Por Jorge Olmos Contreras
En Bahía de Banderas se acaba de dar el primer paso para concretar un gran negocio entre políticos y empresarios. Nos referimos a la sesión de Cabildo del pasado jueves en donde se aprobó un contrato de prestación de servicios para el tratamiento integral de los residuos sólidos del relleno sanitario de Brasiles, a la empresa Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A. de C.V.
¿Les dice algo el nombre de esta Sociedad Anónima?
Pues sí, se trata de la misma firma que presta, y decimos que presta entre comillas –por una serie de fallas y deficiencias--, el servicio de recolección y traslado de los residuos que genera la ciudad y cuyo contrato, para el caso de Puerto Vallarta, se otorgó en su favor, el 26 de enero del año 2011, y fue firmado por el entonces presidente municipal, Salvador González Reséndiz y avalado por la mayoría de regidores, por cierto, varios de ellos ahora son asesores del actual alcalde, Ramón Demetrio Guerrero Martínez.
Esta empresa fue creada al vapor en Puerto Vallarta, ya que el mismo día en que sesionó el pleno del Ayuntamiento, es decir, el 26 de enero del 2011, ese mismo día, fue constituida bajo la fe del notario público número tres, Francisco Ruiz Higuera, y sus representantes son un tal José Eduardo García Medina y Oscar Carlos Vázquez Hernández… ¿qué de dónde salieron estos empresarios?, nadie sabe, nadie supo, la cosa es que un día se aparecieron en Puerto Vallarta y se pusieron en contacto con Salvador González Reséndiz e hicieron el negocio de su vida.
El contrato, ventajoso a todas luces y lesivos a los intereses de la comuna, fue respaldado, como dijimos, por la mayoría de los regidores del Ayuntamiento de González Reséndiz, el ahora poderoso jefe de compras del gobierno del Estado, pero conforme avanzaban los días, los vallartenses comenzaron a sufrir las consecuencias de un mal servicio de recolección de basura, ya que a veces pasan los camiones y a veces no, y era y es muy común ver los montones de basura acumulados en algunas colonias de la ciudad, incluso en la zona turística como en la llamada zona romántica, con el agravante que a nuestros ex regidores se les olvidó revisar el contrato y éste no contemplaba el traslado de los residuos al relleno sanitario de El Gavilán, por lo que se requería firmar otro contrato.
Y bueno, el nuevo gobierno, el del Mochilas, cuestionó el contrato de Proactiva e incluso el alcalde Ramón Guerrero llegó a declarar que Proactiva no tenía la capacidad para trasladar los desechos al relleno sanitario, que todo lo hacía la Dirección de Servicios Públicos Municipales, que era una empresa con deficiencias, etc., etc… ¿Pero qué creen, el actual Ayuntamiento terminó firmando en favor de Proactiva otro contrato de prestación de servicios por el que acordó pagar 28 mil 100 pesos diarios más IVA por este servicio.
Sin embargo, y ojo, aquí hay que poner atención, el gobierno del Mochilas, lejos de revocar la concesión a Proactiva por fallas en el servicio, le empezó pagando cheques a razón de dos millones 914 mil 114 pesos mensuales más IVA, desde enero del año 2013, todo un negociazo que se paga con el dinero de los vallartenses, según copias de las pólizas a las que tuvo acceso el columnista.
Pues bien, por qué les decimos todo esto, bueno, pues porque en Bahía de Banderas, el alcalde priista, José Gómez Pérez, acaba de cerrar lo que sin duda es su primer gran negocio como presidente municipal, la concesión del tratamiento de los residuos sólidos a la misma Proactiva SA de CV.
La concesión va a ser por un año y medio y se le pagará a Proactiva más de 10 millones de pesos, después ya veremos, habrían dicho a los regidores, a quienes prácticamente chamaquearon el alcalde y el Director Jurídico, Fredy Bernal.
Por donde se le vea, aquí hay gato encerrado, no se explica cómo una empresa creada al vapor en el gobierno del priista, Salvador González, aparece tres años después en otro gobierno priista, el de Bahía de Banderas, para quedarse con el tratamiento integral de la basura en el relleno sanitario.
Desde luego, el tema hay que seguirlo muy de cerca, sobre todo, porque en Bahía de Banderas, ya había una empresa concesionaria, Simars –a la que se le debían más de 14 meses o el equivalente al tratamiento de 35 mil toneladas de basura--, y prácticamente fue desconocida por el Ayuntamiento de Rafael Cervantes Padilla, y ahora por el de su cuñado, José Gómez Pérez, por lo que seguramente vienen problemas legales para el mal llamado gobierno de la “transformación”.
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