Por Jorge Olmos Contreras
El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, ahora que ha perdido todas las instancias legales en lo relativo al tema de la Presidencia, ha intentado ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el pobre argumento que no tiene recursos y que el Congreso del Estado de Nayarit no le ha permitido solicitar un crédito para hacer frente al pago de esta obligación.
Lo anterior quiere decir, palabras más, palabras, que el Ayuntamiento de Bahía continúa eludiendo su responsabilidad jurídica y le está aventando la bolita de la deuda al gobierno del Estado de Nayarit, para que éste por conducto del Ejecutivo asuma la obligación de pago.
Lo anterior se desprende del acuerdo pronunciado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, apenas el pasado 27 de noviembre --y notificado a los interesados el seis de diciembre--, en donde requiere le remitan información a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit y al Congreso del Estado de Nayarit de los procedimientos administrativos y de la solicitud realizada por el municipio al Congreso para solicitar un crédito y que, a su decir (del Ayuntamiento), le fue negada.
Esta situación resulta por demás irregular, ya que el Municipio es un órgano autónomo, más bien lo que intenta el presidente municipal, en su afán de continuar en la vida política del Estado, es repartir culpas y responsabilidades.
No debe olvidarse que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito ya remitió el dictamen a la Suprema Corte en donde se solicita se separe al Presidente, Secretario, Síndico, Tesorero y Regidores y se les juzgue por el Desacato a la sentencia.
¿Será que el flamante Director Jurídico no sabe qué hacer con la papa caliente y está intentando repartir culpas de todos los procesos legales mal llevados por el Ayuntamiento?
Tampoco debemos olvidar que la separación del cargo de estos funcionarios está latente, y que por más que intenten una y otra vez eludir su responsabilidad jurídica en este caso, el desacato fue tan grave que en cualquier momento podría hacerse efectiva esta medida, por ello la SCJN le está dando seguimiento al caso y requiriendo respuestas al mismísimo Congreso del Estado, a la Auditoría Superior y al gobierno estatal que encabeza Antonio Echeverría.
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