BELLANNI FONG SACA LAS UÑAS, AMENAZA, CONTRATA “AVIADORES”, SE ENDOSA CHEQUES Y EMPUJA TRIBUNAL ONEROSO PARA EL MUNICIPIO

Por Jorge Olmos Contreras

Entró a la planilla del Movimiento Ciudadano (MC) gracias a la equidad de género y a que su hermano Gustavo Fong Patiño tuvo que hacerse a un lado para dejarle el camino libre a la regiduría, posición que logró al ganar Arturo Dávalos las elecciones, sin embargo, a la vuelta de los meses, es una de las peores vergüenzas del partido naranja al interior del pleno del Ayuntamiento (pena sólo equiparada a la goliza de 7-0 que nos metió Chile), toda vez que convirtió su cargo edilicio en una agencia de colocaciones para “aviadores” y hasta se da el lujo de endosarse cheques de terceros que ella “contrató” para cobrarlos en su totalidad.

Pero eso no es todo, de pronto se creyó una súper regidora y comenzó a tejer proyectos faraónicos que sólo caben en su diminuta cabeza y al igual que en el pasado lo hizo el doctor Heriberto Sánchez Ruiz –quien proponía construir un puente vehicular de punta a punta en la Bahía de Banderas--, hoy Bellanni se rodeó de un grupo de abogados con no muy buena reputación en Guadalajara, para tratar de convencer a los regidores de la “enorme” necesidad de crear un Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal.

Inquieta, pero profundamente ignorante, Bellanni está al borde de la locura, debido a que su mega proyecto para hacer negocios en esta administración, se está cayendo a pedazos. Nadie ha tomado en serio su iniciativa para crear dicho Tribunal, por claramente improcedente y por la carga financiera y burocrática que representaría para el Ayuntamiento, lo que ha provocado que esta mujer se desfigure, pierda las formas y amenace a sus propios compañeros con solicitar “juicio político” en su contra si no sacan adelante el dictamen, para que el pleno le apruebe el punto de acuerdo en una sesión de Cabildo.

CREPUSCULO

De entrada, descargó su coraje contra el regidor Gonzalo Guzmán, quien preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y, como si fuera de esos días de luna llena, ha gritado en público y en privado que va a solicitar juicio político en su contra. Desde luego, la señora –que mejor se debería ir a atender sus labores domésticas de ama de casa—ignora el procedimiento y no sabe que el pleno del Ayuntamiento no es competente para instaurar semejante figura jurídica contra un edil, sino que es el Congreso del Estado a través de la Comisión de Responsabilidades y después el legislativo erigido en jurado de sentencia.

Pero ni al caso, la muy bisoña ni siquiera sabe que Gonzalo Guzmán, por sí solo, no puede sacar adelante el dictamen para que sea sometido a votación por los regidores, es decir, el punto para decidir si se crea el Tribunal Contencioso Administrativo de Puerto Vallarta, sino que es la misma comisión la que debe darle el visto bueno por mayoría.

Y como ya le dijeron que no van a votar a favor ni siquiera el dictamen, pues anda vuelta loca, sacó las uñas y ahora le tira a todo lo que se mueva; incluso le ha dado hasta por amenazar a un funcionario que trabaja en Participación Ciudadana, sólo porque el servidor público –de reciente ingreso—se negó a “facilitarle” cuatro casitas en el Pitillal para obsequiar a personas de “escasos recursos” por conducto del programa “Hábitat”.

LOS ABOGADOS DE BELLANNI

Ella pretendía hacer un gran negocio con el Tribunal Contencioso Administrativo, por ello contrató a un abogado de nombre José Raúl Rivera, que cobra algo así como 20 mil pesos mensuales --por supuesto, en la nómina municipal--, y que es esposo de su cuñada Rosalba Villaseca Trejo, hermana del marido de Bellanni de nombre José Luis Trejo.

Pues bien, se sabe que estos personajes han cabildeado en varios municipios del país la creación de este tipo de tribunales administrativos municipales, pero no habían tenido suerte. No, hasta que se toparon con Bellanni Fong Patiño, a quien rápido convencieron –como a un niño que se le ofrece un dulce—para tratar de apantallar a los regidores y al propio alcalde de Puerto Vallarta.

Así las cosas, en poco tiempo elaboraron la iniciativa para crear el Tribunal, con todo y su reglamento, donde pretenden establecer no sólo una sala, sino hasta dos o más salas para la operación del mismo. En otras palabras, se quieren despachar con la cuchara grande, contratar dos o tres abogados para convertirlos en “magistrados”, pero con el salario de un Director del Ayuntamiento. Ah, pero eso sí, con toda una recua de empleados, asistentes y secretarias.

Es un plan ambicioso que pretenden manejar exclusivamente este abogado José Raúl Rivera y su esposa Rosalba Villaseca --otra abogada que fue Agente del Ministerio Público Federal en Guadalajara--, y a través del cual se echarían a los bolsillos cientos de miles de pesos del erario municipal, ya que de entrada el Ayuntamiento tendría que desembolsar algo así como tres millones de pesos a partir de septiembre de este año y hasta cinco millones una vez que entre en funciones en enero del 2017.

QUIEREN MAGISTRADOS VITALICIOS

Y no sólo eso, también piden un inmueble funcional para instalar el Tribunal y que el o los magistrados duren cuatro años en el cargo la primera vez, y después seis años y otros seis prorrogables para atender las necesidades de este tribunal permanente.

Estos magistrados podrían estar en el cargo hasta los 65 años de edad, ni más ni menos, según la iniciativa, cuyo borrador está en poder del columnista.

Si con los jueces municipales no hay control por el cúmulo de intereses y compromisos que tienen con amigos, compadres, familiares, funcionarios públicos etc.; ahora imaginen a los señores magistrados…tener que soportarlos no seis, sino 12 o 24 años en el puesto, con el cuento de la autonomía.

En su proyecto, los “asesores” de Bellanni sostienen que el Tribunal tendrá que ser autónomo, pero se contradicen de inmediato al pedir un presupuesto anual al Ayuntamiento y que sea el alcalde el que proponga una terna, para que el pleno vote por uno de ellos.

Dígame usted en dónde diablos estaría la autonomía de un Tribunal con estas características.

Por ello, los tres colegios de abogados que existen en Puerto Vallarta están totalmente en contra de esta figura, porque además de onerosa para el municipio, se convertiría en un auténtico “atascadero jurídico”, lloverían amparos ante resoluciones nada claras y estaríamos retrocediendo en justicia administrativa, ya que la tendencia hoy por hoy es judicializar ciertas áreas de los poderes estatales, como es probable que suceda con las Juntas de Conciliación y Arbitraje; además de que ya es un hecho la Ley Nacional de Justicia Administrativa.

En este contexto, podríamos citar varios ejemplos de contradicciones de tesis que dejarían la puerta abierta para que todo mundo se ampare por las resoluciones de un TAE Municipal, sin olvidar la desconfianza que generaría entre muchos ciudadanos un tribunal “autónomo” pero dependiente del Ayuntamiento; porque si usted tuviera un problema con una licencia municipal –que se la negaron, cancelaron o cobraron en exceso—a quién va a recurrir: ¿Al Tribunal Municipal, o al Tribunal Estatal?

Bajo este escenario deberíamos informarnos el por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dio palo a los Tribunales Contenciosos Administrativos Municipales de Torreón, Coahuila y Tijuana, Baja California, al señalar que “en los términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, carecen de autonomía e independencia y, por tanto, sus resoluciones, ya sea por violaciones cometidas en el procedimiento o en la propia resolución, deben ser impugnadas en amparo indirecto”.

¿Así o más claro?

Bellanni se dejó llevar por el canto de las sirenas, cayó en manos de unos oportunistas y ahora hasta ha entrado en una etapa de locura que puede mermar su salud, pues nadie entiende cómo es que se le hace fácil amenazar, robarse el dinero de un cheque que no está a su nombre ni es para ella, y contratar un par de “aviadores” y abogados que todo lo hacen desde Guadalajara.

Por cierto, la cuñada de Bellanni, Rosalba Villaseca, fue suspendida de sus labores como Agente del Ministerio Público Federal por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones, según una nota informativa del periódico El Informador en línea. 

El escrito periodístico señala que “ella se encargaba de integrar procedimientos administrativos instaurados, en contra de servidores públicos de la Delegación Estatal en Jalisco de la PGR”.

Que trascendió que la visitaduría de la dependencia “habría encontrado irregularidades en su trabajo, como el hecho de que la funcionaria, siendo subdelegada, habilitara una oficina para su esposo, al que proporcionaba expedientes para que le litigara, incluso contra la propia institución”.

“Asimismo, la funcionaria incurrió en el uso indebido de expedientes bajo su cargo y responsabilidad, aunado a que se negó a acudir a desempeñar sus funciones como agente del Ministerio Público Federal, adscrita a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, lo que motivó llamadas de atención por su comportamiento y, además, al hecho de haberle proporcionado un área de oficina dentro de la Subdelegación a su cargo, a su esposo Raúl Rivera Rivera, ex agente del Ministerio Público de la Federación, quien litigaba asuntos en contra de la Institución, dentro de la misma sede delegacional”.