Por Jorge Olmos Contreras
Aunque al final será el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco el que resuelva en definitiva si procede o no la solicitud para dejar sin efectos jurídicos y legales el acuerdo que emitió el lunes primero de octubre la mayoría simple del pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para crear un nuevo Reglamento orgánico del gobierno y la administración pública Municipal, el Juzgado Segundo de lo Civil ordenó al gobierno que encabeza Ramón Guerrero que no ejecute dicho acuerdo.
La suspensión la otorgó el juez segundo de lo civil de esta ciudad, Norma Livier Blanco Núñez, quien concedió la suspensión solicitada con carácter provisional, por lo que notificó al Ayuntamiento que no se ejecute, ni se promulgue ni se publique el acuerdo del primero de octubre mediante el cual fue aprobado el ordenamiento.
Sin embargo, como la mayoría de regidores del Partido Movimiento Ciudadano y del PT –11 en total junto con el alcalde—votaron a favor para que se aprobara el nuevo reglamento antes de la notificación judicial, el juzgado civil, al conceder la suspensión solicitada con carácter de provisional, ordenó que las cosas permanezcan en el estado en que actualmente se encuentran.
La demanda de solicitud de suspensión del acuerdo de cabildo, fue interpuesta por los regidores de representación proporcional Miguel Ángel Yerena Ruiz (PRD), Jessica Yadira Guerra Yerena y Adrián Méndez González (PRI), y Humberto Muñoz Vargas y Jesús Anaya Vizcaíno (PAN) según el expediente 1041/2012.
En una rueda de prensa, los regidores plurinominales criticaron una vez más la aprobación del Nuevo Reglamento por violar varias disposiciones legales y concentrar todas las decisiones del Ayuntamiento en el presidente municipal.
Los regidores de oposición dijeron que n todas los actos y tomas de decisiones que se basen en el Reglamento ilegal, serán nulas de pleno derecho y que podrían dar origen a sanciones administrativas y penales, por lo que invitó a sus compañeros ediles del Movimiento Ciudadano que mejor lo piensen porque podrían ir hasta a la cárcel.
Fue el regidor Tito Yerena del PRD quien ofreció una salida legal y política a este asunto –donde el equipo del alcalde Ramón Guerrero está sentado en su macho para aplicar el Reglamento ilegal--, ya que ofreció retirar la demanda civil y administrativa que deja sin efectos el “Reglamento Mochilas”, a cambio de que el presidente municipal y sus regidores reconozcan su error y se sienten a dialogar para reiniciar la sesión de instalación del nuevo gobierno municipal.
Explicó que como el procedimiento ya está en una instancia judicial, es muy simple hacer un convenio donde las partes otorgan el desistimiento de la demanda “y ellos se desisten de ese acuerdo que aprobaron, ese es mi punto de vista, reponer de manera inmediata el desahogo de la sesión ordinaria, que nos convoquen a la siguiente nos presenten el Reglamento y lo trabajamos”.
Subrayó que en este caso no sería una revocación del acuerdo de cabildo, porque ya es un procedimiento judicial, donde hay una medida cautelar de una suspensión que sujeta a todos a cumplirla, “tanto a ellos como a nosotros”.
Yerena Ruiz dijo que van a estar muy vigilantes del actuar del alcalde Ramón Guerrero, al grado de que anunció que en la sala de regidores B (donde están los seis de oposición) montaron una especie de “oficialía de partes” para que cualquier documento que llegue va a tener un número de folio de recepción, un número de folio de contestación y un control interno del visitante.
“Queremos mantener una vigilancia permanente, constante y determinante en ese trámite administrativo interno; el día de hoy lo notificamos (al presidente) que todas las notificaciones las estaremos dirigiendo al presidente municipal, todas; ¿por qué?, por razones de procedimiento en base a la demanda, para nosotros él es el encausado, o el síndico, que son las personalidades que existen junto con los regidores.
Lo demás, jurídicamente está parado y es inexistente para nosotros”, puntualizó.
Sin embargo, como la mayoría de regidores del Partido Movimiento Ciudadano y del PT –11 en total junto con el alcalde—votaron a favor para que se aprobara el nuevo reglamento antes de la notificación judicial, el juzgado civil, al conceder la suspensión solicitada con carácter de provisional, ordenó que las cosas permanezcan en el estado en que actualmente se encuentran.
La demanda de solicitud de suspensión del acuerdo de cabildo, fue interpuesta por los regidores de representación proporcional Miguel Ángel Yerena Ruiz (PRD), Jessica Yadira Guerra Yerena y Adrián Méndez González (PRI), y Humberto Muñoz Vargas y Jesús Anaya Vizcaíno (PAN) según el expediente 1041/2012.
En una rueda de prensa, los regidores plurinominales criticaron una vez más la aprobación del Nuevo Reglamento por violar varias disposiciones legales y concentrar todas las decisiones del Ayuntamiento en el presidente municipal.
Los regidores de oposición dijeron que n todas los actos y tomas de decisiones que se basen en el Reglamento ilegal, serán nulas de pleno derecho y que podrían dar origen a sanciones administrativas y penales, por lo que invitó a sus compañeros ediles del Movimiento Ciudadano que mejor lo piensen porque podrían ir hasta a la cárcel.
Fue el regidor Tito Yerena del PRD quien ofreció una salida legal y política a este asunto –donde el equipo del alcalde Ramón Guerrero está sentado en su macho para aplicar el Reglamento ilegal--, ya que ofreció retirar la demanda civil y administrativa que deja sin efectos el “Reglamento Mochilas”, a cambio de que el presidente municipal y sus regidores reconozcan su error y se sienten a dialogar para reiniciar la sesión de instalación del nuevo gobierno municipal.
Explicó que como el procedimiento ya está en una instancia judicial, es muy simple hacer un convenio donde las partes otorgan el desistimiento de la demanda “y ellos se desisten de ese acuerdo que aprobaron, ese es mi punto de vista, reponer de manera inmediata el desahogo de la sesión ordinaria, que nos convoquen a la siguiente nos presenten el Reglamento y lo trabajamos”.
Subrayó que en este caso no sería una revocación del acuerdo de cabildo, porque ya es un procedimiento judicial, donde hay una medida cautelar de una suspensión que sujeta a todos a cumplirla, “tanto a ellos como a nosotros”.
Yerena Ruiz dijo que van a estar muy vigilantes del actuar del alcalde Ramón Guerrero, al grado de que anunció que en la sala de regidores B (donde están los seis de oposición) montaron una especie de “oficialía de partes” para que cualquier documento que llegue va a tener un número de folio de recepción, un número de folio de contestación y un control interno del visitante.
“Queremos mantener una vigilancia permanente, constante y determinante en ese trámite administrativo interno; el día de hoy lo notificamos (al presidente) que todas las notificaciones las estaremos dirigiendo al presidente municipal, todas; ¿por qué?, por razones de procedimiento en base a la demanda, para nosotros él es el encausado, o el síndico, que son las personalidades que existen junto con los regidores.
Lo demás, jurídicamente está parado y es inexistente para nosotros”, puntualizó.
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