Por Jorge Olmos Contreras
Definitivamente algo tuvo que pasar para que cuatro regidores panistas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta doblaran las manos y emitieran un voto a favor para que el gobierno que encabeza el alcalde Salvador González Reséndiz pueda desincorporar bienes públicos –en este caso inmuebles como terrenos y un departamento--, venderlos y en su caso malbaratarlos para obtener recursos frescos y pagar deuda en materia de obra pública.
Según la información disponible, se trata de obtener entre 20 y 25 millones de pesos que servirían, entre otras cosas, para empatar recursos ya disponibles del gobierno del Estado y la Federación, por el orden de los 15 millones de pesos y poder construir la carretera que conduce al Centro Internacional de Convenciones (CIC).
Quizá hasta ahí las cosas suenen bien, ya que si el objetivo es conseguir 15 millones de pesos para realizar la obra del camino al CIC sería bueno y digno de aplaudirse –sobre todo por la difícil situación financiera del Ayuntamiento--, máxime cuando Puerto Vallarta será sede del Tianguis Turístico que antes se llevaba a cabo exclusivamente en Acapulco.
LA DESCOMPOSICION
Sin embargo, las cosas comienzan a tomar un cariz distinto, con cierto olor a descomposición, cuando nuestros “incorruptibles” regidores de Acción Nacional prácticamente entregaron un cheque en blanco al Ayuntamiento priista para pagar deudas en materia de obra pública de trabajos que se hicieron al margen de la legalidad en la administración de Javier Bravo Carbajal.
Aquí es donde los cuatro regidores de Acción Nacional –Julio Santana, Héctor Gallegos, Ricardo Uribe y Ana Karina Cibrián-- cometieron una grave falla al levantar la mano para votar una iniciativa que se las entregaron apenas 20 minutos antes de la reunión de Cabildo, es decir, no tuvieron tiempo de estudiar ni analizar lo que estaban votando a favor.
Con su actitud y accionar, se pusieron al nivel del caño, como antes lo hicieron sus compañeros de partido que fungieron como regidores en la administración de Javier Bravo Carbajal, al aprobar un endeudamiento de 450 millones de pesos que el entonces alcalde derrochó y se presumió muchos de estos millones se gastaron en la campaña de Salvador González Reséndiz.
No entendemos por qué estos cuatro regidores panistas –con la honrosa excepción de Dulce María Flores—se dejaron atrapar y entrampar por las huestes de Chavita, pues en el pasado inmediato de esta administración hay decenas de argumentos para tomar decisiones en contra de cualquier intento de vender terrenos del patrimonio municipal para cubrir los malos manejos de contratos de obras públicas que autorizó el ex alcalde Javier Bravo y que Chavita encubrió desde el principio de su gobierno al negarse una y otra vez a denunciar penalmente a Bravo.
EL MARIDAJE
Tampoco entendemos por qué el coordinador de la fracción panista en el Pleno del Ayuntamiento, Ignacio Guzmán García estuvo ausente en tan importante reunión y cómo no tuvo la capacidad o la prudencia para hacer las recomendaciones pertinentes y evitar lo que ya se consumó, pues esto representa un duro golpe (auto golpe en este caso) a la unidad que habían mostrado los panistas en la presente administración.
Y aunque a veces había visos de que dicha unidad se rompería, se había mantenido bien cohesionada… hasta el pasado lunes 25 de julio en que Julio Santana, Héctor Gallegos, Ricardo Uribe y Ana Karina Cibrián dieron el resbalón de su vida como regidores de oposición y se sumaron a los priistas para formar una mayoría que ni en los mejores momentos de su gobierno había soñado el mismísimo Salvador González Reséndiz.
De Julio Santana, Ricardo Uribe y Héctor Gallegos, no nos extraña, ya que a últimas fechas habían adoptado un comportamiento más bien oficialista y el hecho de cohabitar todos los días en la presidencia municipal con sus homólogos del PRI convirtió la relación en casi un maridaje, amasiato que hoy ha rendido sus frutos al aprobar semejante iniciativa, claro, en perjuicio del interés público, pues la desincorporación de bienes municipales –sobre todo si se trata de espacios destinados a áreas verdes—va en perjuicio de todos los ciudadanos y es lesivo contra la comuna.
De quien sí nos extraña es de Ana Karina Cibrián, quien se dejó llevar por sus compañeritos de partido y se comportó como una colegiala –de esas que acaban de llegar al salón de clases y no sabe por qué pero vota a favor de lo que sus amiguitas le dicen—recién llegada que alzó la mano sin saber lo que estaba haciendo.
De Dulce María Flores no resta más que aplaudir su actitud, porque votó en contra de la venta de áreas públicas, se mantuvo firme, fiel a sus convicciones y al menos con su negativa evitó que toda la representatividad del PAN en el Ayuntamiento se manchara con agua de drenaje vertida por todos los demás regidores, priistas y panistas.
EL AUSENTE
Ojala y Nacho Guzmán ya haya regresado de su viaje para recordarle a los cuatro panistas entreguistas que muchas de los contratos de obra pública que se hicieron en el último año del gobierno de Javier Bravo son nulos de pleno derecho porque no tenían la firma del entonces síndico municipal, Alfonso Bernal.
Que recuerden que en su afán por favorecer a ciertas constructoras, como lo fue “Cinco Contemporánea S.A de .V.”, Javier Bravo habilitó al entonces director jurídico del Ayuntamiento, Jorge García Rojas, hoy flamante director de seguridad pública municipal—para que firmara en lugar del síndico Alfonso Bernal Romero, contratos, convenios y licencias y según se supo fueron 114 documentos los firmados por García Rojas y Javier.
Que Alfonso Bernal demando ante el Tribunal de lo Administrativo a Javier Bravo solicitando que todas las acciones y contratos que se autorizaron sin su firma (la del síndico) fueran declaradas nulas.
Que el Tribunal Administrativo, en sentencia definitiva, le dio la razón a Alfonso Bernal, y que por este hecho el Ayuntamiento no tiene por qué pagar deudas de obras públicas cuyos contratos las mismas contratistas los recibieron a sabiendas de que no estaban autorizados por el síndico municipal.
EN EL FANGO
Todavía peor: Deberían recordar estos ediles que hoy están metidos en el fango de las administraciones priistas, que la deuda de obra pública, al igual que aquélla famosa de más de 118 millones de pesos que se deben a proveedores favorecidos por Javier Bravo, no se registró como deuda pública en una sesión oficial por el pleno del Ayuntamiento, y al no ser reconocida, no se puede pagar porque no figura como tal en el presupuesto de egresos, ni del anterior ni del presente ejercicio fiscal.
Pero todavía hay más: Que recuerden que una de las exigencias de los regidores panistas al alcalde Salvador González Reséndiz para poder autorizarle acuerdos –como el de vender áreas municipales, que ya se había intentado dos veces sin éxito—era que fuera transparente y entregara información sobre el movimiento de partidas presupuestales hechos por la actual tesorera Martha Alicia Peña.
Tanto el alcalde como su tesorera mandaron por un tubo a los panistas, nunca les entregaron información ni les dieron una explicación coherente de las irregularidades en el manoseo de partidas presupuestales, por eso hoy extraña que estos cuatro ediles hayan votado a favor de desincorporar bienes públicos para pagar deuda de obra pública.
Que no se les olvide que ya una vez Salvador González Reséndiz, en su afán por encubrir a Javier Bravo Carbajal, trató de persuadir a los regidores del PAN para que votaran una iniciativa parecida a la que votaron el lunes 25 de julio, ya que quería vender áreas públicas municipales para pagar más de 60 millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado, deuda que se convirtió en una bola de nieve porque Javier Bravo y su tía, la ex tesorera Aurora Arreola se robaron el dinero de las cuotas de los pensionados y nunca entregaron a Pensiones el dinero de los trabajadores.
Con este desaseo público, no basta con una rueda de prensa –a la que citaron el viernes pasado los regidores del PAN implicados en este lodazal—para explicar lo inexplicable, pues se los llevaron al baile, los chamaquearon; o si usted es mal pensado estimado lector, podrían haber incurrido en actos deshonestos propios de las peores negociaciones que se hacen en lo oscurito para perjudicar a toda una ciudad.
Pero será Nacho el responsable de enderezar lo que parece ser un barco panista que se va a pique, si es que todavía hay algo de honor que rescatar.
INFORMACION CLASIFICADA
UNA BUENA: La toma de protesta de Iván Bravo Carbajal –que al menos ha demostrado ser muy diferente a su corruptísimo hermano Javier—como nuevo delegado en Puerto Vallarta de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI.
El evento tuvo lugar el pasado viernes en el auditorio del Cecati ante cientos de personas, lo que habla de que este joven hace camino al andar y que tiene cierto futuro político en la ciudad.
LA MALA: La presencia en el mismo evento del chofer de Javier Bravo, José Guadalupe Rodríguez Solís, mejor conocido como Pepe Muelas, quien anduvo tomando fotos y video, lo cual molesto sobre manera al mismísimo Iván Bravo Carbajal.
Iván debe de cuidar ese aspecto: Ni su hermano ni su chofer son bien vistos por los ciudadanos de Puerto Vallarta ni por la clase política, por lo que debería decirles que no contaminen con su sola presencia sus actos políticos.
Mejor que se queden en casa
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