DESASEADA ELECCIÓN DE JUECES MUNICIPALES EN PV, REFLEJA CONFLICTOS DE INTERÉS, PAGO DE FACTURAS POLÍTICAS Y ARREGLOS ENTRE SÁBANAS

Por Jorge Olmos Contreras

Salvo sus muy honrosas excepciones, la elección de jueces municipales obedeció al pago de facturas políticas, a recomendaciones especiales, a conflictos de interés, y hasta de compromisos pactados en la intimidad, de esos que los políticos denominan arreglos “entre sábanas”. No se trató de un proceso pulcro, ni mucho menos higiénico, por el contrario, fue muy desaseado y en este escenario alguien le mintió al presidente municipal de que las cosas habían sido del todo honestas, cuando fueron precisamente al revés.

Todos o casi todos los nuevos jueces municipales entraron por influencias, ya sea porque conocen a alguien dentro del Ayuntamiento, porque sostienen una íntima relación con algún alto funcionario o porque ya estaban dentro de la nómina; otros de plano entraron como el pago de un compromiso político, o al menos eso se refleja en las relaciones personales y familiares de cada uno de los nuevos juzgadores.

LOS NUEVOS JUECES… ¿QUIÉNES SON?

Por ejemplo, hay una priista ligada al ex síndico Alfonso Bernal Romero –él fue quien la metió de secretario al juzgado-- ; esta mujer también se hizo famosa por formar parte del llamado “club de las barbies”, un clan de jovencitas que controlaba otro ex síndico municipal, Fernando Castro Rubio –hijo del notario Carlos Castro Segundo-- También se le relaciona con el actual Director de Promoción Económica, Gustavo Fong Patiño.

Después cada quien siguió su camino, Fernando Castro se casó con la Directora de Relaciones Públicas de Homex, Karen Malacara.

A ella, junto con otras secretarias y “asistentes” del gobierno municipal que encabezó Salvador González Reséndiz, se les ubicó en notas de prensa como un grupo que se hicieron operaciones estéticas para lucir más bellas. Incluso, a algunas las señalaron como que se habían operado con recursos públicos, o que el acondicionamiento corporal, sobre todo de senos, se los pagó algún funcionario.

Otro que entró como pago de una factura política y todo parece indicar que, para congraciarse con un medio de comunicación, es Ricardo Antonio Saucedo López, juez municipal por ministerio de ley, que está casado, ni más ni menos que con Paola García Colín, hermana de Héctor García Colín, director del periódico “Siempre Libres”, donde hablaron maravillas del muchacho en vísperas de la toma de protesta el viernes antepasado. Y claro, el lame botas del nuevo juez fue el columnista hampón, Rodrigo Aguilera Morales.

REINO EL INFLUYENTISMO

Los conocimientos jurídicos o la preparación profesional, y, sobre todo, entender muy bien el nuevo sistema de justicia penal, salieron sobrando, él o los encargados del proceso de selección, eligieron a quienes él o ellos consideraron viables o estaban palomeados por algún personaje influyente, tanto al interior como al exterior del Ayuntamiento.

Uno más que entró como pedro por su casa y se hizo juez municipal de la noche a la mañana, fue Diego de la Mora, hijo del conocido ex restaurantero y ahora abogado, Antonio de la Mora Betancourt, quien no tuvo el menor empacho en aceptar erigirse como juzgador local, pese a que esto representaba un auténtico conflicto de intereses.

Y es que –aunque usted no lo crea--, Diego de la Mora ya era empleado municipal, cobraba en la nómina como asistente del regidor que preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la misma Comisión que fue la encargada del proceso de selección de los seis nuevos jueces municipales.

Por este simple hecho –ahora sí que fue juez y parte--, Diego de la Mora no debería ser juez municipal, tendría que haberse abstenido en participar, ya que, al formar parte importante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, es como si se hubiera elegido solo y o con la venia del titular de dicha Comisión.

No sólo eso, Diego de la Mora jugó en la cancha panista en las pasadas elecciones municipales, toda vez que formaba parte de la planilla –en calidad de suplente-- del entonces candidato azul y ahora regidor de oposición, Juan José “El Peri” Cuevas García, pero ahora lo premian con algo que no se merece.

BLANCA LA DE AYUTLA

Una más es Blanca Esther Contreras Pelayo, quien ya era notificadora del Juzgado Municipal y a quien conocen por ser neófita en la materia –de hecho, le daba terror firmar notificaciones porque desconoce a fondo el mundo del derecho--, pero tiene una peculiaridad muy importante: Ella es de un pueblito de la sierra que se hizo famoso en Vallarta porque de allá vino el primer presidente municipal del Movimiento Ciudadano que tuvo el puerto, de Ayutla pues, de donde también es su paisana, la ex coordinadora de jueces municipales, Teresita de Jesús, a quien por cierto, la tienen como empleada saca copias en la Secretaría General del Ayuntamiento, a ese nivel se ha rebajado con tal de seguir en la nómina.

La cereza del pastel lo representa, sin duda alguna, Maribel Rojo (en la foto), una dama muy especial que actualmente sostiene una estrecha relación con el contralor municipal, Fernando Peña, quien la presume por todos lados, hasta en el cine y que provoca el recelo de algunos varones.

Esta chica es la mera jefa de todas y todos los jueces municipales, pues es la coordinadora, y como antecedente, ella fue esposa de Raúl Curiel Sánchez, un sobrino en segundo grado del actual regidor “independiente”, Francisco Sánchez Peña.

Maribel Rojo es algo así como una manzana de la discordia, primero anduvo coqueteando con otros partidos, de esos de la chiquillada, y después terminó en la nómina del Movimiento Ciudadano.

EL PLEITO

Se sabe que es hija de unos conocidos herreros del Pitillal, pero tiene una característica singular, es extremadamente conflictiva y sostiene una rivalidad –en todos los sentidos—con otra juez municipal, al grado de que el primer día de trabajo de los nuevos jueces municipales, sostuvieron un pleito verbal con palabras altisonantes y con gritos que se escuchaban a varios metros a la redonda.

Se dice que estas dos mujeres se odian porque en el fondo hay un lío sentimental por un hombre, cosa que no debería importarle a nadie porque es su vida privada, pero que, si interfiere en su trabajo como jueces municipales, deberían darles las gracias a las dos, ya que una es jefa y la otra es subordinada; y así no pueden funcionar correctamente los juzgados.

Una más es Sarahy Hernández Rubio, quien no tiene mayor problema como sus homólogos, sólo le critican que haya estado casada con el panista Carlos Murguía Cibrián, hoy asistente del diputado federal por el MC, Luis Ernesto Munguía.

Pero si los intereses de todo tipo estuvieron a la orden en este desaseado ejercicio de selección de jueces municipales, en el nombramiento de secretarios les dijeron “quítate que ahí te voy”, ya que uno de los asesores del alcalde prácticamente metió a todos, y aunque carecen de los más elementales conocimientos jurídicos, eso no les importó, primero estuvo el amiguismo y el compadrazgo, como con un tal Miguel Ángel Calzada Tejada, quien en sus mejores fotos de Facebook aparece con playeras naranja promocionando el refresco “Fanta”; o como la mismísima esposa del otrora Director Jurídico del Ayuntamiento, Nicolás Urrutia –aquél que llegó un día ebrio a rescatar a su hijo y amigos de las garras del alcoholímetro--, de nombre Sonia Crisosto Corral, quien de ser juez municipal, la bajaron a secretario.

LOS RESPONSABLES

¿Y saben quiénes fueron los regidores responsables de todo este inaceptable proceso de selección de “jueces municipales”, --ya que integran la Comisión de Justicia y Derechos Humanos--? pues ni más ni menos que Gilberto Lorenzo, Eduardo Martínez (que es más bruto que Edelmira Orizaga), Susana Rodríguez, Magaly Fregoso y el doctor “independiente”, Francisco Sánchez Peña, tío político del ex esposo de Maribel Rojo.

Ver para creer.

Pero aún hay más, ya que ha trascendido que tuvieron que sacrificar a personas que sí merecían el cargo, por darle entrada a los “compromisos políticos” y a los favores de sábanas.

Y si no, que le pregunten a Pina Ibarría, a quien le sacrificaron una pariente que sí estaba capacitada para el puesto.

El artículo 57 de la Ley de Gobierno y Administración Pública para el Estado de Jalisco, señala en su fracción V que para ser juez municipal se requiere Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad, y creo que aquí algunos no cumplen con este elemental requisito.

Sin embargo, aquí lo más grave es que alguien le miente al alcalde Arturo Dávalos, le ocultan información y al final del día al que hacen ver mal es al gobierno municipal, por lo que urgen cambios de fondo, no sólo de forma. (Columna publicada en www.vallartauno.com y en www.columnajorgeolmos.blogspot.com y síguenos en twitter en @olmos4jorge)