viernes, 5 de abril de 2013

SANTIAGO CENTENO, ASESOR DEL ALCALDE DE PV, PROTEGE Y SOLAPA LA CORRUPCIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL



Por Jorge Olmos Contreras

La culpa no es del indio sino de quien lo hace compadre, dice un viejo adagio que para el tema que nos ocupa cabe a la perfección, debido a que el alcalde, Ramón Guerrero, está pagando caro el nombrar como sus asesores a personajes que ya demostraron ser auténticos vividores de la función pública en el pasado y que lo siguen siendo en el presente. Nos referimos a Santiago Centeno Ullín  y a Gerardo Agustín Ortiz, dos individuos que se sienten “presidentitos” y que le están acarreando más problemas de los que ya tiene al popular “Mochilas”.

Agustín Ortiz, como se escribió en este espacio en días pasados, protagonizó un acto de prepotencia al mentarle la madre a policías municipales y agentes viales, al grado de amenazar a los oficiales y acusarlos en forma temeraria de estar involucrados con grupos de la delincuencia organizada. Ha trascendido incluso que Agustín envió un mensaje a los supuestos “operadores” del narco en Vallarta con una advertencia: “Díganles a sus jefes que ya pronto se van a ir, que la plaza va a cambiar de dueños”.

Trepado en una Lincoln Navigator color negra, Agustín Ortiz abusó de su función como “asesor” del Mochilas y se sintió tan poderoso que no sólo les recordó el 10 de mayo a los policías, sino que también se atrevió a gritar amenazas y a enviar mensajes intimidatorios contra presuntos delincuentes, algo no muy común en un funcionario.

Sin embargo, de Agustín Ortiz se puede esperar eso y mucho más, pues la inteligencia nunca ha sido su fuerte.

OZ EL PODEROSO

Y si Agustín Ortiz se siente fuerte y poderoso, el otro asesor del Mochilas, Santiago Centeno Ullín –ex director de seguridad pública de Puerto Vallarta—se cree tener las facultades suficientes y el permiso de Ramón Guerrero para meter la mano en todos los asuntos que tengan que ver con el Ayuntamiento, así se trate de cobijar a servidores públicos corruptos o de medrar con la situación de los proveedores de la anterior administración municipal para pedirles una comisión a cambio de tramitarles su respectivo pago; o de proteger construcciones irregulares.

Ayer Santiago Centeno volvió a las andadas y para que vean que le importa un comino una resolución administrativa de la Contraloría Municipal –que apenas la semana pasada dio de baja a siete personas que trabajaban en Protección Civil, entre otros al ex jefe Alejandro Arias--, ordenó que regresaran a laborar dos de los cinco despedidos, sin importar los serios señalamientos que existen en su contra.

En efecto, el jueves los trabajadores de Protección Civil se enteraron que por órdenes de Santiago Centeno, se reintegraban a sus puestos los señores Gerardo Garcíabada y Héctor Verduzco, a quienes la Contraloría los investigó por robos internos en la corporación y por ordeñar combustible a las camionetas oficiales de la dependencia.

El diario Tribuna de la Bahía informó hace unos días que los cesados en Protección Civil eran José Alejandro Arias García, Giscar González Miranda, Héctor Verduzco, Fausto Gómez Robles, Julio César Hernández, Víctor Josué Flores Reynoso  y Gerardo Garcíabada.

A todos se les encontró responsables de abusar del cargo y de prácticas irregulares con intereses personales.

LOS INTERCAMBIOS

La nota, firmada por la reportera Noemí Zamora Reynoso dice:

El caso específico, del ex titular de Protección Civil en el trienio pasado, Alejandro Arias, se debe a la existencia de varias cartas de donación de aparatos electrónicos, como pago por sus vistos buenos para el funcionamiento de sus negocios. De acuerdo a los documentos, se trata de pantallas, aires acondicionados, computadoras y proyectores, que nunca fueron dados de alta en Patrimonio Municipal, pero tampoco se encuentran en la dependencia.  Ni quedaron registradas en el acta de entrega-recepción.

El caso más reciente fue detectado el pasado fin de semana, cuando en documentos de conocida tienda departamental, ubicada cerca de API y en el Pitillal, se encontró una carta de agradecimiento por una donación de una pantalla y un aire acondicionado”.

A los protegidos de Santiago Centeno los señalan como quienes robaban objetos personales de sus compañeros, mientras que otro se encargada de sustraer la gasolina de los vehículos desde la administración pasada, por eso se les levantó un acta y se les fincó un procedimiento administrativo.

Sin embargo, Santiago Centeno metió las manos por ellos y por sus pantalones los reintegró a la Unidad Municipal de Protección Civil, lo que causó un fuerte malestar entre el personal de esta dependencia y sobre todo en el Jefe, el comandante Sergio Ramírez López, quien apenas la semana pasada se dio vuelo con las declaraciones sobre la baja de los malos elementos, al sostener que no toleraría actos de corrupción.

UNA LIMPIA ENSUCIADA

El comandante, al parecer muy alegre por la determinación de la Contraloría Municipal, le dijo a la periodista Noemí Zamora que… “Esta limpia en la dependencia servirá para que los ciudadanos y empresarios también hagan consciencia en materia de protección civil y que no es con donativos como se cumple la ley, ya que la protección civil no es un gasto, sino una seguridad”.

El comandante ya había adelantado que se repondrían las siete plazas que quedaron vacías y que se propondría al alcalde que fuera con personal calificado y perfil académico alto, quien ocupe las plazas de bomberos o agente de protección civil.

No tomó en cuenta Sergio Ramírez que en el equipo de El Mochilas existen funcionarios que no solamente solapan la corrupción, sino que también la fomentan, como Santiago Centeno, quien en tres patadas le dio al traste a la investigación de la Contraloría Municipal y, por sus polainas, decidió que dos de los malos elementos de Protección Civil tendrían que regresar a trabajar, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, es decir, una limpia ensuciada.

Veremos si la regidora de la comisión de Protección Civil, Susana Carreño, toma cartas en el asunto para evitar que los “asesores” del alcalde sigan en su papel de presidentitos poniendo e imponiendo decisiones que hacen ver mal a todo el gobierno municipal.

INFORMACION CLASIFICADA

PARA QUE NO SE NOS OLVIDE… LA CAIDA DE ALEJANDRO ARIAS TUVO MUCHO QUE VER con sus negocios privados que manejaban los dos, él y su novia y actual pareja sentimental, Lizet Paz en la empresa Omega Seguridad, antes Fire Vallarta.

El comentario se publicó el año pasado y hoy cobra relevancia:

“En Protección Civil, todos saben que el negocio denominado “Fire Vallarta”, es de Alejandro Arias, aunque quien da la cara como representante de la empresa es Verónica Lizete Paz Araiza, una muchacha que está relacionada sentimentalmente con el funcionario público y a través de la cual se hacen todo tipo de trámites que tienen que ver con la protección civil.

De hecho, a raíz de que el periódico Tribuna de la Bahía manejó una información donde acusaba a Fire Vallarta de ser el negocio de Alejandro Arias –pues prácticamente se obliga a los empresarios, pequeños y medianos a contratar la consultora de Arias para que les entreguen los trámites de protección civil que, además son obligatorios para que el Ayuntamiento autorice la licencia municipal de cualquier establecimiento comercial—el funcionario cambió el nombre de la empresa que ahora se denomina Omega Seguridad.

La firma de consultoría propiedad de Alejandro Arias –desde luego con presta nombres-- sirve como pantalla de negocio supuestamente honesto para que ahí se hagan todo tipo de trámites que después son aprobados con el visto bueno del mismo jefe, es decir, del propio Arias”.

OTRO ESCANDALO DE ENORMES PROPORCIONES, POR SU ALTO GRADO DE CORRUPCION, ESTA por destaparse en la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, donde el segundo de Iris Ulloa Godínez, Luis Tello, trae una cola que llega hasta la casa de un canadiense allá por la carretera a Conchas Chinas y en cuyo escenario aparecen cuotas, protección a bares, drogas, adicciones y más.

Usted espere noticias.

martes, 2 de abril de 2013

LANZAN CONVOCATORIA AMAÑADA PARA CONCESIONAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA



Por Jorge Olmos Contreras

Casi, casi a escondidas, el pasado jueves 28 de marzo el gobierno de Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como El Mochilas, publicó la convocatoria de la licitación pública nacional identificada con el número LPN-001/2013 para concesionar el servicio de alumbrado público de Puerto Vallarta por 10 años a la empresa que resulte agraciada con el fallo respectivo.

La convocatoria fue publicada en el periódico El Informador de Guadalajara en su página 7-A de la sección Internacional ese jueves 28 de marzo (aunque trae fecha del 26), y se presume que otro anuncio fue publicado en el diario El Universal de la capital del país por ser de circulación nacional, mientras que en Puerto Vallarta no se dio a conocer en ningún medio de comunicación local.

Sin cumplir con la Ley de Obras Públicas ni respetar los días hábiles que debe cumplir toda convocatoria de una licitación de alcance nacional como la presente, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta por conducto de su presidente Ramón Guerrero y de su Secretario General, el maestro José Antonio Pinto Rodríguez, decidieron publicar la misma el 28 de marzo, dejando un pequeño margen de maniobra a los interesados en inscribirse y adquirir las bases, ya que el plazo vence mañana miércoles tres de abril.

Hay que recordar que el miércoles 27 de marzo fue día hábil, pero no así el jueves ni el viernes santo, ni mucho menos el sábado de gloria y el domingo de pascua.

De hecho, sólo les dejaron a los interesados en participar en el concurso de dicha concesión, tres días hábiles para que acudan a la tesorería municipal –cuyas oficinas se localizan en la Unidad Administrativa Municipal, en la calle Mezquital número 604 de la colonia Los Portales— para pedir las bases de la licitación, que según la publicación, se encuentran ahí para su consulta y entrega con horario de las 9:00 de la mañana a las 15:00 horas de la tarde. En pocas palabras, les dieron sólo 18 horas a las personas físicas y morales para que puedan obtener la información y poder competir en igualdad de circunstancias, ciertamente, un periodo de tiempo muy pequeño.

ASUNTO PLANCHADO

Es más que claro que Ramón Guerrero y Antonio Pinto decidieron lanzar la convocatoria y publicarla en la Semana Santa, en pleno periodo vacacional y en días de asueto, con el insano objetivo de reducir las posibilidades de participación de más empresas, porque seguramente ya tienen planchado el asunto para favorecer a la compañía que ellos decidan –en petit comité—y nos salgan con que fue la que presentó la mejor oferta financiera técnica y jurídica, aunque en el fondo las cosas no sean así.

La prisa del Mochilas y del usurpador de la Secretaría General, Antonio Pinto, (hay que recordar que no es abogado como lo exige el Reglamento Municipal) por sacar adelante la concesión para el suministro, instalación, reparación, sustitución, mantenimiento, operatividad, gestión y administración del sistema de alumbrado público y obras asociadas al mismo en el municipio, es mucha y lo evidenciaron con la apresurada publicación de la convocatoria.

Apenas cinco días antes, el 21 de marzo en sesión del pleno del Ayuntamiento, los regidores del Movimiento Ciudadano y todos los de la oposición –dos del PAN, dos del PRI, uno del PRD y otro del Partido Verde--, en una actitud agachona y cómplice, aprobaron la Iniciativa de Acuerdo Edilicio que presentó el alcalde para establecer una concesión hasta por 10 años del Servicio de Alumbrado Público, su modernización, operación, mantenimiento, conservación y ampliación de la red de alumbrado.

Llama la atención la actitud sumisa de los regidores de todas las fracciones para aprobar semejante iniciativa, a sabiendas de que se trata de un mega negocio que trae entre manos el presidente municipal y su camarilla que vino de Guadalajara, ya que se trata de una tajada de 600 millones de pesos, a razón de 50 millones de pesos anuales durante los próximos 10 años, los que se echarán a la bolsa los empresarios que ganen la licitación ya amañada.

EL FALLO

Y decimos amañada por la forma en que casi en lo oscurito y para que nadie se diera cuenta, fue publicada la convocatoria, con el presunto agravante de que la licitación LPN-001/2013 ni siquiera está en la página oficial de compras y concursos del gobierno federal, www.compranet.com como lo exige la ley en la materia.

No sólo eso, sino que ya tienen fechas para que la concesión se entregue a más tardar el 25 de abril de este 2013, ya que ese día se notificará el fallo y después se firmará el contrato respectivo. Antes, el 11 de abril será la junta de aclaraciones; el 18 de abril será la Recepción de Propuestas y Apertura Técnica; y ese mismo día 18, será la Apertura de la Oferta Económica.

Sin embargo, con una pírrica y ridícula exposición de motivos entregada por Ramón Guerrero a los ediles, estos votaron en mayoría calificada para que se diera luz verde a la Licitación Pública Nacional.

Alguien puede presumir o aplaudir la actitud de Humberto Muñoz Vargas, el regidor del PAN, pero no; su postura fue igual de agachona que la del resto de sus compañeros de Cabildo, toda vez que al momento de la votación simplemente se abstuvo, y abstenerse es lavarse la manos, pues su voto se suma a la mayoría y, por lo tanto, no se trata de un gesto tangible, preciso, claro ni duro en el que expresara su inconformidad por el negociazo que ya tiene casi en sus manos El Mochilas.

LA EXPOSICION DE MOTIVOS

Si usted estimado lector se pone a leer con cuidado el remedo de “exposición de motivos” que presentó Ramón Guerrero ante el pleno, se daría cuenta de que se trata de una lectura tramposa, liviana, simplista y sin fundamentos técnicos ni jurídicos que respalden el dicho del alcalde y su prisa por entregar en concesión este servicio.

Por ejemplo, dice Ramón Guerrero que si Vallarta tuviera un Sistema de Alumbrado Público funcional y en óptimas condiciones lumínicas habría mayor seguridad para los ciudadanos, y que “uno de los temas que más preocupa a la población es la poca o nula iluminación en la que se encuentran no sólo las principales avenidas de la ciudad, sino todas las calles y áreas públicas en las colonias de este destino”.

Primera gran mentira: Es falso que haya poca o nula iluminación en las principales avenida de la ciudad. Dos, la seguridad pública de una ciudad no depende en gran medida por su alumbrado público. Tres, nunca se consultó a la población si quería o no que se concesionara el alumbrado público.

Luego, indica que de las 18 mil 500 luminarias que existen en Vallarta sólo están funcionando alrededor de siete mil y que seis mil se encuentran descompuestas y que el principal problema para solucionar este es la falta de recursos económicos para trabajar.

SIN ARGUMENTOS

Desde luego, El Mochilas no entregó un estudio técnico profesional o un trabajo de campo donde demuestre que realmente hay ese número de luminarias inservibles, pues de hecho, ni siquiera tiene la seguridad que estén funcionando siete mil, pues utiliza la palabra “alrededor”.

También dice que existe robo de cableado eléctrico y que en la actualidad se pierden cerca de mil 500 metros de cable mensualmente “los cuales se traducen en la disminución o hasta pérdida momentánea o permanente del servicio de energía eléctrica”.

Eso lo dice El Mochilas, pero tampoco lo demuestra, ya que ni siquiera utiliza un ejemplo de que el robo del cableado sea una realidad y el por qué no informa sobre las denuncias penales correspondientes.

En el terreno financiero, El Mochilas sostiene en su “Exposición de Motivos” que históricamente la erogación total anual por concepto de alumbrado púbico es del orden de los 40 millones de pesos, de los cuales 8.4 millones de pesos se van en material como focos, reflectores, balastras, cables, bastidores, fotoceldas, pastillas y demás; mientras que en pagos relacionados con el encendido de la red de alumbrado público es de 31.9 millones de pesos anuales hasta la administración anterior y en al presente se tiene proyectado gastar 37.9 millones de pesos en este rubro.

En seguida, afirma que en suma, “es posible inferir que la previsión de los costos directos asociados a la operación del alumbrado público durante el año en curso podría proyectarse en 42.7 millones pesos; (ojo) sin incluir las reinversiones para la renovación del parque vehicular y los equipos que requiere este servicio, ni el mantenimiento de sus instalaciones, ni el pago de la nómina del personal directivo, administrativo ni operativo que labora en el departamento correspondiente”.

LAS MENTIRAS

Y a continuación, viene la mentira más grande, ya que el alcalde sostiene que “el objetivo del presente acuerdo es establecer un esquema que beneficie al municipio en los diversos aspectos citados en supralineas (sic) mejorando las condiciones de la prestación del servicio de cara a la atención ciudadana y la modernización y renovación  de las luminarias, garantizando con ello eficiencia en el servicio y la seguridad de su correcto desempeño en los próximos años, generando un ahorro energético y utilizando los recursos económicos que actualmente se emplean en alumbrado público, toda vez que la mayoría de las luminarias actuales se encuentran averiadas, utilizan tecnología obsoleta o incluso han alcanzado el tope máximo de su vida útil”.

Hasta ahí los argumentos del alcalde, argumentos que son fácilmente rebatibles porque el presidente municipal está mintiendo desde el momento en que no se está ajustando en la convocatoria a la Norma Led Mexicana –aprobada apenas en noviembre pasado por el senado de la República-- para la renovación de luminarias y porque nos está engañando con el cuento del ahorro energético, toda vez que si no se apega a los lineamientos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y a su Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, la CONUEE no podrá certificar al municipio de Vallarta para que disminuya (puede ser hasta en 70 por ciento o más) el pago que actualmente le hace a la CFE por este concepto.

Por hoy se nos terminó el espacio, pero en otro despacho le vamos a decir cómo el alcalde está haciendo las cosas al revés en este asunto para favorecer a una empresa en la que tiene interés para que se quede con la concesión y que en lo futuro le podría acarrear, a él y a los regidores, responsabilidades de tipo penal, políticas y administrativas.

Asimismo, le vamos a decir lo que actualmente existe en el mercado y por qué las empresas que participen en esta licitación se tienen que apegar a ciertas características técnicas, financieras y jurídicas para operar una concesión de alumbrado público.

De entrada, la tecnología led de la que habla El Mochilas, es tecnología china que ha causado enormes dolores de cabeza en aquellos municipios mexicanos donde se han instalado sus lámparas que, por baratas y compradas a sobreprecio, han sido todo un fiasco, un fraude y un robo a los ciudadanos por parte de funcionarios públicos.

INFORMACION CLASIFICADA

CUANDO RAMON GUERRERO HABLA DE LUMINARIAS OBSOLETAS, se le olvida que no hace mucho años, apenas cuatro, el ex alcalde Javier Bravo compró a sobre precio miles de luminarias a una empresa española cuyo representante decía que era lo más moderno en esta tecnología, que no se quebraban y que tenían más de 15 años de vida útil.

Como sabemos, fue otro robo descarado al pueblo (hoy más de la mitad ya no sirven) y lo que es peor, El Mochilas no ha interpuesto la denuncia penal correspondiente contra Javier Bravo y los regidores que le aprobaron semejante compra.

Hoy, Ramón Guerrero nos quiere endilgar otra empresa para cambiar las luminarias en los próximos 10 años.

Claro, con la complacencia de regidores agachones que ya comienzan a darle la espalda al pueblo de Vallarta.
 

 

lunes, 25 de marzo de 2013

UNA MOCHILA MUY VORAZ; EL ALCALDE DE PV CONDICIONA Y AMENAZA A CONTRATISTAS


 
Por Jorge Olmos Contreras
 
Ya no hay duda, el alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como El Mochilas, está empeñado en pasar a la historia de Puerto Vallarta como el presidente que más pleitos y encono ha sembrado entre los diferentes sectores de la ciudad, lo que se traduce en una administración caótica que refleja signos alarmantes de ingobernabilidad. El turno les tocó ahora a los contratistas que mantienen convenios de obras públicas, pues han sido amenazados y advertidos de que si no tienen dinero para financiar al municipio, tendrán que irse, renunciar a los trabajos y despedirse de cualquier trato con el gobierno local.

Citados vía correo electrónico a las 15:00 horas del pasado martes 19 de marzo en la sala de juntas que la Dirección de Obras Públicas tiene en la Unidad Administrativa Municipal (UMA) para sostener una junta importante con el alcalde Ramón Guerrero, los contratistas tuvieron que esperar media hora para ser atendidos no por el presidente municipal, sino por el titular de la dependencia, Oscar Delgado.

Ahí estaban más de 34 contratistas y representantes de empresas constructoras que no daban crédito a lo que escuchaban de voz del Director de Obras Públicas –uno de los importados de Guadalajara por el Mochilas--, ya que de entrada les dio la suave con una perorata de que no los dejaran solos (al Ayuntamiento); que Vallarta los necesita; que es muy importante su apoyo en estos momentos; que “es necesario que estén con nosotros” y etc. etc.

Del sentimentalismo barato, Oscar Delgado pasó al terreno tangible, al anunciarles que a partir de ese momento la relación del Ayuntamiento con los contratistas va a cambiar diametralmente, comenzando por modificar o anexar nuevas cláusulas a los contratos vigentes de todas las constructoras que actualmente estén realizando trabajos para el municipio, se trate de nuevas o anteriores adjudicaciones.

LAS CONDICIONES

Entre dichas modificaciones está el compromiso irrestricto que deben aceptar las empresas para contratar mano de obra que el Ayuntamiento les designe y que saldrá de un “pool” de trabajadores que sean exclusivamente de Puerto Vallarta y a quienes los contratistas deberán uniformar por su cuenta y costo.

Lo anterior, según justificó el funcionario Delgado, es porque se ha demostrado que las constructoras tienen trabajando a mucha gente de Chiapas y de Guerrero que desplazan a la mano de obra vallartense. Y lo de los uniformes, es porque los empleados que realizan trabajos en sitios de mucha afluencia turística, como la avenida Francisco Medina Ascencio o frente a Plaza Marina “dan mal aspecto”.

No sólo eso, sino que además de querer imponer trabajadores que supuestamente el Ayuntamiento ya tiene seleccionados dentro de ese “pool”, también pretenden obligar a las empresas a que den de alta ante el IMSS a estos empleados que pertenecen a un grupo identificado con el alcalde Ramón Guerrero y el Partido del Movimiento Ciudadano.

Por igual, ya no quieren que las firmas constructoras hagan sus propias estimaciones y corridas financieras, sino que pretenden obligarlas a que contraten estudiantes egresados del Centro Universitario de la Costa (CUC). Se trata de un club de amigos del regidor Luis Ernesto Munguía y del propio Mochilas.

CON LA CUCHARA GRANDE

Y por si esto fuera poco, también quieren que estas compañías constructoras contraten a un arquitecto del Ayuntamiento o recomendado por el Mochilas, para que hagan todo tipo de “avances financieros” de las obras, “pues no queremos que los contratistas se distraigan por estas cosas, sino que se concentren en terminar su trabajo lo más pronto posible”.

Ya con el pelo suelto, Oscar Delgado se dirigió a los asustados e indignados contratistas para rematar con otra nueva condicionante si no quieren que les rescindan el contrato o no les paguen: Que deberán mandar a hacer una lona o anuncio que tendrán que poner donde se esté ejecutando la obra con datos como el nombre de la empresa, el número de contrato, el nombre de la obra; el periodo de ejecución, el nombre del residente de la obra etc.,… con la salvedad de que tendrán que hacer dicha manta en el negocio o establecimiento que ellos (los del Ayuntamiento) les digan.

Las reacciones no se hicieron esperar, algunos de los presentes decían que cómo era posible que el gobierno de Ramón Guerrero les quiera condicionar la contratación de mano de obra cuando él trajo personal de Guadalajara, Ayutla y La Huerta para los principales direcciones del Ayuntamiento.

Otros señalaban que para contratar a nuevo personal tendrían que liquidar a los trabajadores que ya tienen laborando con algunas contratistas desde hace tres años. Se preguntan quién va a pagar la indemnización laboral… ¿acaso el Ayuntamiento?

En cuanto a los uniformes, muchos indicaron que sus empleados, además de trabajar en obras de carácter público, también lo hacen en empresas privadas y la pregunta que se hacen es qué va a pasar cuando empleados con uniformes del Ayuntamiento sean vistos laborando en obras de particulares.

LA REUNION DEL PREMIER

Para calmar los ánimos, Oscar Delgado les recordó que el alcalde estaba muy interesado en hablar con ellos, por lo que se les hacía otra invitación para que acudieran a un salón privado del hotel Premier Buenaventura para el jueves 21 de marzo, lo cual efectivamente ocurrió, pero de qué manera.

Resulta que El Mochilas citó a las 9:00 de la mañana y llegó a las 11:00, se disculpó diciendo que venía de Guadalajara y que el vuelo se había retrasado; de entrada utilizó el mismo chantaje –pero corregido y aumentado—con los ahí presentes. Les dijo que necesitaba su apoyo; que no lo dejaran solo; que si ellos deciden parar las obras (aunque no les paguen) sólo afectan a Puerto Vallarta y no a él, etc.

Ramón Guerrero pensó que agasajando a los contratistas con un buen desayuno –no fueron simples huevos revueltos, sino un platillo más sofisticado—se los echaría a la bolsa y aceptarían las condicionantes que dos días antes les anunció su Director de Obras Públicas; pero hubo inconformidad de más de uno y ante los cuestionamientos, El Mochilas de plano les advirtió que toda aquella empresa que no tenga solvencia económica para financiar las obras del municipio, no tendrá cabida en su gobierno, que se pueden ir despidiendo.

También les adelantó Ramón Guerrero que no va a pagar cuentas pendientes, es decir, que no va a soltar un solo cheque a aquellas compañías que vienen realizando obras desde la administración pasada y que les quedaron a deber cantidades que van de los seis a los siete millones de pesos, como Impala, Géminis, 5 Contemporánea etc.

LA AUDITORÍA QUE VIENE

Y es que en lo que va de la presente administración, sólo en una ocasión se han pagado cheques a proveedores diversos, entre los que se encuentran las empresas contratistas; de ahí en más, lo traen vuelta y vuelta y ahora El Mochilas, además de imponerles uniformes, lonas, trabajadores y corridas financieras, quiere que sean estas compañías las que financien la obra pública del municipio, así se trate de aquellas obras cuyos recursos provienen de programas federales y estatales como el de Hábitat o las del Fondo Metropolitano.

Se le olvida al alcalde que en diciembre pasado obligaron a las empresas constructoras a facturar estimaciones de pagos (pre estimar), que no es otra cosa que una simulación de pago inexistente, para enviar la información a la Auditoría Superior del Estado y supuestamente “comprobar” que ya se habían liquidado los trabajos de las obras del Fondo Metropolitano y el Programa Hábitat, con el fin de que no se perdieran los recursos estatales y federales presupuestados.

Sin embargo, se sabe que para el 15 de abril se tiene programada una auditoría al Ayuntamiento de Puerto Vallarta por parte de la Auditoría Superior, y lo más seguro es que se descubra que el Ayuntamiento mintió en dicha información; que no se han terminado las obras y esto podría dar origen a nuevas sanciones de carácter administrativo contra el gobierno de Ramón Guerrero Martínez.

Desesperado por hacer negocios para él y su gente más cercana, El Mochilas se enreda solo y mientras pide apoyo y condiciona a los contratistas, a la vez los amenaza con no pagarles. Es un círculo vicioso,  pues si no hay dinero, las constructoras no pueden avanzar con trabajos como el de la carretera a Ixtapa y otros.

El problema que se le viene encima al Mochilas no es cualquier cosa, ya que es casi seguro que los trabajos no estarán listos para antes del 15 de abril en que por primera vez el Ayuntamiento recibirá a personal de la Auditoría Superior del Estado que ya no controla su amigo, el ex gobernador panista Emilio González Márquez; ni su socio Eugenio González Márquez; ni su mecenas, Abraham González Uyeda; ni mucho menos su cada vez menos incondicional, Enrique Alfaro Ramírez.

Todo por tratar a la gente con la punta del pie y hacer negocio en todas las áreas de la administración del gobierno del llamado Movimiento Ciudadano.

INFORMACION CLASIFICADA

POR CIERTO, UN ARQUITECTO, REPRESENTANTE DE UNA CONSTRUCTORA FUE AMENAZADO por el Director de Obras Públicas, Oscar Delgado, porque se atrevió a cuestionar las condicionantes del presidente municipal. Por un tercero, le advirtieron que no se atreviera a ir a la UMA porque le iban a hacer pasar un mal rato, que si quería enemigos de verdad, los iba a tener; que se iba a arrepentir.

Antes, en la reunión del Premier Buenaventura, Tomás, un funcionario menor de Obras Públicas que controla el padrón de contratistas, también hostigó al arquitecto amenazado por Oscar Delgado con un: “aquí no es lugar para hacer ese tipo de comentarios”.

El arquitecto teme que El Mochilas tome represalias contra la empresa que representa y la bloquen de aquí en adelante por atreverse a cuestionar las propuestas del señor presidente municipal.

QUE MAL SE VEN, LOS REGIDORES JESICA YERENA, TITO YERENA Y J.JESUS ANAYA VIZCAINO al autorizar adjudicaciones de obras dentro de la Comisión de Adjudicación, Asignación y Contratación de Obra Pública, dizque por “el bien de Vallarta”.

En la próxima columna les contaremos cómo se han prestado a la corrupción del Mochilas.

UNA TAREA PARA LA CONTRALORIA Y LOS REGIDORES QUE SI HACEN SU TRABAJO COMO SUSANA CARREÑO Y ADRIÁN MENDEZ, es investigar a fondo la presunción de que empresas y maquinaria afines al Director de Obras Públicas, Oscar Delgado, están siendo beneficiadas con trabajos en todas las obras que se realizan en el municipio.

 

martes, 12 de marzo de 2013

DIEGO FRANCO-MOCHILAS Y LA EMPRESA LED LUMINA S.A DE C.V., TRAS EL NEGOCIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN PV


Por Jorge Olmos Contreras

El presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como “El Mochilas”, le miente una vez más al pueblo noble de Puerto Vallarta al negar que la concesión del alumbrado público sea un negocio personal o de grupo, ya que sabe perfectamente que sí lo es y que para aterrizar este negociazo puso como personero al actual Sub-Oficial Mayor Administrativo, Diego Franco, quien es el enlace entre el Ayuntamiento y la empresa Led Lumina S.A de C.V., a la que pretenden otorgarle el servicio concesionado por 15 años con pagos anuales por más de 42 millones de pesos.

Desde luego, el alcalde Mochilas se está escudando en que se va a lanzar una licitación nacional para adjudicar el contrato a la empresa que mejores propuestas técnicas y económicas presente al pleno del Ayuntamiento. Sin embargo, desde ahora ya se cabildeó entre los regidores del Movimiento Ciudadano (que son panistas de origen y no auténticos seguidores de Enrique Alfaro) para que le den el visto bueno a Led Lumina S.A de C.V. y prácticamente  ya está todo planchado para que el Comité de Adjudicación le entregue el servicio del alumbrado público a esta compañía.

Se trata de toda una operación de un grupo estrechamente relacionado con el ex gobernador Emilio González Márquez los que van por la concesión que, sin dudar, les va a poner en sus manos Ramón Guerrero, quien también debe llevar su tajada de los dividendos presentes y futuros de este negocio.

En la polla está como cabeza (in) visible Eugenio González Márquez, el hermano del ex gobernador y de quien se dice es dueño de la firma Led Lumina S.A de C.V.; el ex diputado, Abraham González Uyeda; el Director de Obras Públicas de Vallarta, Oscar Delgado, Diego Franco  y el mismísimo Mochilas.

DIEGO FRANCO, EL PERSONERO

Un dato nos muestra el grado de complicidad que hay para entregar el servicio de alumbrado público a la gente que El Mochilas trajo de Guadalajara: Diego Franco fue secretario particular de Abraham González Uyeda, y es quien desde la casa “Sello Rojo” –así le nombran a la residencia que los funcionarios importados de la perla tapatía rentan en el fraccionamiento Las Gaviotas—opera toda clase de negocios de gran envergadura para beneficio del grupo.

Diego Franco, quien conduce una Grand Cherokee color negro último modelo y a quien le gusta ponerse hasta las manitas en antros como “El Barra Bar”, es uno de los habitantes de esa casa de Gaviotas, donde se hacen negocios y en ocasiones fiestas hasta altas horas de la madrugada. En su Facebook, el señor Franco ha subido fotografías que cualquiera lo podría confundir con un moderno narcotraficante, pero no lo es, sino uno de los más importantes funcionarios de El Mochilas.

Diego Franco, es el mismo personaje que desde la Sub-Oficialía Mayor Administrativa del Ayuntamiento vallartense anunció entre sus allegados que la administración del Mochilas tenía todo listo para contratar a una empresa de sub-contratación laboral (una outsourcing) mejor conocida como “Pagadora” para deshacerse de cientos de empleados municipales. Sin que nada pueda hacer el Oficial Mayor, Ignacio Guzmán García.

La idea de Diego Franco es obligar a los trabajadores a firmar su renuncia para hacerles un nuevo contrato por tres meses y cada 90 días renovarlo; pero con el añadido de que sería una empresa externa la que les pagaría sus salarios y prestaciones laborales.

Los empleados burócratas, sobre todo los de confianza que tienen muchos años trabajando en el Ayuntamiento, mandaron por un tubo a Diego Franco y no quisieron firmarle ningún documento, por lo que el funcionario los amenazó con denunciarlos “por desacato”, una arbitrariedad que de entrada es claramente inconstitucional y por lo tanto ilegal.

VAN POR UN REGIDOR PALERO

Pues bien, como lo anunciamos en otro espacio, el negocio de “La Pagadora” es otro que trae entre manos Eugenio González Márquez con el apoyo de Abraham González Uyeda y la mano cómplice de Ramón Guerrero.

Y como ya se dieron cuenta de que pueden hacer lo que sea mientras al pueblo le den migajas con engaños y promesas en los llamados “viernes ciudadanos”, traen bien amarrado el negocio del alumbrado público y el plan B ya está en marcha.

El plan consiste en comprar a un regidor de la oposición y cuidar que no les brinque ninguno del Movimiento Ciudadano (es decir, los de mayoría) para que el pleno apruebe la concesión por 15 años y en seguida lanzar la convocatoria para el concurso nacional de licitación.

Los regidores deben estar muy atentos para evitar dañar las finanzas públicas por los próximos 15 años y tienen la obligación moral y política de votar en contra de la concesión del alumbrado público, sobre todo por los negros antecedentes que el mismo grupo de Mochilas, Abraham González Uyeda, Eugenio González Márquez y Diego Franco ya tienen en este tipo de concesiones, como lo hicieron en los municipios de Autlán y Chapala.

LA CONEXIÓN PACO MICHEL

En Autlán de Navarro, por ejemplo, el Ayuntamiento concesionó por 15 años a la empresa Led Lumina Leasing, SA de CV Sofom Enr, el servicio de alumbrado público, lo que levantó suspicacias por la premura y sigilo con el que se llevó a cabo, sobre todo porque se concretó en los últimos días de gestión de la administración que encabezó el panista Fernando Morán Guzmán, según una nota informativa del periódico El Occidental del 27 de septiembre del año pasado.

En este municipio, se sabe que el contacto, personero o cabildero fue un tal Paco Michel, otro personaje ligado a González Uyeda.

En el cuerpo de la información, el reportero José Mendoza Navarro indica que en el acta de sesión del 17 septiembre –publicada en de forma escueta en la página web del Ayuntamiento--  se establece que la concesión del alumbrado público conlleva el cambio de todas las luminarias del municipio, sustituyéndolas por lámparas Led, pero no se asienta en el documento que tendría un costo de 15 millones de pesos, deuda que se heredó a la siguiente administración.

“Tampoco se transparenta lo que el Ayuntamiento tendrá que pagar a Led Lumina Leasing durante los 15 años que se hará cargo del mantenimiento del alumbrado público y cuáles son los beneficios para la comuna y habitantes; pero sobre todo, no se sabe cómo se garantiza que la empresa, a la que se le cede este importante servicio público, cumpla cabalmente y no se vaya a convertir en un problema para posteriores ayuntamientos, como ha sucedido en municipios de otras entidades, sobre todo en el norte del país”.

 TAMBIÉN EN CHAPALA

Y si eso fue en Autlán, en Chapala otro alcalde panista, J. Jesús Cabrera Jiménez concesionó por 20 años a la misma empresa Led Lumina Leasing, SA de CV Sofom Enr, el servicio de alumbrado público.

“Si en la edición del 27 de septiembre del 2012 El Occidental dio cuenta que en un hecho sin precedente en Jalisco, el Ayuntamiento de Autlán de Navarro había concesionado a esta empresa el mismo servicio, en este caso por un plazo de 15 años… Ya había un precedente muy oculto: Chapala, menciona el mismo reportero Mendoza Navarro.

En Chapala se endeudó a sucesivas administraciones con más de 20 millones de pesos, al ceder a una persona moral este servicio que constitucionalmente debe brindar la autoridad municipal”.

En este contexto, agrega: “Cada vez es más fuerte el rumor de que atrás de estas concesiones y venta de lámparas Leds a estos municipios y muchos otros de la entidad, está un hermano del gobernador Emilio González Márquez. Así lo dijeron en Autlán funcionarios de la pasada administración y un ex Legislador del PAN.

“En el caso de Chapala, un medio local da cuenta del hermano de González Márquez (sin dar nombre) y asegura que la deuda no sería por los 20 millones de pesos que se consigna en el Acta del ex Ayuntamiento chapalense, sino que el débito ascendería a más de 135 millones de pesos, dicho por quien fuera regidor, que por cierto votó en contra de la concesión: Carlos Rosales Pérez.

NEGOCIO MILLONARIO

“En ambos casos, se presupone que Led Lumina Leasing, SA de CV Sofom Enr se encargará de sustituir las luminarias existentes por lámparas Leds. En Autlán la totalidad de focos existentes y en el caso de Chapala se le puso número: dos mil 972.

Durante la duración de los contratos la empresa cobrará a los ayuntamientos lo que actualmente pagan a la Comisión Federal de Electricidad por el consumo de energía, y sería la encargada de liquidarle a la paraestatal. En el caso de Chapala se establece un incremento de 6% anual.

Al hacer la sustitución de luminarias, Led Lumina se queda con las lámparas existentes en los municipios que en su mayoría son de vapor de sodio. Cabe señalar que en Chapala ya se habían instalado 400 luminarias Leds que en 2011 había recibido el Ayuntamiento del Gobierno del estado en comodato.

Versiones de entrevistados en Autlán y Chapala apuntan a que el negocio de las lámparas Leds es millonario, ya que el actual Gobierno de la entidad ha propiciado su introducción en buen número de municipios que estaban gobernados por administraciones panistas, como Tonaya y Cocula, por ejemplo; y se dice que en Tecalitlán también se habría concesionado del servicio de alumbrado público.

Esto a reserva de los casos que surjan en cuanto los gobiernos que iniciaron el 1 de octubre del año en curso, empiecen a recibir los cobros correspondientes. También introdujo este tipo de lámparas en parte del periférico de la zona metropolitana, pero fueron criticadas y cuestionado su funcionamiento por expertos del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Jalisco.

Hasta ahí los apuntes de El Occidental.

Pues bien, ahora el mismo grupo viene por el negocio del alumbrado público de Puerto Vallarta, con la diferencia de que aquí van por más de 42 millones de pesos anuales durante 15 años, es decir 630 millones de pesos, más el porcentaje de aumento que se estipule en el contrato cada año y las contraprestaciones contraídas, como podrían ser comprometer las participaciones federales y pagar intereses moratorios desorbitantes en caso de que el Ayuntamiento no pague las cuotas mensuales.

EL ESPEJO DE ENSENADA

El caso más reciente se acaba de dar la semana el viernes primero de marzo en el municipio de Ensenada, Baja California Norte, donde el Ayuntamiento aprobó con 13 votos a favor y 2 en contra, el dictamen que establece la concesión por un periodo de 15 años a la empresa LED Lumina, S.A. de C.V., (con dirección oficial en Avenida Real Acueducto No. 360, piso 7-3, Puerta del Hierro en Zapopan, Jalisco) firma que de acuerdo con el dictamen, “cumple con los requisitos y características de la convocatoria”, que resultó “solvente desde el punto de vista técnico y económico”.

El contrato, que debe ser firmado entre el 11 y el 18 de marzo del 2013, ha sido duramente criticado por empresarios y los regidores que votaron en contra, ya que caso de darse contraprestaciones contraídas, el municipio tendrá que desviar participaciones federales y pagar intereses al 1.5% mensual en caso de que no se cumpliera con el pago correspondiente. Así como que de no hacerse el pago por parte del municipio, la concesionaria podría dar por terminado el contrato y retirar la totalidad de las luminarias.

El documento estipula además que no se puede rescindir el contrato en los primeros tres años de vigencia.

En el contrato, no se obliga a Led Lumina S.A de C.V. a cumplir con reglamentos como el de la Prevención de la Contaminación Lumínica; ni se evita la instalación de postes a cargo del Ayuntamiento o la obligación del mismo gobierno de realizar reparaciones por desperfectos.

El mismo contrato establece que el Gobierno Municipal pagará mensualmente a Led Lumina S.A. de C.V. la cantidad de 198 pesos por luminaria, más IVA, por lo que considerando que existen 21 mil 785 lámparas instaladas en la localidad, el monto total mensual sería de 4 millones 313 mil 430 pesos, por concepto de contraprestación por el servicio de alumbrado público.

Algo muy similar a Puerto Vallarta, pues aquí se pagan poco más de cuatro millones de pesos al mes a la CFE por este servicio.

CONCESIONES AL VAPOR

Por otra parte, el jueves 21 de febrero en el periódico “El Mexicano” se publicaron negros antecedentes de la presunta empresa de Eugenio González Márquez, ya que se asegura que “Led Lumina Leasing, S.A. de C.V. Sofom Enr y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A. de C.V. son empresas dedicadas a los luminarios de led, que en la realidad tienen los mismos dueños, esto es, son la misma gata, nomás que revolcada, en el que un hermano del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez es realmente uno de los dueños junto con otros políticos panistas, pero usando testaferros para no aparecer ellos directamente”.

Que “el exgobernador Emilio González Márquez favoreció a Led Lumina y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A. de C.V. mediante el tráfico de influencias y las favoreció ilegalmente comprándoles por adjudicación directa más de 54 millones de pesos en supuestos estudios de iluminación o en compra de luminarios de led a sobreprecio, los cuales fueron dados en comodato a varios municipios”.

Que “Led Lúmina y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A. de C.V. han obtenido concesiones de alumbrado en Jalisco, utilizando tráfico de influencia y en algunos casos el soborno a servidores públicos”, se puede leer en la nota de “El Mexicano”.

Asimismo, que “Led Lumina y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A. de C.V. ganan licitaciones siempre hechas al vapor y súper rápidas (casos de Chapala, Autlán, Pihuamo, Ensenada), en donde compiten con alguna empresa que no se dedica al giro del alumbrado, y que sólo sirven como paleros o pantalla para dar apariencia de legalidad a la licitación en turno”.

Que “Los luminarios de Led Lumina y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A. de C.V. son de mala calidad, dañinas para las personas por su luz fría y radiación ultravioleta y actualmente los luminarios de estas empresas tienen oscurecido el Periférico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, aparte que dichos luminarios fueron vendidos a sobreprecio y utilizando intermediarios. El Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Jalisco (CIMEJ) dictaminó oficialmente en contra del uso de luminarios de LED LUMINA en el Periférico, según notas periodística de Milenio http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/ec8ad0740ac6034d5ab306fa9ffb4b0e y de El Informador http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/144959/6/advierten-que-las-lamparas-led-pueden-provocar-accidentes.htm

También, que “los luminarios de led de LED LUMINA, en la realidad son lámparas fluorescentes de estado sólido, por contener capa de fósforo en su encapsulado óptico, y este tipo de lámparas fluorescente está prohibido su uso en el alumbrado público, atendiendo lo dispuesto en el artículo 930-4 Alumbrado Público, de la NOM-001-SEDE-1999, que dice:"...no se permite el uso de lámparas incandescentes, fluorescentes, tungsteno-halógeno, vapor de mercurio y luz mixta para el alumbrado público".

Por ello, critican que el contrato que el Municipio de Ensenada va a suscribir con LED LUMINA LEASING, “carece totalmente de estipulaciones de cumplimiento por parte de la concesionaria respecto de las Normas Oficiales Mexicanas y de Normas Mexicanas de Alumbrado Público, así que LED LUMINA se irá por la libre, para instalar en el alumbrado de Ensenada iluminación no regulada por la normatividad vigente y de acuerdo a sus intereses para bajar la potencia de sus luminarios de Led y con ello obtener más ganancia, en perjuicio de la seguridad de los habitantes de Ensenada, por el mayor oscurecimiento de sus vialidades”, subrayan.

 


miércoles, 6 de marzo de 2013

JEFE DE ESCOLTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENFRENTA CUATRO PROCESOS JUDICIALES Y UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN FEDERAL; SE TRATA DE JORGE EFRÉN AGUILERA GARCÍA


Por Jorge Olmos Contreras

Jorge Efrén Aguilera García, jefe de escoltas del Director de Seguridad Pública Municipal podría ser dado de bajas en las próximas horas si su jefe, el coronel Silvestre Chávez García, es congruente con lo que pregona de respetar las leyes y mandatos judiciales, toda vez que su funcionario policiaco enfrenta cuatro procesos judiciales, ocho amparos y una presunta orden de reaprehensión federal.

Con graves antecedentes de malos tratos, prepotencia y abusos en su paso como guardaespaldas del secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal en Nayarit en el año 2008, donde agredió a agentes de tránsito, los quiso golpear y les gritaba que eran unos gatos.

El comportamiento de Jorge Aguilera no ha cambiado, ya que lo mismo hace en Puerto Vallarta, donde humilla, ofende y hostiga a los agentes de la policía municipal, gracias al respaldo que hasta ahora le ha dado el coronel Silvestre Chávez.

Sin embargo, el Director de Seguridad Pública se verá obligado a pedirle su renuncia una vez que salgan a relucir más detalles de los cuatro procesos judiciales que enfrenta y, sobre todo, por el riesgo latente de que pueda ser detenido en cualquier momento por agentes federales.

En cuatro meses, Jorge Aguilera se ha ganado fama de prepotente y corrupto al interior de la corporación policiaca, al grado de que ha trascendido que cobra cinco mil pesos mensuales a todas las empresas que ofrecen servicios de grúas y arrastre, como condición para que puedan ser contempladas por la sub-dirección de tránsito en la contratación o asignación del traslado de vehículos al corralón municipal.

Lo más grave, es que entre policías municipales ha trascendido que Jorge Aguilera es muy boca suelta y que presuntamente ha hecho comentarios que ubican al coronel Silvestre Chávez en negociaciones oscuras con grupos no identificados.

Que las apuraciones del coronel, producto de dichas negociaciones, lo ha llevado incluso a solicitar un préstamo al Banco del Ejército para reponerse de ciertas perdidas.

Pero si Jorge Aguilera ya prendió los focos rojos en la Dirección de Seguridad Pública, hay otro funcionario que pronto le va a dar problemas al coronel. Se trata del subdirector operativo, Encarnación Ernesto Ojinaga Ruiz, contra quien pesan señalamientos en su contra, pues se le menciona en un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) como una persona que fue detenida en el año 2007 en Reynosa, Tamaulipas –sede del Cártel del Golfo y Los Zetas—en posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El comunicado de la PGR es el DPE/4851/07, y fue mencionado en una nota publicada el 11 de noviembre del 2009 por la reportera Alejandra Molina Serna en el periódico El Occidental de Guadalajara.

 

PERDONAN ACTOS DE CORRUPCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL DIF PV, MAGALY FREGOSO Y DEL SECRETARIO PARTICULAR, OSCAR PÉREZ; HABRÍAN PEDIDO DINERO A EMPRESARIOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS Y MALVERSADO LOS FONDOS


Por Jorge Olmos Contreras

La queja llegó directamente al presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez de boca de por lo menos dos regidores del Movimiento Ciudadano. Le señalaron que la presidenta del DIF, Magaly Fregoso y su secretario particular, Oscar Pérez, habían pedido fuertes cantidades de dinero a varios empresarios de Puerto Vallarta para canalizar los recursos al Banco de Alimentos y en la compra de cientos de despensas, pero los fondos habrían sido malversados por los funcionarios municipales.

El alcalde recibió la noticia con desgano, no le dio la importancia debida y pidió a los ediles que exhortaran a los supuestos empresarios a denunciar los hechos, con lo que les extendía un perdón de facto a sus funcionarios consentidos, uno de ellos la propia Magaly Fregoso, de quien se dice, sostiene una presunta relación sentimental.

El otro perdonado es Oscar Pérez, aquél muchacho que se accidentó cuando revisaba las instalaciones del edificio de la Unidad Administrativa Municipal (UMA) en los primeros días de gobierno de El Mochilas.

El caso es un escándalo al interior del Ayuntamiento, pero sobre todo entre los regidores que recogieron de viva voz la queja de los empresarios que fueron sorprendidos por Magaly Fregoso y Oscar Pérez con las aportaciones al Banco de Alimentos.

El presidente municipal no quiso investigar el asunto y mucho menos le pidió a la Contraloría Municipal que lo hiciera. Todo quedó en una solicitud para que los empresarios afectados por las prácticas de Magaly Fregoso y Oscar Pérez pusieran su denuncia correspondiente y sólo así hacer una indagatoria.

Hasta ahora, ningún empresario a quienes les pidieron sumas que pasan los 20, 30 y 40 mil pesos, han querido denunciar, ni pública, ni penal ni administrativamente a Magaly Fregoso y Oscar Pérez, por lo que no se duda que este caso quede como uno más de la corrupción que ya permea al Ayuntamiento de El Mochilas y que daña a los ciudadanos de Puerto Vallarta.

Los involucrados no han hecho alguna declaración pública ni tampoco han aclarado el punto con los regidores del Movimiento Ciudadano, quienes están muy molestos y asombrados de cómo una mujer como Magaly Fregoso se atreve a pedir dinero que después no reporta para los programas de ayuda como es el mismo Banco de Alimentos.

Por lo pronto, El Mochilas los perdonó y no quiso investigar nada.