Pese a que existen múltiples vicios
en los contratos que el gobierno municipal de Bahía de Banderas asignó sin
previa licitación a dos empresas distintas en 2016 –para la construcción de la
nueva presidencia municipal--, y a que no se ha cumplido con lo estipulado en
los mismos, como la construcción de un centro comercial aledaño y un
estacionamiento, el X Ayuntamiento va a someter al pleno del Cabildo un punto
de acuerdo para gestionar ante el Congreso del Estado la contratación de deuda
a largo plazo a fin de cumplir con una sentencia de amparo, la 119/2017, que obliga
a la comuna a pagar una cantidad superior a los 139 millones de pesos a una firma
privada.
Lo anterior será durante una sesión extraordinaria de Cabildo
que originalmente estaba programada para celebrarse ayer miércoles y que fue
reagendada para mañana viernes a las 18:00 horas, lo que ha despertado una
serie de suspicacias por el ambiente que se generó ante la posibilidad de que
el presidente municipal, Jaime Cuevas, regidores y funcionarios como el
secretario y el tesorero sean separados de sus cargos por desacato a la orden
de un juzgado de distrito.
Ayer por la tarde, el alcalde Jaime Cuevas –en un boletín-- fue
enfático al afirmar que defendería a los ciudadanos, “de quienes, desde la
corrupción, desde la indolencia y la irresponsabilidad, pretenden despojarlos
de sus obras públicas, seguridad, salud y bienestar social”.
Respecto a este tema, también remarcó: “defenderé a nuestro pueblo,
tope en lo que tope”.
LOS RESPONSABLES
Luego, por la noche, la Dirección de Comunicación Social
emitió un segundo boletín donde se especifican algunas de las irregularidades
que se cometieron desde la administración de Rafael Cervantes Padilla en la asignación
de un contrato de prestación de servicios para la construcción y administración
de la presidencia municipal.
También se señala la irresponsabilidad de otro ex alcalde,
José Gómez Pérez, quien deliberadamente dejó pasar meses sin pagar rentas al Grupo
Minero Imex ni entregar físicamente las instalaciones a este contratista, lo
cual generó una bola de nieve que ahora le explota al gobierno de Jaime Cuevas.
Posteriormente, se supo que la sesión de cabildo se recorrería
para el viernes 13 de septiembre, con el único objetivo de someter a votación
el único punto de acuerdo, que es para contratar deuda y poder pagar a Grupo
Imex.
LAS DUDAS
Y es en este punto donde surgen dudas sobre la actuación de
las autoridades de Bahía de Banderas con respecto al tema de la presidencia de
cartón, ya que si el X Ayuntamiento hizo una denuncia penal (como afirma se
hizo a través de la Dirección Jurídica) contra quienes resulten responsables de
estas acciones lesivas contra el patrimonio municipal por los múltiples vicios
en los contratos; y además inició un procedimiento de nulidad de juicio
(admitido en mayo de este año 2019), precisamente contra el juicio instaurado
por Luis Cohen Fis -- un
empresario ligado al Grupo Minero Imex y que arrastra demandas muy fuertes de
carácter mercantil por otras personas, como el que interpuso el señor Roberto
Goldberg Grossman, expediente 1084/2015-- en contra del municipio por incumplimiento
de pago, no vemos el por qué se tenga que endeudar al municipio para pagar
contratos leoninos y cuyos contratistas violaron una y otra vez al realizar una
obra de mala calidad y no construir el centro comercial estipulado en este.
La sesión extraordinaria de Cabildo debería suspenderse para
esperar a que el poder judicial reconsidere y eventualmente declare la nulidad
de los actos reclamados, pues como dice el mismo Ayuntamiento en su comunicado
oficial… “se advierte que el poder judicial, en la esfera de sus competencias
no ha analizado la complejidad jurídica del caso”.
El gobierno de Jaime Cuevas externa en dicho boletín que “estamos
en una etapa diferente en el estado y en el país. Bahía de banderas desde el
inicio de la presente administración, se ha esforzado por combatir la opacidad
y la corrupción; invitamos al poder judicial a que no deje ni una sola duda de
su compromiso con la misma causa”.
CONTRATAR DEUDA NO ES EL CAMINO
Pero bueno, como ya se citó oficialmente a los regidores a sesión
extraordinaria de Cabildo, vamos a ver de qué están hechos los ediles del X
Ayuntamiento, toda vez que aprobar la contratación de deuda a largo plazo
significaría endeudar a muchas generaciones de ciudadanos de Bahía de Banderas
para pagar más de 139 millones de pesos a un grupo que como Imex –filial de
Grupo México de Germán Larrea—no ha explicado cómo es que obtuvo el contrato
que originalmente se asignó a la firma “Administración de Recursos
Empresariales SC”, cuyo socio principal era el constructor José Antonio Ugalde,
un antiguo amigo del ex alcalde José Gómez, que se vio involucrado en la escena
de un homicidio ocurrido en la Ciudad de México en el año 2008, el asesinato
del conocido abogado vallartense Moisés Andrade, crimen por cierto aún no
esclarecido.
Lo más lamentable de todo esto es que, pese a que hay
evidencias de corrupción a gran escala con el tema de la presidencia de cartón,
no hay un solo detenido ni procesado por delito alguno.
EL EX TESORERO SÁNCHEZ… ¿SERÁ EL PRIMER PROCESADO?
El primer objetivo podría Oscar Sánchez Martínez –quien fungió
como tesorero durante la administración del finado Rafael Cervantes Padilla--,
ya que fue este personaje el que de manera unilateral rescindió el contrato con
la empresa “Administración de Recursos Empresariales SC” para entregárselo a
otra firma, es decir al “Grupo Minero Imex SAPI de CV”.
En el contrato final, el Ayuntamiento de BB se obligaba a
pagar una renta mensual por un periodo de 25 años por un millón 385 mil 500 pesos,
además de 85 mil pesos mensuales por concepto de “mantenimiento del inmueble”;
y que al término de este tiempo el gobierno municipal se convertiría en dueño
absoluto del inmueble.
El contrato se celebró el 30 de abril del 2014, por lo que el
Grupo Minero Imex SAPI de CV”, comenzó a construir la nueva Presidencia
Municipal, pero después surgieron una serie de irregularidades, sobre todo en
la calidad de los materiales empleados, al grado de que la misma Secretaría de
Energía tuvo que intervenir por lo mal hecho del tendido eléctrico.
El contrato también contemplaba que Imex construiría un
mega-centro comercial y un estacionamiento público, pero no lo hizo.
PAGARON EL PRIMER MES… CON CHEQUE Y SIN FACTURA
Aun así, el 14 de julio del 2014, el Ayuntamiento pagó el
primer mes de renta a “Grupo Minero Imex SAPI de CV”, por la cantidad
estipulada en el contrato, es decir un millón 385 mil 500 pesos, por lo que
esta firma hizo entrega al municipio de la Unidad Administrativa, todo bajo
notario público y acta levantada con escritura pública.
Sin embargo, después se supo que el pago se hizo mediante un
cheque y no con transferencia bancaria, lo cual constituyó una irregularidad
más. Incluso no existe la factura física de esta erogación por el Ayuntamiento,
no al menos en los archivos del municipio.
Pero para empeorar las cosas, llegó a la presidencia
municipal José Gómez Pérez, y de inmediato puso trabas para no pagar las rentas
mensuales del contrato a Imex, ya que él quería que se respetara el primer
contrato, el de la firma “Administración de Recursos Empresariales SC”, donde,
como ya vimos, estaba su amigo, socio y casi compadre, Antonio Ugalde.
JOSÉ GÓMEZ PEDÍA 50 MILLONES
En este contexto, en este blog escribimos la versión de uno
de los representantes de Imex, Alejandro Orozco Hermosillo, quien había deslizado
que José Gómez quería comprar el edificio siendo presidente municipal; que les
ofrecía 50 millones de pesos, y que, si no aceptaban, les iba a rescindir el
contrato.
Y como los de Imex no aceptaron la indecorosa propuesta de
José Gómez, éste último se hizo concha y ya nunca más pagó las rentas estipuladas
en el ventajoso contrato, por lo que el Ayuntamiento fue demandado en el Juzgado
Tercero de lo Civil en Puerto Vallarta, donde salió una resolución que ordenaba
al municipio a pagar, en ese entonces, rentas vencidas por 13 millones de
pesos.
Así las cosas, la justicia no ha alcanzado a sujetos como el
ex tesorero Oscar Sánchez Martínez, ni al ex alcalde José Gómez, ni a la bola
de abogados que traía y que fueron indolentes e incapaces para pelear
jurídicamente bien este asunto y no dejarlo crecer a las dimensiones que ha
crecido; pues cualquier negociación de pago, cualquier arreglo que se haga
(abierto o en lo oscurito) o si los regidores deciden votar a favor de
contratar deuda de largo plazo, será en perjuicio del pueblo de Bahía de
Banderas.
GRUPO MEXICO Y SU MALA IMAGEN
Por lo demás, tan solo hay que recordar quien es Germán
Larrea Mota y su Grupo México, pues esa mala imagen que tiene y que fue
señalada por el alcalde Jaime Cuevas, es precisamente por varios acontecimientos
de muerte y contaminación en diferentes partes del país.
Como olvidar que a Grupo México se le ha responsabilizado de
algunos de los desastres industriales más grandes de México, como el colapso de
una mina en Pasta de Conchos en 2006, que cobró la vida de 65 mineros; del
desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014, así como del derrame
de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en este año 2019.
Estos son los que quieren saquear las arcas de Bahía de
Banderas, ni más, ni menos.
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