Por Jorge Olmos Contreras
Una arbitrariedad más en
contra de humildes ejidatarios está a punto de cometerse este viernes en el
ejido Naranjitos, Municipio de Cabo Corrientes, debido a un juego de intereses
que traen el Ministerio Público del Fuero Común y el Juez Segundo de lo Penal
de Puerto Vallarta, Tomás Vargas Suárez y su secretario de Acuerdos, Elizabeth
Sandoval Hernández, quienes con engaños encarcelaron a dos campesinos,
propietarios ellos desde hace muchos años de una parcela que mide una hectárea,
88 áreas y 82.29 centiáreas, por el supuesto delito de despojo de inmuebles.
Los hechos ocurrieron el
pasado 24 de abril, cuando agentes de la policía investigadora se trasladaron a
Cabo Corrientes para, con engaños, sacar de sus viviendas al señor, mayor de
edad (tiene 68 años y apenas puede caminar), Samuel Mendoza Medina y a su joven
hija, madre soltera ella, para llevarlos al penal de Ixtapa por un supuesto
delito que nunca cometieron, ya que los están acusando de un despojo
inexistente, ya que ellos son los legítimos dueños de estas tierras y no pueden
despojarse asimismo.
Sin embargo, se los
llevaron esposados y tuvieron que pagar una fianza de 15 mil pesos –consiguieron
el dinero como pudieron, pidiendo prestado a los amigos y familiares—para salir
libres.
En el proceso, el juez
Tomás Vargas dictó el auto de formal prisión, pero un abogado apeló esta
determinación y fue así como les fijaron una fianza. Pero antes, del
expediente, personal del Juzgado Segundo extravió algunas hojas con el avieso
objetivo de que no procediera la apelación, según denunciaron los afectados.
En este caso, como en
muchos otros, que están poniendo en entredicho al nuevo Sistema de Justicia Penal
acusatorio y deja en ridículo a los famosos juicios orales, y por supuesto, a la
Fiscalía del Estado, no se siguió el debido proceso a los imputados,
simplemente se les giró una orden de aprehensión por un delito, insisto, que no
cometieron. No se les citó de ninguna manera, sólo los capturaron como si
fueran vulgares delincuentes.
En el fondo de este
asunto, aparece la Inmobiliaria denominada “Desarrolladora Naranjitos” y el
terrateniente de Guadalajara, Francisco Javier Barba Franco, quien en 2007, en
un proceso amañado y en una asamblea espuria, el comisariado ejidal en ese
entonces, Juan Manuel Méndez Castillo, vendió tierras de supuesto uso común
mediante un contrato en donde les prometieron pagar a 45 ejidatarios cantidades
millonarias en diferentes fechas, cosa que no se ha cumplido a cabalidad.
En la supuesta venta, se
habrían incluido dolosamente las tierras de don Samuel Mendoza Medina, pero en
un juicio agrario que se ratificó el 27 de abril del 2012 y también en el 2014,
el Tribunal Unitario Agrario emitió una resolución donde sostiene que el señor
Mendoza Medina es el legítimo propietario de esas casi dos hectáreas.
Sin embargo, el Juez
Segundo de lo Penal, Tomás Vargas Suárez, ignoró esta resolución y giró la
orden de aprehensión contra estas humildes personas.
Lo peor de todo, es que
este mismo juez venal, pues no se le puede decir de otra manera, junto con su secretario,
Grisel Carolina de la Cruz Gómez, emitieron un acuerdo el pasado 03 de junio
para que este viernes 12 de junio a las 10:00 de la mañana, con el uso de la
fuerza pública (piden por lo menos que estén presentes cuatro policías de la
Fuerza Única) para desalojar a las familias del señor Mendoza Medina de sus
propias tierras.
Una vez más, ignoran la
resolución del Tribunal Agrario, y sin importar que ahí vivan niños, mujeres, personas
de la tercera edad y madres solteras, pretenden llevar a cabo esta
arbitrariedad.
Hacemos esta denuncia,
porque un abogado del señor Mendoza Medina, logró conseguir un amparo para evitar
esta ejecución, es el juicio de amparo 810/2015-IV, y en el documento se puede
leer claramente que La Juez Sexta de Distrito de Amparo en Materia Penal,
Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, indica que en caso de que la parte quejosa
aún se encuentre en posesión material de la parcela –como es el caso—no sea
desposeída de la misma.
Este caso hay que seguirlo
de cerca, debido a que más en el fondo, aparece el cantante Alejandro
Fernández, como quien habría comprado una amplia franja del ejido Naranjitos a
esta Inmobiliaria de Barba Franco, dizque para construir ahí un hotel
ecológico.
Está bien que Alejandro
tenga inquietudes ecológicas para construir un hotel, pero que no sea
atropellando los derechos de los ejidatarios, ni mucho menos desalojando y
encarcelando a campesinos humildes y desprotegidos.
Algo huele mal, muy mal en
el Juzgado Segundo de lo Penal. (Nota publicada en www.vallartauno.com y en www.columnajorgeolmos.blogspot.com)
Buenas tardes Jorge podrías proporcionarme un número para contactarte??? Te dejo mi correo electrónico: hugohuguitu@gmail.com me gustaría saber qué sucedió con este caso. Espero tu amable respuesta
ResponderEliminar