ESTAFAN A REPARTIDORES, MENSAJEROS Y TAXISTAS DE PV PARA QUE DEPOSITEN DINERO POR SERVICIOS INEXISTENTES

Por Jorge Olmos Contreras

Un sujeto que utiliza la cuenta número 5204 1656 5075 de Banamex y que se dedica a rastrear a empresas y personas físicas que ofrecen sus servicios de mandados, repartidores y mensajería en las redes sociales, está cometiendo fraudes a través de llamadas telefónicas donde se hace pasar como subgerente de algún hotel importante para solicitar mercancías o productos y en el proceso engaña al repartidor para que deposite el dinero en una farmacia con el pretexto de que la caja del establecimiento de hospedaje cierra temprano debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 y así completa su estafa.

El estafador se hace llamar Rubén Islas y al ser descubierto por un vallartense que trabaja en una de estas empresas de mandados y repartidores, se ufanó de trabajar con cientos de cuentas, por lo que no le importaría si lo reportan, ya que abriría más cuentas y seguiría timando a “más pendejos como tú”, le dice en mensajes de audio de WhatsApp a su víctima.

Utilizando una voz suave, melosa y amable, el defraudador recorre sobre todo los llamados “tianguis culturales” que reúne a miles de internautas en grupos de Facebook para ver quién ofrece servicios de mensajería y repartidores a domicilio. Una vez que encuentra a uno, comienza a operar su plan para timarlo.

Realiza una llamada a una de estas empresas de mensajería rápida (por cierto, con el número 3315131253 que es de Guadalajara), dice que es gerente o alto ejecutivo de algún hotel, involucra por ejemplo al Hyatt de Puerto Vallarta, y después comenta que uno de sus huéspedes necesita un medicamento, que, si se lo pueden traer, pero que, por su seguridad, necesita saber el nombre del repartidor que lo va a atender.

Después entabla conversación directa con el repartidor, le dice que tiene que ir al hospital CMQ Premier, ya que ahí la doctora equis lo va a recibir y le va a entregar la medicina solicitada, que la están preparando.

En otra llamada, le dice al repartidor que como los horarios del hotel están reducidos debido a la pandemia de coronavirus y que como la caja cierra a las 17:30 horas, que ya no va a poder recibirle el dinero, que por favor acuda a una farmacia del Ahorro o a una farmacia Guadalajara a efectuar el depósito a nombre de Pharma Plus SA de CV a la cuenta 5204 1656 5075 de Banamex.

Luego, le recalca al repartidor que tiene que pedir factura y un ticket a la farmacia por el dinero depositado, y que con el ticket ahora sí debe ir al hospital CMQ Premier para que la doctora equis le entregue el medicamento que le solicitó el cliente.

Para envolver más al repartidor, le comenta que por el tiempo que le ha dedicado a su servicio le va a tener que dar una buena propina, que lo disculpe, pero que ahora sí no es su problema que la caja del hotel cierre tan temprano.

Cuando el repartidor acude al hospital, no hay ninguna doctora con el nombre que le dio, ni nadie del nosocomio privado estaba preparando medicamento alguno para ningún huésped de ningún hotel.

Y al momento de llamar al hotel mencionado, nadie conoce al tal Rubén Islas, pero prometen manejar un comunicado para advertir que hay personas que se hacen pasar por empleados de este para cometer este tipo de fraudes, según comentó uno de los afectados.

Sin duda, esta es una tarea para la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, así como para la Fiscalía de Jalisco.

Sin embargo, una de las víctimas señaló que se comunicaron a Banamex para reportar la cuenta bancaria que utiliza el defraudador, y les dijeron que no podían hacer nada.

En Puerto Vallarta, ya han caído en el garlito varios repartidores y hasta taxistas que en estos tiempos de crisis también la hacen de mensajeros y servicios a domicilio. ( Escuchar audio en https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1759713780835956&id=258890914251591 )

 

VISITA DE ALFARO, UNA BURLA PARA VALLARTA

Hoy estará el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en Puerto Vallarta, sostendrá una reunión con algunos empresarios, principalmente hoteleros a las 10:40 de la mañana en un salón del hotel Fiesta Americana. También estará su homologo de Nayarit, Antonio Echevarría García, acompañado de prestadores de servicios turísticos de la Riviera Nayarit. El objetivo es acordar los pasos prudentes a seguir para la reactivación económica de la región. 

En Puerto Vallarta, sin embargo, la visita de Enrique Alfaro no es bien vista debido a que prácticamente ha dejado a su suerte al destino turístico, lo tiene abandonado y lo ha castigado de una manera irresponsable por ese pleito enfermizo que sostiene con el gobierno federal. 

Fue precisamente ese encono que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador el que orilló a Alfaro adelantarse al confinamiento social y a cerrar todas las actividades económicas, sin pensar en el enorme daño que les haría a ciudades medias como Puerto Vallarta que sólo dependen de la industria turística. 

Desde marzo fue majadero e intolerante y con esa soberbia que le caracteriza vociferó que “en Jalisco sí somos responsables” y que por eso se adelantaba al gobierno federal. Todo esto mientras se llevaba entre las patas a Puerto Vallarta y a sus ciudadanos, sí, los mismos vallartenses que le dieron la espalda y no votaron por él en las pasadas elecciones. 

MEDIDAS DRACONIANAS 

De inmediato ordenó publicar en el Periódico oficial “El Estado de Jalisco” algunas medidas un tanto draconianas –violatorias de los derechos humanos y las garantías individuales como denunciamos en su momento—que ocasionaron abusos de autoridad y vejaciones por parte de las policías municipales y estatales, que concluyeron en la ejecución extrajudicial del joven albañil Giovanni López a manos de genízaros de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

También se le ocurrió echar a andar el Plan Jalisco Covid-19 para regalar cinco mil pesos del erario a la gente afectada por la pandemia, que tuvieran actividades económicas informales o que fueran autoempleadas o subempleadas, por un monto de 400 millones de pesos. Por igual, otorgó créditos por 25 mil a 120 mil pesos a pequeñas y medianas empresas con un fondo de 450 millones de pesos –a Puerto Vallarta, por cierto, le tocó una miserable parte de esos recursos--; y para completar puso sobre la mesa 150 millones de pesos para “proteger los ingresos de los productores de maíz”. 

Fue un total de mil millones de pesos para presumir que en “Jalisco, sí asumimos las cosas con seriedad” … Otra vez tirando la piedra al gobierno federal. 

Hoy sabemos que, en el fondo, el gobernador se estaba justificando para días después solicitar un préstamo de más de seis mil 200 millones de pesos dizque para la ejecución de un “plan de inversión pública productiva integral para la reactivación económica y fomento del empleo”, que hasta ahorita no ha servido, ni para reactivar la economía ni para la generación de empleos. 

PARA TURISMO UNA PIZCA, PARA MEDIOS ZALAMEROS, TODO 

En el presupuesto estatal ya estaban contemplados 10 millones de pesos para Puerto Vallarta, que serían utilizados en la mejora de las laterales de la avenida Francisco Medina Ascencio, y no sabemos si esta partida se respetó o se modificó con el reordenamiento presupuestal. Lo que sí sabemos, es que dejaron solo 46 millones de pesos para rubro denominado “infraestructura para el desarrollo y el fomento del turismo local”. 

Es como si para gobernador el turismo no fuera importante ni esencial, pues no le aumentó ni un solo peso a dicho rubro. 

Sin embargo, a rubros como “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” (en otras palabras, difundir la imagen del gobernador) le dejaron 129 millones 965 mil 971 pesos, mientras que a “servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet” no le redujeron nada, lo dejaron en 18 millones 299 mil 600 pesos. 

Otros renglones que tienen qué ver con la difusión de la imagen del gobernador y a los que no les disminuyeron el presupuesto en el plan de austeridad de Alfaro, son, por ejemplo, “servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet”, al que destinan 37 millones 264 mil 100 pesos; o “servicios de la industria fílmica, del sonido y del video”, con 19 millones 985 mil 700 pesos. 

Y váyase usted para atrás, al concepto “otros servicios de información” le dejaron una partida de tres millones 529 mil 800 pesos. 

LA “AUSTERIDAD” NO TIENE LÍMITES 

La “austeridad” del gobernador no tiene límites, ya que, al reordenar el presupuesto debido al préstamo contraído por los seis mil 200 millones de pesos, dejó casi intactas las partidas destinadas a viajes: Destacan “pasajes aéreos nacionales” por seis millones 591 mil 131 pesos; “pasajes aéreos internacionales”, un millón 972 mil 281 pesos; “pasajes terrestres nacionales”, cuatro millones 133 mil 379 pesos y “pasajes terrestres internacionales”, 567 mil 949 pesos. 

Por si esto fuera poco, en viáticos por el país van a gastar 84 millones 186 mil 303 pesos y por viáticos en el extranjero, dos millones 521 mil 242 pesos; esto quiere decir que cada funcionario estatal incluido el gobernador que vaya de viaje en México o al exterior y se sienten a comer en un buen restaurante, simple y sencillamente se lo cargan con facturas al erario, cuyo dinero es público, es de todos los jaliscienses. 

En este escenario de endeudamientos multimillonarios, Enrique Alfaro fue sorprendido por las marchas violentas de la semana pasada, que se agudizaron por la indolencia de su fiscalía al no resolver con prontitud el crimen de Giovanni López y las detenciones arbitrarias que “él no ordenó”. Lejos de remover de su cargo al fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, lo mantuvo, al asegurar que la dependencia encargada de procurar justicia estaba infiltrada por el crimen organizado. 

Muy a su estilo, Alfaro repartió culpas por todos lados y hasta acusó a AMLO de estar atrás de las protestas en Jalisco. Al no tener pruebas de sus dichos, al día siguiente dijo que “el presidente era un hombre de bien”. 

CONTRATOS MILLONARIOS PARA DIFUNDIR IMAGEN 

Pero como que sus asesores y grupos le han recomendado seguir atacando al gobierno federal y así lo ha hecho, apoyado con medios de comunicación como Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen, a cuyas empresas acaban de exhibir por tener contratos recientes con el gobierno de Jalisco por 15 millones de pesos la primera, 10 millones la segunda y cinco millones de pesos la tercera. 

Con razón hemos visto salir tanto en televisión a Enrique Alfaro y hasta lo presumen como el octavo gobernador mejor posicionado, y osan afirmar es el “contrapeso real” de López Obrador. 

Claro, todo es pagado. 

La realidad es otra y es muy distinta, es aquella que nos habla de un gobernador tambaleante, titubeante, que se hartó de los jaliscienses “pendejos” (el calificativo es del mandatario estatal) que salen a las calles y que por eso ayer se registró en Jalisco las cifras más altas de defunciones y contagios por Covid-19. 

De plano, ayer tronó y anunció que se terminaba la “fase cero” de la estrategia para combatir el coronavirus y que se pasaba a la etapa de responsabilidad Individual; que este es, dijo, “el único camino que nos permitirá salir adelante”. 

LA “RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL” 

Para no variar, en un video difundido en redes sociales, el gobernador reconoció que nos vigilaba. Dijo, “ya no se trata de vigilarnos” sino de que cada uno se cuide. 

También aseveró que no estamos en condición de pasar a la fase 1. 

Si no estamos en condición de pasar a la fase 1 y ahora es la etapa de la “responsabilidad individual”, entonces no entendemos para qué viene a Puerto Vallarta. 

Porque si va a darle atole con el dedo a los empresarios y a decirles que no pueden abrir malecón, playas ni albercas y que los centros de consumo como bares deben permanecer cerrados, entonces que se dé la media vuelta y regrese por donde vino, toda vez que así no va a ser bien recibido. 

Si nuestro gobernador se adelantó a cerrar los negocios, que ahora asuma su responsabilidad y vea la forma de abrirlos. Tampoco estamos a favor de una apertura total, pero si de una gradual inmediata. 

Puerto Vallarta ya no puede aguantar más. 

Tanto el alcalde como los empresarios deben endurecer su discurso frente a un gobernador que ni siquiera se dignó a felicitar a Puerto Vallarta en su pasado aniversario de haber sido elevado a ciudad y a municipio, y que fue el 31 de mayo. 

Todos esperamos buenas noticias, ojalá y así sea.

MEDIANTE ARGUCIAS LEGALES, SE ADUEÑAN DE UNA FINCA VALUADA EN $ 150 MILLONES UBICADA FRENTE A PLAZA PENÍNSULA EN PV

Por Jorge Olmos Contreras 

La siguiente historia es una de tantas que existen a lo largo del corredor turístico de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y donde casi siempre está presente un acto ventajoso, fraudulento, espinoso e inmoral en cuyo contexto aparece por lo regular una víctima y un vividor, un aprovechado y pasado de listo y otro noble, lento y poco avezado en temas jurídicos que termina siendo despojado de una valiosa propiedad o termina perdiendo su patrimonio. 

Así le sucedió a la señora Cleta Siordia, quien era propietaria de un valioso predio de ocho mil 618 metros cuadrados que se ubica justo frente a Plaza Península, sobre la avenida Francisco Medina Ascencio, a un lado del río Pitillal en plena zona turística de Puerto Vallarta; y que finalmente perdió a manos de un sujeto que se hizo pasar como amigo de esta mujer para quedarse con su terreno. 

Actualmente, en el inmueble hay una casa habitación de ladrillo que se conserva así desde hace muchos años por un juicio que el implicado en el presunto despojo entabló en un juzgado civil de Guadalajara que, bien podría revisarse por profesionales del derecho para descubrir una serie de inconsistencias que permitieron que el principal involucrado en este caso, Agustín Gutiérrez Ramírez, se quedara con la propiedad de doña Cleta Siordia. 

LA HISTORIA 

El terreno de esta historia pertenecía al señor Alfonso Siordia Mercado, padre de Cleta Siordia, quien a su vez se adjudicó, mediante juicio intestamentario identificado con el numeral 356/2000 que se llevó en el Juzgado Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, ocho mil 618 metros cuadrados. 

Así las cosas, en el mes de marzo del año 2004, Cleta Siordia le vendió a Agustín Gutiérrez Ramírez –un individuo que era amigo de la misma Cleta—mil 400 metros de los ocho mil 618 metros cuadrados. 

Al siguiente año, en el 2005, Cleta Siordia y Agustín Gutiérrez hicieron un contrato de compra venta por otros seis mil 218 metros cuadrados y acordaron un precio de 18 millones 679 mil pesos por el bien inmueble. 

Sin embargo, se supo que Agustín Gutiérrez –quien ahora vive muy feliz en Marina Vallarta—jamás le habría pagado este dinero a Cleta Siordia, es decir, nunca le habría liquidado los 18 millones 679 mil a la parte vendedora. 

UN PAGARÉ DE 5 MILLONES DE PESOS 

Por esta diferencia, o sea la falta de pago del terreno, doña Cleta ya no quiso saber nada de Agustín Gutiérrez y de un porrazo terminó con su amistad y lo mandó por un tubo, cosa que aprovechó Agustín para demandar a la señora Siordia por un supuesto pagaré de cinco millones de pesos que, según él, Cleta le había firmado, producto de un préstamo que él mismo le hizo. 

Aquí aparece una de las principales inconsistencias de este caso, pues lo más lógico es que si él le prestó a la señora esos cinco millones de pesos, en lugar de que ella se comprometiera a pagarle con el documento, lo más viable es que en vez del pagaré, existiera un recibo a cuenta de la cantidad mayor por concepto de la compra -venta de la propiedad, es decir, de los 18 millones 679 mil pesos. 

Si esto fuera cierto –que Agustín le prestó cinco millones de pesos a Cleta y le hizo firmar el pagaré—entonces ella sólo tendría que haber cobrado 13 millones 679 mil pesos por la venta del terreno, pero no fue así. 

Por el contrario, como nadie se molestó en revisar la autenticidad de la firma plasmada en el pagaré de los cinco millones de pesos, Agustín continuó con su demanda en un juicio mercantil ejecutivo que se lleva en el Juzgado Noveno de lo Mercantil en Guadalajara bajo el expediente número 1886/07. 

UN CONTRATO APOCRIFO 

Pero no solo eso, Agustín Gutiérrez además inscribió el embargo (utilizando este pagaré que al parecer contiene una firma apócrifa) en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta afectando la escritura del papá de Cleta, es decir, de Alfonso Siordia Mercado. 

Un abogado que trabajó para Cleta Siordia, afirma que el contrato de compra venta nunca se rescindió por parte de Cleta y Agustín (las partes) y mucho menos se elaboró otro posterior de cualquier naturaleza entre ellos. 

Asimismo, este abogado cuenta que, en septiembre del 2007, Cleta Siordia le hizo un contrato de cesión de derechos por dos mil metros cuadrados a él (a su abogado) --de los ocho mil 612 metros-- y el documento se pasó ante un notario público de La Peñita de Jaltemba, quien le dio poder de dominio y posesión del predio. 

Este abogado de nombre Víctor Hugo Becerril obtuvo del Juzgado Tercero de lo Civil de Vallarta una orden para que se le escrituraran los dos mil metros cuadrados de terreno a su nombre, pero por falta de dinero no lo escrituró; pero el predio lo tuvo cercado del 2007 al 2016, hasta que apareció Agustín Gutiérrez con una demanda mercantil alegando que le había comprado todo a Cleta Siordia y que además, ella le debía cinco millones de pesos por un supuesto pagaré firmado por la señora. 

EL HEREDERO INDOLENTE 

Cleta Siordia falleció en el año 2010, pero dejó un testamento en donde nombró heredero de esta propiedad a su sobrino Arturo Arreola. 

Pero muy abusado –o abusivo—Agustín Gutiérrez promovió, en el año 2014 (nueve años después), un juicio civil de acción proforma en contra de la sucesión de Cleta Siordia, al parecer falsificando un convenio modificatorio del contrato de compraventa del 22 de noviembre del 2005, que según él se desprendía de un contrato realizado el 20 de noviembre del mismo año 2005, es decir, dos días después. 

Lo más increíble de todo esto, es que en dicho convenio Agustín Gutiérrez penaliza a Cleta Siordia por una importante cantidad de dinero mensual; según él, por no haberle vendido a tiempo o escriturado la propiedad total de ocho mil 618 metros cuadrados, que es la que aparece en la fotografía que acompaña este artículo. 

De acuerdo con el entonces abogado de la señora Cleta, esto nunca sucedió (el convenio modificatorio del contrato), que le consta porque en ese entonces él era el licenciado de Cleta, y que además ellos (los dueños del terreno) no vivían en Vallarta, sino en Ixtlán del Río, Nayarit; aparte de que tanto Cleta como Agustín ya se habían enemistado porque el hombre jamás le habría dado un peso por la supuesta venta del inmueble en comento realizada el 20 de noviembre del 2005. 

COMO CUCHILLO EN MANTEQUILLA 

Sin embargo, Agustín Gutiérrez nunca quitó el dedo del renglón para apoderarse del valioso predio, pues como ya dijimos, en 2014 demandó a Cleta Siordia y a su sucesión testamentaria representada por el sobrino Arturo Arreola, quien descuidó el asunto y terminó perdiendo el juicio, por lo que en el juzgado se ordenó la escrituración en favor de Agustín, propiedad que incluso ya está registrada en el Registro Público de la Propiedad, según el folio 4063965. 

Agustín Gutiérrez Ramírez es un tipo listo –es el mismo que cobraba o cobra una renta por el terreno donde se ubica actualmente la farmacia Guadalajara de las calles Insurgentes y Lázaro Cárdenas en el centro de la ciudad--; supo en qué momento quedarse con esta propiedad que está valuada en unos 150 millones de pesos por la zona turística en la que se ubica. Y como nunca tuvo un contrapeso real en los juicios –y la señora Cleta murió en 2010--, fue sencillo marearse al sobrino de la señora y fácilmente despojarlo del predio. 

Se fue como cuchillo en mantequilla… Y como dice el dicho…Nadie sabe para quién trabaja… Siempre habrá vivales que, mediante argucias, se apoderen de lo ajeno. 

Este caso está interesante para que cualquier profesional del derecho lea y analice el expediente y el poder judicial lo reconsidere; y, sobre todo, revise la autenticidad de los documentos y firmas plasmados en estos.

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HOY PODRÍA SALIR DE PRISIÓN EL EX ALCALDE DE BB, JOSÉ GÓMEZ; SE HABRÍA DECLARADO CULPABLE Y SOLICITAR PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Por Jorge Olmos Contreras 

El ex presidente municipal de Bahía de Banderas, el priista José Gómez Pérez, podría obtener su libertad este viernes, luego de que se habría declarado culpable del delito de tortura y solicitar un Procedimiento Abreviado, contemplado en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con cuya figura legal puede obtener su libertad, pero al mismo tiempo le quedaría el antecedente penal y, como tal, ya no podría ocupar ningún cargo público; ni mucho menos, aspirar a un puesto de elección popular mientras tenga esta condición. 

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, fue el mismo José Gómez quien habría informado a familiares y conocidos que lo visitaron en prisión esta semana que hoy viernes podría dejar la cárcel, toda vez que sus abogados defensores pidieron al Ministerio Público que solicitara al juez de oralidad que lleva el caso someterse al llamado Procedimiento Abreviado. 

De hecho, se sabe que antes, los ex escoltas de José Gómez Pérez, quienes fueron los que lo habrían señalado como el autor de la tortura en agravio de un ciudadano de Bahía de Banderas, también se habían acogido a esta figura para poder dejar la prisión. 

La medida parece tener una connotación de desesperación en José Gómez, ya que, al solicitar el Procedimiento Abreviado, simple y sencillamente se declara culpable y de esta manera el juez está obligado a verificar si el delito que le imputan está dentro del rango de años para obtener este beneficio y si es así, tendría que dejarlo en libertad, pero bajo ciertas medidas y condicionantes. Y como en el proceso admite la culpa, esto sería como una sentencia condenatoria, por lo que siempre le quedará el antecedente penal de haber cometido tortura. 

En este sentido, como el delito de tortura en el Código Penal de Nayarit se sanciona con dos y hasta 10 años de prisión y el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) habla de una medida aritmética de hasta la mitad de la sanción máxima para poder obtener el beneficio de la libertad a aquellos que se someten al Procedimiento Abreviado, es casi seguro que en la audiencia de este viernes (que algunos aseguran será hoy) se informe sobre la libertad del reo, a quien también le fijarán una cifra económica a pagar por concepto de reparación del daño. 

Ahora bien, los requisitos de procedencia y verificación del Juez para autorizar el llamado “Procedimiento Abreviado” son: 

1.- Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. 

2.- Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. 

3.- Que el imputado: a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral; c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. 

En el artículo 202 del CNPP también se indica que “el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del Procedimiento Abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral”, como es el caso que nos ocupa. 

Para la audiencia se deberán citar a todas las partes, pero el CNPP advierte que “la incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto” 

Asimismo, dicho Código indica que “cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión, cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa” 

“En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión”, que es el caso de José Gómez Pérez. 

Hay que recordar que a José Gómez lo vincularon a proceso por diversos delitos, uno de los cuales, el de tortura, amerita prisión preventiva oficiosa, por eso se quedó en la cárcel, pero con el nuevo sistema de justicia penal, los acusados también pueden acogerse a la figura ya mencionada del Procedimiento Abreviado. 

Así las cosas, algunos podrán ver en estas medidas una especie de victoria para José Gómez si recupera su libertad, pero en el fondo, es una derrota, tanto para el ego del ex alcalde de Bahía de Banderas, como para sus futuras pretensiones políticas, pues al declararse culpable estaría aceptando su responsabilidad en el delito de tortura, y por lo tanto, esa falta ante la sociedad lo seguirá de por vida, lo marcará para siempre y con el antecedente penal, ya no podrá ocupar cargos públicos de ninguna índole. 

Esto es como la anécdota de los dos amigos que están en un túnel oscuro y uno ve una luz y grita de alegría… ¡por fin, veo una luz al final del túnel!... Y el otro le contesta… ¡Cuidado, no vaya a ser una locomotora!

GOBIERNO DE BAHÍA DE BANDERAS PRETENDE EVADIR PAGO DE NUEVA PRESIDENCIA Y ECHARLE LA BOLITA AL GOBIERNO DEL ESTADO

Por Jorge Olmos Contreras

El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, ahora que ha perdido todas las instancias legales en lo relativo al tema de la Presidencia, ha intentado ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el pobre argumento que no tiene recursos y que el Congreso del Estado de Nayarit no le ha permitido solicitar un crédito para hacer frente al pago de esta obligación.

Lo anterior quiere decir, palabras más, palabras, que el Ayuntamiento de Bahía continúa eludiendo su responsabilidad jurídica y le está aventando la bolita de la deuda al gobierno del Estado de Nayarit, para que éste por conducto del Ejecutivo asuma la obligación de pago.

Lo anterior se desprende del acuerdo pronunciado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, apenas el pasado 27 de noviembre --y notificado a los interesados el seis de diciembre--, en donde requiere le remitan información a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit y al Congreso del Estado de Nayarit de los procedimientos administrativos y de la solicitud realizada por el municipio al Congreso para solicitar un crédito y que, a su decir (del Ayuntamiento), le fue negada.

Esta situación resulta por demás irregular, ya que el Municipio es un órgano autónomo, más bien lo que intenta el presidente municipal, en su afán de continuar en la vida política del Estado, es repartir culpas y responsabilidades.

No debe olvidarse que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito ya remitió el dictamen a la Suprema Corte en donde se solicita se separe al Presidente, Secretario, Síndico, Tesorero y Regidores y se les juzgue por el Desacato a la sentencia.

¿Será que el flamante Director Jurídico no sabe qué hacer con la papa caliente y está intentando repartir culpas de todos los procesos legales mal llevados por el Ayuntamiento?

Tampoco debemos olvidar que la separación del cargo de estos funcionarios está latente, y que por más que intenten una y otra vez eludir su responsabilidad jurídica en este caso, el desacato fue tan grave que en cualquier momento podría hacerse efectiva esta medida, por ello la SCJN le está dando seguimiento al caso y requiriendo respuestas al mismísimo Congreso del Estado, a la Auditoría Superior y al gobierno estatal que encabeza Antonio Echeverría.

DAN PRISIÓN PREVENTIVA A EX ALCALDE DE BAHÍA DE BANDERAS POR PRESUNTA TORTURA; SE RESERVA SU DERECHO A DECLARAR

El ex presidente municipal de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, se reservó su derecho a declarar durante la audiencia inicial de imputación llevada a cabo en la ala uno del juzgado oral de Bucerías la tarde de este viernes. El ex alcalde también solicitó al juez la ampliación del término constitucional para defenderse de la acusación de varios delitos, entre otros el de tortura en agravio de José Alejandro N, en hechos ocurridos durante las pasadas elecciones locales del 2017 en que el candidato ganador fue Jaime Cuevas Tello.

La etapa de seguimiento de la audiencia de imputación será el próximo miércoles 13 de noviembre en el mismo juzgado de control y oralidad de Bucerías a las 16:00 horas; por el momento, el juez que lleva el caso dictó prisión preventiva oficiosa en contra de José Gómez Pérez, con el argumento de que representa un peligro para la víctima, por lo que el ex primer edil de Bahía de Banderas se quedará en la cárcel por lo menos durante los próximos seis días.

José Gómez fue detenido la mañana de este viernes en las inmediaciones de San Vicente, Nayarit, mientras llevaba a sus hijos a la escuela. Esto, debido a una orden de aprehensión obsequiada por un juez de control por el presunto delito de abuso de autoridad, tortura y lesiones calificadas, dentro de la causa penal 194/2019.

De acuerdo con la información que se divulgó esta tarde en la audiencia inicial de imputación contra el ex alcalde de Bahía de Banderas –y a la que VALLARTA UNO tuvo acceso-- , un albañil y recolector de basura de nombre José Alejandro N habría sido víctima de José Gómez el día 23 de mayo del año 2017 –en ese entonces presidente municipal en funciones--, porque supuestamente le habría ordenado a sus escoltas Keni Elmar Rincón, Elealzar Beringo y César Pérez, que llevaran a José Alejandro a un rancho del ex alcalde ubicado en La Misión, poblado de San Vicente.

Que antes, en una camioneta blanca con vidrios polarizados, los guardaespaldas de José Gómez –quienes portaban armas largas-- se llevaron a José Alejandro N, a quien lo abordaron al preguntarle “¿Tú eres el Chango?” y después lo trasladaron al rancho.

EL MÓVIL

Que todo había empezado porque José Alejandro N había sido despedido (no señalan si del Ayuntamiento o del equipo de José Gómez) por apoyar la campaña de Héctor Santana en los pasados comicios y posteriormente habría sido sorprendido rompiendo propaganda del candidato (a la postre triunfador) Jaime Cuevas, en ese momento apoyado por el propio José Gómez.

Que al parecer desde ahí lo empezaron a seguir y que, después los guaruras de José Gómez fueron por él, lo subieron a una camioneta blanca y lo trasladaron presuntamente al rancho de José Gómez, donde, según versión de la víctima --que en esos momentos se encontraba con su esposa-- escuchó que los escoltas (que eran policías activos del gobierno de Bahía de Banderas) le preguntaron al ex alcalde: “Jefe, lo traemos, ¿lo matamos?”, y que según eso, Gómez respondió: “Sólo sácale información”.

LA PRESUNCIÓN

Los abogados del señor José Alejandro, presentaron ante el juez de control oral una serie de presuntas pruebas en contra de José Gómez, como el Informe Policial Homologado (IPH) del incidente de la troca blanca con vidrios polarizados donde supuestamente se llevaron a la víctima.

Una entrevista a Florencia N, esposa de José Alejandro.

Inspección de un domicilio en la calle Amado Nervo de Sam José del Valle, donde supuestamente sucedieron los hechos (donde José Alejandro rompía propaganda de Jaime Cuevas).

Entrevista a personas que supuestamente rescataron a la víctima; un dictamen médico y una evaluación psicológica de José Alejandro y un informe de que los escoltas de Gómez estaban dados de alta en seguridad publica y que tenían asignadas armas largas AR-15 y pistolas escuadra .9 milímetros marca Prieto Beretta.

Ahora bien, por investigaciones propias de este medio, se supo que, en el año 2018, los escoltas de José Gómez fueron sometidos a un procedimiento penal abreviado por presuntamente los mismos delitos que ahora le imputan a José Gómez, pero sus guardaespaldas salieron rápido del embrollo judicial y fue hasta hoy 08 de noviembre, en que el ex alcalde fue detenido.

LAS DUDAS

De este asunto, surgen muchas dudas, debido a que algunas acusaciones son contradictorias, por lo que el mismo imputado, José Gómez pidió al juez oportunidad para declarar y se reservó su derecho a hacerlo; por eso su defensa solicitó el término constitucional ampliado para hacerlo, lo que seguramente hará en el seguimiento de la audiencia de imputación, que será como ya dijimos, el miércoles 13 a las 16:00 horas en la sala 1 del Juzgado oral de Bucerías.

En este contexto, no hay que perder de vista el ambiente político que se vive en Bahía de Banderas, donde el mismo José Gómez, hace unos días, arremetió en varias ocasiones --sobre todo en redes sociales—contra el actual presidente municipal, Jaime Cuevas Tello, por el caso de la llamada presidencia de cartón. 

LAS LIMOSNAS DE ENRIQUE ALFARO PARA VALLARTA Y SU DEMENCIA POLÍTICA

Como si se tratara de un logro extraordinario, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció ayer durante su visita a la ciudad, que ya estaba gestionando los primeros 100 millones de pesos –de 650 millones que se le quitaron a Puerto Vallarta del presupuesto federal este año—para destinarlos a las zonas marginadas del municipio, pero nunca dio una explicación del por qué funcionarios de su gobierno le solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) la cancelación de esos recursos que estaban etiquetados para ser utilizados en obras de equipamiento urbano en colonias pobres de este destino turístico.

Cuando los reporteros lo cuestionaron sobre el por qué el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del gobierno estatal, Sergio Humberto Graf Montero envió un oficio a la Sedatu para cancelar los recursos que estaban destinados al mejoramiento urbano de Puerto Vallarta, Enrique Alfaro sacó su otro yo verdadero y respondió a la pregunta con un “¡por favor, no diga barbaridades, hay que ponernos a leer todos!”.

Lo peor fue cuando los mismos reporteros le informaron que la diputada federal (de Morena) de este quinto distrito, Lorena Jiménez había revelado en la máxima tribuna del país, es decir, en la cámara de diputados, que fue el gobernador de Jalisco el que pidió a la Sedatu que cancelara recursos que estaban programados para el mejoramiento urbano de Puerto Vallarta y qué opinaba sobre esto, pues con esa arrogancia y soberbia que caracteriza a Enrique Alfaro, respondió socarronamente que no conocía a la legisladora.

Así de majadero con una dama se portó el señor Alfaro.

“¿Quién es ella?”, nunca he tenido “el gusto” de platicar con ella…. “La ignorancia a veces te hace decir cosas que no debes”.

Luego, como para burlarse de la maestra Lorena Jiménez, comentó que los recursos federales no los decide el gobernador. “A lo mejor como diputada debería de empezar a aprender que esos recursos tienen una forma de ejercerse y que nada tiene que ver el gobernador del estado”.

De ese tamaño fue la arrogancia con la que Enrique Alfaro se refirió a la diputada Lorena Jiménez, para después reprochar a un periodista que no (preguntara) dijera barbaridades.

DEMENCIA POLÍTICA

En su demencia política simulada, Enrique Alfaro olvidó que el pasado 03 de abril, el secretario estatal de la Semadet, Sergio Humberto Graf Montero, envió un oficio --el 0352/2019—al subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda, Sedatu Jalisco, Sahik Alarcón Esparza, donde literalmente indica lo siguiente:

“Deseo expresarle que el gobierno del Estado de Jalisco, a través de un servidor como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo territorial (Semadet) hace la solicitud para que los proyectos derivados del Programa Territorial Operativo en Zonas Marginadas del Estado de Jalisco (PTO) y del Programa Comunitario de Acción (PCA), que ha venido desarrollándose en el municipio de Puerto Vallarta, sean retirados de la solicitud para el ejercicio fiscal 2019”.

Barbaridades o no, ignorancia o no, el gobernador está obligado a detenerse para dar una explicación, tan amplia como sea posible, del por qué se cancelaron los recursos que venían para Puerto Vallarta.

No puede salir ahora con qué ya está haciendo gestiones ante el gobierno federal para que “destraben” los primeros 100 millones de pesos, pues fue su administración la que pidió que no se aplicaran los recursos para el mejoramiento urbano de este municipio, al que nos queda claro, sigue odiando.

HUMILDAD VS ARROGANCIA

Enrique Alfaro debe aprender un poco –aunque sea un poquito—de la humildad que siempre muestra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien responde a todas las preguntas que le hacen y, además –en aras de la transparencia—informa puntualmente sobre todo tipo de temas que tengan qué ver con el ejercicio público del gobierno federal.

Pero “don soberbio” no sabe nada de humildad, por el contrario, al afirmar que desconoce quién es la diputada federal Lorena Jiménez, la descalifica, la hace menos y hasta la ofende con su falsa retórica al señalar que “a veces la ignorancia te hace decir cosas que no debes”.

Si alguien desde el gobierno federal le pidió a Enrique Alfaro que escribiera esos oficios estatales para solicitar la cancelación de los recursos destinados a Vallarta, (que al final se fueron, según dicen, a las obras del tren ligero de Guadalajara) para justificar la adecuación presupuestal, debería informarlo y no esconderse en su soberbia y culpar a los reporteros por decir y preguntar “barbaridades”.

Ahora bien, si fue una acción unilateral de su gobierno para afectar a Puerto Vallarta y cobrarle facturas políticas a los vallartenses, pues que no sea cobarde y también lo diga.

DON SOBERBIO

Puede haber otro fondo, motivos o razones del por qué la Semadet pidió canelar el dinero que venía para Puerto Vallarta, pero esto tampoco lo ha informado “don soberbio”, porque quizá se rebajaría como político si convoca a una rueda de prensa con los reporteros de Vallarta y prefiera no dar explicación alguna a la sociedad vallartense, ese conglomerado de ciudadanos que no le dieron el voto en las pasadas elecciones.

Por ahora, Enrique Alfaro nos sigue tratando con la punta del pie, anuncia que va a rescatar 100 millones de pesos como quien coge una bolsa llena de dinero para darle limosnas al mendigo.