Por Jorge Olmos Contreras
Si algo le faltaba al coronel Silvestre Chávez para darle la puntilla al frente de Dirección de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, es verse involucrado en un delito en materia de Información Pública contemplado en el Código Penal de Jalisco, que sanciona con prisión de uno a cinco años y multa de 50 a mil días de salario mínimo a quien difunda pública y dolosamente información pública clasificada como reservada.
Lo anterior viene a colación porque existe la sospecha que desde la Dirección de Seguridad Ciudadana que preside el militar retirado, se filtraron expedientes de los resultados de los exámenes de confianza de policías y funcionarios de esa corporación policiaca, información debidamente registrada como reservada por la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Y es que la única persona que debe tener a buen resguardo esos expedientes es precisamente el coronel Silvestre Chávez García, quien quizá impulsado por un resentimiento, descuidó la información y permitió que alguien la usara para difundirla públicamente, lo que también constituye un delito en los términos de la Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios.
Lo más grave, es que podría haber sido el mismísimo coronel Silvestre Chávez quien filtró esa información a uno de sus amigos que viven en el fraccionamiento Banus de Ixtapa y que maneja un espacio en la red social Facebook denominado “Observador Ciudadano”, donde ayer alrededor del mediodía subieron una lista de policías que no aprobaron el examen de confianza, lo que causó enojo e irritación entre la tropa que labora en la llamada Dirección de Seguridad Ciudadana.
OBJETIVO FOCALIZADO
Lo peor de todo es que enfocaron sus baterías contra el subdirector administrativo, Salvador Gómez Aldaco, a quien lo colocan en la lista de los no aprobados. Pero no sólo eso, el escrito que maneja el responsable del “Observador Ciudadano” difama y calumnia a Gómez Aldaco al señalar, sin ninguna prueba de por medio, que el funcionario reprobó el examen porque salió positivo en el renglón toxicológico por consumo de cocaína.
El llamado “Observador Ciudadano” del Facebook utilizó una foto editada y manipulada para poner un documento –que a leguas se ve que no es oficial—con los nombres de los reprobados y aprobados que incluye, del lado derecho, una fotografía de Salvador Gómez Aldaco a quien tildan de traidor al Mochilas, es decir, el objetivo era pegarle y exhibir burda y ruinmente al subdirector administrativo de la Policía Municipal.
Salvador Gómez Aldaco es además el enlace con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y con el Sistema de Subsidios de Seguridad Pública a los Municipios, conocido como Subsemun, pero a últimas fecha se había convertido en una figura incómoda para el coronel Silvestre Chávez y, sobre todo para su subdirector operativo, Ernesto Ojinaga y el jefe de escoltas, Jorge Aguilera.
A Gómez Aldaco lo consideran una persona non grata en la Dirección de Seguridad Ciudadana, porque no ha permitido ciertas libertades administrativas al coronel y su gente para hacer negocios con recursos públicos, pero sobre todo, porque ha sido un crítico constante de los excesos en que han incurrido personajes como Ernesto Ojinaga al utilizar personal policiaco para eventos privados como los bailes masivos en donde se echan muchos miles de pesos a los bolsillos.
LOS EXCESOS
Salvador Gómez quizá sea el funcionario que más se ha dado cuenta de cómo el coronel y su gente sólo arribaron al puesto para medrar con el servicio público, como el jefe de escoltas que, se presume, les cobra una rica mochada mensual a las empresas operadoras de grúas a cambio de otorgarles servicios de arrastre como los que hacen en el alcoholímetro.
De hecho, al coronel se le descubrió haciendo negocios oscuros en un restaurante de la ciudad en diciembre pasado y a Ojinaga le han seguido de cerca los pasos con ciertas negociaciones que, de aplicarse en forma rigurosa la ley de control de confianza, ya tendría que haber sido separado de su cargo.
Pero como los intereses que se mueven en torno a la Dirección de Seguridad Ciudadana son muchos y de muchos millones de pesos, el coronel se ha aferrado al puesto como gato a punto de caer al precipicio, al grado de que ya tiene planeado dejar a Ernesto Ojinaga en la subdirección operativa aunque él se vaya, pues los negocios seguirán fluyendo por debajo de la mesa.
Las cosas se han puesto tan ríspidas al interior de la Dirección de Seguridad Pública, que en días pasados el mismo Ojinaga se le enfrentó a Salvador Gómez Aldaco, casi, casi para retarlo a golpes y amenazarlo con un “pues yo no te tengo miedo”.
DATOS DUROS
El coraje de Ojinaga contra Gómez Aldaco es porque Salvador sabe que en la base de datos de Plataforma México existe un expediente negro contra Ojinaga y que incluso no puede ir a la PGR a alegar inocencia, sin el riesgo de ser detenido.
Por ello, desde la Dirección de Seguridad se habría filtrado el expediente de los resultados de los exámenes de control de confianza a un amigo del coronel, que ahora sabemos es el que maneja el “Observador Ciudadano” de Facebook, con el agregado de que le habrían pedido que golpeara a Gómez Aldaco con el supuesto consumo de cocaína, que de ser cierto, ya habría causado baja de acuerdo a lo que establece la propia Ley de Control de Confianza.
Sin embargo, consultado al respecto, el propio Gómez Aldaco comentó que eso es absolutamente falso y que en cualquier momento, si alguien se lo pide, puede ir al laboratorio más cercano para hacerse una prueba antidoping de cualquier tipo, orina, sangre o cabello para demostrar la falsedad de lo que lo acusan.
Así las cosas, el coronel no midió las consecuencias de sus actos y ahora está en un predicamento, ya que al ser el depositario de la información de los exámenes de control de confianza, permitió que alguien (o él mismo) filtrara el expediente, con lo que ya incurrió en una acción punitiva que se castiga con cárcel y procedimiento administrativo, pues la información está catalogada como reservada por la Ley en la materia.
CINCO AÑOS DE PRISIÓN
En efecto, el artículo 298 de la Ley de Información Pública de Jalisco señala:
"Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa por el importe equivalente de cincuenta a mil días de salario mínimo diario general vigente en la ciudad de Guadalajara, a quien:
II. Difunda pública y dolosamente información pública clasificada como reservada;
III. Difunda pública y dolosamente información pública clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente;
IV. Entregue a un tercero, información pública clasificada como reservada, o confidencial sin la autorización correspondiente;
V. Destruya de forma irrecuperable información pública, sin la autorización correspondiente; o
VI. Modifique de forma irrecuperable información pública, de manera dolosa y sin la autorización correspondiente.
A su vez, la Ley de Control de Confianza señala que
1. Los exámenes de las evaluaciones de control de confianza serán considerados documentos públicos con carácter de reservados. Dichos documentos deberán ser sellados y firmados por el servidor público que los autorice.
2. Los resultados de los procesos de evaluación serán confidenciales y reservados para efectos de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, excepto aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales.
Asimismo, en su artículo 21 indica que “la violación a la confidencialidad o a la reserva de la información prevista en el artículo 13, dará lugar a las sanciones que establece la legislación penal”.
Como ya vimos, el Código Penal castiga con prisión a quien difunda pública y dolosamente información pública clasificada como reservada, como es el caso que nos ocupa.
ASÍ DEL PRECIPICIO
Si Salvador Gómez Aldaco acude al Ministerio Público a denunciar al coronel por esta violación a una información reservada, las cosas se le van a complicar aún más a Silvestre Chávez, quien ya debe entregar el cargo ante estos graves señalamientos.
Pero como El Mochilas lo defiende a capa y espada pese a que presuntamente no pasó el examen de control de confianza, en días pasados dijo que ya no estaba en sus manos el cambio en Seguridad Pública, que todo estaba del lado del Sistema de Seguridad Pública Estatal.
Desde luego, fue una mentira más del alcalde Ramón Guerrero, pues sólo él y nada más que él, tiene la facultad y responsabilidad de quitar y poner al Director de Seguridad Pública Municipal.
El presidente municipal está obligado a hacer los cambios antes de que termine el mes o corre el riesgo de que Vallarta quede fuera de los beneficios del Subsemun, pero sobre todo, de dejar en manos de unos bandidos la Dirección de Seguridad Pública.
Los cambios tienen que ser profundos y deben incluir a un agente nocivo que sólo ha causado daños al interior de la corporación. Nos referimos a Teresa Fuentes, una funcionaria menor que ha hecho cosas muy dañinas para los empleados de seguridad pública y sobre quien también recae la sospecha de la filtración de los expedientes de los exámenes de control de confianza.
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