Por Jorge
Olmos Contreras
Sin tomar en cuenta que hay un tercero perjudicado, el
actuario Luis Enrique Ramírez Robles, del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del
56 distrito de Nayarit, pretende ejecutar una orden de desalojo, por segunda
ocasión, en contra de la legítima propietaria de una parcela de aproximadamente
10 hectáreas que se ubica en San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, y
en donde actualmente opera el Centro Cultural y Comunitario “Zubuya”, un lugar
donde se practica la medicina tradicional indígena y que es sede de la
Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, en el ámbito de arquitectura
sustentable.
La orden de desalojo está programada a las 11:00 horas
de este jueves.
Para poner en contexto a los lectores este tema, nos
informamos que la propietaria de este sitio, Mónica Gabriela Ortiz Rosales,
adquirió dicha parcela hace poco más de 10 años y la transacción la hizo
directamente con el ejido Sayulita --cuya extensión abarca hasta San Francisco,
conocido informalmente como San Pancho—pero de pronto apareció una señora de
nombre Cornelia Ruiz, que dijo ser la verdadera dueña de las 10 hectáreas.
De acuerdo con los datos que se han obtenido de este
caso, Mónica Ortiz compró de buena fe el predio al presidente del ejido
Sayulita, Genaro Parra, y mucho tiempo después se originó un pleito jurídico
entre Cornelia Ruiz y Genaro Parra, que concluyó en una presunta sentencia a
favor de la señora Ruiz, y de ahí se derivó la orden de un juez para desalojar
el terreno donde hoy está el Centro Cultural “Zubuya”.
Sin embargo, la orden de desalojo es contra el señor
Genaro Parra, y no en contra de la actual propietaria y posesionaria, Mónica
Ortiz, quien tiene en su poder la escritura pública número 656, elaborada ante
la fe del notario público número 33 de Nuevo Vallarta, Jorge Armando Bañuelos
Ahumada, para demostrar que ella compró el terreno y que es la dueña.
No obstante, el actuario del TUA –quizá persiguiendo
un fin avieso--, insiste en ejecutar la orden de desalojo, sin tomar en cuenta
los derechos de Mónica Ortiz y de su Centro Comunitario, del cual dependen
varias familias, 10 residentes, 11 niños que están en el protectorado educativo
infantil y 20 mujeres que trabajan ahí por el bien común de “Zubuya”, que
actualmente tiene más de 30 miembros.
Este mismo actuario, Luis Enrique Ramírez Robles, ya
intentó una vez desalojar estas tierras, y fue el 28 de abril del año pasado,
cuando se presentó en el lugar y amenazó a la propietaria con sacarla con la
fuerza pública, si en un periodo de 15 días no se salía de este sitio.
El magistrado que lleva este caso, Aldo Saúl Muñoz
López, ha sido más mesurado y está en espera de que los terceros perjudicados
se amparen o impidan el desalojo, por ser improcedente, aunque ha externado en
lo corto, que él sólo “sigue la orden de un juez”.
De hecho, el Ministerio Público de Sayulita, ha
enviado al archivo varias denuncias de este asunto, por improcedentes.
A su vez, el presidente del ejido, Genaro Parra, ganó
supuestamente el juicio en primera instancia, pero un magistrado intervino y el
pleito continuó, hasta que perdió el caso y, ahora, la tercera afectada es
Mónica Ruiz y su Centro Cultural.
Consultada vía telefónica al respecto, Mónica Ruiz
pide ayuda para que no se cometa este acto de corrupción –según sus propias
palabras--, ya que es sabido que al actuario Ramírez Robles “le dieron una lana”
para ejecutar el desalojo el año pasado y tiene un interés parcial para llevar
a cabo el acto.
Mónica Ruiz tiene temor fundado de que la vayan a
desalojar injustamente, toda vez que, sabe que este jueves 16 de febrero, a las
11:00 horas, está programada la visita del actuario, con las negras intenciones
de ejecutar la orden de desalojo, por lo que pide apoyo de toda la comunidad para
impedir esta acción, “pues a mí no me han citado, ni vencido en juicio alguno”.
Que la señora Cornelia Ruiz y Genaro Parra arreglen
sus diferencias, para saber qué procede en su caso, comentó Mónica Ruiz.
Pide a la comunidad de Sayulita y San Pancho, defender
el Centro Cultural y Comunitario.
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