Por Jorge Olmos Contreras
Ante el rumor cada vez más fuerte de que el Tribunal
Electoral de Jalisco podría anular el proceso electoral municipal de Puerto
Vallarta por no tener la certeza de que se respetó la libertad de sufragio o de
la garantía de una elección libre y auténtica, es muy probable que, de acuerdo
con la legislación en materia electoral, se convoque a nuevas elecciones a más
tardar a fines del mes de noviembre o a principios de diciembre. Para la suplir
la ausencia de autoridades, el Congreso del Estado podría elegir a un Concejo
Municipal.
Como muchos saben, en Puerto Vallarta tanto el PRI
como el PAN impugnaron los comicios del pasado primero de julio mediante un
juicio de inconformidad presentado en tiempo y forma ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que lo envió a su vez al Tribunal
Electoral; y aunque se desconocen con exactitud los términos de los reclamos
jurídicos, porque ambos partidos inconformes han sido muy celosos de sus contenidos,
los trascendidos son en el sentido de que existen pruebas contundentes de
delitos electorales.
De acuerdo con los tiempos, el Tribunal Electoral
tiene hasta el 10 de septiembre para resolver todas los juicios de
inconformidad que se hayan presentado en el caso de la elección de munícipes,
como lo es el de Vallarta, es decir, faltan 33 días para que emita su fallo,
aunque podría hacerlo antes, ya que hay presión no sólo de los partidos
políticos que se inconformaron, sino también del Partido del Movimiento
Ciudadano que representó en esta ciudad Ramón Guerrero Martínez, mejor conocido
como El Mochilas.
Así las cosas, estamos ante dos escenarios que van a
trastocar la vida política de Puerto Vallarta de alguna manera, toda vez que
puede ocurrir que el Tribunal Electoral deseche, por improcedente, el juicio de
inconformidad contra la elección para elegir munícipes; ó que declare la nulidad
de la misma, en cuyo caso tendríamos una serie de movimientos inesperados que
van a impactar la vida de todos los vallartenses en materia política.
NUEVOS
COMICIOS
De entrada, el IEPC se vería en la necesidad de
convocar a elecciones extraordinarias para elegir al presidente, regidores y
síndico en un término que no exceda de dos meses; esto, siempre y cuando el
Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes, desintegre el
Ayuntamiento por la causal de nulidad de comicios.
Lo anterior tiene varias aristas, una de ellas es
que tanto el alcalde como los regidores y síndico electos entran en funciones
el primero de octubre de este 2012, por lo que si el Tribunal Electoral
emitiera su fallo para anular las elecciones –como así lo contempla el Código
Electoral y de Participación Ciudadana—antes del 10 de septiembre, las actuales
autoridades todavía estarían en funciones y no habría la necesidad de
desintegrar el Ayuntamiento.
Sin embargo, si el tiempo no alcanza para convocar a
nuevas elecciones –insisto, siempre y cuando estemos en el supuesto de que se
anule el proceso— y llegamos al primero de octubre sin autoridades electas,
entonces sí el Congreso del Estado nombraría un Concejo Municipal que estaría
en funciones en tanto ocupen el cargo quienes sean electos popularmente. O
podría pasar que a unos días de que entren los nuevos ediles con El Mochilas al
frente, se desintegre el Ayuntamiento para dar paso a los nuevos comicios.
Pero para que usted interprete por sí mismo y saque sus
propias conclusiones, le transcribimos lo que al respecto dice el artículo 76 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco:
LO
QUE DICE LA CONSTITUCION DE JALISCO
“El
Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes,
podrá declarar que los ayuntamientos se han desintegrado y suspender o revocar
el mandato a alguno de sus miembros por cualesquiera de las causas graves que
las leyes prevengan, previo el derecho de audiencia y defensa correspondiente.
Cuando la desintegración de un Ayuntamiento
ocurra durante el primer año de ejercicio, el Instituto Electoral del Estado,
en un término que no excederá de dos meses, convocará a elecciones extraordinarias
para elegir al presidente, regidores y síndicos que habrán de concluir el
período y el Congreso del Estado elegirá un Concejo Municipal que estará en funciones
en tanto ocupen el cargo quienes sean electos popularmente. De igual forma se
procederá en caso de nulidad de elecciones.
Si no procediere que se celebren
nuevas elecciones, el Congreso designará entre los vecinos del municipio a los
integrantes de los concejos municipales que concluirán los períodos
respectivos, quienes deberán reunir los mismos requisitos que se establecen para
la elección de presidentes municipales”.
En
tanto, el Código Electoral y de Participación Ciudadana señala que para que el
Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección a gobernador,
diputado o munícipes, cuando:
CAUSAS DE NULIDAD
1.- A su juicio, esté demostrada
plenamente la vulneración a los principios fundamentales o rectores de la
materia que se prevén en la Constitución General de la República y la Política
del Estado de Jalisco, en cualquiera de las etapas del proceso electoral, bien
sea por autoridades o personas físicas o jurídicas ajenas a la función, que por
su gravedad no le permitan al Tribunal Electoral tener la certeza de que se
respetó la libertad de sufragio o la garantía de la celebración de una elección
libre y auténtica.
2.- Se hayan cometido en forma
generalizada violaciones sustanciales en la circunscripción, distrito o
municipio de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre
que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que
las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o a sus
candidatos.
En
este contexto, se sabe que una de los juicios de inconformidad se basa
precisamente en la coacción del voto que cometió el Movimiento Ciudadano y su
candidato Ramón Guerrero, al condicionar el sufragio por la entrega de miles de
vales de sacos de cemento intercambiables a partir del primer día del gobierno
del Mochilas. Se habla incluso de dos cifras, una de 11 mil y otra de 25 mil
vales que se obsequiaron a cambio del voto, lo cual a todas luces constituye un
delito electoral, tal y como lo anticipó en una visita a este puerto el
presidente nacional del IFE, Humberto Valdez Zurita, al comentar que el
supuesto de regalar vales de materiales por votos sí podría ser causal de
anular una elección.
No
obstante, en Puerto Vallarta las opiniones están divididas entre los que
consideran que no va a proceder la impugnación del PAN y del PRI y los que
manifiestan que hay suficientes elementos y evidencias para anular los
comicios.
Si
nos remitimos a la historia, los fallos del
Tribunal Electoral en casi todas las impugnaciones es a favor del demandado;
casi siempre se han desechado los juicios de inconformidad porque la última
opinión se deja a criterio de un magistrado que la mayoría de las veces –extraña,
curiosa o misteriosamente-- no acepta ningún elemento de prueba como suficiente
para anular un proceso.
De
esta manera, estamos ante dos escenarios que de cualquier forma traen
suficiente nerviosos a los regidores electos por mayoría como para que El
Mochilas viaje constantemente a Guadalajara a cabildear entre los magistrados
que constituyen el Tribunal Electoral para que no proceda el juicio de
inconformidad de priistas y panistas, alegando o argumentando que él jamás supo
quién o quiénes hicieron los “mochi vales” para intercambiar votos por sacos de
cemento.
Usted
estimado lector qué prefiere: ¿que se queden las cosas como están o que se
convoque a nuevas elecciones?
INFORMACION CLASIFICADA
EN UN RESTAURANTE DE LA CIUDAD HUBO
VARIAS DAMAS QUE PEGARON el grito en el cielo ante la
posibilidad de que El Mochilas nombre como presidenta del DIF a la ex
presidenta de la Asociación Femenil Vallartense, Ana María Flores, aquélla
señora que organizó varias veces el concurso del baile del reboso y que hace
unos meses se incorporó al Movimiento Ciudadano por invitación de Lety Baca. Y
es que Ana María es odiada hasta por sus propias “amigas”, léase Laurel
Carrillo, Jhovanné Monge, Susana Carreño y hasta por la mismísima Lety Baca y
están dispuestas a tomar las armas con tal de que Ramón Guerrero no cometa
semejante atropello contra Vallarta, eso dicen.
Los
más sensatos dicen que la presidenta del DIF va a ser Araceli de Guzmán y que
la Dirección ya está amarrada para Iris Ulloa.
COMO PARTE DEL GABINETE DEL MOCHILAS,
SE DICE TAMBIEN QUE LA SECRETARIA GENERAL ya está
reservada para Gerardo Octavio Solís Gómez –el mismo que usurpa funciones en la
entrega recepción—y que el coordinador de asesores será importado de
Guadalajara en la persona del doctor Alfonso Petersen Far, ni más, ni menos.
Otros
que ya tienen seguro su puesto son Cuauhtémoc Villalobos en la Oficialía Mayor
de Padrón y Licencias; Héctor Gallegos en la Contraloría Municipal; Santiago
Centeno en la Oficialía Mayor Administrativa; El Cepillo Arturo Dávalos en
Desarrollo Social, Ignacio Guzmán en la tesorería y la sorpresa del día, el
periodista Jaime Castillo Copado en la Dirección de Comunicación Social.
.jpg)
