LOS DEPREDADORES

Por Jorge Olmos Contreras

Como lo adelantamos el viernes pasado en este espacio, el ejido Puerto Vallarta a través de quien se cree su “presidente vitalicio”, Esteban García Aréchiga, dio el primer paso para fraccionar y vender una extensa área de la zona montañosa del municipio, al hacer entrega de 27 certificados parcelarios al mismo número de ejidatarios que, en cualquier momento, si nadie hace nada, podrían comercializar terrenos que están declarados como “áreas de uso común”, según dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El dictamen de la Semarnat donde se les informa que esos predios fueron asignados como área de uso común, les fue notificado a todos los ejidatarios en una Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales (ADDATE) en 1996.

Sin embargo, y a sabiendas de que conocían dicho dictamen, el pasado domingo 26 de septiembre, el ejido, manipulado por Esteban García Aréchiga, hizo entrega de los certificados parcelarios, con lo que de hecho se inicia la depredación de la montaña de Puerto Vallarta, a menos que las autoridades y la sociedad civil intervengan para evitarlo.

A través de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental, pudimos obtener los nombres de los 27 “beneficiarios” de los certificados parcelarios que abarcan 439 hectáreas de la zona montañosa y que incluso, ya habían sido señaladas en el Plan de Desarrollo Urbano que fue impugnado por la Universidad de Guadalajara en la administración de Gustavo González Villaseñor y que se impidió se decretara en la de Javier Bravo Carbajal.

LA LISTA

La lista de quienes están a punto de convertirse en los principales depredadores de Puerto Vallarta es la siguiente:

1.- Salvador Delgadillo Quintero, 20 hectáreas
2.- Daniel Bañuelos Jiménez, cinco hectáreas
3.- Roberto Gómez Gordián, 30 hectáreas
4.- Juan Cibrián Parral, 10 hectáreas
5.- Reyes Cibrián Flores, 10 hectáreas
6.- Pedro García García, 20 hectáreas
7.- Ramón García de Santiago, 20 hectáreas
8.- Margarita Gómez Santana, 15 hectáreas
9.- Donaciano Galindo Peña, 19 hectáreas
10.- Esteban García Aréchiga, 10 hectáreas
11.- Feliciano Aguilar López, 12 hectáreas
12.- Paula Gómez Cortés , 10 hectáreas
13.- Gabriel Mariscal Tejeda, 13 hectáreas
14.- José de Jesús Tapia Fregoso, 12 hectáreas
15.- Víctor Manuel López García, cinco hectáreas
16.- Abel García Castillo, 20 hectáreas
17.- Cesárea Peña Hernández, 12 hectáreas
18.- Roberto Cázares Ayala, 50 hectáreas
19.-J. Guadalupe Gómez Gordián, 30 hectáreas
20.- José de Jesús Cázarez Martínez, 14 hectáreas
21.- José Luis López García “Moyenque”, 15 hectáreas
22.- Julio Barraza Pérez, siete hectáreas
23.- Salvadora García Palacios, 15 hectáreas
24.- Alberto Pelayo Torres, 20 hectáreas
25.- Serapio Cárdenas Martínez, siete hectáreas
26.- Joaquín Castillón Cázares, 12 hectáreas
27.- Alfonso Gómez Gordián, 12 hectáreas

Ahora bien, cabe hacer hincapié en que hay tres personas en esta lista que por alguna razón no firmaron, es decir, no aparecen en el conjunto de firmas y que son, Ramón García de Santiago y Paula Gómez Cortés, y al parecer, Juan Cibrián Parral.

CON LA MESA PUESTA

Así las cosas, la mesa está puesta para comenzar a afectar gran parte de la zona montañosa, por lo que urge que los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, los abogados, los organismos no gubernamentales y sobre todo, la Universidad de Guadalajara a través del biólogo Jorge Téllez hagan algo para evitar que Esteban García Aréchiga y sus cómplices se salgan con la suya.

El área de uso común dictaminada por la Semarnat debe ser respetada como tal, de ahí que también urge que intervengan los regidores y el presidente municipal para exigir al ejido que se abstenga de dañar la montaña.

De hecho, el gobierno municipal es la entidad que más puede hacer presión para que no se otorguen ningún tipo de permisos a quienes pretendan fraccionar terrenos de la montaña en esas 439 hectáreas y mucho menos expedir licencias de construcción a futuros propietarios de predios o solares en la zona.

Pero conociendo cómo se las gastan los funcionarios públicos, no dudamos que en breve autoricen la depredación de la montaña, como ya ha ocurrido en otras administraciones.

Por eso insistimos y hacemos una convocatoria pública para evitar más agresiones de este tipo a uno de los atractivos turísticos que tenemos en la ciudad y que es precisamente su zona montañosa, tan verde y llena de vida silvestre como ahora en temporal de lluvias.

También pedimos a los ciudadanos que tengan información sobre la corrupción que impera en el ejido Puerto Vallarta, nos la hagan llegar para hacer público todo lo que sucede en ese núcleo ejidal que, históricamente ha tenido dirigentes que se han enriquecido a costa de los demás.

Por ejemplo, como olvidar los 22 millones de pesos que el gobierno entregó como “indemnización” por la expropiación de terrenos de El Estero de El Salado al ejido y que fueron presuntamente malversados por el mismísimo tío de Esteban García Aréchiga, Jesús Aréchiga.

Incluso, sabemos que hubo un juicio entre sobrino y tío, porque el primero, es decir Esteban García Aréchiga, le exigió a Jesús Aréchiga que le explicara en qué gastó más de 10 millones de pesos, que eran propiedad de todos los ejidatarios.

En otra ocasión, abundaremos más sobre este espinoso asunto, porque en los tribunales todavía se ventila este juicio en que los Aréchiga se habrían robado el dinero que pertenecía a los integrantes del ejido, y que después se habrían peleado entre ellos.

INFORMACION CLASIFICADA

LA ADMINISTRACION DE SALVADOR GONZALEZ RESENDIZ ESTA POR abrir un nuevo frente con los ciudadanos de Puerto Vallarta que confiaron en el y le otorgaron el voto mayoritario en las pasadas elecciones, ya que el viernes pasado el pleno del Ayuntamiento votó a favor de que se inicien los trámites de regularización y enajenación a los poseedores de predios ubicados dentro del área conocida como “fundo legal”.

Lo anterior quiere decir, ni más ni menos, que la desesperación de Chavita por obtener recursos lo está orillando a cometer error tras error, ya que si pretende “regularizar” los terrenos del censo enfitéutico, se va a topar con pared, toda vez que el problema jurídico de la enfiteusis que ahí existe es bastante complejo y ningún alcalde ha podido con el asunto, pese a las intentonas que se hicieron en las administraciones de Rodolfo González Macías y más recientemente en la de Gustavo González Villaseñor.

A reserva de ampliar el comentario y hacer un análisis del “fundo legal”, lo que el gobierno de Chavita quiere es hincarles el diente a los poseedores de terrenos de esa zona –son alrededor de 60 hectáreas y un número no determinado de fincas y predios—para obligarlos a escriturar para que paguen derechos al Ayuntamiento, y así obtener dinero fácil.

Con Gustavo González, el síndico, Miguel Ángel Yerena Ruiz hablaba de que si se regularizaba el fundo legal, el Ayuntamiento podría obtener hasta cuatro mil millones de pesos.

Lo que no dijo, es que es un tema espinoso y difícil de resolver.

Si Chavita insiste en afectar la economía de los vallartenses que poseen predios en el “fundo legal” con el cuento de regularizarlos para tener certeza jurídica de sus propiedades, va a salir muy, pero muy raspado.

Y sino, al tiempo…



OTRO CONFLICTO QUE VIENE es el que traen los “administradores” de los Departamentos Primavera con los condóminos –dueños y arrendatarios--, donde una mujer de nombre Rosalía Moreno, al parecer relacionada íntimamente con el abogado Carlos Medina de Ixtapa, se han dedicado a amedrentar y amenazar a aquellos residentes que, a su juicio, no deben estar viviendo ahí porque no pagan “cuotas especiales”.