Por Jorge
Olmos Contreras
El grupo de colaboradores que el alcalde Ramón
Demetrio Guerrero Martínez importó de Zapopan y Guadalajara está a punto de
colapsarse en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta por su participación, activa o
pasiva, en graves actos de corrupción que se cometieron en el gobierno
municipal de la ex villa maicera, cuando su titular era el panista Juan Sánchez
Aldana.
A Ricardo Anguiano –actual asesor jurídico de El
Mochilas y mancuerna del secretario general, Antonio Pinto--, por ejemplo, ya
lo buscan notificadores de la Procuraduría General de la República (PGR) para
que declare en torno a una Averiguación Previa 6082/2010 radicada en la Agencia
Dos del Ministerio Público de la Federación con sede en la capital del Estado,
por falsedad de declaraciones en un juicio que se derivó de un despido
injustificado cuando fungía como síndico del Ayuntamiento zapopano.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso el
columnista, Ricardo Alberto Anguiano Apodaca, siendo Síndico de Zapopan, por
órdenes del Presidente Municipal Juan Sánchez Aldana inició un
procedimiento de responsabilidad administrativa de destitución a un
servidor público, con pretextos fabricados, ya que realmente era para
quitar a dicho servidor público de Zapopan porque les estorbaba en sus negocios
de corrupción en el Municipio por 250 millones de pesos.
Y es que el señor Anguiano, quien en Puerto
Vallarta se ha presentado como un auténtico engaña bobos –pues fue él quien
habría elaborado aquél polémico Reglamento Orgánico Municipal que le otorga
facultades meta constitucionales al Mochilas y que fue impugnado por los
regidores de oposición--, fue partícipe en el manejo y asignación de contratos
de obras irregulares por más de dos mil millones de pesos en Zapopan.
Por cierto, aquí en Vallarta a Anguiano le pagan 63
mil 896 pesos mensuales por concepto de “honorarios por servicios
profesionales”, ni más ni menos.
BAJO LA LUPA
Hay que recordar que producto de estas anomalías,
el Congreso del Estado anda investigando al ex alcalde panista Juan Sánchez
Aldana, entre otras cosas, porque no justificó observaciones por más de mil 500
millones de pesos en su paso por la alcaldía zapopana, donde el síndico fue
precisamente Ricardo Anguiano, una gente muy allegada al ex subsecretario de
gobernación y promotor de casinos, Abraham González Uyeda.
El punto es que, en el caso que nos ocupa, Ricardo
Anguiano cometió fechorías propias de delincuentes de cuello blanco, al armar
todo un cuatro para despedir a un servidor público que le resultaba incómodo
allá en Zapopan; pero en las prisas por hacer la destitución, su asistente
personal, Josué Ortega Gómez, habría elaborado o inventado un acta falsa
de notificación al funcionario indeseable, el 25 de abril de 2008, sin que éste
estuviera presente.
Así las cosas, el servidor público destituido
interpuso una demanda de amparo, y Ricardo Anguiano habría hecho valer esa acta
falsa como argumento de supuesta legalidad en la destitución. (Cualquier
parecido con lo que le sucedió a Salvador López Aréchiga en la Dirección
Jurídica del Ayuntamiento de Vallarta, es mera coincidencia).
Sin embargo, el Juez de Distrito en el amparo,
pidió informes a Ricardo Anguiano y al entonces Presidente Municipal, Juan
Sánchez Aldana, entre otros. Después, la Síndico siguiente, Elke Tepper
García, tomó como buena esa acta balín, por lo que también se le inició un
procedimiento penal en la PGR, delegación Jalisco.
POR MENTIROSO
Los delitos cometidos por Ricardo Anguiano son por
falsedad de declaración ante una autoridad judicial (Juez de Distrito),
por ello, la PGR inició una averiguación previa con número 6082/2010 de la
Agencia Dos.
Se sabe que Josué Ortega Gómez, el asistente
personal de Anguiano declaró en la PGR y después el Agente del Ministerio
Público de la Federación solicitó una orden de aprehensión en contra de
Josué Ortega Gómez. Empero, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal no
la concedió por cuestión de un tecnicismo legal, y a la fecha está
pendiente de que se vuelva a pedir la orden de captura, pero ya corregida
legalmente.
En este contexto, sabemos que el Agente
del Ministerio Público de la Federación anda buscando a Ricardo Anguiano para
que declare en la PGR por la falsedad de declaración que se investiga con
relación a esa acta falsa.
No lo han localizado en Zapopan (Ricardo Anguiano
es de México, D.F.), porque ya no reside en su antiguo domicilio, así que lo
van a buscar en Puerto Vallarta para localizarlo y que declare, lo que podría
suceder en cualquier momento. De hecho la notificación podría llegar a las
oficinas de la Presidencia Municipal en Libertad 123 del Centro de Puerto
Vallarta.
LA MAFIA
POLITICA
Antes comentamos que el equipo de El Mochilas
importado de Guadalajara y Zapopan está a punto de colapsarse, porque varios
miembros distinguidos del mismo forman parte de la mafia política ligada al ex
presidente estatal del PAN, Eduardo Rosales Castellanos; entre otros, el mismo
Antonio Pinto, Ricardo Anguiano, Diego Franco Jiménez, Juan Hernández, Eugenio
González Márquez, Roberto Rodríguez Preciado (a) Robertito y otros, todos con
nexos directos y de compromisos con el ex diputado Abraham González Uyeda,
dueño de la lechera Sello Rojo.
Y es que a Eduardo Rosales Castellanos –maestro
político de El Mochilas—lo están señalando como uno de los responsables de
meter y recomendar todo tipo de amigos, parientes, compadres y familiares al
Siapa de Guadalajara, donde se acaba de descubrir un peculado monumental (por
el cual está preso su ex director Rodolfo Ocampo) y donde también podrían estar
involucrados dos hermanos del ex gobernador Emilio González Márquez, Samuel y
Carmen González Márquez.
Samuel y Carmen González Márquez fueron
beneficiados con los cargos de gerente de Saneamiento del Agua y Cultura del
Agua respectivamente.
Una mujer muy cercana a ellos, porque fue la
tesorera de la campaña de Emilio González Márquez a la gubernatura, Diana
Julieta Rodríguez, es una de las prófugas de la justicia por el asunto del
peculado en el Siapa, donde se encargaba de la tesorería; mientras que otro
funcionario muy cercano a Eduardo Rosales, Mario Juárez, también está prófugo.
Él era el Director de Finanzas del organismo de agua potable.
Por si esto fuera poco, al secretario general
espurio de El Mochilas, Antonio Pinto, están a punto de darle palo con su
amparo que le ha permitido fungir como tal en el Ayuntamiento de Vallarta sin
reunir el requisito de ley para serlo, toda vez que no es abogado de profesión
y en cualquier momento tendrá que ser destituido.
Antonio Pinto fue regidor del Ayuntamiento de
Zapopan, presidía la Comisión de Justicia y nunca dijo nada por el desfalco a
las arcas públicas que habría cometido el alcalde Juan Sánchez Aldana; por el
contrario, al término de la administración, fue cobijado por El Mochilas, quien
le consiguió chamba en el Congreso del Estado como Coordinador del Órgano
Técnico de Turismo, pues Ramón Guerrero era el presidente de la Comisión de
Turismo.
En esa “aviaduría”, pues ser coordinador es igual a
ser aviador, Antonio Pinto ganaba 60 mil pesos mensuales sin hacer
prácticamente nada.
A este grupo hay que cuidarle muy bien las manos,
ya que en Zapopan hicieron equipo para ejecutar “órdenes de trabajo” (que no
contratos jurídicos) multimillonarias de obras públicas en las que se involucró
directamente el entonces síndico de la ex villa maicera, Ricardo Alberto
Anguiano Apodaca.
En otro espacio, le vamos a contar el modus
operandi de estos tipos para manejar el dinero ajeno y que sin duda, lo podrían
estar haciendo en Puerto Vallarta a través de la Dirección de Obras Públicas y
la tesorería municipal, con el aval o sin aval del síndico Roberto Ascencio
Castillo, pero con el visto bueno de El Mochilas.
INFORMACION
CLASIFICADA
OJO REGIDORES
DE OPOSICION Y NO ALINEADOS CON LAS TRANSAS DEL MOCHILAS… Corre el rumor de que el
presidente municipal ya está cabildeando un nuevo préstamo para comprometer las
finanzas públicas del Ayuntamiento.
HAY QUE
CERRARLE EL PASO AL NEGOCIO QUE TRAE ENTRE MANOS EL HERMANO DEL EX GOBERNADOR, Emilio González Márquez,
Eugenio González (asesor-aviador de El Mochilas), ya que es el principal
interesado en que se apruebe la construcción u operación de un museo en Puerto
Vallarta, sobre todo si se trata de pegarle a las escuelas viejas del primer
cuadro de la ciudad como la 20 de Noviembre o la Teresa Barba Palomera o la
Lázaro Cárdenas, donde pretenden instalar el mismo.
Como todavía no pueden echar a andar “La Pagadora”
para registrar sueldos y salarios mínimos y fregar a los trabajadores
municipales ante el IMSS, ya voltearon sus ojos hacía un nuevo negocio, el
museo.
EL QUE NO
TIENE DESPERDICIO ES EL REGIDOR OTONIEL BARRAGAN, a quien vimos el sábado
pasado en las fiestas de Las Juntas trepado en su caballo bailador poniendo el
mal ejemplo y violando el Bando de Policía y Buen Gobierno, ya que traía su
respectivo bote de modelo light en una mano, mientras con la otra jalaba de la
cuerda para hacer brincar al cuaco.
Si el regidor toma alcohol en la vía pública, por
qué el resto de los mortales no habría hacerlo… aquello se convirtió en una
mega cantina, y luego dicen que por qué hay tantas balaceras y levantones.
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