Por Jorge Olmos Contreras
Mañana jueves en el edificio de la Unidad Administrativa Municipal (UMA), se llevará a cabo la segunda fase programada por el alcalde Ramón Guerrero Martínez, mejor conocido como El Mochilas, para entregar en concesión a una empresa privada el Servicio de Alumbrado Público de Puerto Vallarta, ya que a las 11:00 en punto se celebrará la llamada “Junta de Aclaraciones” prevista en la convocatoria correspondiente y en donde se sabrá qué nuevas modificaciones se le hacen a las bases de la licitación LPN-001/2013 publicada el pasado jueves santo.
Como se ha dicho, los concursantes deberán entregar en sobre cerrado la cantidad de ocho millones de pesos, el 10 por ciento del monto a financiar para el cambio de 18 mil 100 luminarias –trabajos que se realizará en los próximos dos años a la firma del contrato--, es decir, 80 millones de pesos.
Y aunque el tema es de primera importancia, porque casi es seguro que se comprometan las participaciones federales y estatales del municipio para garantizar la viabilidad del pago a la empresa ganadora (pues el esquema de la fianza lo pueden modificar mañana mismo), ningún regidor –salvo el panista Humberto Muñoz Vargas—ha levantado la voz para detener esta ventajosa licitación, mucho menos se ha visto la crítica dura de los organismos empresariales de la Iniciativa Privada, como la Canaco, la Canirac, la Asociación de Hoteles, de Desarrolladores Turísticos de Tiempos Compartidos o la Coparmex; tampoco hemos escuchado la postura de otros sectores como el obrero y o los dirigentes políticos.
Pareciera que todos pasan por una modorra enfermiza y que no les importa que un presidente municipal vuelva a comprometer las finanzas municipales y hacer un gran negocio con la concesión del Alumbrado Público.
Ojalá y no se lamenten después, cuando sea demasiado tarde y el daño ya esté hecho.
CONVOCATORIA DIRIGIDA
Pero estamos a tiempo de impedir que El Mochilas se salga con la suya, toda vez que hay elementos suficientes para sostener que la convocatoria es inválida e ilegítima, al violar las principales Normas Oficiales Mexicanas en la materia y porque no se apega a las disposiciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE); porque está amañada y dirigida para favorecer a una empresa en lo particular y porque pasa por alto la legislación, sobre todo en lo que respecta a la Ley de Obras y Servicios, Relacionados con las Mismas (que es de carácter federal) y su Reglamento.
Veamos:
1.- El presidente municipal de Puerto Vallarta y su grupo de regidores pretenden negociar el servicio de Alumbrado Público mediante una licitación dirigida a favorecer a sus contratistas preferidos.
2.- En una convocatoria escondida en medio de la Semana Santa, impulsaron unas bases dirigidas sin recato para ajustarse exactamente a las condiciones financieras, empresariales y tecnológicas de una de las empresas participantes, Led Lumina Leasing S.A de C.V. y o Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido S.A de C.V., o en su defecto, a la francesa Citelum, que opera en Puebla y cuya convocatoria es idéntica a la de Vallarta.
3.- Para tal fin, la convocatoria desconoce las disposiciones legales, técnicas y de preservación ambiental que rigen en México, recogidas de los lineamientos mundiales en la materia.
EXTRAÑO MECANISMO DE EVALUACION
4.- No exige la comprobación de las especificaciones normativas y técnicas vigentes y en cambio pide márgenes de ahorro energético del 30 por ciento, muy por debajo del porcentaje de eficiencia que exige la Norma Oficial Mexicana (NOM 0031 Ener-2012) y de lo que ofrecen otras tecnologías disponibles ya en México, que es alrededor del 80 por ciento. Por si fuera poco, pretenden renovar parte del parque de alumbrado público con lámparas actualmente prohibidas (de vapor de sodio) por la alta contaminación que producen.
Las de led, menos contaminantes, y que serán el 80 por ciento de la renovación, las limitaron a focos de 45 watts.
5.- Esta convocatoria es la más dirigida y amañada que se conozca en el mercado, que constriñe los plazos inusitadamente con el mismo propósito, pues en menos de un mes quiere adjudicar una licitación nacional, y por otra parte, laxamente concede dos años para realizar la conversión del sistema de alumbrado, cuando se puede hacer en seis meses.
6.- Plantea extrañamente un mecanismo de evaluación para otorgar el fallo omitiendo la calificación de la postura técnica, que debiera ser la más ponderada; y propone a cambio criterios para calificar los antecedentes empresariales de los licitantes, donde curiosamente se valoran los contratos similares que hayan obtenido las empresas, como los conseguidos privilegiadamente por Led Lumina en el sexenio pasado, por ejemplo.
Es decir, que no se calificará la postura técnica, sino al licitante previamente escogido.
7.- Por el mismo camino, la convocatoria pretende valorar con peso determinante un programa digital buscador de información cartográfica (ERP), que causalmente es el que posee la misma empresa, pero que tampoco es el sistema más moderno y eficaz hoy en día.
CONTRATO INVIABLE
8.- En los aspectos económicos, marca un valor de referencia para la substitución de las luminarias que solamente permitirá cambiarlas por focos chinos, objetivo y práctica especial de la empresa favorecida.
9.- Financieramente, el contrato de concesión que el presidente municipal desea entregar a dicha empresa, es inviable y podría terminar con una venta frustrada de equipos de bajísima calidad o falsificados, que después costarán mucho en mantenimiento al municipio por su escasa duración.
10.- Ignora la convocatoria que hay modelos de negocio que exentarían totalmente de cualquier erogación al Ayuntamiento y que lograrían un servicio autofinanciable y apoyado con inversión de riesgo privada e incluso extranjera.
En suma, en desobediencia de la Constitución Federal, el presidente municipal y su grupo de Regidores privarán a Puerto Vallarta de un Sistema de Alumbrado Público Moderno, eficiente, sustentable y autofinanciable.
En su lugar tendrá uno deficiente, caro, contaminante, encubierto por una licitación impúdica que supone un negocio indebido en agravio del interés y el erario público.
11.- La convocatoria es inválida e ilegítima, por todo lo que se refiere y específicamente porque viola las leyes y las Normas Oficiales Mexicanas vigentes para la eficacia del alumbrado público en el país.
De hecho, existe una inconsistencia jurídica grave, observada en las bases de la licitación, que consiste en omitir que la Comisión Nacional Para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) de la Secretaría de Energía, certifique la tecnología a usar, como lo establece la Norma de 2012 y deja a discrecionalidad y buena fe de las empresas manifestar que cumplen con la Norma, es decir, se estarían auto certificando.
En estos 11 puntos, se puede observar cómo El Mochilas entró a un camino sinuoso para entregar el Servicio de Alumbrado Público a la compañía que ellos ya eligieron de antemano. El resto será simple simulación y pérdida de tiempo para empresas de renombre nacional y mundial que pensaban que la licitación nacional establecía criterios serios para competir en igualdad de circunstancias, y no unas bases amañadas, previamente planchadas para favorecer a una que más temprano que tarde, se sabrá, tiene interés personal el presidente municipal.
Por ello, es muy importante que los empresarios organizados de Puerto Vallarta exijan transparencia, orden jurídico y libre competencia en esta licitación, para evitar que en el futuro inmediato nos llevemos un fiasco con la entrega de tan importante servicio público a empresarios de fuera, que no tienen ningún arraigo en la ciudad y que sólo vienen por el dinero.
Por lo pronto, como lo anunciamos en otro espacio, ya hay más de dos empresas que recurrirán al amparo para echar abajo la licitación, mientras que otros preparan todo un estudio jurídico para evitar que El Mochilas realice un acto contrario al interés público, es decir, al de los vallartenses.
INFORMACION CLASIFICADA
UN VALLARTENSE DE VALLARTA, DE POFESION INGENIERO, PODRIA ser el primer ciudadano que a título personal se ampare contra la licitación del Servicio de Alumbrado Público, porque precisamente lesiona los intereses de todos los ciudadanos. De confirmarse esta acción, se sumaría a otras que dejarían en la cuerda floja el gran negocio de Ramón Guerrero Martínez y sus secuaces.
No hay comentarios:
Publicar un comentario