Por Jorge Olmos Contreras
La del alcalde Ramón Demetrio Guerrero
Martínez es, sin duda, una visión torcida de lo que significa la palabra
corrupción en toda su acepción, toda vez que por un lado advierte que no
tolerará actos deshonestos dentro de su administración, que habrá cero corrupción
y, por el otro lado solapa todo tipo de acciones indecorosas, impúdicas e
ilegales de sus funcionarios y algunos regidores del Movimiento Ciudadano, que
representan un gran insulto al pueblo de Vallarta.
Es una visión maniquea y tramposa que
pretende linchar a unos y proteger a otros, todo alimentado por declaraciones tan
desafortunadas como las de la regidora Candelaria Villanueva que, siento tan
limitada como lo es en las lides políticas, ya no se diga en la pobreza de su
lenguaje, se atrevió a decir que “en el Ayuntamiento no caben funcionarios ni
empleados con sangre priista”, por lo que aplaudía el despido de 50 inspectores
de reglamentos, a quienes midió con la misma vara, los cortó con la misma
tijera, sin importarle la condición de cada uno.
De acuerdo con la regidora Villanueva –quien en
sus ratos libres se dedica a cocinar pozole y a traicionar a todo lo que huela
a su otrora partido, el PAN--, ninguna persona que sea militante o simpatizante
del PRI debe estar en el Ayuntamiento, como si tener preferencias partidistas
distintas a las del Movimiento Ciudadano fuera un delito o una causal de
procedimiento administrativo para ser despedido del gobierno de Ramón Guerrero.
A la señora Villanueva le salió el tiro por
la culata cuando se lanzó contra los inspectores de reglamentos que, según ella,
son corruptos sin demostrarlo, en virtud de que un grupo de ellos sí la acusó
de estar protegiendo antros a través de su novio Antonio Rojas Montoya, a quien
logró meter en la “Dirección” de Reglamentos para cuidarle las manos a Cuauhtémoc
Villalobos, pero también para robar.
EL COCHINERO
Los inspectores también acusaron a la
regidora Doris Ponce de León, quien por conducto de su padre se ha dedicado a
pasar la charola a los dueños de bares y cantinas, mientras que en el mismo tenor
señalaron al regidor Luis Munguía, quien desde siempre se ha sabido, le encanta
el ambiente nocturno y le entra a todo lo que huela a corrupción, pero como es
protegido por el presidente municipal, se da el lujo de abrir su cantinucha, el
bar 322 hasta altas horas de la madrugada, violando el horario que establece el
Reglamento de Comercio.
Muchos se preguntan por qué El Mochilas le
brinda tantas atenciones a Luis Munguía y la respuesta está en la íntima
amistad que el regidor sostiene con la presidenta del DIF, Magaly Fregoso
Ortiz, quien formaba parte de un grupito de estudiantes que hacían grilla en el
Centro Universitario de la Costa y que hoy, encumbrados en el poder, hacen y
deshacen al interior del gobierno de Ramón Guerrero, sobre todo cuando se habla
de una relación sentimental no formalizada entre Magaly y el propio alcalde.
Así las cosas, El Mochilas sólo ve corrupción
en la administración pasada, dirige sus baterías contra todo lo que huela a
PRI, ve la viga en el ojo ajeno, pero no la paja en el propio, ya que él mismo
fue el autor de un acto de corrupción bochornoso que dejó muy mal parada a la
regidora Susana Carreño y a la empresa de comunicación a la que sirve, cuando
vía telefónica le pidió al coronel Silvestre Chávez García –actual Director de
Seguridad Pública Municipal—que ordenara el retiro de los sellos de clausura
que personal de Protección Civil le habían colocado al Casino Vallarta.
Lo del casino fue un acto de corrupción sin
precedentes, y cada que le preguntan al Mochilas los motivos del retiro de
sellos –aun cuando había elementos para clausurar—se da la vuelta o afirma que
la Contraloría Municipal está investigando. El caso fue tan burdo y hubo la
intervención de alguien poderoso en el círculo del alcalde, que ni siquiera
Susana Carreño se atrevió a darle seguimiento, mucho menos los Mendiola en sus
medios de comunicación, pues guardaron silencio absoluto al respecto.
COBRAN POR
LA PLAZA
Pero todavía algo más grave, lo encontramos
en la “Dirección” de Reglamentos Municipales, donde actualmente opera una
abogada externa que acude a ciertos bares, cabarets, cantinas y table dance para pedir una cuota de 10
mil pesos a nombre del Ayuntamiento y de paso los vacunan con otros cinco mil
pesos por concepto de “cuidado de la plaza”.
Este último rubro llama poderosamente la
atención, ya que los cinco mil pesos extras los estarían pidiendo para que supuestos
grupos del crimen organizado no molesten a los dueños de los establecimientos
de giros negros, con el agravante de que el dinero estaría llegando a un alto
funcionario municipal. De confirmarse esta versión, alguien se va a meter en
serios problemas, ya no digamos administrativos, sino de otra índole, ya que si
en realidad hay jefes en la plaza, éstos no van a perdonar ni a consentir que
algún funcionario o emisario de la presidencia municipal esté cobrando en su
nombre.
Sin embargo, esto no lo ve El Mochilas, como
tampoco ve que otro de sus asesores, el corruptísimo Agustín Ortiz esté
protegiendo bares como uno que se ubica en las calles Morelos y 31 de Octubre
en pleno centro de la ciudad.
Entonces, las palabras y promesas de Ramón
Guerrero no son más que eso, simples palabras que se las lleva el viento;
mentiras y más mentiras, ya que no aplica la ley como debería, consiente y
solapa actos de corrupción y él mismo es partícipe de ellos y mientras sigan
así las cosas, habrá regidoras tan sinvergüenzas como Doris Ponce que permite
que su padre cobre cuotas y que su responsabilidad como presidenta de la
Comisión de Reglamentos sea un mal chiste, más basura en la inmundicia que ya
permea en la presente administración.
LOS ARREGLOS
DE GILBERTO LORENZO
En este escenario, surge el problema de los
inspectores de reglamentos y de todo el personal de esta dependencia municipal,
a quienes pretenden despedir sin respetarles antigüedad ni pagarles su
finiquito, ni mucho menos importarles que muchos de ellos sean sindicalizados.
El personal de Reglamentos está indefenso, es
un atropello lo que se está cometiendo en contra de ellos en las barbas del
mismísimo líder sindical, Gilberto Lorenzo Rodríguez, quien ahora sabemos, está
jugando del lado del Mochilas y está siendo cómplice del gobierno en esta
medida, porque habría negociado alrededor de 100 plazas, es decir, para que el
Ayuntamiento despida este número de empleados sin que el Sindicato ponga alguna
objeción o traba, ni mucho menos los defienda.
Desde luego, es fácil deducir que El Mochilas
quiere esas 100 plazas para colocar a pura gente de su confianza, entre otros
un grupo de 50 inspectores de reglamentos nuevos que serían utilizados para
negociar cuotas por cientos de miles de pesos a aquellos giros negros que no
quieran o no puedan pagar el incremento desorbitante de las nuevas licencias
municipales y el pago exagerado de horas extras.
En este sentido, resulta vergonzoso e
indignante que Gilberto Lorenzo se esté prestando a este juego perverso y se
haga de la vista gorda con sus sindicalizados, a quienes no les ha dado la cara
ni los pretende defender por los despidos injustificados; él sólo defiende a
sus incondicionales como Telma González Ríos, su secretaria, cuya plaza se la
dio a su hija, y su hija a la vez se la dio a su hermano, otro hijo de Telma, sin
respetar el escalafón.
Las cosas están tan viciadas en el sindicato,
que hasta la mamá de Pepe Barbosa, el ex Oficial Mayor Administrativo en el
gobierno de Salvador González está trabajando como sindicalizada, mientras que
una hermana de Telma, pero de apellidos López Ríos, quien ya había demandado al
Ayuntamiento en los 90 y ganado el caso (es decir, que ya le habían pagado su
finiquito) está de regreso y laborando en la presidencia municipal como si
nada.
Los trabajadores deberían exigirle cuentas a
Gilberto Lorenzo y en su caso citar a una asamblea para destituirlo, ya que en
septiembre pasado sindicalizó a varias personas, como la cuñada de una tal
Alejandra que antes estaba en Oficialía Mayor y que ahora trabaja con Nacho
Guzmán. A otras les puso en su
expediente que tenían entre seis u ocho años de antigüedad más (sin ser cierto)
para una eventual rápida jubilación, y algunas más les aumentó el salario, todo
en perjuicio de las finanzas del Ayuntamiento, pero solapado y consentido por el
alcalde Ramón Guerrero.
Y como nadie hace caso a los desvalidos trabajadores
que pretenden correr, este viernes se corrió el rumor de que varios de ellos se
van a encadenar a las afueras de la presidencia en protesta por lo que
consideran una injusticia, mientras que a Gilberto Lorenzo ya le calientan un
pollito en el horno que pronto le va a saltar en pleno rostro.
INFORMACION
CLASIFICADA
EL
PRESIDENTE MUNICIPAL ANDA TAN, PERO TAN ALZADO, que bien
parece un toro de lidia y un bravucón de rancho, pues hace días se le acercó al
regidor Tito Yerena para soltarle una perorata de groserías que dejó helado al
conocido abogado. Dicen que todo sucedió cuando Tito le pidió al Mochilas que
ya se instalara la Comisión de Deportes que él preside, que cuándo se haría tal
cosa, a lo que el alcalde le dijo al oído despacito un… “cuando dejen de estar
chingando a su puta madre, ya me tienen harto”.
A RESERVA DE
AMPLIAR EL COMENTARIO, NI LOS REGIDORES, NI LOS DIPUTADOS Rafael
González Pimienta, Gustavo González Villaseñor ni Juan José Cuevas García han
dicho nada con respecto a la irregular aprobación de la Ley de Ingresos de
Puerto Vallarta por parte del Congreso del Estado, ya que no se siguió el
procedimiento legal de regresarla al pleno del Ayuntamiento para que éste
aprobara las modificaciones que, a solicitud del alcalde Ramón Guerrero, hicieron
los legisladores del Movimiento Ciudadano.
El pleno no fue tomado en cuenta y ahora
cualquier ciudadano que se sienta afectado por el aumento del predial o las
licencias municipales, podrá recurrir al amparo indirecto.
Tampoco han dicho nada las cámaras y
asociaciones empresariales.
Lo dicho, las cosas de mal en peor.
¡AGUAS! CON
EL ARRESTO DEL EMPRESARIO LUIS WULFF la semana pasada, el
dueño del periódico Vallarta Opina, Luis Reyes Brambila se ha deber puesto muy,
pero muy nervioso, ya que en la Procuraduría de Justicia existe un voluminoso
expediente de una denuncia por fraude que podría llevar a la cárcel al
presentador de capsulas de opinión de la radio vallartense.
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