Por Jorge Olmos Contreras
Sin la menor sensibilidad social, grosera y prepotente, la
juez municipal Maribel Rojo Ruiz, dejó en estado de indefensión a más de 150
colonos de Balcones Vallarta, al dictar una resolución fast track –por la vía rápida y expedita—para quitarles una pequeña
caseta de seguridad, con dos plumas para el control de acceso al
fraccionamiento, sin escuchar como es debido a los vecinos, y sin considerar
que el Ayuntamiento no garantiza la seguridad pública de los ciudadanos que
habitan en este lugar.
A Maribel Rojo no le importaron los reclamos de los vecinos
de Balcones Vallarta ni los testimonios que indican que en este fraccionamiento
ha habido violaciones, robos, asaltos y otros delitos que se han denunciado,
pero que la autoridad nunca atiende.
Entrevistados por este medio, los vecinos organizados en una
mesa directiva afirman que bien pueden pasar tres meses o más y nunca se
aparece una patrulla por Balcones Vallarta. Que el director de seguridad
pública, Jesús Rodríguez Campoy siempre les promete solucionar el problema,
pero se va y jamás regresa, por lo que ellos decidieron tener un control de
acceso al fraccionamiento para bajar los índices delictivos.
En Balcones Vallarta viven aproximadamente 156 personas, y la
mayoría participa en las juntas que se hacen, cooperan para tener limpio el
fraccionamiento y aportan cuotas para pagar seguridad privada –pues el gobierno
municipal no les otorga ese derecho constitucional--; todos viven en un
ambiente de paz y armonía. Todos, menos dos malos vecinos, que se han encargado
de boicotear a la mesa directiva y a amenazar a los demás con tirarles la
caseta de vigilancia y retirar las plumas de entrada y salida.
MALOS VECINOS
Uno de estos malos colonos, de nombre Rafael Peña Llamas,
quien se asegura, tiene una enorme cercanía con la juez Municipal, Maribel Rojo
Ruiz, es quien amenazó a sus vecinos con quitarles la seguridad privada. Y en
efecto, hace unos días promovió una queja ante el Juzgado Municipal para que el
Ayuntamiento retire las plumas de entrada y salida.
En el fondo –comentan los vecinos muy molestos--, esta
persona se inconformó porque los policías de seguridad privada no permiten que
pasen decenas de muchachitos (muchos de ellos menores de edad) a la casa de
Rafael Peña, quien además es maestro en la escuela técnica pesquera.
“Se sabe que este profesor cita a sus alumnos en una casa de
la calle Vista al Monte, que es donde vive el maestro, y eso ha originado que
se especule sobre las actividades de esta persona, ya que pudieran estarse
cometiendo delitos en contra de jovencitos o menores de edad”, indica una
abogada cercana a la mesa directiva.
“El caso más cercano, sucedió el sábado pasado, en que dos
alumnos de la escuela pesquera no llegaron a sus casas durante dos días y los
padres de familia estaban muy preocupados. Después existió la presunción de que
habían acudido a la casa del maestro aquí, en Balcones Vallarta”, informó otro
de los vecinos que han seguido de cerca las actividades de Rafael Peña, ya que
no quieren que vaya a meter en problemas a todo el fraccionamiento, en caso de
que se descubra algún acto ilegal.
LA INVESTIGACIÓN
De hecho, la Procuraduría Social tiene un caso en donde se
menciona a un profesor de Balcones Vallarta que mete menores de edad a su casa,
confirmó el titular de esta dependencia, Julio González; aunque por el sigilo
de las investigaciones, no pudo proporcionar más datos, ni si se trata del
maestro de la pesquera.
“Sin embargo, el caso podría ser atraído de oficio por la
Fiscalía de Jalisco, ya que podríamos estar ante un caso de abuso sexual
infantil, o de un asunto de pederastia; aunque no se descarta que pueda ser
sólo un pleito entre vecinos”, señaló otro colono cercano a la mesa directiva y
que por razones obvias piden que no se revelen sus nombres, pues podrían ser
blancos de alguna venganza por denunciar estos hechos.
Otra de las inconformes, también es maestra y se llama
Yunuen. Es una mujer que también aparece entre las que demandan a los colonos
por tener su seguridad privada.
En este contexto, llama la atención el hecho de que Maribel
Rojo haya integrado en cuestión de días el expediente 607/2016/PROV/APL el 17
de junio y determinara tan fácilmente que es procedente sancionar a los colonos
de Balcones Vallarta con la demolición, “a su costo”, de la caseta de
vigilancia y el retiro de las dos plumas metálicas.
LA URGENCIA DE MARIBEL
Tenía tanta urgencia la juez municipal para que se acatara su
orden, que el día 20 de junio –según copias simples que tiene el
reportero—envió a Carmen Patricia Meza Tovar, empleada del Juzgado, para que
notificara a los vecinos sobre la resolución de Maribel Rojo.
A los vecinos no se les dio oportunidad de defenderse, los
declaró confesos “porque no fueron a comparecer”, “y por lo tanto aceptan y
reconocen su responsabilidad en la falta administrativa”; tampoco les dio tiempo
para impugnar esta resolución.
Maribel Rojo no tomó en cuenta el punto más importante de
este asunto, que es el aspecto social: que si el Ayuntamiento no ofrece ni
garantiza la seguridad pública a los colonos, ellos pueden contratar su propia
seguridad privada --es un derecho universal—por lo que violentó sus derechos
humanos, y prefirió perjudicar a los más (154) por darle la razón a los menos
(dos), por lo que de facto le está ocasionando un problema al municipio y al
propio alcalde Arturo Dávalos.
Sabemos que los vecinos de Balcones Vallarta no van a
permitir el atropello de la juez municipal, y que están dispuestos a tomar
medidas desesperadas si les quitan esta seguridad privada que ellos contrataron.
Como corolario, el lunes 20 de junio, los vecinos fueron a la
UMA a pedir una audiencia con la Juez, pero Maribel, en forma grosera, los
mandó por un tubo y sólo deslizó un comentario de que “su asunto ya está en
gobierno del Estado”.
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