Por Jorge Olmos Contreras
Por
graves irregularidades, como liberación de vehículos sin pasar por el debido
proceso, faltantes de dinero y la intromisión de personas civiles –que no son
funcionarios municipales—en el operativo “alcoholímetro”, la Contraloría del
Ayuntamiento citó a comparecer a un secretario y a un juez municipal para que
respondan por estos actos. De encontrar elementos, podrían ser destituidos.
De
acuerdo con lo que ha trascendido al interior del Ayuntamiento vallartense, se
trata del joven juez Diego de la Mora –hijo a su vez del abogado y ex
presidente de la Canirac Vallarta, Antonio de la Mora Betancourt—y de su
secretario, los que han sido llamados por el contralor municipal para que
expliquen, entre otras cosas, el por qué se han liberado algunos automóviles
sin que sus dueños paguen la multa correspondiente.
Asimismo,
Diego de la Mora tendrá que explicar –si es que se le abre el proceso
administrativo correspondiente—el por qué ha permitido que un hombre de sus
confianzas, de nombre Raúl, meta manos en el operativo “salvando vidas”, ya que
no es funcionario público, pero se toma atribuciones como si lo fuera, ya que
ordena, tiene acceso al dinero que se cobra por las multas los fines de semana,
y hasta es utilizado como salvoconducto para devolver carros cuyos conductores
fueron sorprendidos manejando en estado de ebriedad.
Las
cosas se han puesto tan mal entre algunos jueces municipales, que se ha perdido
dinero que ingresa por las multas, ya que, al cotejar las entradas con las
sanciones, las cifras no coinciden; y aunque son sumas bajas, algunos jueces
han tenido que pagar el faltante, sin saber exactamente quién se queda con el
efectivo.
Uno
de los asesores del alcalde Arturo Dávalos, Santiago Centeno, fue quien
descubrió estas anomalías y se dice que está dispuesto a llegar hasta las
últimas consecuencias para sancionar o destituir al juez o secretario del
juzgado municipal involucrado.
El
secretario del juzgado que trabaja directamente con de la Mora es Oscar Solórzano,
pero se ignora qué fue lo que declaró en la Contraloría sobre estos hechos, ya
que él recibe órdenes directas de Diego de la Mora.
En
el caso de Diego de la Mora, la misma Contraloría podría solicitar al alcalde o
al secretario general, que metan un punto de acuerdo en la próxima sesión del
pleno del Ayuntamiento para proceder a destituirlo, pues, así como el pleno los
aprueba en votación económica, el mismo cuerpo de regidores es quien los puede
despedir por pérdida de confianza o corrupción comprobada.
La
Contraloría Municipal pondrá más atención en el desempeño de los jueces
municipales y quizá mande una observación al alcalde para que los fines de
semana haya una persona de la tesorería municipal que se encargue de cobrar las
multas administrativas en la cárcel municipal, en virtud de que a veces se
ignora cuánta gente llega a los separos y cuantos de los detenidos pagan multas
en efectivo.
Por
lo pronto, el próximo 25 de junio sesionará la Comisión de Justicia que preside
el regidor Gonzalo Guzmán, donde se tocará en especial el trabajo de los jueces
municipales.
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