LOS $ 32 MILLONES DEL FUNDO LEGAL

Por Jorge Olmos Contreras

Sin capacidad, ni creatividad alguna que se asome en el equipo de Salvador González Reséndiz para solucionar “para siempre” la problemática de falta de recursos frescos al Ayuntamiento, ahora se les ha ocurrido la “genial idea” de gravar las fincas y predios ubicados dentro del llamado “fundo legal” para allegarse unos 32 millones de pesos al cobrarles cuotas, dicen, simbólicas y de paso ofrecerles certeza jurídica a sus poseedores.

El tema, de por sí espinoso, porque se trata de regularizar todo lo que esté dentro de unas 60 hectáreas que van de la calle Argentina hasta el río Cuale en el primer cuadro de la ciudad, va a abrir un nuevo frente contra la administración de Chavita, en virtud de que el objetivo es recaudatorio más que jurídico y el alcalde –como Rodolfo González Macías y Gustavo González Villaseñor en su momento—va a ser severamente cuestionado por las familias más añejas de Puerto Vallarta que viven en la zona.

La intención es gravar con 100 pesos por metro cuadrado a todas las casas y terrenos existentes en el “fundo legal”, con lo que el Ayuntamiento tendría ingresos extras por unos 32 millones de pesos.

La medida parece interesante desde el punto de vista que significa darle certeza jurídica a los poseedores de dichos inmuebles, sobre todo cuando se trata de poner como garantía la propiedad en caso de créditos Bancarios, sin embargo, cientos de propietarios no están en condiciones de pagar esa cantidad y otros de plano no van a querer soltar un solo peso, porque van a considerar que el fin que persigue el Ayuntamiento sólo es recaudatorio y que los están viendo como una salida a sus problemas financieros, como su tabla de salvación pues.

NO ES LO MISMO LAXO QUE FLEXIBLE

Hay regidores como Ricardo Uribe –del PAN—que consideran la propuesta hasta cierto punto laxa, flexible, porque incluso existe la posibilidad de que al final se cobre una cuota simbólica por la regularización y no precisamente los 100 pesos el metro cuadrado; pero también está consciente de que el problema de la enfiteusis que existe en el centro de Puerto Vallarta es muy complejo y que va a ser difícil destrabarlo.

Aún así, el pasado viernes en la sesión del pleno del Ayuntamiento, los regidores votaron a favor un punto de acuerdo, el 5.9, cuyo dictamen fue emitido por las Comisiones de Hacienda y Planeación Socioeconómica y Urbana --que presiden el alcalde Salvador González Reséndiz y el síndico, Fernando Castro Rubio--, en unión con los regidores Virginia Arelí Guerrero, Dulce María Flores, Ricardo Uribe González y Moisés Villaseñor, en el que se autorizó iniciar los trámites de regularización y enajenación a los poseedores de predios ubicados dentro del área conocida como “fundo legal”.

Empero, fue el mismísimo síndico municipal, Fernando Castro Rubio, quien hizo la solicitud de regularizar el “fundo legal” y les entregó el dictamen para su estudio a los regidores todos.

Antes, el ocho de septiembre, el síndico le envió un memorándum al secretario general, Jesús Sánchez, donde le solicita agendar dicha solicitud “para solucionar la problemática que origina la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra en la zona centro de la ciudad, conocida como fundo legal y del que se desprende el censo enfitéutico de Puerto Vallarta”.

EL CUENTO DE SIEMPRE

El argumento del Ayuntamiento para llevar a cabo esta maniobra, como dijimos, es el cuento de siempre: la promesa de darle certeza jurídica a la tenencia de la tierra, de ahí que invoquen el decreto número 13603 que el Congreso del Estado publicó el 22 de julio de 1989 en el e periódico oficial “El Estado de Jalisco”, donde reconoce “la existencia y vigencia (artículo primero), para todos los efectos legales, de los contratos que se celebraron por los Ayuntamientos de Jalisco, bajo la figura de censo enfitéutico, en los términos del Código Civil de 1887, conservando los municipios el carácter de propietarios directos de los inmuebles, y los propietarios del dominio útil, su carácter de enfiteutas”.

Asimismo, el artículo dos indica que “para regularizar el régimen de propiedad sobre los bienes a que se refiere el artículo anterior, los ayuntamientos podrán enajenar, con la autorización previa del Congreso del Estado, el dominio directo de los citados bienes, a los enfiteutas legalmente reconocidos o a sus sucesores, testamentarios o legítimos, debidamente acreditados; y en caso de renuncia expresa, a terceros”.

Ahora bien, en su propuesta, el síndico Fernando Castro sostiene que en el caso de Puerto Vallarta, “la permanencia del censo enfitéutico como forma jurídica de utilización de predios y fincas, constituye una limitante para su mejor utilización y desarrollo, ya que la titularidad de los derechos se limita al uso de los mismos, sin tener el dominio pleno, el cual corresponde al Ayuntamiento, sin dejar de mencionar que ya cumplió con su fin”.

Por lo anterior, el hijo del notario público número cinco, Carlos Castro Segundo, Fernando, propuso “autorizar un programa de regularización que facilite a los actuales titulares y poseedores de los predios respecto de los cuales se hayan otorgado derechos enfitéuticos y así otorgarles la certeza jurídica de un título de propiedad raíz a dichos poseedores”.

Con el análisis en mano –que más bien parece un estudio realizado al vapor—el viernes los regidores votaron a favor de que se inicie la regularización, mediante la enajenación, a los poseedores de los predios del fundo legal.

Y todavía más grave, también aprobaron solicitar al Congreso del Estado, su aprobación para dicha enajenación.

UNA BOMBA DE TIEMPO

Así las cosas, ayer por la tarde todavía hubo una reunión privada entre regidores panistas y priistas para discutir el punto de acuerdo que ya aprobaron el viernes pasado.

Para muchos, esto es una bomba de tiempo para el Ayuntamiento que en cualquier momento le va a estallar al pleno, toda vez que se trata de sacarle dinero –dicen que serán 32 millones de pesos—a los poseedores de predios, con el cuento de la regularización para que tengan certeza jurídica, cuando los enfiteutas tienen casi 100 años en posesión legal de fincas y terrenos.

Se trata, según una lista catastral existente, de 977 lotes registrados, con 98 manzanas, en manos actualmente de sus legítimos posesionarios.

El problema se va a agudizar cuando los poseedores comiencen a saber lo que tendrían que pagar en caso de que marche la regularización.

Por ejemplo, el hotel Rosita que tiene un valor catastral de 64 millones 787 mil 278 pesos y una superficie de tres mil 734 metros cuadrados de terreno y siete mil 172.50 metros cuadrados de construcción, tendría que pagar 373 mil 400 pesos por el predio y probablemente otros 717 mil 250 pesos por lo construido.

La finca donde actualmente está Mc Donalds frente al malecón, que vale 39 millones 429 mil 075 pesos, pagaría 108 mil 300 pesos por la superficie del predio y 131 mil 100 por la construcción.

O la propiedad donde está el restaurante Punto V, que tiene un valor catastral de 22 millones 171 mil 663 pesos, pagaría 53 mil 200 pesos por 532 metros cuadrados de superficie de terreno y 118 mil 200 pesos por mil 1182 metros cuadrados construidos.

El fundo legal comprende 60 hectáreas, donde están construidas fincas frente al mar, convertidas hoy en prósperos negocios, hasta propiedades de extranjeros –en su mayoría estadounidenses, como las de la colonia americana—valuadas en millones de pesos y algunas hasta en más de un millón de dólares, pero también hay viviendas humildes de lo que queda de las primeras familias de Puerto Vallarta.

De acuerdo con una nota del periodista Víctor Tovar que se publicó en La Gaceta del Centro Universitario de la Costa (CUC) en noviembre del 2005, “Históricamente el fundo legal formaría parte de la propiedad de la empresa minera Unión en Cuale, fundada en Guadalajara en el gobierno de Ignacio Comonfort en 1854, con una dotación de 19 mil 311 hectáreas, que luego se extendieron a 56 mil 674 hectáreas desde Cuale, en Talpa de Allende, hasta Puerto Vallarta y Mismaloya, de acuerdo al (ex) cronista de la ciudad Carlos Munguía Fregoso.


INFORMACION CLASIFICADA

LLAMA PODEROSAMENTE LA ATENCION EL HECHO DE QUE SEA EL síndico municipal, Fernando Castro Rubio, el principal promotor de la regularización del fundo legal, ya que su padre es notario y cualquier mal pensado estaría viendo el intento de un negocio súper millonario con la posible contratación de diferentes notarías públicas –o una sola, quién sabe—para escriturar las fincas y predios del censo enfitéutico.

POR CIERTO, CUANDO EL EX ALCALDE RODOLFO GONZALEZ MACIAS intentó cobrarle a la gente del centro una posible regularización, se consultó a varios notarios públicos expertos en el tema, y se negaron a que el Ayuntamiento procediera a afectar económicamente a los poseedores del fundo legal. Entre otros, el mismísimo Carlos Castro Segundo. Hoy, su hijo, hace lo contrario.

COMO DIJO EN CIERTA OCASIÓN EL TITULAR DE ESTUDIOS JURÍDICOS del Centro Universitario de la Costa, Adolfo Espinoza de los Monteros: “lo más prudente sería congelar el proyecto y olvidarse de éste”, pues la regularización del fundo legal se encuentra en un auténtico galimatías jurídico.

ATORADO Y DESECHADO… EL NUEVO CREDITO POR 29 MILLONES DE PESOS que el alcalde pretende endilgarle a la comuna, pagadero a 15 años, no pasará. El voto de los regidores de oposición se mantienen firme: votarán en contra en la sesión de mañana jueves, por lo que Chavita debe ver otras alternativas y no gastar su pólvora en infiernitos.

Contacto: jolmos245@gmail.com