadísticas y, salvo excepciones –como ocurrió con el reciente crimen de nuestro compañero de Milenio asesinado en Durango- reciben castigo los autores.
En el foro “Libertad de Prensa: realidad, obstáculos y soluciones” convocado por la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), resaltó que periódicos, reporteros y otros han sido golpeados y diezmado por los cárteles de la droga y el crimen organizado, cuyas acciones sangrientas han sido arropadas por una aberrante impunidad, que han hecho de México uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
Expuso que varios factores inciden en esta situación, un ejemplo es el desmantelamiento de la llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas, que la AME impulsó durante el régimen pasado. “Hoy la Fiscalía es una verdadera entelequia, en tanto que nuestro oficio se ha vuelto cada vez más vulnerable”.
Aseveró que hay casos emblemáticos que nos han llenado de oprobio e indignación, como es el de tres voceadores de El Imparcial del Istmo, ejecutados por una célula criminal ligada al Cártel del Golfo, en el tramo carretero que comunica al puerto de Salina Cruz con Tehuantepec, el 8 de octubre de 2007.
“Los sicarios que operaron esta acción criminal, con la complicidad de policías ministeriales del estado, gozan de cabal salud y pueden verse tranquilamente pasear su impunidad por doquier. Ésta es la tendencia en el México de hoy, en donde los crímenes cometidos en contra de periodistas y comunicadores, jamás son esclarecidos”, subrayó.
Fernández Pichardo, cuestionó a la Procuraduría General de la República (PGR), si a cinco años de haber sido asesinado, hay alguna orden de aprehensión o consignación de quienes segaron la vida de Raúl Gibb Guerrero, director de “La Opinión” de Poza Rica, Veracruz. La respuesta es triste pero demoledora: No la hay.
Por otra parte, se sabe que los principales delitos contra periodistas son amenazas, homicidios, abuso de autoridad difamación, robo, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lesiones, daños en propiedad ajena, intimidación, tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia.
En este contexto, un informe da cuenta de la difícil situación por la que pasan los comunicadores en México: 90 Asesinatos y 17 desapariciones forzadas de comunicadores, trabajadores de prensa y familiares ocurridos durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Que 2009 Y 2010, fueron los años más crueles para el periodismo.
En el primero, ocurrieron 15 asesinatos, en febrero y julio, 3 en cada uno de esos meses, y un desparecido. En el 2010, fueron 16 las víctimas mortales: 14 periodistas y dos trabajadores de prensa, 3 en junio, y 2 desaparecidos.
En lo que va de 2011, después de 3 meses de relativa calma, de no pararse esta ola de violencia contra las libertades, está por convertirse en uno de los más crueles. Apenas en seis meses iban 11 asesinatos: 9 periodistas y 2 familiares, además 2 desapariciones forzadas, uno fue encontrado muerto y otro permanece desaparecido.
En los 55 meses de la actual administración federal han ocurrido 60 asesinatos, más de uno por mes.
Lo más grave: todos estos crímenes se encuentran en la más absoluta impunidad.
INFORMACION CLASIFICADA
El sábado pasado, alrededor de las 22:00 horas, un vehículo compacto –por la oscuridad parecía civic honda azul de reciente modelo—se brincó el camellón en la curva de la calle de Fluvial Vallarta que sale a la altura del hotel Holiday Inn. Por la velocidad, el automóvil prácticamente voló y fue a chocar contra una camioneta RVC Honda (o así parecía) que circulaba por su carril de sur a norte.
El impacto fue tal, que el primer coche aventó al segundo hasta las jardineras.
No se supo quién o quiénes participaron en este accidente, aunque fue obvio que la culpa fue del compacto, pero lo más curioso, es que ni la policía, ni tránsito, ni bomberos enviaron los detalles del mismo en el boletín de partes que mandan a los medios de comunicación.
¿Habrá sido algún influyente?
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