lunes, 11 de octubre de 2010

LAS COMPLACENCIAS DE UN JUEZ Y UN MP


Por Jorge Olmos Contreras

Uno de los principales problemas que existen en México es, por desgracia, la ausencia de la aplicación de una justicia imparcial y honesta, pronta y expedita; y por lo tanto un estado de derecho que se desliza en una banda de flotación que casi siempre se inclina a favor de quienes son influyentes o tienen dinero suficiente como para comprar voluntades dentro del poder judicial.

En las agencias del Ministerio Público y en los juzgados civiles y penales hay cientos de historias que descubrir y contar sobre el comportamiento nefasto de funcionarios colocados en puestos de relevancia en los poderes ejecutivos y judiciales, encargados de impartir y procurar justicia a todos los ciudadanos, cuyas acciones lesionan a particulares y al interés público.

Tal es el caso del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo penal en Puerto Vallarta, Rafael Palacios Rubio y del Juez primero en la materia, Damián Campos García, quienes tienen bajo su responsabilidad el caso del doctor Mario Peña Esparza –el médico que denunció por presunto robo a su hermana María Esther Peña y que logró que la metieran en prisión el pasado cinco de noviembre, aunque después salió libre bajo fianza-- y cuya actuación es dudosa desde el momento en que han tomado partido para favorecer al galeno y perjudicar a la parte contraria.

Si antes fue el Agente del Ministerio Público, Pedro Córdova Aréchiga y la Juez segundo de lo penal, Daila Adriana Cholula Villa, quienes se confabularon para armar un expediente –ahí sí, rápido y expedito—en contra de María Esther Peña Esparza para acusarla de un presunto robo por 303 mil pesos y procesarla sólo porque su hermano dijo que ella era la principal sospechosa, ahora los complacientes con el doctor Mario Peña Esparza son el MP Rafael Palacios y el juez primero de lo penal, Damián Campos.

AL BANQUILLO

Y es que recientemente –estamos hablando del 24 de septiembre pasado— este juez (a petición del MP Palacios) citó para el día 25 de octubre a las 10:15 de la mañana, a todas las hermanas del doctor Mario Peña Esparza, incluida la procesada por el delito de presunto robo (María Esther Peña), y hasta al reportero Oseas Lorenzo Bravo, y a otros testigos para que sean interrogados por el fiscal con relación al desahogo de esta causa penal.

Los citados son Oseas Lorenzo Bravo, Alicia Esparza, Félix Salvador, María Esther, Ana Bertha y Martha Elena, todos de apellidos Peña Esparza, es decir, las hermanas y hermano del doctor Mario Peña, además del periodista Oseas.

Lo anterior, no obstante a que estas personas ya fueron interrogadas por el Agente del Ministerio Público en noviembre, mientras que Oseas Lorenzo fue interrogado hace apenas un mes por el MP Rafael Palacios, quien abusando de su cargo, le hizo un severo cuestionamiento al periodista dentro del juzgado primero, cuando el reportero sólo es un testigo de cargo de la señora María Esther Peña Esparza.

Fue tan burdo y ofensivo Rafael Palacios con el periodista, que hasta le preguntó si le constaba que Mario Peña Esparza fuera hermano de María Esther Peña Esparza, entre otras preguntas capciosas hechas al vapor, con su respectiva dosis tendenciosa.

LAS COMPLACENCIAS

El juez penal ha sido tan complaciente con Mario Peña Esparza, que está permitiendo este segundo interrogatorio y admitido como “pruebas” hasta fotografías supuestamente capturadas el 16 de agosto del 2009, donde aparece la madre del propio doctor Peña y sus hermanas donde –dice en un escrito agregado al expediente 136/2010-A—“se tomaron algunos de los detalles de la agresión, falta de orden y cordura provocado por mis hermanas y mi madre en mi contra en las instalaciones que tenía la clínica San Miguel”.

De entrada, esta “prueba” fue objetada por la defensa de María Esther Peña Esparza, ya que al ser fotografías digitales, se pueden manipular fácilmente con una computadora, además de que no es claro que se trate de una agresión verbal contra el doctor de parte de su madre y sus hermanas.

Peor aún, el mismo Juez Campos, ordenó otra inspección judicial en el inmueble que ocupara la clínica San Miguel –donde supuestamente ocurrió el robo de los 303 mil pesos el año pasado—para ver la “circunstancia de la distribución de las habitaciones que ocupaban tanto la inculpada como el ofendido, y la puerta de seguridad y acceso que tenían al área previa a las puertas de acceso a las habitaciones”. La diligencia se llevará a cabo el próximo 25 de octubre a las 18:30 horas.

Cabe recordar que el edificio que ocupaba la clínica San Miguel, ahí en El Pitillal, le fue vendido al párroco Carlos Peña –tío del doctor Mario—a fines del año pasado, por lo que el lugar pudo haber sufrido modificaciones y o alteraciones donde presuntamente se cometió el hurto, por lo que dicha inspección podría fácilmente ser objetada en caso de querer inculpar a María Esther Peña. De hecho, la defensa se opone a que se lleve a cabo dicha inspección.

Pero si de complacencias se trata, el mismo juez está citando, a petición del propio Mario Peña, al tesorero del ejido del Valle (sic), Gustavo Encarnación Gómez, porque supuestamente fue testigo de un cheque que un tal Victoriano Carrillo giró a Mario Peña Esparza el día del supuesto robo, como parte de un dinero que Mario le había prestado meses antes.

El tesorero de ese ejido, nada tiene que ver en el presente juicio, y sin embargo, a solicitud del doctor Peña, también fue involucrado por el mismo Mario, de quien se sabe, tiene intereses de terrenos en Valle de Banderas, básicamente en San Clemente de Lima.

Es tan claro el favoritismo que expresan el juez penal y el MP Palacios, que atienden con prontitud todas las promociones que hace el doctor Mario Peña, mientras que las de María Esther tardan mucho más, quizá con la intención de perjudicarla, cansarla y fastidiarla para que cometa un error y pierda la fianza y su libertad y regrese a prisión; por un robo que todavía no pueden comprobar fehacientemente que ella lo hubiera cometido.

La señora Alicia Esparza y sus hijas, están muy preocupadas porque el juez Damián Campos las está citando a todas el mismo día, y ellas temen dejar sola la casa donde viven –en la calle Abasolo esquina con primero de mayo en El Pitillal— debido a que Mario Peña Esparza las ha amenazado de despojarlas cualquier día, pues reclama la mitad de la finca para su padre, el señor Salvador Peña Ramos.

Por ello, Bertha Peña quiso hablar con el juez la semana pasada para pedirle que no citara a toda la familia el mismo día para ser interrogados, pero éste se negó a recibirla. Bertha llamó al Supremo Tribunal de Justicia y de ahí le dieron la orden al juez Campos para que la atendiera, sólo así pudo hablar con él.

INFORMACION CLASIFICADA

EN EL PASADO DEL MINISTERIO PÚBLICO RAFAEL PALACIOS EXISTEN expedientes de su actuación como funcionario de la Procuraduría que lo dejan muy mal parado, pues se afirma que fue él quien maniobró para que pudieran salir de prisión los presuntos asesinos del dueño del restaurante Cazadores de Ixtapa de apellido Medina hace ya varios años.

En ese entonces, el juez penal era el hoy magistrado Jaime Gómez, íntimo amigo de Javier Bravo.

Uno de esos criminales fue ni más ni menos que Noé Alcaraz, a quien se relaciona con grupos de delincuencia organizada y a quien se conoce como el sicario de los hermanos Alcaraz de Ixtapa.

POR FIN… PUERTO VALLARTA SE LIBRO DE OTRO CORRUPTAZO FUNCIONARIO JUDICIAL… Nos referimos a Guillermo Díaz Prudencio, ex delegado de la Procuraduría de Justicia del Estado, quien fue enviado a Tepatitlán de Morelos. Cómo olvidar su dolosa intervención en el caso de Pepe Muelas, el chofer del ex alcalde Javier Bravo, pero eso será tema de otro análisis.

POR CIERTO, UNO DE LOS QUE VA A LAMENTAR PROFUNDAMENTE LA PARTIDA de Díaz Prudencio es el abogado Miguel Ángel Zarate, con quien hacia todo tipo de negocios a la sombra de la delegación de la Procuraduría.
Ojalá y el nuevo delegado, Sergio Arturo Grageda Ramos, no se corrompa o se deje intimidar por abogados como Zárate.

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