Por Jorge Olmos Contreras
Por fin, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta llegó a un
acuerdo para retirar la concesión privada del servicio de recolección de basura
que, en el año 2010 el entonces alcalde, Salvador González Reséndiz, mejor
conocido como Chavita, otorgó a una compañía –formada por dos sociedades
anónimas, Servicios de Tecnología Ambiental, S.A. de C.V. y Proactiva Medio
Ambiente MMA, S.A. de C.V.—por un periodo de 20 años, contando para ello con la
complicidad de políticos que en ese entonces fungían como regidores, como
Carlos Efraín Yerena, Juan Pablo García Castillón, Fernando Flores Sosa, Aleyda
Bravo Carbajal (hermana del actual presidente del CDM del PRI, Iván Bravo),
Esther Blanco, Gloria Palacios, Ana Karina Cibrian, Ignacio Guzmán, entre
otros, como el síndico en ese tiempo, Fernando Castro Rubio.
A todos ellos, les debemos que una empresa que se hizo al
vapor, es decir, de la noche a la mañana –nos referimos a Proactiva--, se
asociara con una de las tres que pujaron por la concesión, en este caso, con Servicios
de Tecnología Ambiental, y se hiciera cargo del servicio de recolección y
traslado de residuos urbanos, según el acuerdo 0310/2010 emitido en sesión
ordinaria de Cabildo el primero de diciembre de ese 2010.
Desde luego, todos ellos fueron responsables –al votar a favor—de
que una empresa como Proactiva hiciera mal las cosas, prestara un servicio
pésimo y le cobrara al Ayuntamiento cientos de millones de pesos, pese a que la
basura se acumulaba por las calles, como todavía sucede en algunas colonias, y
que nos endilgaran un pesaje de los residuos que no correspondía a la realidad,
pero que lo cobraban como si fuera cierto.
Qué bueno que la administración de Arturo Dávalos esté
tomando el toro por los cuernos –como lo prometió en su discurso de toma de
protesta—en casos como el que nos ocupa, donde una empresa estaba sangrando las
finanzas del Ayuntamiento, y prestando un servicio de la peor manera, violando
el mismo contrato y con todas las aristas para que le retiraran la concesión.
MILLONARIA
INDEMNIZACIÓN
Sin embargo, se debe revisar con lupa el acuerdo al que se
llegó con Proactiva, luego de varios meses de negociaciones, para la
terminación anticipada del Contrato Concesión para la prestación del servicio
público de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos en el municipio,
toda vez que se le va a pagar una “indemnización” de 123 millones de pesos, que
se van a liquidar durante la presente administración a razón de 15 millones de
pesos en este mes de diciembre; 35 millones de pesos en enero próximo, y el
resto, es decir, 73 millones de pesos, en un periodo de 20 meses, según se
anexa en la orden del día de la sesión del pleno, a llevarse a cabo mañana
jueves.
Es importante hacer notar –para que no haya malos entendidos—que
el Ayuntamiento, al decidir retirar esta lesiva concesión que otorgó Chavita y
sus ediles lacayos, tendría que apegarse, obligadamente, a una de las cláusulas
del contrato original, la Trigésima Tercera, que establece con claridad, que “el
Ayuntamiento podrá realizar el rescate de la Concesión por causa de utilidad
pública o interés público, mediante pago de la indemnización respectiva”.
En este contexto, hay que detenernos otra vez, para recordar
que fueron estos malos servidores públicos –Chavita y sus secuaces—los que
consintieron que se firmara un contrato leonino, lesivo para los intereses de
la Comuna y ventajoso, al aprobar el acuerdo de Cabildo (como quien extiende un
cheque en blanco) que dio pie a dicha concesión.
Al final, ellos sabían a la perfección que, si el servicio se
prestaba bien o mal, eso era lo de menos. Lo verdaderamente importante era la
magnitud del negocio que estaban haciendo en el presente y en el futuro, pues
si alguna administración nueva llegaba y quisiera cancelar la concesión (como sucede
ahora) tendría que pagar una millonaria suma como suerte de indemnización.
UNA FELIZ NAVIDAD
Imagine usted lo feliz que deben estar los socios de
Proactiva, al saber que se van a quitar un lastre de encima, que le van a
entregar al Ayuntamiento, ahora sí que pura basura, camiones chatarra, unidades
inservibles, equipo obsoleto, etc., y que a cambio se van a echar a la bolsa,
de pura entrada, 15 millones de pesos para pasar una feliz navidad; y otros 35
millones para “soportar” la cuesta de enero.
Por ello, volvemos a reiterar, es de reconocerse la voluntad
del alcalde Arturo Dávalos para mandar por un tubo a Proactiva y comenzar, el
Ayuntamiento, a hacerse cargo de todo el servicio de recolección.
Sin embargo, los ciudadanos están ávidos de información, urge
que se den detalles de todos los daños y perjuicios que ocasionó Proactiva al
municipio con el pésimo servicio que prestó; y, sobre todo, quién o quiénes son
los beneficiados con esta millonaria indemnización.
Si el pueblo va a pagar por algo que, jurídicamente se amarró
así dolosamente en la administración de González Reséndiz, también tiene
derecho a saber a quiénes se les está pagando.
Que se publiquen los nombres… ¡todos! –incluidos testaferros—de
esta inmundicia.
Y por qué no. también de aquellos malos gobernantes –remember el Mochilas—que pagaron
millonarias sumas por la renta de camiones a particulares para prestar el
servicio, pese a que había un concesionario.
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