viernes, 25 de febrero de 2011

RAFA CERVANTES, DIPUTADO Y DELINCUENTE EN POTENCIA



Por Jorge Olmos Contreras

Con el slogan “firme y seguro”, el actual diputado local por el PAN en el Congreso de Nayarit, Rafael Cervantes Padilla, busca que su partido lo postule como candidato a la alcaldía de Bahía de Banderas, sin tomar en cuenta graves señalamientos que existen en su contra por hechos presuntamente delictuosos, como una permuta fraudulenta en perjuicio de una ejidataria y del patrimonio municipal; y por el uso indebido de más tres millones de pesos cuando fungió como presidente del ejido San José del Valle.

Sin inmutarse por los juicios penales que pesan sobre su persona, Rafael Cervantes Padilla se aparece en todos los eventos públicos que puede y sin el menor rubor ni asomo de vergüenza por su pasado de presunciones delictuosas, asegura que él va a ser el candidato del PAN a la presidencia de Bahía de Banderas.

Como si los ciudadanos y ejidatarios afectados por las corruptelas de Rafael Cervantes no tuvieran memoria, el diputado se pasea por las calles de San José como si nada hubiera hecho ni debiera una explicación a sus representados.

Sin embargo, en los tribunales de Nayarit y en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) existen sendos expedientes donde se da cuenta precisa de la actuación corrupta de Rafael Cervantes al frente del comisariado ejidal de San José del Valle.

PERMUTA FRAUDULENTA

El caso más grave es la simulación de una compraventa de una parte de un terreno de 16 hectáreas que pertenecían al ejidatario Salvador Ochoa Barajas y después a la heredera de don Chava, Martha Ochoa Peña, y donde se encubrió a una persona para hacerla pasar como “tercer posesionario” y poder “permutar” el predio por tres valiosas hectáreas ubicadas en el desarrollo turístico “Brisas Vallarta” que está dentro del ejido Higuera Blanca, rumbo a la Cruz de Huanacaxtle, y que estaban destinadas como áreas de donación.

Quien se hizo pasar como “posesionario” de las 16 hectáreas, que en realidad forman parte del patrimonio de Martha Ochoa Peña, es Carlos Ochoa (hermano de Martha), quien hizo el negocio de su vida en complicidad con el entonces alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas y del mismo presidente en ese entonces del ejido, Rafael Cervantes.

Para completar el fraude en perjuicio de los ejidatarios, también se habría prestado el desarrollador Armando Gómez Flores –hermano del ex senador priista Raymundo Gómez Flores--, presunto propietario de “Brisas Vallarta”, quien aceptó la permuta fraudulenta de entregar las áreas de donación por una parte de las 16 hectáreas de Martha Peña, donde el Ayuntamiento construyó la Unidad Deportiva Municipal.

ASOCIACION DELICTUOSA

Abogados de Martha Ochoa explicaron que el ex alcalde, Jaime Cuevas desincorporó las áreas de donación del fraccionamiento “Brisas Vallarta” –utilizando un supuesto acuerdo de Cabildo, pero sin permiso del Congreso de Nayarit—para cambiarlas por el terreno donde hoy está la unidad deportiva, con la clara intención de favorecer a Carlos Ochoa, no obstante de que su hermana lo había denunciado previamente por despojo.

Efectivamente, en una denuncia –cuya copia simple está en poder del columnista— se indica que Carlos Alfonso Ochoa Peña, sin importarle la relación de familia, en una clara y violenta agresión, despojó a Martha Ochoa Peña, legítima propietaria de las 16 hectáreas y ahora parte de ese predio se encuentra en la llamada Unidad Deportiva de San José.

El despojo se habría concretado con ayuda de la mesa directiva del ejido de San José, pero especialmente por su (en ese entonces) presidente Rafael Cervantes Padilla.

Los hijos de Martha Ochoa y otros familiares hablaron con Carlos pidiéndole que enmendara su conducta, ya sea para que abandonara el predio o pagara su precio, pero la respuesta fue un: “pues hagan lo que quieran, el predio ya me lo robé”, por lo que Martha presentó una demanda de nulidad de actos y contratos y el mejor derecho a poseer, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XIX, el 15 de agosto del 2006.

Pero no obstante la demanda que quedó radicada con el expediente 599/2006, cuatro meses después de que ésta fue aceptada, el 19 de septiembre del 2006, Carlos Ochoa simuló un contrató de compraventa de un bien raíz y le vendió a su hijo, Guillermo Ochoa Cuevas, las 16 hectáreas, todo con la complacencia de Rafael Cervantes y el ejido de San José del Valle, pues ya tenían conocimiento de la demanda agraria de Martha Ochoa.

Así las cosas, los denunciados obtuvieron un lucro indebido, además de que el ex alcalde Jaime Cuevas desincorporó bienes públicos municipales sin autorización del Congreso del Estado, permutando las áreas de donación de Brisas Vallarta Desarrollo Inmobiliarios Valle Real S.A de C.V., por tres hectáreas de menor valor, con el agravante de que ya estaban en juicio y de que tienen dueña, en este caso Martha Peña.

Ejidatarios que piden el anonimato por razones obvias, afirman que tanto el entonces alcalde, Jaime Cuevas, como el presidente del ejido en esos tiempos, Rafael Cervantes Padilla y los oportunistas Carlos Ochoa y Armando Gómez Flores, hicieron un negociazo al margen de la ley, pues simularon la compraventa para ejecutar la permuta en perjuicio de la verdadera dueña, mientras que el patrimonio de la comuna también resultó perjudicado porque perdió las tres hectáreas que estaban destinadas como áreas de donación de “Brisas Vallarta” y que fueron a parar a manos de un supuesto posesionario –un posesionario espurio, dicen—que es Carlos Ochoa, quien presuntamente las vendió por varios millones de pesos a Armando Gómez Flores.

Una vez con el negocio cerrado y con las tres hectáreas en manos de Carlos Ochoa, se procedió a completar la farsa, y aunque se desconoce cuánto dinero recibieron Rafael Cervantes, Jaime Cuevas y el mismo Carlos Ochoa, se presume que fueron muchos millones de pesos los que fueron a parar a sus bolsillos por completar esta fraudulenta transacción.

Por este delito, Rafael Cervantes fue denunciado ante la PGR.

USO INDEBIDO DE DINERO EJIDAL

Por si esto fuera poco, sobre Rafael Cervantes también pesa otra denuncia por fraude en perjuicio de los ejidatarios que decía representar, ya que el 13 de septiembre del año 1998 promovió la celebración de una Asamblea ejidal, donde se acordó aprobar la expropiación de una vasta extensión de terreno ejidal cuyo pago por la indemnización sería destinado a la ampliación y rehabilitación del Distrito de Riego 34, así como, abusivamente, repartir la misma entre todos los ejidatarios y no solo los que fueron afectados, por lo que hubo reclamos.

Inconformes, los directamente afectados por la referida expropiación de sus parcelas, demandaron la nulidad de dicha asamblea, y en el juicio, el 15 de diciembre del año 2003 el Tribunal Unitario Agrario dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la misma.

En la sentencia, el tribunal estableció que la indemnización correspondiente del decreto expropiatorio no se destinaría para mejoramiento de vivienda campesina de todos y cada uno de los integrantes del ejido demandado, sino que se pagaría a los accionantes en la proporción exacta a la superficie que les fue afectada.

No contento con esto, el comisariado ejidal representado por Rafael Cervantes como presidente, Salvador Curley Valdez y Amparo Escobedo Peña, en calidad de secretario y tesorero respectivamente, interpusieron un recurso de revisión de la sentencia y posteriormente se ampararon contra la misma, pero el Tribunal Superior Agrario desestimó sus alegatos, quedando como consecuencia firme la sentencia dictada el día 15 de diciembre de 2003, en la que se declaró la nulidad de la asamblea.

LA MALVERSACION

Los ejidatarios afectados con la expropiación, una vez ganado el caso, tuvieron una reunión en la Sala de Audiencias del Tribunal, donde acordaron que se les pagara la proporción de dinero que a cada uno correspondía en relación al número de metros cuadrados.

Para ello, se hizo una medición y se ordenó que se les pagara el dinero que estaba depositado en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) producto de la expropiación, lo que ascendía a cinco millones 415 mil 099.41 pesos, cifra que fue exhibida con el billete de depósito número S411742, mismo que fue recogido en el Tribunal, el 12 de septiembre del 2007, por parte de Comisariado Ejidal.

Y aquí viene lo bueno, ya que no obstante a la sentencia del Tribunal Agrario, los demandantes no cumplieron con lo dictado en la misma, ya que al parecer dispusieron de algunas cantidades de dinero que no les pertenecían.

Según copias que los denunciados hicieron llegar al Tribunal, los del comisariado ejidal al parecer hicieron disposiciones de dinero tanto en beneficio de los denunciados como de otras personas, con lo que se infiere que han dispuesto para si o para otros de cantidades de dinero que no les pertenecen, engañando al magistrado del Tribunal Unitario Agrario, y a los ejidatarios, haciéndoles creer que entregaron el dinero a quienes les corresponde.

Según los abogados de los afectados, Rafael Cervantes y compañía habrían dispuesto de cientos de miles de pesos que el Tribunal había ordenado se entregaran sólo a los perjudicados por la expropiación, a quienes sólo les han entregado cantidades que suman poco más de un millón 200 mil pesos, pero malversando el resto, que suman más de tres millones de pesos, en perjuicio de los realmente afectados.

Ante esto, los abogados de la parte afectada piden se gire orden de captura contra Rafael Cervantes y compinches, pero él se ha amparado en su fuero de diputado panista y ahora pretende ser candidato a presidente municipal por la coalición PAN-PRD.

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