•COMANDO CRIMINAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS

Por Jorge Olmos Contreras

Luego de registrarse un presunto robo hormiga de varios bidones que contenían miles de litros de gasolina y que estaban resguardados por la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, se puso al descubierto que en ese municipio nayarita opera un comando criminal presuntamente al servicio del gobierno que encabeza Rafael Cervantes Padilla.

Resulta que el Ayuntamiento utilizó a un comando de hombres encapuchados –igualitos con los que opera la delincuencia organizada— para allanar el domicilio de varios elementos de Protección Civil que son “sospechosos” de haber robado 17 bidones de gasolina que se habían decomisado a la empresa Vallarta Adventur, cuyo dueño, Ricardo Farkas está acostumbrado a violar leyes y reglamentos municipales cada que se le pega la gana.

Y es que el pasado martes seis de marzo, un camión de Vallarta Adventur que es usado para los recorridos turísticos –que también viola la Norma Oficial Mexicana para el traslado de viajeros—fue sorprendido en una gasolinera de Bahía de Banderas cargando alrededor de tres mil litros de gasolina en 63 bulingas con capacidad de 60 litros cada una.

No es la primera vez que la operadora turística del señor Farkas incurre en este tipo de irregularidades violatorias de las Normas Oficiales para el transporte de combustible, por lo que en esta ocasión fue detenido el vehículo pesado y se decomisaron las 63 bulingas con los tres mil litros de gasolina, mientras que la despachadora del servicio fue apercibida.

EL ROBO

El combustible fue depositado para su resguardo en el área pública que Protección Civil tiene por la carretera federal, y como Vallarta Adventur no hizo el reclamo por las vías legales adecuadas y tampoco demostró que estaba cargando esa cantidad de gasolina con un permiso especial de Petróleos Mexicanos, el carburante sería utilizado para abastecer los vehículos destinados a las emergencias por parte de esa dependencia.

Sin embargo, al parecer varios empleados de Protección Civil estuvieron sustrayendo el combustible y se llevaron a sus casas o a otros lugares algunos bidones de gasolina, hasta contabilizar la falta de 17.

Llama la atención que el director de Protección Civil, Alfonso Ramírez Moreno curiosamente no se haya dado cuenta del supuesto robo hormiga que se estaba haciendo de ese combustible, ya que cualquiera podría darse cuenta que había faltantes, toda vez que los bidones están sobre el suelo, bien acomodados y sería notorio si alguien se los estaba robando o haciendo mal uso del carburante; además de que apenas supieron de esto el pasado lunes cuatro de junio, es decir tres meses después de haberlos decomisado.

Por ello, cuando se descubre el faltante y se filtra la información a los medios de comunicación, Alfonso Ramírez Moreno se apresuró a declarar que ya se había puesto del conocimiento de estos hechos a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento, y que la investigación se estaba centrando en cinco elementos del área “pre hospitalaria” como presuntos responsables de estos hechos.

SE LAVÓ LAS MANOS

Lejos de asumir su responsabilidad por estos hechos –pues Alfonso Ramírez es el director y por lo tanto él tenía bajo su resguardo esos bidones de gasolina—se lavó las manos y señaló con dedo flamígero a cinco de sus subordinados, a quienes los hostigaron, maltrataron y hasta amenazaron.

La cosa no paró ahí, ya que los cinco empleados de protección civil catalogados como “sospechosos” sufrieron en carne propia los embates de la injusticia del gobierno de Rafael Cervantes Padilla, pues sin ser citados por la Dirección de Asuntos Jurídicos ni por la Contraloría para levantar la correspondiente acta administrativa, les mandaron un comando de hombres armados y encapuchados para “reventarles” sus domicilios y atraparlos con la evidencia producto del robo.

Esto sucedió al menos con uno de los cinco “sospechosos”, a quien le allanaron su casa sin ninguna orden de cateo y a quien presuntamente le descubrieron varios bidones dentro de su domicilio.

Pero no se trató de la Policía Municipal que comanda el investigado Wistano Ríos, ni de la Policía Judicial del Estado, ni mucho menos de agentes de la PGR o la Policía Federal. No, se trató de una camioneta sin ningún logotipo o número oficial, donde se transportaban estos hombres armados y “encapuchados” que tenían órdenes de alguien para “reventar” el domicilio de uno de los “sospechosos”.

EL DEDO

Ahora se sabe que habría sido el mismo director de Protección Civil, Alfonso Ramírez Moreno, quien delató a sus empleados y quizá para cubrir su indolencia e incapacidad al no poder resguardar con éxito las 63 bulingas de gasolina, arremetió contra su propio personal y de inmediato señaló “sospechosos”.

Lo más grave de todo esto no es que se hayan sustraído miles de litros de gasolina, sino la presunción de que opera un comando criminal al servicio del Ayuntamiento de Bahía de Banderas y que es utilizado cada vez que el alcalde o el director de la policía municipal quiere solucionar un problema con la prontitud y agilidad con la que dependencias oficiales no pueden hacerlo.

El empleado al que le “reventaron” su domicilio está asustado y temeroso, no se decide aún si interpondrá una denuncia por estos hechos delictuosos cometidos en su contra o una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, ya que si el comando de sujetos encapuchados que entró a su casa no es de la policía municipal o de alguna dependencia oficial, teme que se trate de delincuentes organizados que tienen tomada la plaza de Bahía de Banderas y algo le pueda suceder.

Y es que al no guardarse las formas ni esperar a que las instancias legales hicieran su trabajo para pedir ante un juez el cateo de la casa de uno de los implicados, y por el contrario utilizar métodos poco ortodoxos que rayan en la ilegalidad, como mandar un comando armado no identificado a la casa del “sospechoso”, nadie puede afirmar o descartar que el combustible hallado en la finca del empleado de Protección Civil fue llevado por el mismo trabajador o alguien se lo “sembró”.

Ante esto, el presidente municipal, Rafael Cervantes Padilla tiene la obligación de dar la cara a los medios de comunicación para que explique cómo es que el Ayuntamiento utiliza un comando armado, como si se tratara de un grupo clandestino paramilitar o tal vez hasta de narcotraficantes, para solucionar un problema doméstico como el presunto robo de gasolina resguardada por la Dirección de Protección Civil.

Asimismo, tiene la obligación de tomar fuertes medidas, por duras que estas sean, para castigar a la dependencia y al director de la misma (que podría ser la Dirección de Seguridad Pública Municipal) que permitió el uso de este comando de encapuchados para “reventar” el domicilio del empleado de Protección Civil.

INFORMACION CLASIFICADA

POR CIERTO, BIEN VALDRIA LA PENA HACER UNA INVESTIGACION PERIODISTICA para saber a ciencia cierta si el dueño de Vallarta Adventur incurre en otras prácticas ilegales como la presunta compra clandestina de delfines ante la muerte constante de estos ejemplares en las instalaciones de esa empresa. Hay rumores de que incluso hay un cementerio de estos cetáceos en algún lugar de Bahía de Banderas.

EL CANDIDATO A GOBERNADOR POR EL MOVIMIENTO CIUDADANO, ENRIQUE ALFARO RAMIREZ se desmorona poco a poco a todos los días, pues su relación con inversiones de su hermano David en la compra de un hotel que perteneció al presunto pederasta Thomas White es un hecho que no puede ocultar por más que trate de vacunarse.

En los próximo días publicaremos toda una investigación sobre las conexiones de Alfaro con los gringos involucrados en casos de pederastia y cómo se hicieron del hotel que ahora se denomina Iguana Vallarta.

GRIS HASTA EL TUÉTANO, LA CAMPAÑA DE JUAN JOSE EL PERI CUEVAS, y a ese paso casi es seguro que Gustavo González Villaseñor le ponga una paliza el día de las elecciones para convertirse por segunda ocasión en diputado local.

EL VIACRUCIS DE LOS PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA no termina, hay casos verdaderamente indignantes como el del señor Rigoberto Cisneros Saldaña, representante legal de la empresa Proyectos Ambientales y Urbanos que hizo el estudio de impacto ambiental del puente vehicular ubicado entre el río Pitillal y Avenida Federación y por el que le deben 51 mil 750 pesos desde la administración de Javier Bravo Carbajal.

Ya les contaremos la historia.