LOS ABUSOS DEL MILLONARIO FELIPE TOME Y SU BROKER, MIGUEL ANGEL LEMUS

Por Jorge Olmos Contreras

El poderoso empresario José Felipe Tomé Velázquez y su bróker estrella, Miguel Ángel Lemus Mateos tendrán que rendir cuentas ante la justicia por actos considerados punibles por el abogado de una ciudadana canadiense, a quien el señor Tomé agredió verbalmente y corrió del complejo de edificios Península, pese a que ella compró dos condominios en 360 mil dólares, uno de los cuales ni siquiera le han entregado y el otro se niegan a escriturarlo

Una historia más de abusos, engaños y amenazas atribuida al millonario empresario José Felipe Tomé Velázquez, es la de la canadiense Inge Grist, quien invirtió los ahorros de toda su vida para comprar dos condominios en las Torres Península, sin saber que iba a tener una amarga experiencia, por la conducta desplegada en su contra por el señor Tomé y sus socios y vendedores como Alejandro Báez Meza y Miguel Ángel Lemus Mateos.

Resulta que Inge Grist, desde el año 2005, pagó mediante un Fideicomiso en el Banco Bansi 360 mil dólares por la compra de dos unidades de la Torre Dos, pero con el paso del tiempo sólo le entregaron un condominio sin escriturar, mientras que la posesión del otro no se la han dado, por lo que decidió reclamar sus derechos, cosa que enfureció a Felipe Tomé y la emprendió contra ella, al grado de correrla de una forma grosera del gimnasio común de Península.

Un día se la encontró en el gim y le dijo en tono amenazante: “Mientras yo esté aquí, tu no puedes estar”. Ella le recordó que era propietaria y que tenía todas sus cuotas en orden, a lo que Tomé le contestó que el único dueño era él y que de ahora en adelante tendría que pagar más cuotas y que le hiciera como quisiera, sino que se largara de ahí, según la versión del abogado de la afectada.

También le habría dicho que él, Felipe Tomé, tenía muchos abogados y que le ganaría cualquier juicio en su contra, que no se metiera con él. La canadiense se asustó y se tuvo que ir un tiempo de Vallarta.

LOS HECHOS

Como a muchos otros compradores de Península, los vendedores comandados por Miguel Ángel Lemus, a Inge la convencieron de las bondades del proyecto inmobiliario Condominio Residencial Península Torre II que formaría parte del Condominio Península Vallarta, --aún cuando todavía no estaba construido--, por lo que la invitaban a adquirir departamentos.

Para esto, les decían que para asegurar su inversión, existía un contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio, de Inversión y Administración, identificado y registrado como FID.No.649-9 Residencial Península, celebrado el 24 de noviembre del año 2005, entre la S.A. de C.V. denominada Residencial Península en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisaria ”A”, representada por su administrador y ahora denunciado, el Contador Público José Felipe Tomé Velázquez, con el consentimiento de la S. A. de C.V. denominada Desarrollo Comercial León, y la Institución Bancaria denominada Bansi, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, división Fiduciaria, en su calidad de Fiduciaria, representado por sus delegados Mara Lourdes Flores Bernal y José Juan Santos Schnaider.

Que ese Contrato de Fideicomiso Traslativo era con el propósito de aportar el inmueble reconocido como La Unidad Privativa II, para la Constitución del ”Condominio Residencial Península Torre II” así como las construcciones ya existentes y las cantidades de dinero que quedaran precisadas, así como las que por su parte aportarían los Fideicomitentes y Fideicomisarios que se adhirieran al mismo y que a su vez serían identificados como los “B”; para llevar a cabo la autoconstrucción de El Proyecto, previa ejecución del Master Plan, el cual contenía todas las especificaciones arquitectónicas y de construcción.

En dicho Fideicomiso, que se halla parcialmente inserto en el Contrato de Adhesión, se estableció que los Adherentes --como la canadiense Inge Grist— una vez cumplidas todas las obligaciones, serían reconocidos de manera definitiva e individual como titulares y propietarios de la Unidad Privativa.

EL FRAUDE

De acuerdo con los abogados de Inge Grist, de lo anterior se deriva una conducta dolosa y falsa, pues hasta el momento no ha ocurrido tal cosa, sin embargo, la canadiense ha sido impactada en su patrimonio, provocándole un menoscabo en el mismo y alcanzando los denunciados un lucro indebido, pues sigue sin tomar siquiera posesión de uno de los condominios que pagó en su totalidad.

Es pertinente hacer notar que cuando fue engañada, utilizando el multicitado contrato innominado, los ahora denunciados José Felipe Tomé Velázquez, Miguel Ángel Lemus Mateos, Alejandro Báez Meza, Ignacio Díaz González, Javier Alejandro Valerio langarica, Isaac Rafael Guzmán García y Laureano Díaz Palacios no tenían los permisos y/o registros de las autoridades competentes, que pudieran dar certidumbre a los compradores, desplegando así las conductas típicas mediante el medio comisivo denominado Contrato de Adhesión sujeto a condición resolutoria.

En este orden de ideas, a la canadiense Inge Grist, --el 24 de noviembre del 2005 en Guadalajara y después de haber sido engañada, mediante diversas argumentaciones de parte de los ahora denunciados--, la condujeron mediante sus estrategias, y/o maquinaciones, a confundirla, y con el supuesto carácter de adherente y utilizando medios comisivos para generar confianza y poder hacerse de un lucro, celebraron el Contrato de Adhesión, sujeto a condición resolutoria, relativo a la Unidad Privativa identificada como Departamento número 16 C ubicado en el décimo sexto piso de la Torre II dos, con una superficie aproximada de 214.95 metros cuadrados.

La adhesión consistía en que una vez que ella cumpliera con las obligaciones, se le reconocería como Fideicomisario “B” por parte del Fiduciario.

Sin embargo, la cláusula segunda del Contrato de Adhesión fue utilizada para confundirla, ya que le dijeron que al conocer el contenido del clausulado del Fideicomiso --no obstante que solo se transcribió parcialmente— habría manifestado su deseo de incorporarse al mismo con el propósito de aportar las cantidades previstas y fuera reconocida de manera definitiva e individual como titular y propietaria de los derechos fiduciarios del Departamento 16 C.

Para esto, la denunciante había dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones derivadas del Fideicomiso y del Contrato de Adhesión, como las aportaciones por 360 mil dólares para que fueran invertidos en la ejecución del Master Plan y la autoconstrucción del desarrollo inmobiliario, a fin de que una vez concluido, fuera reconocida como titular y propietario de los derechos fiduciarios del Departamento 16C.

Pagó en tiempo y forma, tan es así que 13 abril del 2007 le entregaron la posesión de uno de los dos condominios y sin embargo, de ninguno de los dos ha podido tener la escrituración, y de uno ni siquiera la posesión.

DOLO Y MALA FE

El dolo y la mala fe de los denunciados provocaron el incumplimiento de las obligaciones del fiduciario, al no habérsele reconocido en definitiva la calidad de fideicomisaria; además de negarse a ordenar a la fiduciaria girar las cartas de instrucción y la falta de otorgamiento de la formalidad inherente a la adquisición del inmueble.

De esta manera, los denunciados se niegan a reconocerla como fiduciaria, y del mismo modo se niegan a dar formalidad, a través de escritura pública, a la adquisición del inmueble, incumpliendo además el fiduciario Bansi.

Por ello, los abogados de la canadiense piden requerir a las demandas Bansi, Residencial Península S.A de C.V. en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisaria “A”, por la exhibición integra del contrato de Fideicomiso Traslativo de dominio, ya que se transcribió únicamente una parte del mismo, no obstante que en diversas cláusulas del Contrato de Adhesión se indicaba falsamente que la adherente conocía el Fideicomiso.

Lo peor de todo es que, según la misma canadiense y sus abogados, se carece del documento en el que conste el Fideicomiso al cual se le adhirió, debido a que, insisten, en el Contrato de Adhesión únicamente se trascribió una parte del mismo, además de que no ha tenido acceso al mismo.

Los denunciados, una vez obtenido un lucro, no le han dado a Inge Grist la certidumbre que garantice, por lo menos a manera de contraprestación, la existencia jurídica de su propiedad, y sus respectivas autorizaciones por las autoridades competentes.

De ahí que sus abogados consideran que las conductas de estos individuos encuadran en el tipo penal visible bajo el numeral 253 del Código Penal para el Estado de Jalisco en vigencia.

Por ello piden a la Fiscalía que requiera a los denunciados, apercibiéndolos con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley, para que muestren el contrato de Fideicomiso, incluso haciéndoseles saber las consecuencias del desacato, por negar y/o ocultar información a una autoridad competente en ejercicio de funciones.

Ello, debido a que dicho contrato de Fideicomiso no se halla registrado ante el Registro Público de la Propiedad o diversa dependencia pública en la cual poder solicitar la expedición de copia certificada, al no existir dentro de ningún protocolo, archivo, dependencia o lugar en el que se encuentren los originales, ni siquiera el Régimen de Condominio.

Todo ello a fin de que una vez que se exhiba dicho documento, esta la Fiscalía esté en aptitud de analizarlo y tomarlo en cuenta para resolver lo que en derecho corresponda, ya que dicho documento pondrá de manifiesto las perversiones y el dolo, además de las disposiciones indebidas por parte de los ahora denunciados, indican los abogados de Inge.

INFORMACION CLASIFICADA

LOS HERMANOS GUSTAVO Y FELIPE TOME PARECE QUE ESTAN DISPUESTOS a arruinarle la vida a cualquiera porque se sienten influyentes y poderosos. Y sino, que le pregunten a Omar Aburto Islas, el dueño del restaurante bar “La Isla”, quien rentó la terraza dos de Plaza Península y le han hecho de todo, desde despojos hasta daños físicos a su inmobiliario, con tal de enfadarlo y que se vaya porque ya no lo quieren ahí, pese a tener un contrato de arrendamiento a 10 años.

La agresión más reciente de los administradores de Península dirigidos por Gustavo Tomé, fue cortar con soplete las vigas de acero que sostienen la terraza del bar “la Isla” con la clara intención de que se venga abajo, una conducta criminal que debe ser detenida por las autoridades competentes.

MAS CORRUPCION… Pero oh sorpresa, resulta que una de las abogadas de Plaza Península es Adela del Villar, esposa del agente del Ministerio Público del Fuero Común de la delegación de la Procuraduría de Justicia “Costa Norte” José Luis Barrón Arvizu, a quien llegó la denuncia por despojo contra la firma de Península, pero como el conflicto de interés es obvio, Barrón simplemente habría mandado a la congeladora el asunto para proteger los intereses de su cónyuge.

La buena noticia es que el nuevo delegado de la PGJ, Sergio Arturo Grageda Ramos ya tomó cartas en el asunto y prometió quitarle el caso a Barrón Arvizu para que la denuncia contra Península siga su curso normal y se apegue estrictamente a derecho.

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