Por
Jorge Olmos Contreras
El
primer pleito político y jurídico entre ediles del Movimiento Ciudadano y el ex
alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez, está a la vista, ya que la regidora
Susana Rodríguez Mejía –quien además es uno de los enlaces directos con Enrique
Alfaro Ramírez, el líder moral del Movimiento Ciudadano y con el dirigente
nacional, Dante Delgado Ranauro—va a presentar, en la próxima sesión de Cabildo,
una iniciativa para que se abrogue un acuerdo aprobado en la pasada
administración, que permite la firma de “convenios de colaboración” entre la
autoridad municipal y empresas privadas o particulares, para inundar de
anuncios la ciudad a través de todo tipo de dispositivos electrónicos y móviles
durante los próximos 20 años.
Se
trata del acuerdo edilicio número 0450/2015, emitido en sesión de Ayuntamiento
de fecha 02 dos de febrero del 2015, en el cual se aprobó lo siguiente:
“La
suscripción de uno o más convenios con empresas u organizaciones de carácter
público privado que cuenten con las acreditaciones suficientes para suministrar
la instalación de todo tipo de dispositivos que faciliten la transmisión de
mensajes y la publicación de los señalamientos, prevenciones y notificaciones
que las autoridades municipales deban hacer del conocimiento de la población”.
Fue
un acuerdo que prácticamente pasó de noche a muchos (y a otros quizá los
compraron), pero que fue aprobado por la mayoría de los regidores del MC que
estaban debidamente controlados por el Mochilas y que representó un atentado no
sólo contra las finanzas del Ayuntamiento, sino contra la imagen visual de
Puerto Vallarta, en caso de llevarse a cabo la firma de este tipo de “convenios
de colaboración”.
AMBICION DESMEDIDA
Lo
más grave, es que en su ambición desmedida, Ramón Guerrero quería que estos “convenios
de colaboración” tuvieran una vigencia de 20 años –con opción a prórroga por
otros 20 años (no sé por qué me acordé otra vez de la película La Ley de Herodes)
— y que no se les cobrara licencia municipal a los particulares u organizaciones
que colocaran este tipo de dispositivos con anuncios dirigidos a la población.
Pretendía
asimismo, que le autorizaran –como le autorizaron, porque el acuerdo todavía está
vigente, hasta que sea abrogado en la próxima sesión del pleno—facultades exclusivas
al presidente municipal para otorgar este tipo de permisos y firmarlos a nombre
de la Comuna, sólo con el visto bueno de la Dirección de Ecología y Movimiento
Territorial, que sólo emitiría un dictamen a modo.
Los
convenios –según la ley del Mochilas—podrían ser suscritos con empresas u
organizaciones públicas o privadas “para suministrar la instalación de todo
tipo de dispositivos que faciliten la transmisión de mensajes y la publicación
de los señalamientos, prevenciones y notificaciones que las autoridades
municipales deban hacer del conocimiento de la población”.
Los
anuncios se colocarían en módulos de información turística, tableros de
información vial, pendones, carteleras de avisos fijas o itinerantes, así como
dispositivos móviles para el despliegue de información gráfica y audible.
NEGOCIO DE PARTICULARES
Pero
no sólo eso, sino que los particulares también podrían “explotar comercialmente su
utilización para fines publicitarios, de manera exclusiva y a través de los
medios legales que estimen conveniente. El convenio de colaboración
especificará las restricciones y modalidades de la comercialización, en el
entendido de que la difusión de mensajes publicitarios no podrá rebasar el ochenta
por ciento del espacio o de los tiempos de exposición de mensajes, ya sea de
manera individual para cada dispositivo, o mediante un cálculo que considere
varios dispositivos de forma conjunta.”
En otras palabras, si una empresa—de esas gandallas
y oportunistas como la de los Mendiola (recuerden cuando la radiodifusora “La
Explosiva” puso su pantalla electrónica por la avenida Francisco Medina Ascencio
a las afueras de la tienda SAMS—se ve favorecida por uno de estos acuerdos,
bien podría meter no una, sino varias pantallas y dispositivos electrónicos en
toda la franja turística para explotarlas con anuncios de publicidad (que
cobrarían carísimos), sólo que no rebasaran el 80 por ciento del espacio, pero sí
con un envidiable 20 por ciento.
Por dónde se le vea, esto es un negocio, a todas
luces, que hizo a título personal el Mochilas, pero utilizando a los estultos
regidores del MC. Lo peor de todo es que no se sabe todavía si antes de irse
firmó o prometió uno de estos “convenios de colaboración” con algún empresario
local o fuereño, lo cierto es que en el punto cuarto del acuerdo, se puede leer
esta descarada determinación: “Y no se
requerirá licencia para sus explotación comercial en virtud del fin público (sic)
al que están afectos”.
Esto es una afrenta, un
golpe a la inteligencia de los vallartenses, pues si les van a permitir
explotar el 20 por ciento del espacio para fines publicitarios mediante
contratos con empresas privadas, y el 80 por ciento para anuncios y mensajes oficiales,
dígame usted en dónde carajos está el “fin público”.
UN DESCARADO BLINDAJE
Pero aún hay más (dijera
el desaparecido Raúl Velasco), ya que el Mochilas quiso dejar blindados a sus
favorecidos con estos convenios, pues en el apartado sexto, se señala que “la administración
municipal se compromete a garantizar la permanencia y
utilización de los dispositivos y módulos de información aquí referidos y
fijará el compromiso del municipio de indemnizar al colaborador en caso de que
uno o más de los implementos habilitados sea removido o inutilizado por decisión
de las autoridades municipales”.
Insisto, no sabemos todavía si el Mochilas firmó
alguno de estos convenios con personas físicas o morales, pero en caso de
haberlo hecho, el Ayuntamiento tendría que indemnizar a la contraparte o
arriesgarse a ser demandado ante el Tribunal Administrativo del Estado.
Es tan lesivo este acuerdo de Cabildo, que faculta
al alcalde, al secretario general, al tesorero, al Director de Ecología, al
síndico (y ojo aquí) “o a alguno de los apoderados especiales del Ayuntamiento”
para que de manera conjunta o separada (sic) suscriban toda la documentación y
realicen los actos jurídicos o administrativos necesarios y convenientes para
el cabal cumplimiento del presente acuerdo”.
Hay que recordar que el Mochilas dejó fuera –ilegalmente—de
todo tipo de acuerdos y firmas a quien fuera su síndico municipal, Roberto
Ascencio Castillo, por eso introdujo la frase “o cualquiera de los apoderados
especiales del Ayuntamiento”, pues si Ascencio se negaba a suscribir alguno de
estos convenios, lo podría hacer alguno de los apoderados.
LAS AGALLAS
DE UNA REGIDORA
En este contexto, llama mucho la atención que sea
la regidora Susana Rodríguez Mejía la que haya elaborado esta iniciativa para
abrogar el acuerdo del Mochilas –ya que ella trabajó con Ramón Guerrero--, pues
se percibe ya un distanciamiento serio y decidido del MC a todo lo que huela al
Mochilas, ya que están saliendo casos verdaderamente escandalosos de corrupción
como este acuerdo ventajoso de dar concesiones a 20 años a empresas
publicitarias sin la posibilidad de que ingrese un solo peso a las arcas
municipales.
Sabemos que el sector privado, en voz del Consejo
Coordinador, la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de
Banderas y la Asociación Civil aglutinada en el llamado “Consejo por un
Gobierno Abierto y Transparente”, publicó un desplegado la semana pasada en un
diario local, donde pide al alcalde Arturo Dávalos y a los integrantes del
Ayuntamiento 2015-2018, la revocación, y dejar sin efecto el acuerdo edilicio
0450/2015 del dos de febrero de este año, que es al que nos hemos venido
refiriendo.
Después de este desplegado, la regidora Susana
Rodríguez tomó esta petición y de inmediato elaboró una iniciativa que
presentará en la próxima sesión del pleno, en donde introduce tres puntos de
acuerdo.
Según lo que ha trascendido, son:
1.- Que el Ayuntamiento
autoriza se abrogue el acuerdo edilicio número 0450/2015, emitido el 02 de
febrero del 2015, incluyendo todos y cada uno de los Puntos resolutivos.
2.-
Que se instruye al Síndico, para que en el caso de que se hayan emitido
autorizaciones, permisos o licencias a terceras personas, inicie y lleve ante
la autoridad o tribunal competente el juicio de lesividad respectivo.
3.-
Que el Secretario General notifique a las dependencias de Inspección y
Vigilancia, Ordenamiento Territorial,
Padrón y Licencias, Tesorería y Jueces Municipales, respecto la
abrogación del acuerdo 0450/2015 para los efectos legales correspondientes.
Bien
por la regidora Susana Rodríguez Mejía, pero sobre todo, bien por el alcalde
Arturo Dávalos que no ha puesto ninguna objeción para echar abajo este acuerdo
lesivo para los intereses de la comuna.
Esto
apenas empieza, si le rascan van a destapar una auténtica caja de pandora y se
van a topar con más acuerdos de cabildo, permisos y licencias, que fueron
aprobados por órdenes de Ramón Guerrero y que representaron no sólo daños al
patrimonio de Puerto Vallarta, sino verdaderos negocios –muchos de ellos fuera
de todo marco legal—personales.
Arturo
Dávalos Peña tiene la palabra… y la decisión de tomar el toro por los cuernos,
pues es casi seguro que Ramón Guerrero va a ir con Enrique Alfaro y los
dirigentes del MC, a quejarse de que le están sacando sus trapitos al sol y que
“eso no le conviene al partido”.
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