miércoles, 18 de agosto de 2010

DESVIO DE RECURSOS FEDERALES EN EL AYUNTAMIENTO



Por Jorge Olmos Contreras
La información que se filtró a los medios de comunicación y que revela la presunta mala aplicación de los recursos del Fondo de Subsidios a los Municipios para la Seguridad Pública, mejor conocido como SUBSEMUN no es un tema que debe tratarse con ligereza, por el contrario, es un asunto sumamente grave, porque estamos ante una clara desviación de recursos federales que tienen que ser fiscalizados con lupa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que la Secretaría de la Función Pública aplique las sanciones correspondientes.
De acuerdo con las reglas de operación de los fondos del Subsemun, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero del 2009, el municipio de Puerto Vallarta es candidato especial a una revisión estricta de cuentas, al estar incurriendo en graves fallas en la aplicación de los recursos que deben reflejarse en la cuenta pública local y en el presupuesto del Ayuntamiento, y que no por ello dejan de ser federales.
La presunción de que hasta el subdirector del DIF municipal, Jesús Galileo Ortiz Rodríguez recibió 44 mil pesos provenientes de ese fondo federal, indica el mal manejo de los recursos que están destinados única y exclusivamente para aplicar el Nuevo Modelo Policías previsto en la nueva Ley de Seguridad Pública Federal, no para otorgar “bonos” ni mucho menos para premiar a empleados como el susodicho funcionario.
En los convenios de adhesión que celebraron la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el Ayuntamiento, son muy claras las reglas de aplicación de los recursos del Subsemun, que en su cláusula cuarta señala:
DE USO EXCLUSIVO
“Los recursos presupuestarios federales que otorga el Ejecutivo Federal por conducto de "la Secretaría" se destinarán en forma exclusiva a aplicar el Nuevo Modelo Policial para fortalecer el desempeño de las funciones municipales en materia de seguridad pública; profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública y mejorar la infraestructura de las corporaciones conforme a lo estipulado en las Reglas del subsidio.

Las aportaciones de "los municipios" a que alude la cláusula segunda de este instrumento, se destinarán a implementar un programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo.

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital.

Los recursos presupuestarios federales que se otorgan, una vez devengados y conforme al avance del ejercicio, deberán ser registrados por "los municipios" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.

Los rendimientos financieros que en su caso generen los recursos a que se refiere la cláusula segunda del convenio, deberán destinarse al objeto del mismo.

CAMPEA LA OPACIDAD

Cabe hacer hincapié en que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, es la dependencia que recibe el dinero del Subsemun y lo envía a la tesorería de cada municipio que fue elegido en este programa –cuya aportación no es menor de 10 millones por cada Ayuntamiento ni superior a los 95 millones de pesos—y beneficiado por el mismo.

En Puerto Vallarta el Ayuntamiento es tan opaco que ni siquiera tiene registrado en su portal “de transparencia” el monto que recibe vía Subsemun y su aplicación, de ahí que han manoseado estos recursos como se les ha antojado y en el caso del subdirector administrativo de la Policía Municipal, Adrián Gómez Meza, el dinero ha quedado en manos de Alí Babá y sus 40 ladrones.

Y es que el Ayuntamiento se vale de una aportación que hace a dicho Fondo –la tercera parte del total que reciben del gobierno federal—para despacharse con la cuchara grande y meterle mano a este dinero para gastarlo en beneficio de amigos, compadres y hasta para pagar compromisos de campaña.

POR QUÉ GALILEO

De hecho, el presunto pago a Jesús Galileo Ortiz por 44 mil pesos, podría tratarse del compromiso que adquirió Salvador González Reséndiz en su campaña, cuando ordenó la maquila de decenas de playeras confeccionadas en la tienda de deportes que es propiedad del subdirector del DIF y que se ubica en la avenida Francisco Villa a unos pasos del Conalep.

De las acusaciones por desvío de recursos del Subsemun, la de Jesús Galileo Ortiz es la más grave, aunque no hay que descartar los “beneficiados” de Adrián Gómez Meza, como José Luis Topete Durán, que de asistente “A” ascendió a primer oficial para echarse a la bolsa más de 10 mil pesos mensuales, mientras que otros han recibido ayudas menores, medianas y grandes, pero se trata sólo de 14 policías, mientras que el resto no ha recibido nada; por eso se originó la protesta y la marcha del jueves pasado.

Al parecer, los Ayuntamientos se han colgado de lo que dice el párrafo segundo de la cláusula cuarta del Convenio de Adhesión, en el sentido de que las aportaciones de "los municipios” se destinarán a implementar un programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo, para crear el famoso “bono” del Subsemun, que no se reparte en forma equitativa ni existe transparencia en su aplicación, de ahí la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación intervenga, por iniciativa propia o por solicitud o denuncia de terceras personas, para fiscalizar estos recursos.

Los diputados federales que representan a Puerto Vallarta y al quinto distrito de Jalisco, Rafael Yerena Zambrano y Juan José Cuevas, ya deberían tener agendado entre sus pendientes esta solicitud, pues no se puede echar en saco roto la protesta de los policías marginados de dicho Fondo y continuar como si nada hubiera pasado.

El alcalde Salvador González Reséndiz le falla una vez a la sociedad vallartense al no tomar medidas cautelares e inmediatas para separar del cargo a Adrián Gómez Meza mientras le pide a la Contraloría una profunda revisión de la aplicación de los recursos del Subsemun.

Con esta actitud, Salvador González sólo agrava aún más la situación de su administración, porque en cualquier momento le van a exigir rendición de cuentas; no sólo del manejo de los recursos del Subsemun, sino de otros programas cuyo dinero es de carácter federal, porque se presume una alta corrupción en la aplicación de diferentes partidas.

Del gobierno federal también se esperan reacciones importantes para llamar a cuentas a Salvador González, mientras que en el Estado, bien haría el diputado Ramón Guerrero solicitar un informe pormenorizado a la Secretaría de Finanzas para saber cuánto dinero le ha depositado a la tesorería municipal de Puerto Vallarta proveniente del Subsemun.

QUE DEN LA CARA

En Puerto Vallarta, ya es hora de que Martha Alicia Peña de un ejemplo de rectitud y de la cara para explicar e informar sobre el manejo del dinero del Subsemun, desde la cuenta bancaria en que se deposita dicho recurso, sus rendimientos financieros debidamente certificados en caso de que los hubiera; las transferencias trimestrales que se hicieron este año y cuál fue su aplicación de las registradas el 15 de marzo del 2009, el 15 de junio y el 15 de septiembre del mismo año.

La tesorera y el alcalde saben –pero se hacen tontos—que al suscribirse al convenio de Adhesión para recibir los beneficios del Subsemun, se obligaron a tomar las medidas necesarias para transparentar la aplicación de los recursos. Que serían responsables de la aplicación de los mismos y que atenderían el debido cumplimiento de las medidas de control, distribución, aplicación y comprobación de los recursos entregados, establecidas a nivel local y en dicho Convenio.

Y es que a la fecha nadie ha informado qué se ha hecho con el dinero del Subsemun, si se compró equipo, si pasó por Comité de Adquisiciones, si se licitaron las compras ni a quién o a quiénes les otorgaron “bonos” para la mejora laboral de los policías.

El Convenio le exige a los municipios, para la adquisición de equipamiento para los cuerpos de seguridad pública, así como para el mejoramiento de su infraestructura, que se sujeten a los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

Pero no sólo Puerto Vallarta ha incurrido en irregularidades en el manejo de los recursos del Subsemun, otros municipios también se encuentran en el supuesto –siempre el detonante es el bono anual a los policías--, y es que tan sólo el año pasado, la Cámara de Diputados aprobó la cantidad de cuatro mil 137 millones 900 mil pesos que fueron otorgados a los Municipios elegibles y al Gobierno del Distrito Federal bajo los criterios establecidos en las Reglas.
Quedó estipulado que los recursos asignados a cada municipio o al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales no podrán ser inferiores a $10'000,000.00 o superiores a $95´000,000.00. La suma de los recursos en una sola entidad deberá ser equivalente al menos a $10'000,000.00 multiplicados por el número de municipios seleccionados en esa entidad, los cuales no podrán ser menos de tres. A su vez, la suma por entidad no podrá exceder el monto de $338,553,000.00.

De conformidad con el artículo 10 del Presupuesto de Egresos, un monto de $376,200,000.00 ha sido asignado, como lo establece el Acuerdo, a municipios conurbados, turísticos y fronterizos, de donde Puerto Vallarta se benefició, pero que ahora corre el riesgo de salir de este programa si se comprueban malos manejos como ya se exhibió en los medios de comunicación, pero que tienen que ser corroborados por la Auditoría Superior de la Federación.

INFORMACION CLASIFICADA

OTRA BOMBA QUE PRONTO LE EXPLOTARA EN LAS MANOS Al alcalde es el manejo oscuro y nada transparente del Impuesto del dos por ciento Sobre Hospedaje (ISH), cuyos recursos entran a la tesorería municipal y después son enterados a la Secretaría de Finanzas –que entrega y recibe un oficio—para ser traslados al Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo.

Existe la presunción de que “se extraviaron” decenas de recibos oficiales, por lo que el Ayuntamiento no tendría con qué comprobar los depósitos que hizo a Finanzas del Estado, ni el ingreso de dicho impuesto descontado a los hoteleros.

El tema es interesante, porque al parecer ningún hotel de Puerto Vallarta cumple a carta cabal con este impuesto, es decir, hay mucha evasión, de ahí que el Ayuntamiento maneje a discreción este dinero y entregue sólo algún porcentaje a la Secretaría de Finanzas, dejando un amplio margen para manosear los recursos y destinarlos a un fin distinto ó quizá sustraerlos de forma indebida.

Al momento que el Ayuntamiento decida fiscalizar a los hoteleros, nos vamos a dar cuenta de las enormes diferencias entre lo reportado como ISH y los ingresos de estas empresas.

Por igual, podría descubrirse el monto total que ingresa al Ayuntamiento por ISH y lo que realmente reporta a la Secretaría de Finanzas.

¡Ojo regidor de la Comisión de Turismo!

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada