LOS ABUSOS DE LA TESORERA MUNICIPAL

Por Jorge Olmos Contreras

No podía ser de otra manera: el proceder de la tesorera del Ayuntamiento vallartense, Martha Alicia Peña con respecto al caso del presunto faltante de 350 mil pesos en la administración del Rastro Municipal, ha sido nefasto, cobarde y abusivo contra el empleado sindicalizado, Juan Carlos Aranda, a quien responsabilizan de manera arbitraria de los hechos que afectan las arcas del gobierno de Salvador González Reséndiz.

En este espacio advertimos que Juan Carlos Aranda podría ser sólo un “chivo expiatorio” de las irregularidades que se cometen todos los días al interior del Rastro Municipal, y todo parece indicar que así es, ya que a este trabajador lo amedrentaron para que se echara la culpa de algo que no hizo.

Resulta que una de las mujeres de confianza de Martha Alicia Peña y de su Jefa de Ingresos, Lorena Hernández Becerra, y que tienen incrustada en el Rastro Municipal, Adriana Leticia Beltrán Silva, fue quien dio “la voz de alerta” de que había un faltante de cientos de miles de pesos en el manejo de los ingresos registrados en esa dependencia.

Esta funcionaria municipal, que ocupa el puesto de sub-administradora del Rastro, basó sus conjeturas del presunto faltante --para achacárselas a Juan Carlos Aranda—en la bitácora de los servicios que se prestan todos los días en ese matadero, y como observó que no coincidían las partes de los animales sacrificados con el dinero que se tenía que cobrar, de inmediato puso el grito en el cielo y sin mediar ninguna investigación, ni consultar a los empleados del lugar, culpó a Juan Carlos Aranda.

EL MANOSEO DE LA BITACORA

Y es que Juan Carlos Aranda es el responsable directo –aunque no el único—de anotar en la bitácora el número de servicios y las piezas del ganado que sacrifican para entregarlas a los introductores o a los clientes que solicitan los sacrificios para su comercialización.

Ahora bien, se sabe que cualquier empleado tiene acceso a la bitácora, incluso el mismo jefe, de nombre Rubén Rodríguez Pérez, por lo que no se indagó correctamente quién o quiénes son los auténticos responsables del faltante.

Además, para un solo empleado como Juan Carlos Aranda –quien ya tiene 12 años trabajando para el Ayuntamiento—es difícil contabilizar parte por parte los animales destazados, ya que las condiciones del rastro no son las mejores y en el lugar de la matanza no siempre hay la higiene suficiente, por el cúmulo de sangre, vísceras y excrementos que se concentra en una pequeña área.

Sin embargo, Adriana Leticia Beltrán Silva –como si estuviera siguiendo una consigna--, le exigió a Juan Carlos Aranda que delante de ella se pusiera a contar pieza por pieza de los animales sacrificados el pasado miércoles, por lo que al trabajador no le quedó de otra más que ensuciarse de sangre y excremento para dejar satisfecha a la enviada de la tesorera municipal y comprobar que sí se podía contabilizar todo.

TESTIGOS O COMPARSAS

Así las cosas, Adriana “obtuvo” las pruebas de que no había una contabilidad confiable y acusó a Juan Carlos Aranda de ser el responsable de un faltante de 350 mil pesos. Le dijo que tenía que ir con la tesorera para “arreglar las cosas”, pero antes elaboró un reporte para consignar la irregularidad administrativa, y para ello se valió de tres testigos, uno de ellos (curiosamente, y no se sabe por qué)) fue el subdirector de servicios públicos municipales, Eliseo Aréchiga y dos mujeres que ni siquiera estaban en ese momento.

Con ese documento en mano, Adriana envió a Juan Carlos Aranda con la tesorera Martha Alicia Peña, quien asumió una postura cuasi policiaca y amenazó al empleado municipal de llamar a los policías para que se lo llevaran a la cárcel, si no aceptaba firmar un “acta circunstanciada” donde el se declaraba culpable del quebranto en el Rastro Municipal.

Pero no sólo eso, sino que en forma abusiva, y arbitraria, Martha Alicia Peña le exigió a Juan Carlos Aranda que trajera dinero o prendas para cubrir el faltante de los 350 mil pesos. Asustado, el empleado fue y trajo la factura de su automóvil Nissan Sentra para dejarla “en garantía”.

Luego, la tesorera subió con el alcalde Salvador González Reséndiz para consultarlo al respecto, y dicen que Chavita simple y sencillamente se lavó las manos y le ordenó a Martha Alicia Peña que procediera y que le dijera a Juan Carlos Aranda que él era el responsable de esa irregularidad y que por lo tanto tenía que pagar los 350 mil pesos, es decir, una auténtica felonía.

LO DEJARON SOLO

El trabajador no ha recibido apoyo del Sindicato de Burócratas que dirige Gilberto Lorenzo, ni de su amigo, el sub-tesorero municipal, Juan Carlos Carrillo –quien sólo es una figura decorativa en la tesorería, casi, casi un “aviador”, ya que la Jefa de Ingresos no le permite hacer nada--, por lo que buscó asesoría jurídica en una abogada local.

La abogada, lo primero que le dijo fue que no tenía por qué haber entregado la factura de su carro –puesto que al parecer no es culpable--, por lo que al otro día (todo sucedió la semana pasada, entre el miércoles y el jueves) regresó con la tesorera para pedirle el documento que ampara la propiedad de su coche, pero le dieron con las puertas en la cara y le advirtieron que no le regresarían el papel de su vehículo Sentra, que no le iban a dar nada, y que le hiciera como quisiera.

Ante ello, la abogada de Juan Carlos Aranda está por elaborar las denuncias a que haya lugar contra la tesorera, porque prácticamente le está robando, con engaños, la factura del automóvil.

Por si esto fuera poco, a Juan Carlos Aranda lo juzgaron y lo condenaron al mismo tiempo la tesorera, la sub-administradora del rastro y la Jefa de Ingresos. No le dieron ninguna posibilidad de que se defendiera, ni le pidieron al Contralor Municipal, Miguel Ángel Rodríguez Curiel que hiciera una investigación sobre las presuntas irregularidades administrativas encontradas en el Rastro Municipal, pues los responsables podrían ser otros, acaso el mismo jefe del rastro o la mismísima Adriana Leticia.

En este contexto, los regidores que tienen colegiada la comisión de rastros están obligados a actuar para evitar que se cometa una injusticia contra un trabajador, quien al parecer no se embolsó dinero de los ingresos del rastro, sino que podría haber sido víctima del mal manejo de la bitácora de registros de los servicios del matadero municipal, o hasta de una trampa.

Que se haga, sí, una profunda investigación y que se corrijan las cosas, pero que no traten de culpar a un empleado, pues pareciera que el fondo sólo es darlo de baja sin otorgarle una liquidación de ley.

Y en este caso, perverso por sí solo, la mejor manera de correr a un trabajador con cierta antigüedad en el puesto, es involucrarlo en una irregularidad administrativa para asustarlo con prisión y que solo se vaya.

INFORMACION CLASIFICADA

MAL SE VE CHAVITA AL CULPAR SIN PRUEBAS CONTUNDENTES AL EMPLEADO DEL RASTRO MUNICIPAL, ya que cuando sí hubo evidencias de corrupción a gran escala en esa dependencia, estando al frente Alfredo Velázquez Islas, nada hizo para que este señor repusiera todo el dinero que se echó a la bolsa producto de sus tranzas. Por el contrario, lo perdonó y nunca se le levantó un acta administrativa o denuncia penal.

EL HILO SE ROMPIO POR LO MAS DELGADO AL INTERIOR DE LA JEFATURA DE REGLAMENTOS, toda vez que el alcalde habría ordenado la destitución del subjefe, Oscar Sánchez –hermano del secretario general del Ayuntamiento, Jesús Sánchez—luego de los señalamientos de corrupción en esa dependencia y en la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias.

Oscar Sánchez era el brazo derecho del Oficial Mayor, Héctor Ortiz, por lo que no se entiende su baja. Chavita se vio presionado por los reportajes de Televisa, cuyos periodistas fueron “alimentados” noticiosamente por el ex supervisor de Reglamentos en tiempos de Javier Bravo, Mario Rodríguez Solís, hermano del doble homicida, Pepe Muelas, de quien después nos ocuparemos.

LA MADRUGADA DEL SÁBADO SE ESCUCHARON BALAZOS en las inmediaciones de la plaza de toros la paloma y la zona de tolerancia. A reserva de confirmarlo, algunas fuentes presumen que el director de la policía andaba enfiestado y se le hizo fácil descargar su arma.