viernes, 9 de julio de 2010

UTILIZAN MEMBRETE DE LA PROCURADURIA SOCIAL PARA BENEFICIAR A DOMINICANA


Por Jorge Olmos Contreras
En noviembre del año 2008, ventilamos en este espacio un caso de presunto chantaje de una mujer de origen dominicano en contra del empresario José Héctor Rivadeneyra Arias, actual gerente de la compañía Air Transat, en donde estaba de por medio la custodia de un pequeño de cuatro años que procrearon los involucrados cuando vivieron en concubinato. Hoy, surgen nuevos elementos sobre este asunto, porque dos abogadas locales están utilizando el membrete de la Procuraduría Social para presionar a los juzgados civiles en favor de una de las partes.
Se trata de Sugeidy Antonia Rodríguez Díaz, una ex modelo de la agencia Stylo que tenía oficinas en la Cámara de Comercio de esta ciudad y que recibió un trato muy especial de la entonces directora del organismo camaral, Marcela Leopo Flores, al grado de que había la presunción en el sentido de que la empresa de modelaje rentaba como “damas de compañía” a señoritas como la dominicana.
De hecho, Sugeidy Antonia hizo una estrecha amistad con Marcela Leopo, al grado de que la ex directora de la Canaco puso a disposición de la dominica sus servicios y oficios de abogada para defenderla de “las garras” de su ex pareja, José Héctor Rivadeneyra Arias, a quien le pelean por todas las vías –convencionales y no convencionales—la custodia del menor Héctor Emiliano Rivadeneyra Rodríguez, quien actualmente vive con su papá en condiciones morales y económicas bastante aceptables.
Y es que desde el 19 de enero del 2008, la Juez Primero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, Patricia Elizabeth Barrera Peralta –luego de estudiar un largo expediente en que Sugeidy fue acusada penal y civilmente por lesiones y por ser irresponsable como madre del menor—emitió una sentencia interlocutoria en donde le fue concedida a José Héctor la custodia de su hijo Héctor Emiliano.
EL REGRESO
El caso parecía ya olvidado –incluso se sabe que Sugeidy entabló una nueva relación sentimental con un vendedor de bienes raíces y en sus ratos libres trabaja en el área de ventas y relaciones públicas de la empresa denominada “Estancia Infantil Bubble Buddies” ubicada en la calle Popa número dos local siete de los condominios Marina del Rey en Marina Vallarta--, pero resurgió porque Sugeidy Antonia promovió un amparo en contra de la sentencia interlocutoria del Juzgado Primero de lo Civil, que le otorgó la custodia al padre del niño Héctor Emiliano desde mayo del 2008.
Y aunque el amparo le fue negado por el Juzgado Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, llama poderosamente la atención que la señora Marcela Leopo Flores, en su calidad de abogada de Sugeidy Antonia Rodríguez, utilice a la Procuraduría Social –que en Puerto Vallarta está a cargo de Jaime Yáñez Polanco—para ventilar este caso y que esto lo permita el procurador social del Estado, Pedro Ruiz Higuera, pues una de las licenciadas en derecho que trabaja para esa dependencia, Cecilia Vargas González, también figura como defensora de la mujer de la República Dominicana.
Tenemos en nuestro poder, una copia de la demanda de amparo que promovió Sugeidy Antonia Rodríguez el pasado 29 de junio de este 2010, en cuyo papel bond tamaño oficio se incluye el logotipo de la Procuraduría Social con la leyenda “Gobierno de Jalisco”, por lo que queda claro que Marcela Leopo está utilizando el logo oficial de dicha representación social para defender a una mujer que, además, no está en el supuesto de ser una persona de escasos recursos para calificar como defendida por dicha Procuraduría.
De esta manera, la Procuraduría Social pierde su esencia, la utilizan como membrete, se convierte en juez y parte y, además el procurador Pedro Ruiz Higuera permite que personas ajenas a la dependencia se ostenten como si fueran abogadas de la misma Procuraduría.
Nos referimos, desde luego, a Marcela Leopo Flores.
TOCAN LA PUERTA DE PEDRO RUIZ HIGUERA
Pero todavía peor, Cecilia Vargas González –que sí trabaja para la Procuraduría Social en Puerto Vallarta—consintió que en el proemio de la demanda de amparo de Sugeidy Antonia se pusiera un domicilio distinto al de la Procuraduría Social, ya que señalaron la calle Colinas del Congreso 2366, de la colonia Colinas de Atemajac de Zapopan, Jalisco, para recibir notificaciones, y no el domicilio oficial de la Procuraduría.
En este sentido, quedan claro dos cosas. Primero, Marcela Leopo se hace pasar como abogada de la Procuraduría Social sin serlo, todo permitido por Cecilia Vargas, Jaime Yáñez y Pedro Ruiz Higuera. Y segundo, utilizan a la Procuraduría Social para defender a una mujer que no está desamparada y que sí tiene recursos económicos como Sugeidy Antonia.
Incluso, en las copias de su FM3 que le fueron otorgadas por el Instituto Nacional de Migración, se puede leer que ella es vendedora de bienes raíces en la empresa denominada “Realty Plus” establecida en condominios Marina del Rey local 30 en Marina Vallarta.
Sugeidy no puede calificar como una persona que necesite ayuda de la Procuraduría Social, porque además vive en un departamento de lujo en los mismos Condominios Marina del Rey número 1206 en el mismo fraccionamiento Marina Vallarta y también trabaja como encargada de ventas y relaciones públicas de una “Estancia Infantil”.
Ignoramos el por qué, una abogada que se supone debe tener mucha experiencia como Marcela Leopo, se prestó a usar el membrete de la Procuraduría Social para defender a Sugeidy… ¿acaso fue para presionar al Juzgado Civil y obligar a que el Juzgado de Distrito admitiera la demanda de amparo para eventualmente quitarle la custodia de su hijo al señor Rivadeneyra?
Por lo pronto, ya lograron que el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil le diera entrada a la demanda de amparo y citó a los involucrados –a los padres del menor y al propio niño—para desahogar una audiencia el día 29 de julio a las 10:45 de la mañana en la ciudad de Guadalajara.
INFORMACION CLASIFICADA
LOS ANTECEDENTES… José Héctor Rivadeneyra conoció a Sugeidy hace más de cuatro en un viaje de negocios que realizó a la República Dominicana, done le ofreció su apoyo moral y económico para que ella pudiera viajar a México sin ningún problema de tipo legal y migratorio.
De hecho, Rivadeneyra Arias le propuso trabajo a Sugeidy que viniera a México, pero la dominicana tenía otros planes, ya que después el mismo José Héctor supuso que el objetivo era pedirle ayuda y sacarle dinero para poder asentarse en nuestro país.
Una vez en México, Rivadeneyra Arias y Sugeidy hicieron vida sentimental de pareja, pero José Héctor comenzó a percatarse de la vida de la dominicana y le pidió que asumiera su responsabilidad en el rol que le tocaba en el seno familiar.
A raíz de esta relación, Sugeidy entró en periodo de gestación (embarazo) y fue entonces cuando Rivadeneyra –según sus abogados— observó cómo comenzaron los presuntos chantajes económicos de parte de la dominicana.
Sin embargo, José Héctor nunca dejó de lado sus responsabilidades y por el contrario le habría entregado fuertes sumas de dinero; entre otras, para dar el anticipo de la compra de una casa en República Dominicana y 40 mil dólares para la compra de una camioneta, además de tres mil dólares mensuales para ella y su hijo, según versión de los abogados del señor.
Una vez con residencia en Puerto Vallarta, la pareja comenzó a tener problemas y el empresario mexicano decidió separarse de ella. Para ello, demandó la custodia de su hijo, y las autoridades mexicanas le dieron la razón luego de estudiar el expediente.
Todavía de buena fe, José Héctor se trajo a México a la mamá y hermana de Sugeidy. Una vez ganada la custodia del niño, a Héctor le fue entregado el niño en Panamá, desnutrido y en malas condiciones de salud, según afirman sus abogados.
Sugeidy siguió un tiempo más con José Héctor Rivadeneyra, de hecho ella entró a trabajar como “edecán”, pero tiempo después, según un parte de lesiones y una denuncia penal, la muchacha agredió físicamente al padre de su hijo.
El columnista tiene copia del oficio número 2761 del parte de lesiones asentado en la delegación Puerto Vallarta de la Cruz Roja, donde se indican las supuestas heridas que registró Rivadeneyra, firmado por el médico residente.
Asimismo, tenemos copia de la Averiguación Previa 277/2007 que se radicó en la Agencia Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común, donde José Héctor denuncia penalmente a Sugeidy por el delito de lesiones.
Eso sucedió el 21 de enero del año 2007 y a raíz de esto, José Héctor decidió pelear la custodia de su hijo, la que le fue concedida en mayo del 2008 y desde entonces vive con el pequeño.
Nota: esta columna también puede ser consultada en www.laexplosiva.com y en www.columnajorgeolmos.blogspot.com

1 comentario:

  1. o utilizas tu block para beneficiar al Sr. Rivadeneyra? porque no hay nada de lògica en lo que escribes, la procuraduria social para eso es.

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